El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Función Pública, que impulsa la carrera profesional y la formación del empleado público, entre otras novedades. La nueva normativa, que inicia ahora su trámite parlamentario con el objetivo de aprobarse antes de que acabe la legislatura, supone un gran avance en la actualización de las distintas disposiciones referentes a Función Pública, puesto que el actual texto en vigor data de 1990, hace 33 años. El anteproyecto de Ley de Función Pública fue aprobado en Mesa General con el voto favorable de STAR; UGT-FeSP; CCOO; y FSES; y solo con el voto en contra de CSIF.
La nueva Ley racionaliza la estructura y la ordenación de la Función Pública. El personal funcionario se agrupará en cuerpos, escalas y especialidades; y se crea y desarrolla un nuevo grupo de clasificación profesional, el B. En este grupo se encuadrarán los cuerpos y escalas para los que se exija la titulación de Técnico Superior, que anteriormente estaban ubicadas en el C1. Los funcionarios que ahora integran dichos cuerpos o escalas quedarán automáticamente encuadrados en el grupo B, siempre que posean la titulación exigida.
La nueva normativa impulsa la carrera profesional, con incidencia no solo en el cumplimento de objetivos, sometidos a evaluación previa, sino también en la provisión de puestos de trabajo. A su vez, se apuesta por la evaluación del desempeño para valorar la conducta profesional dirigida al cumplimiento de objetivos y su rendimiento.
Por otro lado, la Ley prioriza las políticas de formación y aprendizaje llevadas a cabo por la Escuela Riojana de Administración Pública. A su vez, La Rioja incorpora medidas efectivas para disuadir del abuso de la temporalidad en el empleo, adaptando la CAR a la normativa europea y la legislación básica estatal.
Además, entre otras medidas, se crea en el ámbito funcionarial el cuerpo de bombero/a forestal, que actualmente pertenece a categorías profesionales del personal laboral; y se fomenta la estabilidad en el medio rural, pudiendo establecerse incentivos administrativos, profesionales o económicos, que apoyen al personal empleado público que realice su actividad profesional y resida en el medio rural.
Con esta Ley, se impulsa la mejora de las condiciones para el trabajador público y se recuperan las capacidades y el prestigio del Servicio Público en la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja.