La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha aprovechado su turno de réplica en la ponencia parlamentaria sobre la reforma de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA) para aclarar que su propuesta en materia de euskera no incluye en ningún caso la eliminación de la zonificación lingüística. "No ha estado entre mis propuestas y por tanto no es algo que traiga a este parlamento", ha subrayado la presidenta, que sí ha defendido que sería deseable que toda la comunidad pudiera tener acceso a una educación pública en euskera desde la voluntariedad, como vía para modificar la realidad sociolingüística de Navarra a través de la educación.

Chivite ha insistido en que la reforma de la LORAFNA debe sustentarse en el mayor consenso posible, aunque sin cuestionar la legitimidad de una mayoría absoluta, y ha recordado que en los últimos siete años se ha avanzado en materia de competencias más que en los veinte anteriores. "Las leyes no son ni deben ser inamovibles. Cuando las realidades sociales cambian, también las leyes deben cambiar", ha afirmado, subrayando su voluntad de impulsar la modificación una vez concluyan los trabajos de la ponencia, siempre que se sustente en un amplio consenso.

La presidenta ha rechazado además con contundencia las acusaciones de corrupción lanzadas desde la oposición. "Esta presidenta ni es corrupta ni este gobierno lo es", ha afirmado, calificando de "poco respetuoso" con la ponencia que se aprovechara el turno de palabra para entrar en ese debate. También ha rebatido los datos sobre desempleo aportados por el portavoz de UPN: "Navarra tiene casi tres mil personas menos desempleadas que en agosto de 2019. Ustedes siguen confundiendo deseos con realidades".

Sin embargo, el portavoz de UPN, Javier Esparza, no ha dejado pasar la ocasión de volver a la carga con los casos de corrupción vinculados al PSOE. Esparza ha recordado que la trama corrupta que ha afectado al partido "nace en Navarra, en la sede del PSN, en el paseo Sarasate", en referencia al ex secretario de organización del PSOE Koldo García. Ha citado también a Santos Cerdán, imputado, y ha lanzado su reproche más directo a la presidenta: "Usted no sería presidenta sin Santos Cerdán, que según un juez es el líder de una presunta organización criminal. Esa es la realidad".

Esparza ha preguntado además a Chivite si su propuesta de garantizar la atención en euskera en la administración alcanzaría también a la zona no vascófona, es decir, a la Ribera, y le ha reclamado que concrete qué entiende por consenso suficiente para sacar adelante una reforma de este calado.

La portavoz del PSN, Arantza Biurrun  ha cerrado el debate calificando de "vergüenza" que Esparza hubiera utilizado la ponencia para "seguir estirando el chicle de la comisión de investigación que no les salió como querían".

El Pleno del Parlamento de Navarra ha elegido a Ainhoa Unzu Garate, Juan Carlos Longás García y Asier Baztan Beperet como representantes de la Cámara en el Consejo de Administración de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), el organismo que agrupa todas las sociedades públicas de la Comunidad Foral.

Los tres candidatos, propuestos respectivamente por PSN, EH Bildu y Geroa Bai, han obtenido 26 votos cada uno en una votación secreta por papeletas. Los 22 votos en blanco corresponden a UPN, PPN, Contigo-Zurekin y la parlamentaria no adscrita.

Unzu y Baztan revalidan el cargo, al que fueron elegidos en 2022, mientras que Longás es la principal novedad: el doctor en Economía y profesor de la UPNA, que ya fue parlamentario foral entre 2011 y 2015 con Nafarroa Bai, sustituye a Koldo Amezketa, que ocupaba la vocalía desde 2009 y había sido reelegido en tres ocasiones.

El Parlamento designa un tercio de los miembros del Consejo de Administración de la CPEN, otro tercio corresponde al Gobierno de Navarra como socio único de la corporación, y el tercio restante lo elige el propio socio único entre profesionales de prestigio. La CPEN fue creada por ley foral en 2009 con el objetivo de ordenar y dotar de transparencia al sector público empresarial navarro.

El grupo municipal del PSN-PSOE de Tudela defenderá el próximo lunes en el pleno tres propuestas que comparten un mismo hilo conductor: abrir la toma de decisiones municipales a la ciudadanía y a los colectivos de la ciudad.

La iniciativa más llamativa plantea que sea la Federación de Peñas de Tudela quien lance el cohete anunciador de las Fiestas de Santa Ana de 2026, como reconocimiento a su papel en la dinamización de la vida festiva. "El lanzamiento del cohete es uno de los momentos más representativos y emotivos de las fiestas y, precisamente por ello, debe convertirse en un acto cada vez más participativo y representativo de toda la ciudadanía", ha señalado la portavoz socialista Olga Chueca.

La propuesta incluye además un homenaje a los conserjes municipales Ángel Plaza y Pascual Ortega, que afrontan sus últimas fiestas antes de jubilarse, con el lanzamiento de un segundo cohete en reconocimiento a su trayectoria. De cara a 2027, el PSN plantea crear una comisión consultiva con representantes de grupos municipales, técnicos y colectivos sociales, culturales, comerciales y hosteleros para diseñar un procedimiento que permita elegir de forma participativa a quien prenda la mecha cada año.

La segunda iniciativa apunta a los colegios públicos de Tudela, con una propuesta para habilitarlos como refugios climáticos frente a las olas de calor, mediante la creación de espacios con sombra y vegetación tanto en zonas interiores como en patios. Los socialistas plantean también adaptar los patios y parques infantiles a la normativa de accesibilidad universal y que todos estos proyectos se desarrollen con la participación de la comunidad educativa.

