Desde 2022, la Intervención Delegada en Administración Local del Gobierno de Navarra lleva advirtiendo, informe tras informe, de un mismo problema que se va agravando con el tiempo: no se controla de forma sistemática que los fondos del Programa de Libre Determinación —transferencias de capital que el Gobierno foral reparte anualmente entre municipios y concejos de Navarra para que los destinen a inversiones— se estén gastando realmente en aquello para lo que fueron creados. Y el riesgo de que no sea así, acumulado desde 2022 hasta 2026, alcanza ya los 56,2 millones de euros.

La historia arranca en septiembre de 2022, cuando la Intervención Delegada emitió un reparo suspensivo al primer pago de Libre Determinación, de 15 millones de euros. La alerta era clara: el diseño del programa no garantizaba que los fondos, de carácter finalista según la ley, fueran a destinarse efectivamente a inversiones. El reparo fue resuelto a favor de la Dirección General de Administración Local y Despoblación, pero no sin que el Director General de Intervención General dejara escrita una advertencia que, a la vista de lo ocurrido después, resultó llamativa "Las disposiciones de la Ley Foral 8/2022 son insuficientes para asegurar el carácter finalista de las aportaciones... este carácter finalista debe concretarse en la vinculación de la financiación recibida con proyectos específicos e identificables."

Qué es el Programa de Libre Determinación

El Programa de Libre Determinación es uno de los tres pilares del Plan de Inversiones Locales de Navarra, regulado por la Ley Foral 8/2022. A diferencia de los programas de inversiones ordinarios, en los que los proyectos están previamente identificados, la Libre Determinación permite a cada municipio o concejo decidir en qué inversión local concreta gasta el dinero recibido, siempre que se destine a inversiones y no a gasto corriente. La cuantía que percibe cada entidad local depende de su población y de la dispersión geográfica de sus núcleos.

El mecanismo, en teoría, es sencillo: el Gobierno foral transfiere el dinero, la entidad local lo contabiliza como ingreso afectado en los módulos contables correspondientes, lo destina a una inversión identificable y rinde cuentas. El problema, según denuncia la Intervención Delegada, es que ninguno de esos pasos se está verificando de forma sistemática.

Cuatro años de advertencias ignoradas

El informe de junio de 2023, el primero que evalúa qué pasó con los 15 millones pagados en 2022, ya fue demoledor. A fecha de 13 de junio de ese año —casi dos meses después de la fecha límite legal para presentar las liquidaciones de presupuestos— solo el 51% de los municipios y el 30% de los concejos habían entregado sus cuentas. La muestra que realizó la Intervención sobre 33 entidades locales pequeñas fue aún más preocupante: el 82% incumplían la normativa contable porque no habían presentado el módulo de afectos que permite verificar el destino de los fondos.

Y entre los que sí habían presentado cuentas, cinco municipios —Juslapeña, Castillonuevo, Lizaso, Áriz y Gascue— presentaban indicios claros de haber derivado la transferencia de capital a gasto corriente, incumpliendo la ley. La Intervención pidió que se iniciaran actuaciones para exigir el reintegro. No consta que se hiciera.

El informe de julio de 2024, referido al pago del año 2024, confirmó que la situación no había mejorado: la tasa de presentación de cuentas había caído del 42% al 35%, y los mismos problemas de los años anteriores seguían sin resolverse. "Son válidas las mismas conclusiones", escribió la Intervención. El riesgo acumulado ascendía ya a 35 millones de euros —los 15 millones de 2022 más los 9,9 de 2023 y los 10,1 de 2024—.

El informe de junio de 2025 añadió otro dato alarmante: de una muestra de siete entidades locales analizada sobre las cuentas de 2025, seis —el 86%— no contabilizaban correctamente los ingresos de Libre Determinación en los módulos reglamentarios, con riesgo de desvío a gasto corriente. Entre ellas, cuatro presentaban riesgo medio o alto. Un año antes, con una muestra de ocho entidades, el porcentaje de incumplimiento había sido del 35%. La situación, lejos de mejorar, había empeorado drásticamente.

El último informe: el reparo de mayo de 2026

El informe más reciente, fechado el 29 de mayo de 2026 y relativo al pago de este año, es el más contundente. La Intervención Delegada constata que, cuatro años después del primer pago, el sistema de control sigue siendo deficiente. Solo el 32% de los municipios y el 19% de los concejos han presentado las liquidaciones de 2025, que deberían haberse entregado antes del 31 de marzo. La tasa de presentación no para de caer: del 51% de municipios en 2022, al 42% en 2023, al 32% en 2024.

El análisis de las cuentas de 2025 sobre una muestra de siete entidades arroja que seis de ellas no contabilizan correctamente la Libre Determinación, con riesgos que van desde el alto —Garinoain y Etxarri Aranatz— al medio —Sesma y Berrioplano— y al bajo —Valle de Elorz y Figarol—. Solo Dicastillo cumple correctamente, en esa muestra.

Ante este panorama, la Intervención lanza una advertencia que no deja margen a la interpretación: el riesgo de que no pueda constatarse que los fondos de Libre Determinación se han destinado a inversiones, acumulado desde 2022 hasta 2026, alcanza los 56,2 millones de euros. Y añade que el tiempo juega en contra: la posibilidad de exigir el reintegro de las cuantías de 2022 prescribe a los cuatro años, lo que significa que a finales de 2026 podría ser ya imposible reclamar la devolución de los 15 millones del primer pago a los municipios que no los destinaron a inversiones.

El problema de fondo: sin control sistemático, sin consecuencias

Lo que denuncia la Intervención no es solo un problema técnico de contabilidad. Es algo más profundo: la Dirección General de Administración Local y Despoblación, responsable de gestionar el programa, ha optado sistemáticamente por no establecer un control efectivo del destino de los fondos, pese a las advertencias de los técnicos.

Cuando en 2022 el reparo (que era suspensivo) obligó a buscar una solución, la Dirección General respondió que el control se haría "conforme vayan presentando las cuentas" y que existía una circular que recordaba a los municipios la obligación de usar los módulos contables. La Intervención señaló entonces que esa solución era ineficaz porque el cumplimiento de esa obligación era —y sigue siendo— minoritario. La respuesta del departamento ha sido, año tras año, enviar nuevas circulares y anunciar mejoras técnicas en la plataforma IDECAL, sin que ninguna de ellas haya producido un cambio real en los datos.

Desde marzo de 2025, el sistema IDECAL exige que las entidades locales presenten al menos uno de los dos ficheros contables de afectos al liquidar sus presupuestos. Es una mejora, reconoce la Intervención, pero insuficiente: el sistema comprueba si los ficheros han sido entregados, pero no verifica si las cifras de Libre Determinación están correctamente contabilizadas en ellos ni si se destinan a inversiones. Dicho de otra manera: se puede entregar un fichero vacío o incompleto y el sistema no lo detecta.

Lo que la Intervención ha pedido desde el principio, y nunca ha obtenido, es un control sistemático que verifique, para cada entidad local y para cada año, que el ingreso de Libre Determinación está correctamente registrado en los módulos, que la cuantía coincide con lo abonado, que se ha destinado a una inversión identificable o, si no, que figura como remanente de tesorería afecto pendiente de gastar. Y que ese control se haga de forma acumulada año a año, porque los fondos no gastados en un ejercicio deben quedar reservados en el remanente afecto hasta que se materialice la inversión.

La advertencia que nadie quiso escuchar

En el reparo suspensivo de 2022, la Intervención citó jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Navarra para sostener que la Libre Determinación tiene carácter subvencional y, por tanto, el Gobierno foral tiene la obligación de comprobar su destino y de exigir el reintegro si no se ha cumplido la finalidad. Esa argumentación fue rechazada en la resolución de la discrepancia, que dio la razón al departamento gestor.

