El Partido Popular de Navarra ha anunciado este martes que al igual que UPN y VOX ejercerá la acusación popular en las investigaciones judiciales abiertas en torno a la adjudicación de obras en Sendaviva y en la causa que afecta al dirigente socialista Ramón Alzorriz.

El presidente del PPN, Javier García, justificó la decisión en la "obligación de defender el interés general de los navarros y garantizar que cualquier sombra de irregularidad se investigue con todas las garantías". A su juicio, los hechos son de "enorme gravedad" y exigen tanto esclarecimiento judicial como responsabilidades políticas inmediatas.

En ese sentido, García reclamó la dimisión de Alzorriz: "No puede mantenerse ni un minuto más en su escaño mientras se investigan adjudicaciones bajo sospecha que le afectan directamente". El dirigente popular recordó que Alzorriz sigue como parlamentario "con el beneplácito de la presidenta del Gobierno de Navarra" y exigió a Chivite que comparezca y ofrezca "explicaciones claras a todos los navarros sobre unos hechos que afectan directamente a su entorno político más cercano".

García fue más lejos al apuntar a una posible vinculación entre responsables socialistas y la empresa adjudicataria de las obras investigadas. "Los lazos del PSN/PSOE con esta empresa son evidentes y deben ser aclarados hasta el final, sin excusas ni dilaciones", afirmó.

El PPN anunció que utilizará "todos los instrumentos legales a su alcance" para llegar al fondo del asunto.

La plataforma Palestinarekin Elkartasuna y el colectivo BDZ han convocado para el próximo 15 de mayo movilizaciones en Pamplona, Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Donostia con motivo del 78 aniversario de la Nakba, la expulsión de cientos de miles de palestinos que acompañó la creación del Estado de Israel en 1948. En Pamplona, la protesta tomará la forma de marcha nocturna.

Los convocantes denuncian que la situación del pueblo palestino no solo no ha mejorado desde entonces sino que, a su juicio, se ha agravado desde octubre de 2023. En su comunicado, presentado esta mañana en rueda de prensa en Pamplona, reclaman la disolución del Estado de Israel y reivindican el derecho a la resistencia del pueblo palestino, al que consideran negado por los países occidentales.

La plataforma critica también la aprobación por parte del Parlamento israelí, el pasado 30 de marzo, de una ley que permite imponer la pena de muerte a palestinos, a la que califica de paso hacia la institucionalización del genocidio.

UPN ha anunciado que se personará como acusación popular en la querella interpuesta por VOX contra el parlamentario del PSN Ramón Alzórriz, el propietario de la empresa constructora Adentro Construimos y el exgerente del parque Sendaviva, tras la decisión del Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona de admitirla a trámite.

La formación foralista fundamenta su decisión en que el juzgado ha acordado investigar tanto el fraccionamiento de contratos de obras en Sendaviva como las obras realizadas en el piso del parlamentario socialista, ejecutadas por la misma empresa constructora.

"El cerco se estrecha contra Chivite"

Desde UPN han afirmado que "el cerco se estrecha contra María Chivite, también en un asunto que huele mal y que puede afectar tanto a su ex número 2 y, no olvidemos, todavía parlamentario, como a su actual consejero de Economía y Hacienda", en referencia a José Luis Arasti, contra quien la querella no fue admitida inicialmente por un defecto de forma que VOX ha anunciado que subsanará. Los foralistas consideran que Arasti "con toda probabilidad acabará implicado en el procedimiento".

UPN ha calificado de "muy grave" que se investiguen posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias en relación con contratos de obra pública adjudicados a una empresa que, según señalan, es la misma que reformó el piso de Alzórriz "conforme a un presupuesto cuando menos cuestionable". Han añadido que el caso está siendo investigado también por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), ante la que la propia UPN presentó una denuncia previa por el fraccionamiento de los contratos.

Los foralistas han defendido que "se llegue hasta el final, se investigue todo lo que se tenga que investigar y se despeje toda duda y sospecha de corrupción", y han lamentado que "las sospechas de posible corrupción estén marcando la trayectoria y la actividad del Gobierno de María Chivite".

El Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona ha admitido a trámite la querella presentada por VOX contra Ramón Alzórriz, parlamentario foral del PSN y exsecretario de organización del partido; el constructor Carlos Vidaurre; y el exgerente de Parquenasa, Rubén González, por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

El auto de la magistrada acuerda incoar diligencias previas, trasladar la querella a los querellados no aforados, requerir a la Intervención General del Gobierno de Navarra los informes sobre los contratos de reconstrucción de Sendaviva —el parque natural que sufrió un incendio en 2022— y remitir documentación a la Cámara de Comptos para que dictamine sobre la licitud del fraccionamiento de los contratos. La causa contra Alzórriz, aforado, se remitirá al Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

La querella no ha sido admitida de momento contra el consejero José Luis Arasti Pérez por no haberse aportado el poder especial necesario para su interposición. VOX ha indicado que se trata de un error electrónico que subsanará en los próximos días.