La tercera propuesta pasa por reactivar el Consejo Municipal del Deporte como órgano consultivo para fortalecer la colaboración entre el Ayuntamiento y los clubes y asociaciones deportivas de la ciudad.

"Estas tres iniciativas responden a una misma forma de entender la política municipal: una Tudela que escuche más, que cuente con su ciudadanía y que construya las decisiones importantes desde el diálogo con los colectivos y asociaciones de la ciudad", han concluido desde el grupo socialista.

La Comisión de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Parlamento de Navarra ha visitado este jueves los apartamentos de Vida Independiente para Personas con Discapacidad de Corella, un recurso residencial impulsado y gestionado por la Asociación de Personas con Discapacidad de Corella (ADISCO) a través de la Fundación Adisco Residencial - FADIR. La visita, solicitada por los grupos parlamentarios de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, permitió a los parlamentarios conocer el resultado final de las obras, cuyo proyecto ya habían visitado en enero de 2024.

La delegación parlamentaria, integrada por Raquel Garbayo (Navarra Suma), Olga Chueca (PSN), Txomin González y Javier Arza (EH Bildu), Isabel Aranburu (Geroa Bai) y Javier García (PPN), fue recibida por el presidente de ADISCO, Valentín Carranza, el director de la asociación, José Antonio Delgado, la trabajadora social responsable del recurso, Raquel Gómez, y el alcalde de Corella, Gorka García.

El edificio, ubicado en el número 38 de la avenida Miguel Escudero Arévalo, alberga 11 apartamentos —4 individuales de unos 35 metros cuadrados y 7 dobles de 70 metros cuadrados— con capacidad total para 18 plazas en régimen de alquiler. Cada apartamento dispone de zona de estar con cocina, dormitorio y baño. El inmueble cuenta además con zonas comunes en planta baja, espacio exterior accesible y calificación energética A. Tendrán prioridad de acceso las personas que trabajan en el Centro Especial de Empleo de ADISCO, aunque el recurso estará abierto a toda la población con discapacidad que lo solicite hasta su total ocupación.

El director de ADISCO, José Antonio Delgado, explicó que el proyecto busca "ofrecer un hogar accesible, seguro y comunitario, donde cada persona pueda desarrollar su autonomía, participar en igualdad e integrarse plenamente en la sociedad, siempre con el acompañamiento que necesite para vivir con dignidad y libertad". El recurso seguirá el modelo de Atención Integral y Centrada en la Persona, con una trabajadora social que elaborará un Plan de Atención Individualizada para cada residente y coordinará, cuando sea necesario, con otros recursos comunitarios.

ADISCO se constituyó en 1996 para favorecer la inclusión social y laboral de personas con discapacidad física e intelectual de Corella y Cintruénigo. Su Centro Especial de Empleo, abierto en 1997, da trabajo actualmente a 80 personas. Tras 25 años de trayectoria en integración laboral, la entidad da ahora un paso más con este recurso habitacional que completa su modelo de inclusión social. Al término de la visita, los portavoces de todos los grupos presentes felicitaron a la Fundación FADIR por el trabajo realizado.

Los tres socios minoritarios del Gobierno de Navarra —EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin— han registrado en el Parlamento foral una proposición de ley para ampliar la moratoria sobre las plantas de biometanización, en un movimiento que supone un claro desmarcaje respecto al PSN, partido del Gobierno que en su momento impulsó junto a UPN la moratoria actualmente en vigor. La propuesta, que se debatirá en el próximo curso parlamentario, plantea extender la suspensión de nuevas instalaciones hasta el 31 de diciembre de 2028.

Los tres grupos recuerdan que ya en su día mostraron reservas ante la moratoria aprobada por UPN y PSN, a la que reprocharon una duración de apenas un año —insuficiente a su juicio para abordar con rigor un fenómeno complejo— y haber dejado fuera determinados proyectos concretos, generando situaciones de desigualdad que no contribuían a una planificación coherente del sector.

La nueva proposición de ley amplía también el alcance de la suspensión para garantizar el principio de igualdad y que el conjunto de las plantas de biometanización que puedan implantarse en Navarra respondan a un mismo nivel de exigencias, cerrando así los huecos que, según los grupos impulsores, dejaba la regulación anterior.

El objetivo declarado de la prórroga es que Navarra disponga del tiempo necesario para culminar un marco regulatorio específico que establezca criterios claros sobre la implantación, el dimensionamiento, el control, la participación pública y la evaluación de impactos de estas instalaciones. Los grupos señalan que durante los últimos meses se ha desarrollado un importante trabajo técnico e institucional acompañado de procesos de escucha con entidades locales, sector agrario y ganadero, empresas promotoras, plataformas vecinales y organizaciones ecologistas, que ha puesto de manifiesto la complejidad del asunto y la necesidad de una regulación rigurosa.

Entre las cuestiones que esa futura regulación deberá abordar, los tres partidos citan el dimensionamiento de las plantas, las distancias mínimas a núcleos habitados, los impactos paisajísticos, el tráfico asociado, la gestión de digestatos, la trazabilidad de los residuos y el control de olores. También reclaman que el proceso incluya una participación ciudadana amplia que permita alcanzar el máximo consenso posible.

Los grupos impulsores no cuestionan el papel del biometano en la transición energética ni en la gestión sostenible de residuos agroganaderos, pero subrayan que su desarrollo debe producirse dentro de una planificación pública rigurosa que garantice el equilibrio territorial, la protección ambiental y la convivencia con las poblaciones afectadas. Con esta iniciativa, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin reafirman su apuesta por una transición ecológica "justa y ordenada" que combine el impulso a las renovables con la protección del territorio navarro.

El Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado hoy por unanimidad la modificación de la Ley Foral de Carreteras de Navarra, una reforma que allana el camino para el desarrollo de una red ciclista continua y segura en la comunidad foral al integrar las vías ciclistas y ciclopeatonales adyacentes a las carreteras dentro de las zonas funcionales y de servicio.

La norma, impulsada por los cuatro partidos del Gobierno foral —PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin— y respaldada en su totalidad también por UPN, PPN y la parlamentaria no adscrita, permite emplear los arcenes de las carreteras para la ejecución de itinerarios ciclistas. Con el fin de favorecer la continuidad de estos itinerarios, la ley autoriza incluso la disminución o supresión de arcenes en carreteras multicarril y vías convencionales con tráfico reducido, siempre que no se comprometan la seguridad vial ni la correcta explotación de la vía. La competencia en esta materia recaerá en el departamento responsable de movilidad sostenible, en coordinación con el resto de administraciones implicadas.

La reforma incorpora también, a través de una enmienda de adición impulsada por PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, la posibilidad de plantar arbolado en los márgenes de las vías ciclables y ciclopeatonales. Las distancias mínimas exigidas varían según el tipo de vía: más de ocho metros en autopistas, autovías y vías desdobladas, y más de tres metros en carreteras convencionales y de altas prestaciones.

La modificación, aprobada en lectura única, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

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En declaraciones a los medios tras el encuentro, Chivite ha relatado que puso a Ribera en antecedentes de lo ocurrido el día anterior en comisión, donde representantes de la ultraderecha europea calificaron el cambio climático de "cuestión ideológica". "Que digan eso en un contexto en el que en Bruselas estamos a 38 grados y en Pamplona a 43... siguen negando la absoluta evidencia", ha señalado la presidenta.

Chivite ha subrayado que ambas comparten la apuesta por el vehículo eléctrico y que la conversación también giró en torno a iniciativas como el concepto Made in Europe o la propuesta de refuerzo de la competitividad industrial europea. "Todo tiene que formar parte de un mismo paquete coherente: trabajar en la electrificación y potenciar la competitividad de nuestra industria europea. Tenemos que ir alineadas y de la mano", ha defendido.

Preguntada por la recepción de Ribera ante la aprobación del dictamen del día anterior —votación que describió como "bastante ajustada"—, Chivite ha indicado que la comisaria lo acogió positivamente, aunque advirtió de que la derecha y la ultraderecha pretenden reabrir el debate sobre las emisiones de CO₂. "El contexto de cambio climático es tan evidente que no tenemos que estar ahí. Hagamos que nuestra industria sea competitiva, pero que también sea sostenible, porque las dos cosas tienen que ir de la mano", ha concluido.

Antes de ese encuentro, este miércoles, Chivite participó en una reunión del Comité Económico y Social Europeo (EESC) en la sede del Comité de las Regiones, donde se abordaron la posición del organismo y las claves del dictamen en el que trabaja la presidenta navarra.

Reunión con Francois Kalfon 

Asimismo, la  Presidenta Chivite, se ha reunido con François Kalfon, eurodiputado y ponente en el Parlamento Europeo de la propuesta legislativa sobre la descarbonización de las flotas empresariales. Kalfon defiende una transición ambiciosa hacia la movilidad eléctrica como herramienta clave para reducir las emisiones del transporte y reforzar la competitividad industrial europea.

Su propuesta apuesta por acelerar la electrificación de las flotas corporativas para impulsar un mercado de vehículos eléctricos más accesible a través de la segunda mano, al tiempo que fortalece la producción europea bajo el principio de “Made in Europe”.

Al mismo tiempo, Kalfon le ha trasladado a la Presidenta Chivite su apoyo al dictamen de la ponencia de automoción de la Comisión Europea, así como a la ponencia que defiende Chivite en el Comité de las Regiones.

Kalfon sostiene que los objetivos climáticos deben ir de la mano de la soberanía industrial, la innovación y la creación de empleo de calidad, consolidando una industria automovilística europea fuerte, competitiva y preparada para liderar la transición ecológica.

El Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este miércoles la Ley Foral reguladora del arrendamiento de habitaciones y otras formas de cesión de uso de vivienda en Navarra, que por primera vez dota a esta modalidad de alojamiento de un marco jurídico propio en la comunidad foral. La norma ha salido adelante con los votos a favor de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, y los votos en contra de UPN, PPN y la parlamentaria no adscrita, Maite Nosti.

La ley distingue tres modalidades contractuales: el arrendamiento de habitación para vivienda habitual —de carácter permanente o temporal de hasta un año vinculado a causa acreditada—, el alquiler de habitación de temporada para usos vacacionales, turísticos o recreativos, y el contrato de hospedaje, que debe incluir como mínimo los servicios de limpieza y suministros. En todos los casos se exigirá la inscripción obligatoria en el Registro de Contratos de Arrendamiento de Vivienda de Navarra en el plazo de un mes desde la formalización, aunque esta previsión no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2027.

En materia económica, la norma extiende al alquiler por habitaciones el régimen de rentas y garantías propio del arrendamiento de vivienda. En las zonas declaradas de mercado residencial tensionado, la suma de las rentas de las distintas habitaciones arrendadas en una misma vivienda no podrá superar el límite máximo fijado para el alquiler completo del inmueble.