Pero la advertencia quedó escrita, y la Intervención la ha recordado en cada informe posterior. La última vez, en mayo de 2026, con estas palabras: "En opinión de ID, las cuantías de la LD son susceptibles de reintegro porque los EELLs no han cumplido ni las normas de contabilización ni la rendición de cuentas."

Y añade el dato que hace aún más urgente la situación: a finales de 2026 prescribe la posibilidad de pedir el reintegro de las cuantías de 2022. Si antes de esa fecha no se han iniciado los procedimientos correspondientes, los municipios que pudieron haber destinado esos fondos a gasto corriente habrán quedado sin consecuencias.

AFAPNA ha reiterado su denuncia contra el actual sistema de oposiciones docentes tras la conclusión del proceso selectivo. El sindicato felicita a quienes han obtenido plaza pero señala el "profundo malestar y frustración generalizada" que padecen año tras año los opositores debido a las deficiencias del modelo de acceso.

Según AFAPNA, la inestabilidad laboral generada por este sistema deteriora la calidad del servicio educativo público, quedando incluso plazas desiertas. "El colectivo docente merece un sistema selectivo con rigor, garantías y total transparencia en el acceso a la Función Pública", ha indicado el sindicato.

Propuestas de reforma

AFAPNA propone una modificación inmediata del modelo de acceso basada en cuatro elementos. Primero, pruebas objetivas y no eliminatorias con implantación de formato tipo test en el tema, sistemas de corrección públicos y criterios homogéneos en todas las pruebas, similar al de otros colectivos de la Administración.

Segundo, criterios de evaluación transparentes que aseguren que cada aspirante sea evaluado con los mismos criterios y rúbricas, independientemente del tribunal asignado. Tercero, publicación de un temario único para todos los aspirantes por especialidades para garantizar la uniformidad e igualdad. Y cuarto, seguridad jurídica mediante un proceso donde prime la objetividad y se valore de forma justa la preparación y experiencia de cada persona.

AFAPNA insta al Departamento de Educación a tomar medidas reales y efectivas para garantizar unas oposiciones dignas, transparentes y objetivas.

El Partido Popular de Navarra ha reclamado al Gobierno de Navarra que explique con qué información y planificación ha anunciado su disposición a participar en la acogida de menores no acompañados procedentes de Ceuta tras la reciente crisis migratoria.

Javier García, presidente del PPN, ha advertido de que "es imposible planificar un reparto serio si ni siquiera se conoce con exactitud cuál es la dimensión de la situación". Varios días después de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta, ha señalado, el propio Gobierno de España sigue sin concretar cuántos menores no acompañados permanecen realmente en la ciudad autónoma.

Exigencias sobre criterios y capacidad real

El PP de Navarra ha exigido que cualquier decisión se adopte con criterios objetivos y garantizando que Navarra no asumirá más menores de los que realmente puede atender. Según la formación, el Gobierno foral no debería ofrecerse públicamente sin conocer previamente cuántos menores podrían corresponder a Navarra, cuál es la capacidad real de los recursos de protección existentes y qué planificación ha realizado para garantizar una atención adecuada.

Crítica a la gestión central

García ha señalado que "la primera responsabilidad de esta crisis corresponde al Gobierno de España, que una vez más ha demostrado su incapacidad para prevenir y gestionar una situación de estas características". El PPN ha rechazado que el Ejecutivo central traslade a las comunidades autónomas "las consecuencias de una política migratoria marcada por la improvisación, la falta de control y la ausencia de planificación".

El PP de Navarra reclama que si finalmente se realiza un reparto entre autonomías, éste vaya acompañado de los recursos humanos, materiales y económicos necesarios.

UPN ha afirmado que "con María Chivite al frente del Gobierno, la sanidad navarra está tocando fondo y va a dejar un sistema colapsado". El partido regionalista se ha manifestado así tras conocer que en julio hay 2.202 personas más esperando una primera consulta con el especialista, hasta alcanzar las 64.235, mientras que otras 10.234 aguardan una intervención quirúrgica.

La formación considera que se trata de "datos impresentables, a los que de ningún modo los navarros y las navarras se deben resignar". "Estamos ante un problema evidente de gestión sanitaria, de incapacidad de los actuales directivos", han señalado desde UPN, que ha cuestionado además a qué espera la presidenta del Gobierno de Navarra para introducir cambios: "Lo que no sabemos es a qué espera María Chivite para hacer cambios. Aunque, si hasta ahora no se ha atrevido, dudamos que vaya a hacer algo de aquí al final de legislatura", han lamentado. El partido ha incidido en que "se ha generado un auténtico problema estructural en la sanidad navarra que, aunque no va a ser fácil de revertir", se comprometen a mejorar.

En relación con los últimos datos conocidos este viernes, UPN ha querido destacar de manera especial que no solo ha aumentado el número de personas en espera —con cifras que califican de inasumibles, como las 15.669 personas que aguardan cita en rehabilitación y ortopedia—, sino también los días de demora. Así, si la espera media en junio de 2026 ya era de 79 días, en julio ha pasado a ser de 83. "Eso son casi tres meses de media para que te atiendan, y hay especialidades que lo superan ampliamente, como es el caso de cardiología vascular (225 días), raquis (225 días), traumatología (166) o rehabilitación (131), entre otras", han explicado desde la formación.

UPN ha criticado también que, a su juicio, "a lo largo de toda la legislatura el consejero de Salud se ha preocupado más de cómo maquillar los datos de las listas de espera que de reducirlos". "Así, hemos asistido a varios cambios de metodología y artimañas diversas para sacar pacientes de las listas, de manera que ya no computen. Pero, aun así, hoy hay 64.235 personas en espera", han concluido.

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) ha alertado del fuerte impacto que está teniendo la subida del precio del gasóleo agrícola sobre las empresas agrarias navarras y ha reclamado al Gobierno de España y al Gobierno de Navarra la adopción urgente de medidas que permitan aliviar la presión económica que soporta el sector, comenzando por una rebaja inmediata de la carga fiscal que grava los combustibles y otros insumos agrarios.

La organización profesional agraria recuerda que el precio del gasóleo agrícola ha alcanzado en Navarra niveles cercanos a 1,40 euros por litro, tras registrar una subida próxima al 40% en las últimas semanas, un incremento que repercute directamente en las empresas agrarias al tratarse de un suministro imprescindible para desarrollar la actividad. El encarecimiento del combustible supone que llenar un depósito medio de tractor, de unos 200 litros, cueste hoy alrededor de 80 euros más que hace apenas quince días.

"Cuando sube, sube muy rápido, incluso con gasóleo comprado más barato. Sin embargo, cuando baja, tarda mucho en repercutir esa bajada. Y ahora, con el inicio de las labores agrícolas, la situación vuelve a hacerse insostenible", señala Félix Bariáin, presidente de UAGN. Bariáin añade que "las ayudas que recibe el sector son inferiores a los impuestos que recauda el Gobierno de Navarra del propio sector. Quienes están haciendo negocio con esta situación son las petroleras y el Gobierno, mientras los productores seguimos soportando el incremento de los costes".

UAGN destaca que el combustible es un elemento esencial para numerosas labores agrícolas y ganaderas, desde la preparación del terreno y la siembra hasta la recolección, los tratamientos, el transporte o la alimentación del ganado, por lo que cualquier subida tiene un impacto directo sobre la cuenta de resultados de las empresas agrarias. La organización recuerda además que este incremento se suma al aumento acumulado de otros costes esenciales como fertilizantes, energía, maquinaria y servicios, lo que deja sin margen de beneficio a productores y ganaderos y pone en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones.

