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El Parlamento de Navarra aprueba la Ley Foral de Industria con los votos de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin

EH Bildu se ha abstenido; UPN, PPN, VOXy la no adscrita han votado en contra de una norma con ventanilla única y fondo de industrialización

  • Mikel Irujo, interviniendo en el Parlamento Foral -

El Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la Ley Foral de Industria y de Fomento Empresarial, con los votos a favor de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, la abstención de EH Bildu y los votos en contra de UPN, PPN, el Grupo Mixto y la parlamentaria no adscrita. La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

La ley, impulsada por el Gobierno foral, busca instaurar un marco de estabilidad para fomentar un empleo de calidad, atraer talento y reforzar y proteger el ecosistema industrial de Navarra, sobre todo en situaciones de crisis empresarial y con especial atención a las pymes. Para ello apuesta por la simplificación administrativa y por la transición ecológica y digital, y se alinea con el Plan Industrial de Navarra 2021-2025 y con las políticas industriales de España y de la Unión Europea.

Ventanilla única y proyectos de interés estratégico

Entre las cadenas de valor prioritarias para atraer actividad figuran la automoción y la mecatrónica, la industria agroalimentaria, las energías renovables y el almacenamiento, la industria biofarmacéutica y la aeroespacial. La norma crea la Ventanilla Única Empresarial, con un portal único para las actividades económicas, un área privada y un directorio de empresas, establecimientos y registros, y prevé un procedimiento único para tramitar proyectos empresariales. Incorpora medidas para acelerar la emisión de informes y contempla las licencias condicionadas como alternativa a la denegación.

Regula también los proyectos de inversión de interés foral, con un alcance mayor que la figura equivalente de la ley de 2009, y crea como novedad los proyectos empresariales de interés estratégico, pensados para dar la máxima agilidad a iniciativas consideradas de utilidad pública o de interés social. Con las enmiendas aprobadas, antes de declararlos el Gobierno deberá adjuntar toda la documentación y los informes que avalan la decisión.

Reactivación industrial, suelo y financiación

Para mitigar la pérdida de capacidad industrial, la ley crea la Mesa de Reactivación Industrial, que se encargará de alcanzar los acuerdos necesarios para la reindustrialización cuando la merma supere el 20 % de la capacidad de un mismo centro productivo y la reducción de empleo directo a jornada completa alcance a 75 personas. Incluye además un visualizador de suelo industrial, las Entidades de Gestión y Modernización de Áreas Industriales y la catalogación de polígonos «Net Zero», áreas de cero emisiones netas.

En financiación, crea un fondo de industrialización y un servicio centralizado de asesoramiento sobre acceso al crédito, y prevé un plan especial de ahorro en las entidades financieras que operan en Navarra para que la ciudadanía participe en la sostenibilidad industrial. Da rango legal a Invest in Navarra, el servicio de atracción de inversiones, y configura el Plan Internacional de Navarra para impulsar la internacionalización. Se crean también la Mesa del Ecosistema Industrial Navarro, de gobernanza público-privada, y el Observatorio Empresarial de Navarra.

59 enmiendas tras el paso por comisión

La norma incorpora 59 enmiendas tras su examen en comisión, el 13 de octubre: 10 de UPN, 16 del PPN, 22 de EH Bildu y Contigo-Zurekin, una de EH Bildu y 10 de PSN, Geroa Bai y EH Bildu.

Las de los grupos del Gobierno amplían el papel de la economía social, las cooperativas y las sociedades laborales, y dan cabida a los clústeres en la Mesa del Ecosistema Industrial. A propuesta de EH Bildu y Contigo-Zurekin, esa mesa tendrá que enviar al Parlamento un informe anual público sobre el cumplimiento del Plan Industrial, con una evaluación del impacto y del retorno social y económico de las ayudas. La ley exige garantizar los planes de igualdad obligatorios, protocolos contra el acoso sexual y medidas contra la brecha salarial, y asume el impulso de medidas para reducir la jornada máxima a 35 horas semanales. También obliga al Gobierno a redactar en un año un plan de reducción de la siniestralidad laboral, con los sindicatos que superen el 10 % de representatividad en el sector industrial, y a limitar las subcontrataciones.

EH Bildu ha logrado que el Ejecutivo amplíe los supuestos de devolución de ayudas públicas ante deslocalizaciones o malas prácticas, aunque el cese de actividad en Navarra no coincida con la apertura en otro territorio. La ley capacita a SODENA y al INI para desarrollar un plan propio de proyectos industriales de titularidad pública, priorizando la descarbonización y la reindustrialización de empresas viables en crisis, con la posibilidad de ceder su gestión a los trabajadores constituidos en cooperativa o sociedad laboral.

Las aportaciones de UPN obligan al Gobierno a presentar en un año varios planes: de arraigo empresarial, de talento, de simplificación, de reducción de costes energéticos, de desarrollo de suelo e infraestructuras y de transición digital para pymes y autónomos. Además, mejoran la conectividad y la formación profesional adaptada a las empresas locales, y plantean actuaciones en vivienda. A instancias del PPN, se refuerzan la igualdad y el talento femenino en sectores industriales y tecnológicos, las vocaciones STEM y la financiación de planes de igualdad y protocolos LGTBI+ para pymes. Por último, el Plan de Industria tendrá una vigencia máxima de cuatro años, los órganos de gobernanza elaborarán una memoria anual y la Comisión Interdepartamental se reunirá al menos dos veces al año.

Las críticas de las organizaciones empresariales

El texto aprobado llega después de que la Confederación Empresarial Navarra, la Cámara de Comercio y ADEFAN pidieran a los parlamentarios, el pasado lunes, una lectura crítica de la ley al considerar que no recogía cuestiones esenciales de las empresas. Entre otras, discrepaban de que la norma aludiera a la duración de la jornada, una materia que, a su juicio, corresponde al ámbito estatal y al diálogo social.

El Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la Ley Foral de Industria y de Fomento Empresarial, con los votos a favor de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, la abstención de EH Bildu y los votos en contra de UPN, PPN, el Grupo Mixto y la parlamentaria no adscrita. La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

La ley, impulsada por el Gobierno foral, busca instaurar un marco de estabilidad para fomentar un empleo de calidad, atraer talento y reforzar y proteger el ecosistema industrial de Navarra, sobre todo en situaciones de crisis empresarial y con especial atención a las pymes. Para ello apuesta por la simplificación administrativa y por la transición ecológica y digital, y se alinea con el Plan Industrial de Navarra 2021-2025 y con las políticas industriales de España y de la Unión Europea.

Ventanilla única y proyectos de interés estratégico

Entre las cadenas de valor prioritarias para atraer actividad figuran la automoción y la mecatrónica, la industria agroalimentaria, las energías renovables y el almacenamiento, la industria biofarmacéutica y la aeroespacial. La norma crea la Ventanilla Única Empresarial, con un portal único para las actividades económicas, un área privada y un directorio de empresas, establecimientos y registros, y prevé un procedimiento único para tramitar proyectos empresariales. Incorpora medidas para acelerar la emisión de informes y contempla las licencias condicionadas como alternativa a la denegación.

Regula también los proyectos de inversión de interés foral, con un alcance mayor que la figura equivalente de la ley de 2009, y crea como novedad los proyectos empresariales de interés estratégico, pensados para dar la máxima agilidad a iniciativas consideradas de utilidad pública o de interés social. Con las enmiendas aprobadas, antes de declararlos el Gobierno deberá adjuntar toda la documentación y los informes que avalan la decisión.

Reactivación industrial, suelo y financiación

Para mitigar la pérdida de capacidad industrial, la ley crea la Mesa de Reactivación Industrial, que se encargará de alcanzar los acuerdos necesarios para la reindustrialización cuando la merma supere el 20 % de la capacidad de un mismo centro productivo y la reducción de empleo directo a jornada completa alcance a 75 personas. Incluye además un visualizador de suelo industrial, las Entidades de Gestión y Modernización de Áreas Industriales y la catalogación de polígonos «Net Zero», áreas de cero emisiones netas.

En financiación, crea un fondo de industrialización y un servicio centralizado de asesoramiento sobre acceso al crédito, y prevé un plan especial de ahorro en las entidades financieras que operan en Navarra para que la ciudadanía participe en la sostenibilidad industrial. Da rango legal a Invest in Navarra, el servicio de atracción de inversiones, y configura el Plan Internacional de Navarra para impulsar la internacionalización. Se crean también la Mesa del Ecosistema Industrial Navarro, de gobernanza público-privada, y el Observatorio Empresarial de Navarra.

59 enmiendas tras el paso por comisión

La norma incorpora 59 enmiendas tras su examen en comisión, el 13 de octubre: 10 de UPN, 16 del PPN, 22 de EH Bildu y Contigo-Zurekin, una de EH Bildu y 10 de PSN, Geroa Bai y EH Bildu.

Las de los grupos del Gobierno amplían el papel de la economía social, las cooperativas y las sociedades laborales, y dan cabida a los clústeres en la Mesa del Ecosistema Industrial. A propuesta de EH Bildu y Contigo-Zurekin, esa mesa tendrá que enviar al Parlamento un informe anual público sobre el cumplimiento del Plan Industrial, con una evaluación del impacto y del retorno social y económico de las ayudas. La ley exige garantizar los planes de igualdad obligatorios, protocolos contra el acoso sexual y medidas contra la brecha salarial, y asume el impulso de medidas para reducir la jornada máxima a 35 horas semanales. También obliga al Gobierno a redactar en un año un plan de reducción de la siniestralidad laboral, con los sindicatos que superen el 10 % de representatividad en el sector industrial, y a limitar las subcontrataciones.

EH Bildu ha logrado que el Ejecutivo amplíe los supuestos de devolución de ayudas públicas ante deslocalizaciones o malas prácticas, aunque el cese de actividad en Navarra no coincida con la apertura en otro territorio. La ley capacita a SODENA y al INI para desarrollar un plan propio de proyectos industriales de titularidad pública, priorizando la descarbonización y la reindustrialización de empresas viables en crisis, con la posibilidad de ceder su gestión a los trabajadores constituidos en cooperativa o sociedad laboral.

Las aportaciones de UPN obligan al Gobierno a presentar en un año varios planes: de arraigo empresarial, de talento, de simplificación, de reducción de costes energéticos, de desarrollo de suelo e infraestructuras y de transición digital para pymes y autónomos. Además, mejoran la conectividad y la formación profesional adaptada a las empresas locales, y plantean actuaciones en vivienda. A instancias del PPN, se refuerzan la igualdad y el talento femenino en sectores industriales y tecnológicos, las vocaciones STEM y la financiación de planes de igualdad y protocolos LGTBI+ para pymes. Por último, el Plan de Industria tendrá una vigencia máxima de cuatro años, los órganos de gobernanza elaborarán una memoria anual y la Comisión Interdepartamental se reunirá al menos dos veces al año.

Las críticas de las organizaciones empresariales

El texto aprobado llega después de que la Confederación Empresarial Navarra, la Cámara de Comercio y ADEFAN pidieran a los parlamentarios, el pasado lunes, una lectura crítica de la ley al considerar que no recogía cuestiones esenciales de las empresas. Entre otras, discrepaban de que la norma aludiera a la duración de la jornada, una materia que, a su juicio, corresponde al ámbito estatal y al diálogo social.