La ley incorpora también la regulación de las comunidades de ayuda mutua, fórmulas de convivencia basadas en pactos de colaboración y asistencia recíproca entre personas arrendatarias, que deberán formalizarse por escrito detallando la contribución de cada parte a los gastos comunes, las tareas domésticas y, en su caso, las prestaciones asistenciales acordadas.

Antes de firmar cualquier contrato de habitación para vivienda habitual, el arrendador deberá informar al inquilino de la descripción de la estancia, las zonas comunes, el precio, la periodicidad de pago, el índice de referencia de precios aplicable y las garantías exigidas. Omitir esta información de forma que induzca a confusión podrá constituir infracción grave.

En el debate plenario, UPN, PPN y la no adscrita coincidieron en rechazar la norma al considerarla burocrática, intervencionista y restrictiva, y advirtieron de que desincentivará la oferta de habitaciones en alquiler sin resolver el problema de fondo del acceso a la vivienda. Cuestionaron además los mecanismos de control para evitar usos contractuales fraudulentos y las medidas de contención de precios.

La ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, a excepción de las disposiciones relativas al Registro de Contratos, que lo harán el 1 de enero de 2027.

Este próximo sábado, 27 de junio, las personas inscritas y simpatizantes de Podemos Ahal Dugu Navarra podrán dar su opinión y debatir sobre las elecciones autonómicas y municipales del próximo año. Bajo el título "El 27, hablamos del 27", la cita será en la Sala del Ascensor de Descalzos 56, en Pamplona, de 10:00 a 13:00 horas, en una asamblea abierta. El encuentro, que también podrá seguirse de manera telemática, forma parte del proceso de escucha, participación y recuperación de los orígenes de Podemos, que la organización viene impulsando desde hace un año, y que ya tuvo un precedente reciente en la jornada "Construye Navarra con Podemos".

La cita girará en torno a una pregunta central: ¿cómo quiere presentarse Podemos Navarra en las próximas elecciones al Parlamento de Navarra? Durante la sesión se plantearán cuestiones como las coaliciones, la participación, el papel de los municipios y el propio Parlamento de Navarra, el programa electoral y las prioridades del partido. Se realizará en un formato de asamblea abierta pensado para recoger propuestas e ideas de militantes y simpatizantes.

La coordinadora autonómica de Podemos Navarra, Neniques Roldán, ha explicado que esta nueva cita "responde a la misma necesidad que nos trajo hasta aquí hace unas semanas: decidir entre todas y todos qué Podemos Navarra queremos para las elecciones del próximo año. No es una decisión que vaya a tomar la dirección en un despacho, sino algo que tenemos que construir con calma, con argumentos y escuchando todas las sensibilidades que conviven en esta organización". 

Esta nueva jornada es la segunda que que Podemos Navarra está organizando de cara a las elecciones del próximo año, con el objetivo de construir colectivamente su futuro. Tal y como ocurrió en la jornada anterior, el espacio busca generar debate y utilizar la inteligencia colectiva como la herramienta para construir, evitando respuestas cerradas de antemano.

"Hablar del 27 es hablar de nuestro futuro para definir qué herramienta política queremos ser en Navarra. Ir en coalición o no, cómo nos relacionamos con otras fuerzas y qué papel queremos jugar, son preguntas que afectan a toda la militancia. Por eso, queremos que sea un espacio abierto, donde cada persona pueda aportar su opinión", ha afirmado Roldán. 

La inscripción está abierta hasta el 25 de junio a través de la web www.podemosnavarra.info. Quienes no puedan asistir de manera presencial podrán participar también de manera telématica, recibiendo el enlace de Zoom realizar la inscripción.

El PSN-PSOE de Fustiñana ha reiterado su oposición a cualquier cierre o reducción del servicio de urgencias rurales y ha reclamado al Gobierno de Navarra garantías para mantener la atención sanitaria nocturna en el Centro de Salud de la localidad.

El concejal de Salud del Ayuntamiento de Fustiñana, Héctor Aguirre Oviedo; la concejala de Salud del Ayuntamiento de Cabanillas, Julia Gil; la vicepresidenta primera del Parlamento de Navarra y portavoz socialista de Salud, Maite Esporrín, y la secretaria de Organización del PSN-PSOE, Esther Iso, se reunieron el martes con el consejero de Salud, Fernando Domínguez; el director general de Salud, Antonio López; y la gerente del Área de Salud de Tudela, Ana Campillo Arregui, para analizar la situación de las urgencias rurales y trasladar su preocupación ante un posible cierre del servicio nocturno.

Los representantes socialistas insistieron en la necesidad de mantener una cobertura asistencial que ofrezca seguridad a la ciudadanía, "especialmente a las personas mayores, dependientes y otros colectivos vulnerables", y subrayaron que cualquier decisión que afecte a un servicio esencial debe adoptarse "desde el diálogo, la transparencia y el análisis riguroso de las necesidades reales del territorio".

El PSN-PSOE advirtió además de la inquietud existente entre la población de Fustiñana y la zona básica de salud ante la posibilidad de perder el servicio nocturno, y aseguró que continuará trabajando para defender los intereses de los municipios rurales. "Nuestro compromiso es claro: defender la sanidad pública y los servicios que merecen los vecinos y vecinas de Fustiñana", concluyeron.

La Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha anunciado que instará al Consejo de Navarra a emitir un informe sobre la adecuación a la Constitución y al ordenamiento jurídico de la proposición de ley foral que se debatirá y aprobará este jueves 25 de junio en el Parlamento de Navarra. La iniciativa, presentada por PSN, EH Bildu y Contigo Zurekin, se centra en las viviendas de protección oficial construidas y gestionadas en régimen de alquiler.