Ante esta situación, UAGN considera imprescindible que el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra adopten medidas inmediatas, entre ellas una reducción de la fiscalidad aplicada al gasóleo agrícola y a otros insumos fundamentales para la actividad agraria, con el objetivo de evitar que el incremento de costes siga recayendo exclusivamente sobre quienes producen alimentos. "Si queremos garantizar la producción de alimentos, mantener la actividad económica en el medio rural y favorecer el relevo generacional, es necesario proteger la rentabilidad de las empresas agrarias. No podemos exigir al sector que continúe produciendo con unos costes cada vez más elevados sin poner en marcha soluciones eficaces", concluye Bariáin.

La Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) ha recibido este jueves en su sede a 32 niños y niñas saharauis que pasan el verano en Navarra dentro del programa Vacaciones en Paz, acompañados por sus familias de acogida y por representantes de la Delegación Saharaui y de la Asociación Navarra de Amigos del Sahara (ANAS).

El presidente de la FNMC, Xabier Alcuaz, les ha dado la bienvenida en nombre de las entidades locales de Navarra y ha agradecido el trabajo de las familias, organizaciones y personas que colaboran cada año con el pueblo saharaui desde la solidaridad y la cooperación. Alcuaz ha estado acompañado por Hamdi Aomar Ahmed, delegado de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en Navarra; el subdelegado, Mohamed Gailani; y una representación de ANAS, encabezada por Carol García.

Durante su intervención, Alcuaz ha reconocido el papel fundamental de las familias de acogida, que cada verano abren sus hogares y comparten su tiempo, su cariño y su vida cotidiana con los menores participantes. Ha destacado además que estas estancias permiten a los niños y niñas disfrutar de unas semanas de descanso, convivencia y nuevas experiencias, al tiempo que contribuyen a mantener vivo en Navarra el vínculo con el pueblo saharaui. El presidente de la FNMC ha recordado que las entidades locales navarras "han estado siempre al lado del pueblo saharaui, apoyando su causa y sus derechos", y ha reiterado la necesidad de alcanzar "una solución justa y duradera" vinculada al cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas y de la legalidad internacional. "Una solución que permita garantizar también a estos niños y niñas su derecho a crecer con dignidad, en paz y con oportunidades. Su presencia hoy aquí nos recuerda que el Sáhara tiene futuro", ha defendido.

Hamdi Aomar Ahmed, delegado de la RASD en Navarra, ha agradecido la recepción y el compromiso solidario de la FNMC, y ha destacado que Vacaciones en Paz es mucho más que un viaje, ya que permite a los niños y niñas recibir atención médica, acceder a una alimentación saludable y conocer una realidad diferente a la de los campamentos. "Regresan con nuevas experiencias y con la certeza de que no están solos, de que tienen amigos y amigas que creen en su futuro", ha señalado.

Por su parte, Carol García, en representación de ANAS, ha agradecido la acogida de las familias navarras, que comparten su vida cotidiana con los menores y les abren espacios de ocio como parques y piscinas. García ha valorado la oportunidad que ofrece el programa para alejar temporalmente a los niños y niñas de las altas temperaturas y realizar revisiones médicas, y les ha animado a recordar siempre a sus familias de acogida: "Cuando el Sáhara sea libre, acordaos de ellas, porque os llevarán siempre en el corazón", les ha recordado.

La visita ha finalizado con la entrega, por parte de la FNMC, de una mochila a cada uno de los niños y niñas como recuerdo de su paso por la sede de la entidad, con material didáctico y unas gafas homologadas para ver el eclipse del próximo 12 de agosto.

Este encuentro se enmarca en el apoyo que las entidades locales navarras ofrecen al pueblo saharaui, que se traduce también en otras actuaciones de cooperación y solidaridad. En este marco, la FNMC ha aportado este año 2.000 euros para contribuir a financiar el viaje de los niños y niñas que participan en el programa Vacaciones en Paz en Navarra. Este apoyo se suma al compromiso que las entidades locales navarras mantienen con la población refugiada saharaui a través del Fondo Local Navarro de Cooperación al Desarrollo que gestiona la FNMC, instrumento con el que cada año se financia con 30.000 euros un proyecto de cooperación internacional en los campamentos saharauis. El proyecto seleccionado este año está dirigido a mejorar y optimizar los sistemas de distribución de agua y alimentos y de recogida de residuos en los campamentos de personas refugiadas saharauis, contribuyendo así a garantizar servicios básicos y a mejorar las condiciones de vida de su población.

El Partido Popular de Navarra ha registrado en el Parlamento de Navarra una batería de peticiones de información y varias preguntas parlamentarias para que el Gobierno de Navarra explique con total transparencia cuál ha sido su actuación ante la Oferta Pública de Adquisición (OPA) formulada por el grupo vasco Ohmnia sobre la empresa navarra Azkoyen, y cuáles pueden ser sus consecuencias para el futuro industrial de la Comunidad Foral.

A través de estas iniciativas parlamentarias, el PPN solicita conocer en profundidad las actuaciones desarrolladas por el Ejecutivo foral desde que tuvo conocimiento de la operación, las reuniones mantenidas por el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Mikel Irujo, u otros miembros del Gobierno de Navarra con representantes del Gobierno Vasco, del Instituto Vasco de Finanzas, de Ohmnia o de la propia Azkoyen, así como toda la documentación e informes elaborados por el Ejecutivo sobre el posible impacto de esta operación en el arraigo empresarial de la compañía, el mantenimiento de sus centros de decisión, el empleo, la actividad industrial y la capacidad de inversión e innovación en Navarra.

El partido ha registrado además varias preguntas parlamentarias con el objetivo de que el Gobierno de Navarra aclare si conocía con antelación la operación, cuál ha sido realmente su papel durante este proceso y qué actuaciones piensa impulsar para proteger los intereses de Navarra ante una operación empresarial de especial relevancia para el tejido industrial de la Comunidad Foral. Del mismo modo, el PPN ha solicitado la comparecencia del consejero Irujo, y considera necesario que el Ejecutivo explique si ha analizado el significado de la participación del Instituto Vasco de Finanzas, dependiente del Gobierno Vasco, en el grupo promotor de la OPA, y si esta responde exclusivamente a criterios empresariales o también a una estrategia de política industrial.

El presidente del Partido Popular de Navarra, Javier García, ha afirmado que "Azkoyen no es una empresa cualquiera. Es una compañía emblemática para Peralta y Navarra, con una larga trayectoria industrial, con un importante peso económico y social y con más de mil empleos. Por eso el Gobierno de Navarra no puede limitarse a contemplar esta operación desde la barrera". García ha señalado que "los navarros tienen derecho a saber qué conocimiento tenía el Gobierno de esta operación, qué gestiones ha realizado para defender los intereses de Navarra y qué garantías existen para que Azkoyen siga manteniendo en nuestra Comunidad sus centros de decisión, su actividad industrial y el empleo".

El presidente del PPN ha recordado además que "uno de los socios relevantes de Ohmnia es el Instituto Vasco de Finanzas, dependiente del Gobierno Vasco, por lo que resulta perfectamente legítimo preguntar qué papel está desempeñando una institución pública en esta operación y qué contactos ha mantenido el Ejecutivo de María Chivite con el Gobierno Vasco desde que comenzó este proceso". "Lo que reclamamos es transparencia y defensa de los intereses de Navarra. Queremos conocer toda la información disponible y saber qué está haciendo el Gobierno para proteger el arraigo de una empresa estratégica para nuestra economía. El Ejecutivo foral tiene la obligación de actuar con la máxima claridad y de explicar cuáles son sus planes para garantizar que Navarra no pierda capacidad industrial ni centros de decisión", ha concluido Javier García.