El origen de la denuncia: contratos fraccionados en Sendaviva

VOX presentó la denuncia inicial en junio de 2025, señalando la adjudicación de cuatro contratos a la empresa Adentro Construimos SL —propiedad de Carlos Vidaurre— por importes inferiores a 200.000 euros en cada caso, lo que habría permitido eludir la intervención de la Mesa de Contratación prevista en la Ley Foral de Contratos Públicos. Los contratos, que sumaban cerca de 790.000 euros, correspondían a la urbanización del acceso al parque, la construcción del nuevo edificio de acceso, el acondicionamiento de caminos de servicio y la urbanización de una plaza con cimentación de caída libre.

La formación amplió posteriormente la querella incorporando los informes de la Intervención General del Gobierno de Navarra y de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), que detectaron indicios de fraccionamiento indebido y posibles irregularidades en la licitación. La ampliación incluyó también la contratación del hijo del constructor, Martín Vidaurre Martínez, como asesor del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Navarra. La misma empresa habría reformado además el piso de Alzórriz y la sede del PSN.

VOX exige la dimisión de Alzórriz

El presidente provincial de VOX en Navarra, José María García Elorz, valoró la admisión de la querella afirmando que "se investigan delitos de cohecho y tráfico de influencias" y que el caso remitido al TSJ afecta a quien describió como "la mano derecha de la señora Chivite e íntimo amigo de Santos Cerdán en la época en la que se cocía toda la corrupción en Navarra". García Elorz añadió que VOX "no va a parar hasta aclarar toda esta basura" y concluyó exigiendo "transparencia total" y "la dimisión de Ramón Alzórriz como parlamentario".

El consejero de Educación avisa de que la proposición de ley para blindar la concertada generaría caos en el proceso de admisión del próximo curso

Carlos Gimeno compareció ante la comisión parlamentaria a petición de Vox y advirtió de que la iniciativa legislativa es "incoherente" y un "despropósito legal" que pondría en riesgo la planificación de centros públicos y privados.

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, compareció este martes en la Comisión de Educación del Parlamento de Navarra para dar cuenta de la decisión de suprimir catorce unidades del segundo ciclo de Educación Infantil en la red concertada para el curso 2026-2027. La comparecencia fue solicitada por el grupo parlamentario Vox, cuyo portavoz Emilio Jiménez abrió el turno criticando que el Gobierno había rectificado a última hora para no cerrar ninguna unidad de la red pública mientras mantenía el recorte en la concertada. 

Gimeno: "Ninguna arbitrariedad, sino criterios justos"

El consejero rechazó las acusaciones de trato desigual y defendió que el departamento actúa "por equidad y en favor de la escuela pública", no por mayorías políticas. Recordó que desde 2022 se han producido 700 solicitudes menos en el período de prematrícula respecto al curso 2022-2023, con una caída del 16% en la matrícula global del sistema, y que históricamente ha sido la red pública la que ha absorbido el impacto de la bajada de natalidad mientras las unidades concertadas permanecían blindadas.

La proposición de ley de UPN, en el punto de mira

El grueso de la intervención del consejero se centró en advertir de las consecuencias de la proposición de ley foral presentada por el grupo parlamentario Unión del Pueblo Navarro para impedir los recortes en la concertada. Gimeno la calificó de "incoherente, carente de sentido y un auténtico despropósito legal y educativo" por contener dos medidas contradictorias entre sí: por un lado obliga a mantener todas las unidades concertadas existentes; por otro, exige aplicar a la concertada los mismos criterios de reducción de ratios que a la pública —hasta 23 alumnos por aula en Infantil y 28 en primero de la ESO—. Reducir ratios sin poder aumentar unidades, argumentó, hace matemáticamente imposible escolarizar a todo el alumnado.

Efectos concretos sobre las familias

Gimeno detalló las consecuencias prácticas que tendría la aprobación de la norma. El proceso de admisión en marcha —en el que actualmente el 98,9% del alumnado ha obtenido plaza en su primera opción— tendría que rehacerse con menos vacantes disponibles en centros como San Ignacio, Liceados, Monjardín, Irabia o Miravalles en la comarca de Pamplona, o Compañía de María en Tudela. El número total de afectados sería "impredecible", advirtió.

Añadió que la norma obligaría además a rehacer las plantillas de todos los centros públicos —con riesgo de que en junio ni los centros ni el profesorado conocieran sus destinos—, a desplazar alumnado de colegios públicos con alta matrícula como el de Huerta Mayor en Tudela, y a suspender nueva oferta de Formación Profesional, incluyendo ciclos de Cocina y Restauración en la ETI de Tudela cuyas instalaciones han sido recientemente rehabilitadas.

"La pública lleva años pagando los platos rotos"

Gimeno cerró su intervención con una defensa explícita del modelo público: "La escuela pública ha venido pagando los platos rotos de la bajada de la natalidad" por el blindaje histórico de las unidades concertadas. Recordó que Navarra es la segunda comunidad autónoma de España que más ha reducido la segregación educativa desde el curso 2019-2020, y acusó a quienes impulsan la proposición de ley de querer "perpetuar desigualdades" en el sistema educativo navarro.

La Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra han acordado trasladar el pésame a la familia y allegados de Carlos Garaikoetxea Urriza, fallecido en los últimos días. El acuerdo reconoce expresamente su labor como representante del pueblo navarro durante su etapa como parlamentario foral.

Pamplonés de nacimiento —1938—, Garaikoetxea ejerció como parlamentario del PNV en el Parlamento Foral entre abril de 1979 y julio de 1980, en plena transición democrática. Desde ese escaño dio el salto a la política vasca: fue presidente del PNV, presidió el Consejo General Vasco y se convirtió en el primer lehendakari de la historia del Gobierno Vasco, cargo que ocupó entre 1980 y 1985.

La portavoz del PSN-PSOE en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu, advirtió este lunes que la proposición de ley de UPN sobre conciertos educativos avanza "sin garantías jurídicas" y puede abocar a miles de familias navarras con hijos en Educación Infantil a repetir el proceso de matrícula, poniendo en riesgo plazas ya asignadas.

"Si se aplica la ley de UPN, habrá que volver a hacer el proceso de matrícula para el próximo curso, ya que una bajada de ratio en la educación concertada va a tener como consecuencia que muchos niños y niñas que ahora cuentan con ir a un colegio que han elegido puedan perder esa plaza", afirmó Unzu, que calificó la situación de "gravísima" por la incertidumbre que genera en las familias.

El grupo socialista ha solicitado al Consejo de Navarra un informe urgente para determinar si la norma se ajusta a la legalidad, petición que los grupos impulsores de la ley han rechazado. Unzu recordó además que el propio consejero de Educación ha advertido públicamente de las consecuencias negativas que tendría la norma tanto para la red pública como para la concertada. "UPN, y los grupos que posibiliten la aprobación de esta ley, tendrán que explicar esto a las familias que puedan perder su plaza", subrayó.

La portavoz socialista cargó contra UPN, PP, Vox, Geroa Bai y Bildu por estar "dispuestos a poner en riesgo todo el sistema educativo por una ley mal planteada", y reclamó que las decisiones en materia educativa se adopten con "planificación seria, seguridad jurídica, viabilidad y sensibilidad hacia las familias".

Diálogo en sanidad y buenas noticias en industria

En el ámbito sanitario, el PSN-PSOE hizo un llamamiento al entendimiento entre el Departamento de Salud y el sector profesional. "La sanidad no puede ser un espacio de confrontación permanente. Requiere altura de miras, capacidad de acuerdo y un compromiso firme con el interés general", afirmó Unzu.

En clave económica, los socialistas celebraron como "una excelente noticia para el conjunto de Navarra" el acuerdo del I Convenio de atención a las personas mayores y el anuncio de Volkswagen de alcanzar altos volúmenes de producción de cara a 2027, lo que podría suponer la contratación de entre 500 y 1.000 trabajadores. Unzu destacó el "efecto dominó" que este incremento tendrá sobre el parque de proveedores y el tejido industrial navarro en su conjunto.

La portavoz preguntará a la presidenta Chivite en el próximo pleno qué impacto tendrá el aumento de producción en la Comunidad y qué papel jugará el Gobierno para garantizar que el empleo generado pueda cubrirse con trabajadores navarros.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, expresó hoy su pesar por el fallecimiento de Carlos Garaikoetxea a través de un mensaje en la red social X. "Lamento profundamente el fallecimiento del lehendakari Carlos Garaikoetxea, un navarro que supo gestionar la transición a la Euskadi democrática y que mantuvo su compromiso político con Navarra hasta el final", escribió.

Chivite cerró su mensaje con una muestra de condolencias a la familia y un "Goian bego". 

Garaikoetxea, fundador de Eusko Alkartasuna, falleció este lunes en Pamplona a los 87 años como consecuencia de un infarto. El exlehendakari sufrió la parada cardiorrespiratoria mientras nadaba en la sociedad deportiva Larraina de la capital navarra. Un trabajador logró reanimarle con un desfibrilador, pero fue trasladado a un hospital donde finalmente no ha podido superar el episodio. 

Lamento profundamente el fallecimiento del lehendakari Carlos Garaikoetxea, un navarro que supo gestionar la transición a la Euskadi democrática y que mantuvo su compromiso político con Navarra hasta el final.

Mis condolencias a sus seres queridos y familiares. Goian bego.

— María Chivite / ❤️ (@mavichina) May 4, 2026

Javier Esparza no ha escatimado en contundencia al valorar las declaraciones del consejero de Educación, Carlos Gimeno, sobre la proposición de ley de UPN para impedir el cierre de aulas de la red concertada en Navarra. El portavoz unionista ha calificado las palabras del consejero de "enésima pataleta" y le ha reprochado que "no escucha a nadie, actúa de forma absolutamente intransigente y no tolera que nadie le lleve la contraria".

Esparza ha recordado que sin la iniciativa de UPN, las 33 aulas amenazadas ya estarían cerradas, y ha subrayado que el consejero ha dado marcha atrás en lo relativo a la red pública. "Ahora lo que falta es que tome la decisión correspondiente en lo que tiene que ver con la concertada", ha añadido.

El 72% del Parlamento, en contra

El portavoz de UPN ha puesto en valor un dato que, a su juicio, debería hacer reflexionar al consejero: 36 de los 50 parlamentarios navarros —el 72%— se han posicionado en contra de su decisión. La proposición de ley ha logrado el respaldo de UPN, PP, Geroa Bai, EH Bildu y el Grupo Mixto, dejando en minoría al bloque formado por PSN y Contigo-Zurekin, que esta mañana intentaron sin éxito paralizar la tramitación urgente de la ley solicitando un informe previo del Consejo de Navarra.

"Cuando tienes al 72% de los parlamentarios en contra de una decisión que has adoptado, igual te tienes que plantear si no te estás equivocando", ha dicho Esparza, antes de añadir que "pedirle reflexión al consejero Gimeno es mucho pedir, pero por nosotros no va a quedar".

Unidad sindical también en contra

Esparza ha destacado además que Gimeno ha logrado algo igualmente inusual en el ámbito sindical: unir en una misma posición a SEPNA, UGT, ELA y LAB, sindicatos "que defienden los derechos de los trabajadores desde posiciones total y absolutamente contrarias en muchos momentos" y que, sin embargo, coinciden en convocar movilizaciones contra la decisión del consejero.

La ley sigue abierta a enmiendas

Esparza ha aclarado que UPN no cierra la puerta a modificaciones en la proposición de ley. Ha señalado que si la aplicación de las nuevas ratios genera problemas, la entrada en vigor podría aplazarse al curso 2027-2028. "La negociación está abierta, la proposición de ley puede recibir enmiendas, aportaciones y modificaciones", ha dicho, pero marcando una línea roja clara: "buscando que no se cierre ningún aula en Navarra y que haya igualdad entre la red pública y la concertada".

El grupo municipal socialista ha valorado el diagnóstico de convivencia presentado hoy por el Ayuntamiento como "un paso importante", pero ha aprovechado la ocasión para marcar perfil propio y recordar que el Plan de Convivencia "responde a una exigencia política impulsada por el PSN". Para los socialistas, el documento confirma que Pamplona mantiene una convivencia razonablemente sólida en la vida cotidiana, apoyada en políticas públicas de igualdad, diversidad y mediación social, pero identifica también riesgos que no pueden ignorarse: polarización creciente, crispación política y proliferación de discursos de odio, especialmente en torno a la migración.

"La convivencia no puede darse por supuesta, hay que cuidarla, fortalecerla y actualizarla con políticas públicas valientes y sostenidas en el tiempo", ha subrayado la portavoz Marina Curiel.

Memoria y víctimas, sin jerarquías ni ambigüedades

El PSN ha puesto especial énfasis en uno de los ejes más sensibles del diagnóstico: el papel de la memoria democrática y el reconocimiento de las víctimas. Para los socialistas, este no es un elemento más del futuro plan, sino su condición de legitimidad. "Sin memoria, sin justicia y sin reconocimiento de las víctimas no hay convivencia real. Es lo que da legitimidad a todo el Plan", ha afirmado Curiel.

En esa línea, el grupo ha reclamado un enfoque basado en el rechazo inequívoco de todas las violencias y en el reconocimiento plural de todas las víctimas, sin jerarquías pero tampoco sin ambigüedades. "Pamplona no puede construir su convivencia mirando hacia otro lado", ha concluido la portavoz.

Un plan medible, no una declaración de intenciones

Los socialistas han cerrado su valoración insistiendo en que el Plan debe ser un instrumento útil y evaluable, capaz de coordinarse con otras políticas municipales y de tener impacto real en los barrios. "Tiene que ser creíble, aplicable y medible. Un verdadero pacto de ciudad", ha dicho Curiel.

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha comparecido este lunes ante los medios para adelantar las conclusiones del informe que el Ejecutivo foral está ultimando sobre la proposición de ley de conciertos educativos de Unión del Pueblo Navarro (UPN), cuyo debate parlamentario se aproxima, y que tiene visos de aprobarse. El consejero no ha escatimado en advertencias: "Alumnado, profesorado y centros se van a adentrar en el caos y en la incertidumbre si la proposición de ley se aprueba."

"El mundo al revés": una ley con visos de inconstitucionalidad

La primera conclusión del informe es jurídica y tajante. Según Gimeno, la proposición "presenta evidentes visos de inconstitucionalidad" y existen "serias dudas sobre si es acorde al ordenamiento jurídico vigente". En ese contexto, el consejero ha calificado de "incomprensible y democráticamente cuestionable" que haya grupos parlamentarios dispuestos a respaldarla. "Es, si me permiten la expresión, el mundo al revés. Una perversión del sistema absoluta", ha afirmado.

Uno de los aspectos más cuestionados es el artículo 1.2, que permitiría a los propios centros concertados proponer los criterios que la comisión de conciertos debería valorar para la concesión de unidades subvencionadas. "Los centros van a ser juez y parte de la convocatoria de subvenciones", ha advertido Gimeno.

Familias que pueden perder la plaza ya adjudicada

El consejero ha puesto especial énfasis en el impacto sobre las familias. Si la norma prospera, sería necesario repetir el proceso de matrícula para el curso 2026-27 bajo nuevas condiciones y con una ratio reducida en la red concertada. El resultado, según el informe, es que plazas ya asignadas quedarían en el aire. "Las familias deben saber que pueden perder la plaza que hoy tienen asegurada", ha subrayado Gimeno.

Ha citado nombres concretos: alumnado de San Ignacio, Liceo Monjardín, Miravalles o Compañía de María en Pamplona "no van a tener la plaza escolar previamente adjudicada con carácter definitivo" si la ley se aprueba. El porcentaje de familias que obtiene plaza en primera opción —actualmente el 98,9%— bajaría. "Esa supuesta libertad de elección de centro que defiende de manera majestática UPN es menos libertad con su proposición de ley", ha concluido.

La red pública y la FP, en el mismo barco

La escuela pública tampoco escaparía a las consecuencias. La norma obliga a mantener las unidades actuales y, simultáneamente, a reducir ratios en la red pública, una contradicción que el consejero ha ilustrado con el caso del colegio Huertas Mayores de Tudela, donde 17 alumnos con plaza ya asignada tendrían que ser reubicados en otro centro, o la imposibilidad de abrir una unidad de modelo D en Partez, con 13 familias afectadas.

En Formación Profesional, el impacto sería igualmente severo. Según Gimeno, la ley "obligará a suspender la nueva oferta de FP", impidiendo nuevos ciclos como los de cocina en la Escuela Técnica Industrial de San Juan de Tudela, bloqueando 33 nuevos grupos ya planificados e impidiendo a alumnos de primero acceder al segundo curso. "Nadie va a salir ganando, salvo determinados intereses que, a la vista está, no son los de la gran mayoría de los niños y niñas navarros, ni sus familias, ni del profesorado", ha sentenciado el consejero.

Una ley que llega en el peor momento

Gimeno también ha subrayado el pésimo calendario de la iniciativa. La proposición llega cuando los centros están elaborando sus plantillas y el Departamento tiene previsto adjudicar contratos en junio. "Los centros no conocerían en junio su plantilla, ni el profesorado que aspira a contratos administrativos conocería su destino", ha advertido, recordando que algo similar ocurrió en 2012 fruto de los recortes educativos impulsados entonces por UPN.

"Quien apoye esta ley deberá explicar quién gana, a la vista del informe, cuando la mayoría social de la Comunidad Foral de Navarra sale perdiendo", ha concluido Gimeno.

Nueve plataformas navarras agrupadas bajo el lema STOP macroplantas de biogás han convocado dos actos en Pamplona esta semana para dar visibilidad a su campaña contra la instalación de grandes plantas de biometanización en el medio rural navarro. La movilización llega días después de que presentaran un escrito ante el Parlamento de Navarra, el pasado 23 de abril, con una batería de exigencias dirigidas a los grupos políticos.

El miércoles 6 de mayo, a las 19:00, el Centro Comunitario Salesianas de la Txantrea (calle Cuenca de Pamplona, 24) acogerá la charla Hablando de renovables. Biogás: ¿solución o nuevo problema?, con el investigador Antonio Turiel como ponente.

Manifestación el domingo desde el Baluarte

El domingo 10 de mayo, a las 12:00, partirá desde el Baluarte una manifestación bajo el lema STOP macroplantas biogás, lurraldearen defentsan que recorrerá el centro de Pamplona hasta el Palacio de Navarra, en la avenida Carlos III.

Tres exigencias al Parlamento

Las plataformas —que agrupan a vecinos de Viana, Los Arcos, Lodosa, Sesma, Arróniz, Mendavia, Cintruénigo, Sartaguda y Murillo el Cuende— piden al Gobierno foral una moratoria adicional de al menos dos años, alegando que la actual es insuficiente para garantizar una planificación territorial, ambiental y social adecuada. Exigen también protección del suelo agrícola y los acuíferos, priorizando el interés general frente al de las empresas promotoras. Por último, reclaman que cualquier modelo de biometanización sea de proximidad y escala local, rechazando las macroplantas que mezclan residuos de distinto origen y generan riesgos en zonas ya afectadas por la contaminación por nitratos.

Corella vuelve a tener peso en la política aragonesa. Ángel Sanz Barea será el nuevo consejero de Sanidad de Aragón, en el Gobierno que el popular Jorge Azcón presenta este fin de semana junto a Vox. El nombramiento del corellano —primo del que fuera presidente del Gobierno de Navarra durante quince años, Miguel Sanz Sesma— llega como la gran sorpresa del nuevo Ejecutivo aragonés, y pone al frente de la sanidad de una comunidad de más de 1,3 millones de habitantes a un gestor con amplia trayectoria institucional en Navarra y Aragón, pero sin formación médica.

Un perfil técnico forjado entre Pamplona y Zaragoza

Sanz Barea es ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza, graduado en el Programa de Dirección General por el IESE de la Universidad de Navarra y máster en Catastro y Urbanismo por la Universidad de Jaén. Pertenece al Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala de Titulados Superiores de Informática, desde 1989. 

Su trayectoria en la administración navarra arrancó en 1996, cuando con el primer Gobierno de su primo Miguel Sanz fue nombrado director general de Transportes y Comunicaciones, cargo que ocupó hasta 2003. Posteriormente asumió la dirección general para la Sociedad de la Información del Gobierno de Navarra hasta 2007, y más adelante la gerencia de la sociedad pública de trabajos catastrales TRACASA.

Ex Gerente del SNS-O y del Salud aragonés

Ha sido director gerente del Servicio Navarro de Salud entre 2011 y 2013, y director gerente del Servicio Aragonés de Salud entre 2014 y 2015. En ambos casos al frente de sistemas sanitarios públicos de gran complejidad, lo que le otorga un conocimiento directo del sector al que ahora accede como máximo responsable político en Aragón. Durante la legislatura reciente ha ejercido como director gerente de AST, Aragonesa de Servicios Telemáticos. 

Ángel Sanz Barea llega a la Consejería de Sanidad en sustitución de Bancalero Flores. La primera foto de familia del nuevo Ejecutivo será este lunes en los jardines de Presidencia del Edificio Pignatelli. 

UPN ha denunciado este sábado que Navarra vuelve a quedarse sin helicóptero medicalizado operativo. El partido foralista apunta directamente al Gobierno foral y le acusa de no ser capaz de garantizar un servicio básico dentro del sistema de emergencias.

Desde UPN recuerdan que no es la primera vez que ocurre. Aseguran que hace apenas dos meses Navarra ya estuvo cerca de un mes en la misma situación, y consideran que el hecho de que se repita demuestra que el Ejecutivo no ha tomado las medidas necesarias para evitarlo.

El partido subraya que el helicóptero medicalizado es especialmente importante en una comunidad con muchas zonas rurales, donde es a menudo el único medio para atender una emergencia grave a tiempo.

UPN reclama al Gobierno que reactive el servicio de forma inmediata y que elabore un plan que asegure su continuidad. El partido advierte de que la ciudadanía no puede depender de soluciones improvisadas para un recurso que considera esencial.

El Partido Popular de Navarra ha presentado una moción en el Parlamento foral para instar al Gobierno de Navarra a gestionar ante la Real Federación Española de Fútbol la celebración de un partido de la selección española absoluta masculina en El Sadar. La Mesa del Parlamento la admitió a trámite el pasado 27 de abril y se debatirá en pleno.

El argumento central es tan llamativo como difícil de rebatir: Navarra es la única comunidad autónoma de España donde la selección nunca ha jugado un partido. Más de un siglo de historia —el primer partido oficial data de agosto de 1920— sin que el combinado nacional haya pisado territorio navarro. Una anomalía que resulta aún más sorprendente si se tiene en cuenta que ciudades como Elche, Villarreal, Getafe, Leganés o Cartagena sí han sido sedes de la selección.

El PPN recuerda además la larga nómina de jugadores navarros que han vestido la camiseta roja, desde Ignacio Zoco o Bakero hasta Nacho Monreal, César Azpilicueta, David García u Oihan Sancet, pasando por Nico Williams, Álex Remiro o Mikel Merino en las convocatorias más recientes.

La moción señala El Sadar como escenario idóneo. El estadio, remodelado en 2021 y reconocido ese mismo año como mejor estadio del mundo por Stadium Database, ya ha acogido partidos internacionales: el amistoso entre Argentina y Estonia en junio de 2022 con más de 18.000 espectadores, y un partido de la selección femenina española ante Estados Unidos que batió récords de asistencia. A eso se suma que Pamplona ha sido designada subsede de entrenamiento para el Mundial de 2030.

El texto propone aprovechar el centenario de la Federación Navarra de Fútbol en 2028 como marco idóneo para hacer realidad el encuentro, y pide al Gobierno foral que inicie los contactos necesarios con la RFEF y coordine con el Ayuntamiento de Pamplona la organización del evento.

El PSN-PSOE ha celebrado el Día Internacional del Trabajo reivindicando los avances laborales de los últimos años y lanzando una advertencia: los derechos conquistados no están garantizados para siempre. "Solo avanzan cuando hay voluntad política", han subrayado los socialistas navarros.

El partido recuerda que Navarra mantiene la afiliación a la Seguridad Social en cotas históricas, es una de las comunidades con menor tasa de paro femenino y ha reducido la temporalidad de forma significativa desde la reforma laboral. En ese contexto, el PSN defiende que "el empleo digno es la mejor política social" y atribuye esos resultados a "políticas valientes", no a la casualidad.

Entre las asignaturas pendientes, el partido sitúa la reducción de la jornada laboral como "una de las grandes transformaciones pendientes", vinculándola a la conciliación, la productividad y el fortalecimiento de los servicios públicos.

La parte más política del mensaje apunta a la ultraderecha y a lo que llaman "ultraderechas de marca blanca": fuerzas que, según el PSN, quieren "recortar servicios públicos, apostar por la externalización privada y presentar los derechos laborales como un obstáculo en lugar de como una conquista".

El partido ha cerrado su comunicado con un homenaje a quienes, "generación tras generación", han luchado por condiciones laborales justas, y con una promesa: "Frente al retroceso, los socialistas seguiremos avanzando".

Geroa Bai ha utilizado el Día del Trabajo para reclamar "un empleo de calidad, estable, seguro y con derechos" y para tener un recuerdo expreso hacia quienes han perdido la vida en accidentes laborales. "Cada una de estas muertes es inaceptable", ha señalado la coalición, que pide redoblar esfuerzos en prevención y seguridad en todos los ámbitos productivos.

En esa línea, Geroa Bai reclama más inspecciones de trabajo como herramienta para garantizar el cumplimiento de la normativa, y reitera su apuesta por el traspaso a Navarra de las competencias de Inspección Laboral y Seguridad Social, "en el marco del desarrollo del autogobierno".

La coalición también ha puesto el foco en la industria. Navarra registra cifras récord de empleo industrial y Geroa Bai lo presenta como el resultado de una apuesta sostenida por un modelo productivo basado en la innovación y el valor añadido. Ahora, sostiene, toca consolidarlo: mediante políticas públicas que refuercen el tejido industrial, impulsen la transición energética y digital, y garanticen empleo de calidad. En ese marco, sitúa la futura ley de industria como una herramienta clave para dar estabilidad y visión a largo plazo al modelo productivo navarro.

El Defensor del Pueblo de Navarra ha recomendado al Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera que levante la suspensión del procedimiento de reconocimiento como víctima de Joxe Miguel Etxeberria, conocido como Naparra, desaparecido en junio de 1980, y cuyo cuerpo no ha sido todavía encontrado,  en un caso que apunta a actos de motivación política atribuibles a grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, más concretamente al Batallon Vasco Español. 

El expediente, tramitado al amparo de la Ley Foral 16/2019 de reconocimiento y reparación de víctimas, fue admitido a trámite en marzo de 2025 por la Comisión de Reconocimiento y Reparación.

Ahora su hermano Eneko Etxeberría ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo, ya que apenas tres meses después, en junio de 2025, el Director General de Memoria y Convivencia resolvió suspender su tramitación amparándose en que existía una causa judicial abierta, tal y como permite el artículo 10.5 de dicha ley foral.

El nudo del conflicto

La causa penal no está activa: se encuentra en sobreseimiento provisional y archivada, tras haberse agotado todas las vías de investigación, incluida una comisión rogatoria a las autoridades francesas. El Ministerio Fiscal solicitó el archivo porque las búsquedas del cuerpo resultaron infructuosas. El Defensor sostiene que hablar de causa "abierta" en ese contexto es una interpretación demasiado extensiva de la ley.

El Defensor recuerda que la Ley Foral de Memoria tiene una finalidad reparatoria, no punitiva, y que subordinar indefinidamente el reconocimiento administrativo a una vía penal que está archivada —aunque sea de forma provisional— priva a la familia de una reparación que la norma pretende garantizar. La institución advierte además de que el sobreseimiento provisional no implica que la causa esté viva, sino simplemente que podría retomarse si aparecieran nuevos indicios.

Para apoyar su criterio, el Defensor cita un precedente de la Comisión de Valoración del País Vasco, que ante una situación procesal similar optó por reanudar la tramitación del expediente al considerar que la vía judicial estaba, por el momento, agotada.

Como en otros casos, el Departamento de Memoria y Convivencia dispone de un plazo máximo de dos meses para comunicar si acepta la recomendación y las medidas que adoptará. Si la rechaza sin justificación, el caso podrá ser incluido en el informe anual que el Defensor presenta ante el Parlamento de Navarra.

El PSN-PSOE ha celebrado como un "hito histórico" el preacuerdo alcanzado para el primer Convenio de Dependencia de Navarra, al que el Gobierno foral destinará 30 millones de euros anuales para mejorar las condiciones laborales y salariales de quienes trabajan en residencias y centros de día.

La secretaria de organización del PSN-PSOE, Esther Iso, ha subrayado que el acuerdo —respaldado por LAB, CCOO y UGT— supone "un punto de inflexión" en la historia de las políticas sociales de la comunidad. "Son recursos reales para que quienes cuidan a nuestros mayores cobren lo que merecen y trabajen en condiciones dignas", ha afirmado, recordando que se trata de un sector compuesto mayoritariamente por mujeres que llevan años reclamando mejoras.

Iso ha destacado además que el número de plazas concertadas ha crecido un 25% desde que María Chivite lidera el Gobierno de Navarra, y que las 300 nuevas plazas previstas en el acuerdo contribuirán a mejorar tanto la calidad de vida de las personas mayores como las condiciones de quienes las atienden.

Para los socialistas, este preacuerdo es también "un ejemplo de lo que debe ser la política navarra: diálogo, entendimiento y acuerdo", y defienden que Navarra necesita políticas "valientes, justas y comprometidas con quienes más lo necesitan".

El Pleno del Parlamento de Navarra aprobó hoy la convalidación del Decreto de Ley Foral 1/2026, un paquete de medidas fiscales aprobado por el Gobierno foral para hacer frente a los efectos económicos de la crisis geopolítica en Oriente Medio, desencadenada tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

El decreto salió adelante con los votos a favor de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN y Contigo Zurekin, la abstención de la parlamentaria no adscrita y el voto en contra del Grupo Mixto.

Las medidas apuntan en dos direcciones principales: aliviar la carga tributaria de empresas y particulares afectados por la inestabilidad de los mercados, e impulsar la transición energética como vía para reducir la dependencia de factores externos.

En el ámbito del Impuesto de Sociedades, se amplía un año el plazo para materializar la exención por reinversión de beneficios extraordinarios cuando dicho plazo venza en 2026. También se prorroga hasta finales de 2027 la Reserva Especial para Inversiones, para evitar que las empresas pierdan beneficios fiscales por retrasos en la ejecución de proyectos ajenos a su voluntad.

Para los particulares, se extiende al ejercicio 2026 la deducción en el IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas. Además, se establece una exención fiscal sobre los Certificados de Ahorro Energético en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, con el objetivo de dinamizar el mercado de la eficiencia energética.

El decreto entró en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.