El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco ha emitido una nota aclaratoria para valorar la situación de la promoción de 108 viviendas de protección oficial (VPO) en el barrio de Urban, en Barakaldo. Tras las recientes informaciones sobre presuntos robos y amenazas en la zona, el Ejecutivo autonómico ha precisado: "Ni en Alokabide ni en el Departamento consta, hasta la fecha, ninguna denuncia o queja formal relacionada con los hechos que han sido difundidos".
Desde la administración regional se subraya que, si se están produciendo conductas incívicas, estas deben ser notificadas a la Policía Local o a la Ertzaintza, ya que se trata de asuntos de seguridad ciudadana y no de gestión habitacional. Esta aclaración llega después de que la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, exigiera una actuación inmediata para frenar comportamientos que alteran la convivencia vecinal.
Adelanto del proyecto de intervención comunitaria y mediación social
Pese a la ausencia de registros oficiales de quejas, el Gobierno Vasco ha decidido ser proactivo debido al volumen de la promoción, entregada el pasado marzo. Alokabide activará de forma anticipada su Proyecto de intervención comunitaria. "Se tiene prevista una reunión informativa con los vecinos el próximo lunes, 27 de abril, para materializar dicho proyecto a la semana siguiente", expresa el Departamento.
A partir de esa fecha, educadores sociales acudirán a la promoción para realizar un diagnóstico inicial. "A partir de ese análisis, y en función de las conclusiones obtenidas, se valorarán las medidas a adoptar", señala el comunicado oficial, que busca rebajar la tensión en un barrio en plena expansión urbanística.
Coordinación institucional y crítica a la gestión de la alarma
La dirección de Alokabide ha mostrado su compromiso con el bienestar vecinal, aunque ha lamentado las formas en las que se ha gestionado la comunicación por parte del consistorio fabril. La directora general de la entidad, Patricia Val, ha sido contundente al respecto: “Lo razonable con una alcaldesa y un Ayuntamiento con el que tenemos tan buena relación es que se hubiese comunicado con nosotros antes de hacer esas declaraciones generando mayor alarma”.
El Gobierno Vasco ha reafirmado que continuará en coordinación con los servicios sociales municipales para garantizar un entorno cohesionado. Las viviendas, con rentas de alquiler protegido que cuentan con una normativa de convivencia que fue comunicada a todos los adjudicatarios en el momento de la entrega de llaves.