El grupo municipal de Geroa Bai denuncia "desidia" por la tardanza en retirar unos carteles de la fachada antes de las fiestas de Santiago, mientras EH Bildu replica que el Ayuntamiento permaneció cerrado esos días y acusa al concejal de actuar "en clave electoral"

El grupo municipal Geroa Bai Baztan ha denunciado, a través de un comunicado, "la parálisis y falta de respeto hacia las infraestructuras culturales" por parte de EH Bildu Baztan, al frente del Ayuntamiento del valle.

Según explican, el pasado 23 de julio registraron una instancia solicitando la limpieza urgente de las cristaleras y la retirada de carteles en la Biblioteca Pública antes del inicio de las fiestas de Elizondo, petición que, according a su versión, el equipo de gobierno ignoró. Los carteles fueron finalmente retirados el pasado lunes.

Geroa Bai Baztan añade que la Biblioteca Pública se encuentra sin servicio desde el 11 de noviembre del pasado año y con la fachada "degradada y encartelada por segunda vez". El grupo recuerda que, si bien la plaza de personal depende de la Red de Bibliotecas del Gobierno de Navarra, "la responsabilidad de defender los servicios del municipio y de liderar las exigencias institucionales recae directamente en el Ayuntamiento".

"Resulta muy fácil vanagloriarse de ser defensores de los servicios públicos, pero en la práctica lo que vemos es una absoluta desidia. Para no limpiar la fachada de un edificio tan emblemático no hay excusas: solicitamos su limpieza antes de fiestas y han dejado pasarlas sin mover un dedo", indica la nota del grupo municipal, que exige "que se actúe de inmediato, ordene la limpieza integral de la fachada y ponga fin al penoso espectáculo que ofrecen las instalaciones".

La respuesta de EH Bildu

EH Bildu del valle de Baztan, y en su nombre el alcalde, Fernando Anbustegi, ha respondido al grupo municipal de Geroa Bai para "aclarar algunas cuestiones". Según explican, la instancia presentada por el concejal de Geroa Bai fue registrada a las 21:51 horas del 23 de julio, "apenas unas horas antes del comienzo de las fiestas", cuando no había ninguna trabajadora municipal disponible para trasladar la solicitud a los servicios correspondientes.

El Ayuntamiento, recuerdan, permaneció cerrado del 24 al 28 de julio con motivo de las fiestas de Santiago, "tal y como conocía el propio concejal". La instancia fue trasladada el 29 de julio, día en que se comunicó la petición a la empresa encargada de la limpieza. "Después de las fiestas, precisamente, llegan los días de mayor carga de trabajo para los servicios de limpieza, que tienen que recuperar la normalidad y atender las numerosas necesidades generadas. La retirada de los carteles se demoró tres días laborables", añaden desde la formación abertzale.

EH Bildu afirma que los carteles "ya habían sido retirados cuando el concejal publicó su denuncia" y asegura que el edil "sabía que el Ayuntamiento iba a permanecer cerrado durante las fiestas de Santiago. Y si no lo sabía, resulta difícil entender que pudiera acusar después de 'desidia y falta de respeto' a quienes estaban cumpliendo con sus responsabilidades municipales".

La formación va más allá y cuestiona la labor municipal del edil de Geroa Bai: "En los Plenos del Ayuntamiento, en las comisiones generales, en las comisiones de Hacienda o de Urbanismo, es habitual que el concejal de Geroa Bai permanezca más pendiente del teléfono móvil, navegando por internet, siguiendo partidos de la Real Sociedad o incluso celebrando a viva voz los goles de Pacheco en la Europa League —por cierto, nos alegramos— que de las explicaciones que ofrecen las técnicas y los técnicos municipales", al tiempo que le acusan de actuar "en clave electoral". "Nosotros seguiremos trabajando por Baztan", concluyen.

El Gobierno de Navarra ha trasladado a la Ciudad Autónoma de Ceuta su disposición a colaborar en la acogida de menores no acompañados que permanecen en la ciudad tras la reciente llegada masiva de personas procedentes de Marruecos, dentro del mecanismo de reparto acordado entre las comunidades autónomas.

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, ha comunicado al consejero competente de Ceuta la voluntad del Ejecutivo foral de contribuir, desde los acuerdos ya establecidos, a una respuesta basada en la solidaridad y la corresponsabilidad institucional para garantizar la atención de niños, niñas y adolescentes.

El Ejecutivo navarro ha reafirmado así su compromiso con un modelo de reparto coordinado entre todas las comunidades autónomas, después de que algunos gobiernos autonómicos hayan manifestado su rechazo a participar en la acogida de estos menores. En este sentido, recuerda que desde el pasado año existe un sistema de distribución obligatorio sustentado en criterios de equidad, solidaridad y protección del interés superior del menor.

Maeztu ha subrayado que el cumplimiento de la ley y de los acuerdos alcanzados entre administraciones "constituye una obligación para todas ellas".

"Ninguna administración puede situarse al margen de la ley ni eludir las responsabilidades que derivan de ella. La solidaridad entre territorios no puede ser una opción que dependa de la voluntad política de cada gobierno. Todas las comunidades autónomas tenemos el deber legal y ético de contribuir a una respuesta compartida. Navarra cumplirá con sus obligaciones y espera que el resto de comunidades hagan lo mismo, porque el Estado de Derecho y la protección de la infancia exigen responsabilidad, cooperación y lealtad institucional", ha afirmado la consejera.

La responsable de Derechos Sociales ha recordado además que Navarra ya respondió de forma solidaria en anteriores emergencias humanitarias, como la vivida en Canarias, y ha asegurado que mantendrá esa misma actitud ante la situación en Ceuta.

"Navarra siempre ha mostrado su disposición a ofrecer una respuesta solidaria cuando otros territorios han afrontado situaciones de emergencia humanitaria. Lo hicimos con Canarias y lo seguiremos haciendo ahora con Ceuta", ha señalado.

Maeztu ha incidido en que el sistema de distribución de menores entre comunidades autónomas se basa en criterios objetivos previamente pactados, como la población, la capacidad de acogida y el esfuerzo realizado anteriormente por cada territorio.

"Existen unas reglas acordadas para garantizar un reparto equilibrado y justo. Navarra cumplirá con los compromisos que le correspondan porque creemos en una política basada en la cooperación entre administraciones y en la responsabilidad compartida", ha añadido.

Por último, la consejera ha defendido que la atención a estos menores debe abordarse desde una perspectiva de protección de la infancia y ha pedido evitar que una emergencia humanitaria derive en un escenario de confrontación política entre administraciones.

El grupo municipal de Geroa Bai en Huarte ha solicitado al resto de formaciones con representación en el Ayuntamiento que la corporación exija oficialmente al Arzobispado la sustitución del actual párroco de la localidad, Javier Aizpún, tras las manifestaciones difundidas por este en la red social X.

Igualmente el vicepresidente foral, Javier Remírez, del PSN, ha criticado con dureza al prelado. 

Un mensaje inadmisible, por completo alejado no solo de la ley y los derechos humanos sino también del propio Evangelio.

Poco escucha y lee el Sr. Aizpún a León XIV @Pontifex y su clara posición contra las guerras y en favor los derechos humanos. https://t.co/7efEuYLB9Z

— Javier Remírez (@javierremirez) August 4, 2026

"Desde Geroa Bai consideramos que los mensajes publicados, en los que se realizan llamamientos a la violencia y se promueve un discurso de odio contra personas migrantes, son absolutamente incompatibles con la responsabilidad que corresponde a quien ejerce un ministerio religioso y desarrolla una labor de referencia para buena parte de la ciudadanía de nuestro pueblo", ha señalado la coalición.