UPN ha expresado su preocupación, afirmando que esta medida podría poner en riesgo la viabilidad de las promociones que han funcionado durante décadas en Navarra, ofreciendo alquileres asequibles. Según la formación, el cambio inesperado en las reglas de juego podría hacer imposible la gestión de estas viviendas, afectando a los inquilinos que dependen de estas opciones de alquiler.

La formación foralista ha destacado un precedente en Cataluña, donde se aprobó un precepto legal similar, aunque con un alcance más limitado. El Consell de Garanties Estatutàries catalán realizó un informe concluyendo que dicho precepto implicaba una retroactividad en sentido propio. Este antecedente ha llevado a UPN a solicitar una evaluación similar en Navarra, para determinar las posibles implicaciones legales de la nueva ley.

El Consejo de Navarra y su papel en la revisión de la ley

Conforme a la ley reguladora del Consejo de Navarra, este órgano debe emitir un dictamen cuando al menos una quinta parte de los parlamentarios de la Cámara foral lo soliciten. En el caso del grupo parlamentario de UPN, que cuenta con un total de quince parlamentarios, se cumple este requisito. Por ello, UPN considera crucial que el Consejo de Navarra realice un análisis detallado de la proposición de ley para garantizar que se respeta el principio de seguridad jurídica.

Desde UPN también se ha criticado el supuesto caos normativo provocado por el gobierno de Chivite y sus socios, argumentando que está afectando negativamente al mercado de alquiler en Navarra. Según la formación, en un momento en que es crucial reactivar este mercado, las políticas actuales están generando incertidumbre y dificultando el acceso a la vivienda para miles de familias y jóvenes en la región.

Críticas al gobierno de Chivite por la gestión del mercado de alquiler

La formación ha acusado al gobierno de paralizar planes, no construir viviendas y obstaculizar el trabajo de quienes podrían estar dispuestos a construir, alquilar y gestionar propiedades. Según UPN, estas acciones han contribuido a la grave situación del acceso a la vivienda en Navarra, afectando especialmente a las personas jóvenes que buscan un lugar donde vivir.

En conclusión, UPN ha reiterado la importancia de que el Consejo de Navarra realice un dictamen sobre la nueva ley de viviendas de protección oficial para asegurar que se cumplen todos los requisitos legales y se protege el derecho a la vivienda de los ciudadanos navarros. La formación espera que este proceso contribuya a clarificar la situación y garantizar la estabilidad del mercado de alquiler en la región.

El Gobierno de Navarra ha dado un paso significativo al aprobar el Proyecto de Ley Foral de Reconocimiento y Reparación de Víctimas del Terrorismo. Este proyecto, que será remitido al Parlamento de Navarra, busca mejorar y extender los derechos de las víctimas, consolidando atenciones en áreas como la asistencia sanitaria, psicológica y la protección integral en vivienda, enseñanza y empleo.

La nueva normativa se presenta como una actualización de la ley vigente desde 2010, incorporando un enfoque más integral. A través de este proyecto, se busca no solo indemnizar económicamente a las víctimas, sino también fortalecer su reconocimiento social e institucional. La norma contempla la creación de un órgano de participación para las asociaciones de víctimas, ampliando así el diálogo y colaboración entre el gobierno y estas entidades.

En el aspecto económico, la ley permitirá que las víctimas que no solicitaron indemnizaciones en su momento puedan hacerlo ahora de manera complementaria al Estado. Esta medida busca asegurar que todas las víctimas, independientemente de las razones por las que no solicitaron ayuda anteriormente, puedan acceder a las reparaciones que les corresponden. Además, se prevén reparaciones para futuras víctimas reconocidas.

Educación y memoria para erradicar la violencia

La vicepresidenta Ana Ollo ha subrayado que el proyecto no solo se centra en las reparaciones económicas, sino que también pone énfasis en el reconocimiento social e institucional y en la educación de las nuevas generaciones. El objetivo es erradicar la violencia y deslegitimar cualquier acto terrorista. La educación y la memoria son pilares fundamentales de esta nueva normativa, buscando transmitir un mensaje claro a las futuras generaciones.

Desde febrero, el Gobierno de Navarra ha estado trabajando en este proyecto a través de un proceso de participación ciudadana. Las líneas básicas del proyecto se han enriquecido gracias a las aportaciones recibidas, lo que ha permitido un enfoque más actual e integral. La norma no solo busca mejorar la atención y reparación de las víctimas, sino también avanzar en su reconocimiento social.

Ampliación de derechos y cobertura

El proyecto de ley forma parte del Acuerdo Programático de los grupos políticos que sustentan el Gobierno de Navarra. Se inspira en el compromiso de impulsar una memoria integral y de deslegitimación de toda violencia política. La normativa, que incluye 43 artículos y cuatro disposiciones adicionales, busca ampliar los derechos y la cobertura de las víctimas, apoyándose en las competencias autonómicas.

El ámbito de las víctimas del terrorismo, especialmente de ETA, cuenta con una legislación de 16 años de antigüedad. Este nuevo proyecto busca dar mayor seguridad jurídica y aclarar aspectos de su aplicación. Además, introduce nuevos conceptos y prevé escenarios futuros, en coherencia con el II Plan Estratégico de Convivencia.

