El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, asistió en Madrid al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Allí, exigió al Ministerio de Sanidad que cumpla su compromiso de reformar el modelo de gestión de los Fondos de Cohesión Sanitaria (FCS) y de los Fondos de Garantía Asistencial (FOGA), antes de que finalice la legislatura.
El Gobierno Vasco recibió en septiembre una factura de 51 millones de euros por los fondos de 2023 y 2024. Sin embargo, se niega a pagarla sin garantías legales y un modelo de compensación justo. En 2025, la ministra de Sanidad prometió en Madrid y Zaragoza revisar el sistema, pero Euskadi denuncia la falta de avances.
El Ejecutivo vasco critica que no se ha realizado la auditoría prometida ni se ha avanzado en el desarrollo normativo necesario. Tampoco se han constituido grupos de trabajo para analizar y concluir sobre el modelo. A pesar de ello, las liquidaciones siguen tramitándose sin aclarar la situación legal del sistema.
Un compromiso incumplido
El consejero Martínez expresó que «el Ministerio de Sanidad tiene aún compromisos pendientes con Euskadi». Insistió en que la legislatura no puede concluir sin dar respuesta a la sociedad vasca y sin cumplir el compromiso de reestructurar el modelo de gestión de los Fondos de Cohesión.
Entre 2012 y 2022, Euskadi aportó 169 millones de euros al Fondo de Cohesión, representando cerca del 60% del total, a pesar de tener solo el 5% de la población estatal. «Es imposible que el 5% de la población pague el 60% de la factura de todo el Estado», destacó Martínez, calificando el modelo de injusto y poco transparente.
Un agravio para Euskadi
El Gobierno Vasco insiste en que no abonará los 51 millones exigidos sin garantías legales. Esta decisión no afecta a la atención sanitaria, asegurando que las personas vascas seguirán recibiendo asistencia en otras comunidades autónomas con normalidad. «Euskadi asumirá su factura cuando exista una cobertura legal», explicó Martínez.
El Departamento de Salud insta al Ministerio a reconducir la situación mediante voluntad política, acelerando el desarrollo normativo y garantizando un modelo equitativo. Euskadi demanda una reforma profunda, no parches, y reitera su disposición a colaborar, siempre que las liquidaciones se basen en una normativa sólida y consensuada.
El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, asistió en Madrid al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Allí, exigió al Ministerio de Sanidad que cumpla su compromiso de reformar el modelo de gestión de los Fondos de Cohesión Sanitaria (FCS) y de los Fondos de Garantía Asistencial (FOGA), antes de que finalice la legislatura.
El Gobierno Vasco recibió en septiembre una factura de 51 millones de euros por los fondos de 2023 y 2024. Sin embargo, se niega a pagarla sin garantías legales y un modelo de compensación justo. En 2025, la ministra de Sanidad prometió en Madrid y Zaragoza revisar el sistema, pero Euskadi denuncia la falta de avances.
El Ejecutivo vasco critica que no se ha realizado la auditoría prometida ni se ha avanzado en el desarrollo normativo necesario. Tampoco se han constituido grupos de trabajo para analizar y concluir sobre el modelo. A pesar de ello, las liquidaciones siguen tramitándose sin aclarar la situación legal del sistema.
Un compromiso incumplido
El consejero Martínez expresó que «el Ministerio de Sanidad tiene aún compromisos pendientes con Euskadi». Insistió en que la legislatura no puede concluir sin dar respuesta a la sociedad vasca y sin cumplir el compromiso de reestructurar el modelo de gestión de los Fondos de Cohesión.
Entre 2012 y 2022, Euskadi aportó 169 millones de euros al Fondo de Cohesión, representando cerca del 60% del total, a pesar de tener solo el 5% de la población estatal. «Es imposible que el 5% de la población pague el 60% de la factura de todo el Estado», destacó Martínez, calificando el modelo de injusto y poco transparente.
Un agravio para Euskadi
El Gobierno Vasco insiste en que no abonará los 51 millones exigidos sin garantías legales. Esta decisión no afecta a la atención sanitaria, asegurando que las personas vascas seguirán recibiendo asistencia en otras comunidades autónomas con normalidad. «Euskadi asumirá su factura cuando exista una cobertura legal», explicó Martínez.
El Departamento de Salud insta al Ministerio a reconducir la situación mediante voluntad política, acelerando el desarrollo normativo y garantizando un modelo equitativo. Euskadi demanda una reforma profunda, no parches, y reitera su disposición a colaborar, siempre que las liquidaciones se basen en una normativa sólida y consensuada.