El grupo municipal sostiene, además, que esta petición responde también a una preocupación compartida por personas creyentes de Huarte, que desean que su parroquia sea un espacio de acogida, respeto y convivencia, alejado de mensajes de odio o de cualquier incitación a la violencia.

"Nuestro pueblo es diverso, abierto y comprometido con la convivencia, y se merece que quienes ocupan posiciones de responsabilidad pública o social construyan convivencia, no discursos de enfrentamiento, odio o violencia, que no representan los valores de nuestro pueblo y que no pueden normalizarse ni quedar sin respuesta institucional", señala la coalición.

Por todo ello, Geroa Bai ha trasladado al resto de grupos municipales la propuesta de que el Ayuntamiento solicite de forma oficial al Arzobispado la sustitución del actual párroco.

No habrá guerra y tomarán Ceuta sin un solo tiro porque España no quiere defenderse, pero es bien fácil: cuando comience la Marcha Verde sobre Ceuta, como respuesta una Marcha Verde simultánea sobre Gibraltar. Y al primer tiro de los ingleses (que no quepa la más mínima duda de… https://t.co/HHAT1sNH1c

— Javier Aizpún (@JavierAizpun) August 2, 2026

Al Presidente de Ceuta le falta un hervor... https://t.co/1eDl0OAmXo

— Javier Aizpún (@JavierAizpun) August 3, 2026

El PSN-PSOE ha denunciado y condenado la recepción de sendas cartas anónimas con contenido amenazante por parte de varios ayuntamientos navarros gobernados por alcaldes socialistas, según ha informado la formación. Los hechos se han producido en los últimos días y han sido puestos ya en conocimiento de las fuerzas policiales.

La secretaria de organización del PSN-PSOE, Esther Iso, ha afirmado que estos envíos "constituyen un ataque intolerable contra quienes ejercen responsabilidades públicas" y ha advertido de que representan un "intento de intimidación" que, a su juicio, no puede tener cabida en una sociedad democrática.

Iso ha trasladado su total solidaridad y apoyo a los cargos socialistas municipales afectados por estas amenazas y ha expresado su confianza en que se esclarezca cuanto antes el origen de los envíos. "Ya se ha puesto en conocimiento de las fuerzas policiales y esperamos que la investigación esclarezca los hechos", ha asegurado.

Desde el partido han recordado que la discrepancia política forma parte de la democracia, si bien han subrayado que "ninguna diferencia de opinión justifica amenazas, coacción o el señalamiento anónimo de representantes públicos".

Los socialistas navarros han reafirmado su compromiso con la convivencia democrática, el respeto institucional y la libertad de quienes desempeñan cargos públicos al servicio de la ciudadanía. Asimismo, han advertido de que "este tipo de actuaciones no lograrán apartar a los representantes socialistas de sus responsabilidades ni de su compromiso con los vecinos y vecinas de sus municipios".

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha hecho balance este martes de la gestión del ejecutivo central y ha destacado "la profunda transformación que ha experimentado la Comunidad Foral a lo largo de estos años de gobierno socialista". "El Gobierno de España ha estado ahí, apoyando y empujando para hacer de nuestra comunidad una tierra más moderna, más próspera, más igualitaria, más sostenible y más cohesionada social y territorialmente", ha apuntado Echeverría.

La delegada del Gobierno ha destacado que, en un contexto internacional muy complejo, "España crece, España avanza", y ha señalado que el ejecutivo central "ha convertido cada reto en una oportunidad y lo ha hecho siempre anteponiendo las necesidades de las personas". "Éste es un gobierno para la gente y por la gente; un gobierno que funciona, que gestiona, y que trabaja día a día para seguir haciendo que nuestro país avance y que nuestra comunidad avance", ha afirmado.

Echeverría ha asegurado que, frente a quienes "se dedican a polarizar, a lanzar bulos y a crear una imagen irreal de parálisis, los datos ahí están", y ha añadido que "España es la gran economía de la Unión Europea que más crece" y que trabajan cada día "para que ese crecimiento llegue al conjunto de la ciudadanía".

Las cifras de los fondos europeos

Con datos del 31 de mayo, Navarra tiene ejecutados o en ejecución fondos europeos por valor de 1.379 millones de euros. De ellos, 946 millones son gestionados por la Administración General del Estado y los 433 millones restantes son adjudicados por el Gobierno foral. El número de beneficiarios asciende a 21.942 entre empresas, particulares, centros de investigación o universidades, de los cuales la mayoría (el 78,1%) son microempresas y pymes, seguidas por los hogares (19,4%).

Los distintos PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) dejan hasta el momento inversiones en Navarra que superan los 423 millones de euros. De ellos, 134 millones corresponden al PERTE VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado); 103 millones, al PERTE ERHA (Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento); 74,5 millones, al PERTE de Salud de Vanguardia; 39,4 millones, al PERTE de Economía Social y de los Cuidados; 33,1 millones, al del Sector Agroalimentario; 25,6 millones, al PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua; 10,9 millones, al PERTE Aeroespacial; 1,2 millones, al PERTE Chip de microelectrónica y semiconductores; 1,1 millones, al Naval; y 1 millón más al de Economía Circular. La información de los fondos europeos se actualiza periódicamente a través de la herramienta Elisa.

Principales inversiones

Echeverría ha destacado el "compromiso" del Gobierno de España con Navarra y ha subrayado algunas de las inversiones acometidas por los distintos ministerios en los últimos años. Así, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha invertido 504 millones de euros en la Comunidad Foral desde 2019, "más del triple que durante el gobierno del PP", con un "impulso decidido" a la llegada de la alta velocidad. Por su parte, el Ministerio de Industria y Turismo ha consignado a Navarra 297,85 millones de euros desde 2019, un 185% más que en los siete años de gobierno popular.

La inversión en vivienda ha sido de 67,4 millones de euros, lo que está permitiendo, según ha explicado la delegada, la construcción de 320 viviendas y la rehabilitación de otras 4.622. El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha destinado a Navarra 247,6 millones de euros, pasando de 14,6 millones en 2018 a 30,7 millones en 2026. Destaca la inversión "histórica" en Formación Profesional, con 112 millones de euros que han permitido financiar 16.238 nuevas plazas desde 2020.

En materia de Derechos Sociales, la delegada del Gobierno ha recordado que el cambio de modelo en la atención a la dependencia supone duplicar la aportación estatal a Navarra para financiar el nivel mínimo: serán 40,7 millones en 2026 y 53,4 millones en 2027. Para finales del año que viene, habrá un incremento de 3.405 personas beneficiarias y una reducción del 20,4% de la lista de espera. En Justicia, este año se han creado seis nuevas plazas de jueces y una de fiscal, que suman más que las creadas en la última década.

Por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, las actuaciones en Navarra alcanzan los 546,5 millones de euros en proyectos, instalaciones y centros de I+D+I entre 2018 y 2025. Además, se ha dado un fuerte impulso a la digitalización, con una inversión de 145,7 millones de euros del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública en estos años, frente a los 7,4 millones del gobierno del Partido Popular. El Kit Digital alcanza los 45.449 beneficiarios en Navarra, con ayudas por valor de 53,6 millones de euros.

Indicadores económicos y sociales

Echeverría ha repasado, además, algunos indicadores económicos y sociales. La delegada del Gobierno se ha referido al empleo, con la afiliación a la Seguridad Social en máximos al llegar a las 323.243 personas en junio, 41.178 más que en el mismo mes de 2018. Al mismo tiempo, y gracias a la reforma laboral, crece el número de contratos indefinidos, que lo hace en Navarra en un 134,5%, hasta alcanzar los 60.024.

De igual modo, la progresiva revalorización del Salario Mínimo Interprofesional, hasta los 1.221 euros actuales, beneficia a 22.300 personas asalariadas en la Comunidad Foral, mientras que la pensión media se ha incrementado en Navarra en 526,17 euros desde junio de 2018, hasta alcanzar los 1.755,75 euros.

En lo relativo al Ingreso Mínimo Vital, orientado a favorecer la inclusión social y laboral de las personas en situación de vulnerabilidad y a combatir la pobreza infantil, ha beneficiado desde su puesta en marcha, en 2020, a 40.750 personas en Navarra, mientras que el Bono Social Eléctrico para consumidores vulnerables llega a 22.176 personas.

El diputado del Partido Popular por Navarra, Sergio Sayas, ha registrado una batería de iniciativas en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno de España remita toda la documentación que acompañaba las alegaciones presentadas por el Gobierno de Navarra a la planificación de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030.

La iniciativa llega después de que el Ejecutivo foral no facilitara al Grupo Parlamentario del PPN toda la documentación solicitada sobre las relaciones mantenidas con las empresas chinas vinculadas a José Luis Rodríguez Zapatero y, en particular, sobre el proyecto "Navarra, Capital Europea del SAF", impulsado por ChinaLink.

En concreto, Sayas solicita al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico la remisión íntegra de los anexos que acompañaban las alegaciones presentadas por el Gobierno de Navarra, entre los que figura la carta de apoyo institucional firmada por la presidenta María Chivite, así como una carta de intenciones de Sodena y documentación remitida por el Ejecutivo foral para defender ante el Gobierno de España la inclusión de ese proyecto en la planificación estatal de la red de transporte de energía eléctrica.

"Si el Gobierno de Navarra no quiere facilitar la documentación, la pediremos al Gobierno de España. Queremos conocer exactamente qué remitió el Ejecutivo de María Chivite al Ministerio para defender un proyecto promovido por una empresa vinculada a un entramado empresarial relacionado con José Luis Rodríguez Zapatero", ha afirmado Sayas.

El diputado del PP considera especialmente relevante conocer el contenido íntegro de esos anexos para determinar qué informes, cartas de apoyo, compromisos o documentación sirvieron de base para que el Gobierno de Navarra respaldara oficialmente el proyecto y lo calificara como "proyecto tractor".

"Cada documento que vamos conociendo plantea nuevas preguntas. Lo que no vamos a aceptar es que el Gobierno de Navarra decida qué información entrega y cuál oculta al Parlamento. Vamos a utilizar todos los mecanismos institucionales a nuestro alcance para conocer la verdad", ha concluido Sayas.

La Comisión de Bomberos y Personal del Servicio de Emergencias, con el apoyo de los sindicatos ELA y LAB, mayoritarios y en representación de la plantilla de SOS Navarra, ha manifestado su "profundo malestar, preocupación y sorpresa" tras conocer a través de los medios de comunicación los acuerdos alcanzados en la Junta de Seguridad de Navarra sobre la implantación de una Plataforma Única de Emergencias, que incluye la derivación al 112 SOS Navarra de las llamadas recibidas en los números 091 y 062. La Comisión considera "especialmente grave" que una medida con un impacto tan importante sobre el funcionamiento de SOS Navarra y sobre la atención a las emergencias haya sido conocida por sus profesionales a través de la prensa, sin que previamente se les haya informado ni se les haya explicado el alcance de los cambios previstos, sus consecuencias operativas o los procedimientos asociados a su implantación.

La Comisión de Personal rechaza frontalmente la decisión de derivar al 112 las llamadas del 091 y del 062, al entender que esta medida supone "un grave error de planificación" que compromete la función esencial del Centro de Coordinación de Emergencias de Navarra. Según explica, el 112 fue concebido para atender situaciones de urgencia y emergencia, no para asumir la gestión indiscriminada de llamadas policiales de todo tipo, incluidas aquellas que carecen de carácter urgente, y convertirlo en receptor general de las llamadas policiales supone desviar recursos y atención de su misión principal: responder con rapidez y eficacia a las emergencias de la ciudadanía.

La Comisión advierte de que esta decisión puede generar una sobrecarga innecesaria del servicio y aumentar el riesgo de retrasos en la atención de emergencias reales, ya que mientras el personal atiende llamadas policiales no urgentes dispondrá de menos tiempo y recursos para gestionar incendios, accidentes, emergencias sanitarias, rescates o situaciones donde una respuesta rápida puede resultar determinante. "La seguridad de la ciudadanía no puede ponerse en riesgo por una decisión organizativa mal planteada", subraya. Además, considera que para desarrollar un nuevo modelo de coordinación y gestión de emergencias policiales no es necesario derivar la totalidad de las llamadas policiales al 112, ya que existen alternativas más adecuadas y seguras.

Por ello, la Comisión de Personal solicita que se abandone de inmediato el punto del plan referido a la derivación de las llamadas del 091 y del 062 al 112, y que se diseñe un procedimiento diferente y más eficaz que no suponga un aumento de riesgo ni para la plantilla ni para la ciudadanía navarra. La Comisión insiste en que la función de un operador de emergencias —triar y movilizar recursos ante incendios, accidentes, urgencias sanitarias o rescates— es "estructuralmente distinta" a la gestión de llamadas policiales, que responde a otra lógica, otros tiempos y otros criterios de actuación, y advierte de que mezclar ambas funciones en un mismo servicio "no es un problema de recursos ni de organización interna", sino "un error de diseño de base que ninguna garantía operativa puede corregir".

Tan preocupante como el contenido de la medida resulta, según la Comisión, la intención anunciada de implantar este sistema en las próximas semanas. La plantilla considera "una temeridad" abordar un cambio operativo de esta magnitud en pleno mes de agosto, cuando Navarra afronta algunas de las situaciones de mayor presión para el sistema de emergencias, como las altas temperaturas, el riesgo de incendios forestales o el incremento de actividad por eventos y fiestas populares, a lo que se suma que la sala de SOS Navarra funciona durante estas fechas con las limitaciones propias del periodo vacacional.

"No entendemos qué urgencia justifica poner en marcha un modelo de estas características sin que la plantilla haya sido informada adecuadamente, sin protocolos operativos conocidos y sin la formación necesaria para asumir nuevas responsabilidades", señala la Comisión de Personal de Bomberos y Protección Civil, que reclama planificación, pruebas, protocolos claros, recursos suficientes y profesionales debidamente formados. "La seguridad de la ciudadanía exige algo más que anuncios y titulares", concluye.

La Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, después de solicitar un informe a sus propios servicios jurídicos consultando el proceder, ha resuelto archivar la autorización ambiental de la modificación de las instalaciones de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) la conocida popularmente como "planta de fangos" de Tudela por la existencia de informes de compatibilidad urbanística (ICU) contradictorios en el Ayuntamiento de la capital ribera. 

El alcalde de Tudela ha valorado la decisión del Gobierno Foral recordando su oposición al proyecto impulsado por NILSA durante dos años y añaden que "hoy se demuestra que teníamos razón. Vamos a esperar a ver informe final de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Tudela  antes de pedir explicaciones. Esto no ha acabado". 

Dos años de lucha. Nos acusaron de todo. Nos llamaron de todo. Nos infravaloraron. Hoy se demuestra que teníamos razón. Vamos a esperar a ver informe final de los servicios jurídicos @AytoTudela antes de pedir explicaciones. Esto no ha acabado. #Tudela https://t.co/PbZGdXc9b0

— Alejandro Toquero (@alextoquero) August 3, 2026

El Gobierno argumenta su decisión en que después de que la autorización ambiental hubiera sido concedida en noviembre de 2025 con dos informes urbanísticos favorables del Ayuntamiento de Tudela, apenas tres meses después, el pasado mes de febrero, este mismo Consistorio envió un ICU desfavorable, aun cuando no había habido ninguna modificación sobre el proyecto ni en la normativa urbanística municipal. Ante esta situación contradictoria, Medio Ambiente requirió aclaraciones al Ayuntamiento tudelano, que se ratificó en su veto. Posteriormente, el departamento pidió informe a sus propios servicios jurídicos, que han considerado que, ante esta situación, procede el archivo del expediente, tal y como se acaba de resolver.

La autorización de modificación de las instalaciones de la EDAR de Tudela había sido concedida el 5 de noviembre de 2025 por resolución de la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. La tramitación se había llevado finalmente bajo el procedimiento de una Autorización Ambiental Integrada (AAI), el régimen más exigente desde el punto de vista ambiental. Este procedimiento, sin embargo, fue objeto de requerimiento por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para volver a una Autorización Ambiental Unificada (AAU), una tramitación menos exigente desde el punto de vista administrativo. Medio Ambiente estimó esta petición el pasado mes de abril.

En ese momento, contando con todas las verificaciones técnicas de la Dirección General de Medio Ambiente y los informes sectoriales favorables, incluidos los dos informes urbanísticos favorables del Ayuntamiento de Tudela, el expediente se encontraba en situación de poder ser nuevamente autorizado, ya bajo el régimen de modificación sustancial de una AAU.

Sin embargo, en el proceso de requerimiento previo presentado por el Ayuntamiento de Tudela a la autorización de noviembre de 2025, se aportó el 24 de febrero de 2026 un informe urbanístico desfavorable que, pese a haberse firmado con anterioridad, todavía no se había presentado ante el Gobierno de Navarra. A partir de ese momento, y ante la contradicción de este informe municipal con otros anteriores sobre el mismo objeto, se requirió al Ayuntamiento de Tudela que aclarase esta discrepancia y se ratificara sobre cuál debía ser el informe tenido en cuenta, al obrar en Medio Ambiente informes urbanísticos contradictorios sobre un mismo proyecto, que respondían a un mismo planeamiento urbanístico y estaban firmados por el mismo técnico.

El Ayuntamiento de Tudela se ratificó finalmente en el informe urbanístico desfavorable, que contradice a los dos informes favorables previos. En este contexto, la Dirección General de Medio Ambiente solicitó informe jurídico sobre el proceder en relación con la existencia de informes urbanísticos contradictorios, más allá del hecho de que el informe desfavorable hubiera sido aportado al Gobierno de Navarra fuera de los plazos de la tramitación.

En este informe jurídico de Medio Ambiente se concluye que, ante la existencia de un informe desfavorable por parte del Ayuntamiento, aun existiendo informes favorables anteriores, procede archivar el expediente. El informe no entra a valorar el contenido urbanístico ni el contenido técnico del expediente y se circunscribe únicamente a la tramitación. Este informe ha sido compartido tanto con el promotor del proyecto como con el Ayuntamiento, de forma previa a proceder a la firma de la resolución por la que se archiva el expediente.

El Partido Popular de Navarra ha registrado nuevas iniciativas parlamentarias para seguir esclareciendo las relaciones mantenidas por el Gobierno de Navarra con empresas chinas vinculadas a José Luis Rodríguez Zapatero. En esta ocasión, el Grupo Parlamentario del PPN solicita al consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital toda la información relativa al convenio de colaboración suscrito el 15 de diciembre de 2025 entre la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y H2F, empresa filial de ChinaLink presidida por Javier Romero.

Según ha remarcado la formación, ese convenio se firmó un día antes de que el Gobierno de Navarra presentara sus alegaciones a la planificación de la red de transporte de energía eléctrica, en las que calificó el proyecto "Navarra, Capital Europea del SAF" como un "proyecto tractor" para la Comunidad Foral.

Qué quiere saber el PP

El PP reclama conocer qué actuaciones se han desarrollado como consecuencia de ese convenio, qué proyectos se han impulsado, qué reuniones se han celebrado, qué documentación se ha intercambiado entre las partes y cuál ha sido el grado de ejecución de un acuerdo suscrito para un periodo de cuatro años.

El presidente del PP de Navarra, Javier García, ha calificado de "llamativo" que el convenio se firmara "apenas veinticuatro horas antes de que el Gobierno de Navarra presentara unas alegaciones en las que asumía como propio el proyecto impulsado por ChinaLink y lo calificaba como proyecto tractor para Navarra".

"Queremos saber si existe relación entre ambos hechos, quién impulsó ese convenio y qué actuaciones se han desarrollado desde entonces. Los navarros tienen derecho a conocer si detrás de esa firma hubo un trabajo real o simplemente se utilizó para reforzar institucionalmente un proyecto promovido por una empresa vinculada a este entramado", ha afirmado García.

Nuevas preguntas sobre la reunión con Zapatero

Además, el Grupo Parlamentario del PPN ha registrado nuevas preguntas para ampliar la información sobre la reunión celebrada el 28 de febrero de 2025, en la que José Luis Rodríguez Zapatero presentó a María Chivite ante representantes políticos de la provincia china de Guangzhou.

En concreto, el PP quiere conocer en calidad de qué participó el expresidente del Gobierno en ese encuentro, quién lo organizó, quién cursó las invitaciones, cuál fue el papel desempeñado por cada uno de los asistentes y qué actuaciones se derivaron de aquel primer contacto.

"Cada respuesta del Gobierno genera nuevas dudas. Lejos de aclarar lo ocurrido, las contestaciones del Ejecutivo están poniendo de manifiesto nuevas incógnitas que requieren explicaciones. Por eso vamos a seguir impulsando todas las iniciativas necesarias hasta conocer toda la verdad sobre las relaciones del Gobierno de Navarra con las empresas chinas vinculadas a Zapatero y el papel que desempeñaron quienes facilitaron esos contactos", ha concluido Javier García.

El Gobierno de Navarra ha lamentado el retraso en la financiación de profesorado de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) provocado por la ausencia de once comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular en la Conferencia General de Política Universitaria, celebrada el jueves de forma telemática.

La distribución de cerca de 150 millones de euros del programa María Goyri, destinados a financiar la contratación de 3.400 ayudantes doctoras y doctores en las universidades públicas españolas para 2026, ha quedado bloqueada al no alcanzarse el cuórum necesario para celebrar la reunión. Según el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, las comunidades que no participaron fueron Andalucía, Cantabria, La Rioja, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Castilla y León, Galicia, Baleares, Murcia y Aragón.

La ausencia de estos gobiernos autonómicos impidió ratificar formalmente un acuerdo que ya contaba con la aprobación unánime de la Comisión Delegada de la Conferencia y que solo precisaba completar el trámite administrativo para iniciar las transferencias económicas. El Ministerio ha asegurado que los fondos no se pierden, aunque ha reconocido que el calendario previsto para que las comunidades autónomas reciban los recursos ya no podrá cumplirse en los plazos inicialmente marcados.

Navarra pide "sentido de responsabilidad"

Ante esta situación, el Gobierno de Navarra ha reclamado "sentido de responsabilidad" para sacar adelante el programa, tanto en relación con los recursos públicos en general como con la financiación de las universidades públicas en particular. El Ejecutivo foral ha asegurado que su compromiso de blindaje de la financiación a la UPNA se mantendrá "intacto e inamovible" en cualquier caso y circunstancia.

Pese a no formar parte de las comunidades que bloquearon la reunión —de hecho, Navarra ha defendido en todo momento las bondades del programa—, la Comunidad Foral no queda al margen de sus consecuencias. Al tratarse de un programa estatal cuya financiación requiere la ratificación formal de la Conferencia de Política Universitaria, el retraso afecta al conjunto del sistema universitario público.

46 plazas afectadas en la UPNA

La UPNA podría ver retrasada la recepción de los fondos previstos para sufragar 46 plazas de ayudantes doctores en 2026, con un coste de 1.862.000 euros. Estas plazas ya se incorporaron entre el segundo trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2025, por lo que el bloqueo genera un vacío en su financiación para este año que podría afectar a uno de los objetivos centrales del programa: la estabilidad de las plantillas docentes e investigadoras.

Desde el Ministerio han insistido en que el acuerdo ya estaba cerrado y que solo resta completar los trámites administrativos para desbloquear las transferencias en cuanto vuelva a reunirse la Conferencia de Política Universitaria.

Al margen de las 46 plazas financiadas por el Ministerio, el convenio firmado para la implementación del programa María Goyri en la UPNA incluye el compromiso de crear 30 plazas adicionales con cargo al presupuesto del Gobierno de Navarra, un compromiso que, según el Ejecutivo foral, se está cumpliendo y se cumplirá íntegramente. En el primer trimestre de 2026 se cubrieron 15 de esas plazas, y está previsto que las 15 restantes se completen con cargo al presupuesto de gastos del Gobierno de Navarra de 2027. El importe anual de la cobertura total de las 30 plazas asciende a 1.214.400 euros.

Alsasua vive esta semana una intensa movilización contra los sondeos que ADIF está realizando en los alrededores de la ikastola del municipio, dentro de los trabajos previos a la tercera alternativa para unir la Y vasca con el corredor navarro del TAV. Esta variante contempla horadar el macizo kárstico de Aralar con un túnel de 20 kilómetros para conectar con Ezkio, bordeando el parque natural.

Los trabajos, según ha denunciado el colectivo movilizado, se están desarrollando de forma ininterrumpida, día y noche, "para poder llevarlos a cabo a la mayor brevedad posible". El colectivo ha señalado además que el dispositivo de seguridad desplegado en la zona es "muy estricto", hasta el punto de que las personas que se han acercado a interesarse por los sondeos "han sido identificadas por guardias civiles y policías forales que las vigilan constantemente".

Dos manifestaciones interceptadas por la policía

Durante dos jornadas consecutivas se celebraron sendas manifestaciones hasta la zona de las obras, que fueron interceptadas por un dispositivo conjunto de los antidisturbios de la Policía Foral y la Guardia Civil que el colectivo ha calificado de "totalmente desproporcionado". Según su relato, las personas participantes fueron grabadas tanto desde tierra como mediante drones, y uno de sus miembros fue obligado a identificarse, lo que el colectivo advierte que "puede volver a haber multas".

El alcalde niega haber autorizado los sondeos

El miércoles, durante el pleno municipal de Alsasua, el alcalde, Javier Ollo, aseguró no haber autorizado los sondeos. Sin embargo, el colectivo ha contrapuesto esa versión con los permisos de las obras, en los que figura su firma, y ha afirmado que el regidor "tiene información que no ha compartido con el vecindario". A su juicio, se trata de una cuestión "muy grave", ya que la autorización firmada "no es un papel que autorice sin más unas obras sin importancia, sino uno de los primeros pasos que hace factible el proyecto del TAV".

El colectivo ha señalado como responsable de la situación a Geroa Bai, partido mayoritario en el municipio, y ha lamentado no haber recibido "ninguna declaración por su parte, ni de los sondeos ni de la presencia policial que está siendo asfixiante".

Tres exigencias al Ayuntamiento

Ante este escenario, el colectivo ha trasladado al alcalde de Alsasua tres exigencias: la revocación de la autorización del sondeo actual y de las de futuros sondeos; que muestre "su firme oposición al TAV" y a cualquier decisión que impulse el proyecto; y que traslade "con transparencia" toda la información relativa al proyecto a los vecinos del municipio.

Según el colectivo, decenas de personas se han sumado durante los tres días de movilizaciones contra los sondeos y contra el TAV, con el objetivo declarado de mantener la protesta "hasta que esta macro infraestructura que está destruyendo la tierra y se está construyendo en beneficio de una minoría, se paralice para siempre".

El Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) ha estimado el recurso presentado por el concejal de UPN en Etxarri-Aranatz, Juan Frommknecht, avalando su reclamación para que el Ayuntamiento actuara ante la existencia de pintadas de enaltecimiento de ETA y de amenazas contra una magistrada que permanecían en la localidad desde hacía casi dos décadas.

El recurso se presentó después de que el consistorio no respondiera a la solicitud formulada en septiembre de 2025 para retirar unas pintadas situadas en la calle Errotazar Bidea. Entre ellas figuraba una con un mensaje de apoyo a ETA y otra en la que se mostraba respaldo a un miembro de la banda terrorista, Bautista Barandalla, y se señalaba con una diana a la jueza que debía decidir, hace 17 años, sobre su libertad.

El Ayuntamiento actuó solo tras conocer el recurso

La resolución del TAN concluye que el Ayuntamiento de Etxarri-Aranatz no acreditó haber actuado cuando debía hacerlo y estima las pretensiones del concejal. Según recoge la resolución, el consistorio únicamente inició actuaciones una vez conocido el recurso presentado ante el Tribunal, y las pintadas fueron borradas casi dos décadas después de su aparición.

UPN: "Nunca debió ser necesario acudir al Tribunal"

Desde UPN han valorado la resolución señalando que "confirma que nuestra petición era plenamente legítima y que el Ayuntamiento tenía que actuar". La formación ha añadido que "nunca debió ser necesario acudir al Tribunal para conseguir algo tan elemental" y ha subrayado que "no puede normalizarse la presencia en nuestras calles de mensajes que enaltecen a ETA o que recuerdan la intimidación que durante tantos años sufrieron jueces, cargos públicos, fuerzas de seguridad y tantas otras personas".

Los foralistas han concluido su valoración afirmando que "vamos a seguir plantando cara con firmeza en Etxarri-Aranatz y en cualquier otro lugar donde todavía haya

EH Bildu Nafarroa ha manifestado su postura crítica ante el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno central durante la última Junta de Seguridad. La formación aboga por que la Policía Foral asuma en plenitud la gestión de la seguridad pública a través de un modelo de exclusividad, superando la dependencia actual de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).

Críticas a la coexistencia de cuerpos policiales y a la nueva plataforma de emergencias

Desde la coalición cuestionan la coexistencia de diferentes cuerpos en el mismo ámbito territorial desempeñando cometidos idénticos. Según señalan, esta situación sitúa a la Comunidad Foral con una de las ratios de agentes por habitante más altas de Europa, por lo que consideran que un incremento de efectivos autonómicos debería conllevar una reducción equivalente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Asimismo, la formación ha mostrado su desacuerdo con la creación de la Plataforma única de emergencias. Con este sistema, ya no será el Centro de Mando y Coordinación del cuerpo autonómico el que asigne las actuaciones tras las llamadas al 112, sino una aplicación informática basada en el geoposicionamiento de las patrullas. A juicio del grupo político, este cambio responde a intereses estatales por encima de la ciudadanía navarra y favorece la activación de las FCSE.

Petición de información parlamentaria sobre el reajuste de competencias

EH Bildu defiende la asunción íntegra de las competencias de seguridad ciudadana, tráfico, transportes, medio ambiente, espectáculos públicos, actividades clasificadas, orden público y policía judicial. La formación advierte de que no apostar por la exclusividad supone dudar de la capacidad del cuerpo propio para ejercer como policía de referencia.

Ante esta situación, el Grupo Parlamentario de EH Bildu ha registrado una solicitud de información en el Parlamento de Navarra para conocer el alcance real de los pactos fijados en la Junta de Seguridad y esclarecer aspectos vinculados al modelo de prestación de servicios y a la coordinación policial.