Participación y asesoramiento de las víctimas

La ley también establece el Consejo de Participación de las Víctimas del Terrorismo, un órgano consultivo que asesorará sobre políticas públicas en esta materia. Este consejo estará compuesto por representantes de la Administración y de asociaciones de víctimas. Navarra busca así profundizar en la atención y reconocimiento de las víctimas, asegurando que sus voces sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones.

El proyecto de ley foral aprobado incluye una apertura de un nuevo periodo de cuatro años para que las víctimas puedan optar a ayudas complementarias. Además, se ampliará la opción de acceder a apoyos no económicos en atención sanitaria y psicológica. El objetivo es asegurar que todas las víctimas tengan acceso a las ayudas y apoyos que necesiten, independientemente de cuándo ocurrieron los actos terroristas.

Contigo Navarra–Zurekin Nafarroa ha registrado una petición de información en el Parlamento de Navarra para conocer la relación entre las calificaciones de Bachillerato y los resultados obtenidos en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en los centros de la red pública y de la red privada-concertada. La coalición solicita al Departamento de Educación un listado comparado entre las medias de los expedientes académicos y las notas de la PAU, desglosado por centros educativos.

El portavoz parlamentario de la coalición, Carlos Guzmán, ha defendido que "la transparencia y el rigor en los procesos de evaluación son fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades del conjunto del alumnado" y ha subrayado que el debate sobre las diferencias entre las calificaciones de Bachillerato y los resultados de selectividad "vuelve a estar presente de manera recurrente cada curso académico". "Estamos hablando de pruebas que tienen una influencia directa en el acceso a los estudios universitarios y, por tanto, es imprescindible que exista la máxima transparencia sobre cómo se producen las calificaciones", ha afirmado.

Contigo Zurekin recuerda además que en 2023 el Defensor del Pueblo de Navarra ya instó al Departamento de Educación a analizar las diferencias detectadas entre las notas de Bachillerato y los resultados de selectividad en determinados centros concertados, con el objetivo de garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la universidad. "Lo que pedimos es información objetiva y contrastable. El Gobierno de Navarra debe disponer de todos los datos necesarios para evaluar el funcionamiento del sistema educativo y garantizar que no existan situaciones que puedan generar desigualdades entre el alumnado", ha concluido Guzmán.

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El Grupo Parlamentario VOX ha registrado en el Congreso de los Diputados tres preguntas con respuesta escrita dirigidas al Gobierno central sobre los campamentos de verano que la asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea prevé celebrar este verano en Abáigar y Goñi (Navarra), a pesar de la sanción que la Diputación Foral de Álava impuso el pasado 4 de junio a la misma entidad por graves irregularidades en sus campamentos de Bernedo.

La resolución alavesa inhabilita a la asociación durante tres años para desarrollar actividades de tiempo libre con menores, le impone una multa de 9.000 euros y la priva del acceso a ayudas públicas en ese territorio. La Diputación de Álava se ha personado además como acusación particular en el procedimiento judicial abierto tras las denuncias de familias que relataron prácticas como duchas mixtas obligatorias en las que menores y monitores debían asearse desnudos, junto a otras conductas descritas como humillantes, en las ediciones celebradas entre 2021 y 2024. La Ertzaintza investiga presuntos delitos contra la libertad sexual, exhibicionismo, coacciones y corrupción de menores, con más de 20 quejas presentadas.

Pese a que la resolución alavesa ha sido remitida al Gobierno de Navarra, el ejecutivo de María Chivite no ha abierto expediente sancionador ni adoptado medidas cautelares, y los campamentos de Abáigar y Goñi están previstos para dentro de seis días. La actividad ha contado en años anteriores con apoyo institucional indirecto a través del Instituto Navarro del Euskera (Euskarabidea), con subvenciones canalizadas entre otros organismos a través de la Mancomunidad de la Sakana.

Las tres preguntas registradas por VOX en el Congreso indagan sobre si el Gobierno central prevé impulsar medidas de control sobre las actividades de la asociación, si contempla exigir explicaciones políticas a la Comunidad Foral por mantener las subvenciones, y cómo justifica el ejecutivo navarro la continuidad de esa financiación pública a la vista de la gravedad de los hechos denunciados.

La diputada Blanca Armario González, portavoz de VOX en la Comisión de Juventud del Congreso y una de las firmantes de las preguntas, ha señalado que "resulta sorprendente que mientras una administración como la de Álava ha actuado con contundencia para proteger a los menores, en Navarra se mantenga la inacción". "El Gobierno de España no puede permanecer ajeno a un asunto que afecta directamente a la protección de menores e involucra recursos públicos", ha añadido.

VOX sigue este asunto desde octubre de 2025, cuando presentó una denuncia en el Juzgado de Estella por irregularidades en Abáigar. Desde entonces ha registrado múltiples preguntas parlamentarias en el Parlamento de Navarra y ha solicitado la comparecencia de la consejera Ana Ollo y de la vicepresidenta tercera Begoña Alfaro para que expliquen las medidas adoptadas tras la sanción alavesa.

La Comisión de Desarrollo Rural del Parlamento de Navarra ha aprobado una resolución por la que se insta al Gobierno foral a presentar una planificación territorial, ambiental y agronómica del sector del biogás y biometano en Navarra, que establezca criterios claros de implantación, límites de capacidad por zonas, gestión de digestatos y mecanismos reales de participación municipal y vecinal. La iniciativa, impulsada por UPN, salió adelante con los votos a favor de UPN, EH Bildu, PPN y Contigo-Zurekin, y las abstenciones de PSN y Geroa Bai.

La resolución incluye tres exigencias adicionales al Ejecutivo foral. La primera es remitir al Parlamento un informe completo sobre todas las actuaciones realizadas desde la aprobación de la moratoria, con el estado actualizado de todos los proyectos de biogás y biometano en Navarra, las autorizaciones concedidas, suspendidas o anuladas, y las medidas adoptadas para garantizar la seguridad jurídica, ambiental y territorial del sector. La segunda es convocar de forma efectiva y vinculante la mesa intersectorial prevista en el marco de la moratoria, con participación de ayuntamientos, concejos, organizaciones agrarias, cooperativas, universidades, plataformas vecinales y representantes del sector. La tercera es plantear una ampliación temporal de la moratoria ante la falta de desarrollo normativo, territorial y ambiental del sector por parte del propio departamento.

En la exposición de motivos, la resolución critica duramente la gestión del Gobierno de Navarra, señalando que la situación actual no surgió de forma espontánea, sino que el propio Ejecutivo impulsó proyectos sin haber construido previamente una planificación territorial, un consenso social ni un marco claro de gestión ambiental y agronómica. Meses después de aprobarse la moratoria, denuncia la resolución, no consta que el Gobierno haya desarrollado un verdadero trabajo de ordenación del sector: no existe un mapa real de capacidad territorial para la gestión de digestatos, ni criterios acumulativos de carga de nitrógeno, ni una planificación seria en áreas vulnerables a la contaminación difusa, lo que obliga a municipios, concejos, agricultores y vecinos a soportar toda la presión.

El texto subraya que el problema de fondo nunca fue únicamente energético, sino también agronómico, territorial y ambiental, un ámbito donde el Gobierno "sigue actuando con improvisación". En ese sentido, advierte que una eventual prórroga de la moratoria no sería consecuencia de un exceso de prudencia, sino de la incapacidad del propio Ejecutivo para desarrollar la regulación que justificó políticamente su aprobación.

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El Parlamento de Navarra ha aprobado este lunes tres declaraciones institucionales en el seno de la Junta de Portavoces, abordando el Día Internacional del Orgullo LGTBI+, el síndrome de Dravet y las políticas de apoyo a personas en situación de dependencia.

La primera de las declaraciones, presentada por los grupos parlamentarios PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, suma a la Cámara foral a la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI+ del próximo 28 de junio. Como gesto simbólico, el Parlamento colocará en un lugar visible una lona con la bandera de la liberación sexual. El texto compromete además a la institución a seguir defendiendo los derechos del colectivo, a animar a la ciudadanía a participar en las movilizaciones convocadas en torno al 28J y a instar a todos los ayuntamientos navarros a adherirse a la Red de Municipios Libres de LGTBifobia promovida por el Instituto Navarro para la Igualdad (INAI/NABI).

Con respaldo más amplio, que incluyó también a UPN, EH Bildu y el PPN, la Junta de Portavoces aprobó una declaración de reconocimiento y solidaridad con las personas afectadas por el síndrome de Dravet y sus familias. El texto insta al Gobierno de Navarra a impulsar el diagnóstico precoz de esta epilepsia rara mediante circuitos ágiles de derivación desde Atención Primaria, Pediatría y Urgencias, así como a garantizar el acceso a pruebas genéticas y asesoramiento especializado. La declaración pide también un modelo de atención integral y multidisciplinar, una transición ordenada entre la atención pediátrica y la de adultos, y el refuerzo de la coordinación sociosanitaria entre salud, educación y servicios sociales.

La tercera declaración, impulsada por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, pone el foco en las personas cuidadoras y en quienes se encuentran en situación de dependencia. El Parlamento considera necesario ampliar la compatibilidad entre la prestación económica por cuidados en el entorno familiar y otros recursos complementarios, y valora positivamente el estudio de protocolos de emergencia para los casos en que la persona cuidadora principal enferme o no pueda ejercer temporalmente su labor. El texto reclama asimismo el refuerzo de la red pública de plazas para personas con gran dependencia, especialmente menores de 65 años, y avances en el reconocimiento institucional de las cuidadoras, incluyendo salario y cotización dignos, formación y apoyo psicológico.

Los tres acuerdos serán trasladados al Gobierno de Navarra y, en el caso de la declaración sobre dependencia, también al Gobierno de España y a la Federación Española de Municipios y Provincias.

El PSN-PSOE ha cerrado este lunes el último periodo de sesiones parlamentarias completo antes del año electoral con un balance en el que reivindica los avances legislativos y sociales conseguidos durante la legislatura frente a lo que califica como actitud de confrontación permanente por parte de UPN, PP y Vox.

La portavoz socialista, Ainhoa Unzu, ha subrayado que, si se cumplen las previsiones del pleno de esta semana, el Parlamento de Navarra habrá aprobado 23 leyes y un decreto foral legislativo desde septiembre de 2025. En el conjunto de la legislatura, la cifra asciende ya a 60 leyes y dos decretos legislativos, con todavía un año de mandato por delante. "Mientras unos permanecen instalados en la bronca y la confrontación permanente, otros trabajamos para sacar adelante leyes, acuerdos y medidas concretas que mejoran la vida de la gente", ha afirmado Unzu.

La vivienda ocupa un lugar central en el balance socialista. Esta misma semana el Parlamento aprueba dos iniciativas en la materia: la regulación del alquiler habitacional y el blindaje del alquiler protegido, dos medidas que el PSN presenta como respuesta directa a una de las principales preocupaciones de las familias navarras.

El partido también impulsa esta semana dos declaraciones institucionales: una sobre el refuerzo de los cuidados a personas dependientes y otra en defensa de los derechos del colectivo LGTBI, coincidiendo con el Día Internacional del Orgullo. En este ámbito, Unzu ha valorado la aprobación la semana pasada en el Congreso del dictamen de la proposición de ley del Grupo Socialista para modificar el Código Penal y tipificar como delito las denominadas terapias de conversión. La portavoz ha criticado el rechazo de PP y Vox a la iniciativa y ha recordado la abstención de UPN durante su tramitación.

De cara al próximo periodo de sesiones, el PSN ha señalado importantes retos legislativos pendientes, entre ellos la Ley Foral de Salud, la Ley de Industria, la Ley de Despoblación, la Ley de Universidades y la Ley de Juventud.

Unzu ha aprovechado también para criticar la actuación del juez Juan Carlos Peinado en la causa que afecta a Begoña Gómez, a la que ha calificado de estrategia de desgaste político contra el Gobierno de España.

La portavoz socialista ha concluido su balance con un mensaje de continuidad: el PSN seguirá centrado en "defender derechos, ampliar libertades y hacer política útil para la mayoría social de Navarra".

Podemos Navarra ha pedido al Partido Socialista de Navarra que rectifique su posición sobre la biometanización y se sume a la proposición de ley de moratoria que se registrará este jueves para su debate en septiembre, cuando decae la norma que UPN y PSN aprobaron conjuntamente en 2025. La coordinadora de Podemos Ahal dugu ha trasladado al PSN que tiene "una nueva oportunidad de rectificar el portazo que dio a sus socios de investidura en octubre pasado, pactando con la oposición".

El punto de partida del conflicto se remonta al otoño pasado, cuando los grupos que apoyaron la investidura de María Chivite presentaron una proposición de moratoria que el PSN acabó desactivando al pactar una versión rebajada con UPN y el PP. Para Podemos, ese acuerdo ha resultado insuficiente: casi un año después, no ha dado solución a la proliferación de industrias de biometanización en Navarra, un despliegue que la formación morada atribuye más a "una carrera por la captura de subvenciones y regalías" que a una respuesta real a los residuos generados por el sector agropecuario.

La formación recuerda además que la propia ley pactada por PSN y UPN incluía la elaboración de un informe con recomendaciones para garantizar "una planificación equilibrada, sostenible, técnicamente rigurosa y con participación institucional y ciudadana", un compromiso que Podemos considera incumplido en su espíritu.

El argumento más inmediato que esgrime Podemos es el respaldo parlamentario cosechado la semana pasada. En comisión, el Parlamento de Navarra acordó impulsar las medidas legales, reglamentarias o ejecutivas oportunas para establecer una moratoria integral a la instalación de plantas de biometanización o biogás en el territorio navarro, hasta contar con un marco normativo garantista elaborado con participación del sector agropecuario, la ciudadanía y los municipios afectados. El PSN se abstuvo en esa votación, pero el acuerdo salió adelante.

"Ponerla en el centro no debe ser un titular que repetir en campaña electoral", ha señalado la coordinadora de Podemos en referencia a la ciudadanía, instando al PSN a que su compromiso con la participación ciudadana se traduzca en hechos concretos en el debate parlamentario que se avecina.

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra celebra este lunes, 22 de junio, una sesión en la que figura entre los puntos del orden del día una pregunta escrita del grupo parlamentario de Unión del Pueblo Navarro sobre las medidas adoptadas tras el avistamiento de un oso por las carreteras navarras, en referencia al incidente registrado en Ezcaroz. La pregunta, formulada por el parlamentario Félix Zapatero Soria, traslada a la Cámara foral la preocupación generada por la presencia del animal en una vía pública del Pirineo navarro.

El grupo de UPN lleva también a la sesión otras dos preguntas escritas: una sobre las actuaciones normativas para regular el procedimiento de reintegro de los fondos europeos Next Generation no ejecutados, formulada por Ángel Ansa Echegaray, y otra sobre el fichaje en el SNS-O y el exceso horario, a cargo de la parlamentaria Leticia San Martín Rodríguez. Además, el parlamentario Mario Fabo Calero pregunta por las afirmaciones recogidas en el informe del comité de bioética de la Comunidad Foral de Navarra de junio de 2026.

En materia legislativa, la sesión incluye el debate sobre una proposición de ley foral de modificación de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del derecho a la vivienda en Navarra, impulsada conjuntamente por los grupos parlamentarios de Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa, Partido Socialista de Navarra y EH Bildu Nafarroa. También se aborda una proposición de ley foral de modificación de la Ley Foral de Carreteras de Navarra, presentada por los grupos de Partido Socialista de Navarra, EH Bildu Nafarroa, Geroa Bai y Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa, y otra del Partido Popular de Navarra para modificar el artículo 53 de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades.

La agenda contempla igualmente varias sesiones de trabajo. Una representación de UNICEF presentará el estudio "Infancia, Adolescencia y Bienestar Digital" con los resultados obtenidos en Navarra, en una sesión promovida por cinco grupos parlamentarios. Por su parte, el Partido Popular de Navarra ha impulsado una sesión de trabajo con la empresa KamBIO Energía para que informe sobre la realidad del sector del biometano. También está prevista una sesión en la que Abdoulaye Sangaré, representante del Comité de Persona Refugiada de Navarra, trasladará necesidades y propuestas para el desarrollo de personas refugiadas en el ámbito social.

En el apartado de comparecencias, el consejero de Presidencia e Igualdad deberá presentar el Plan Operativo de Accesibilidad Universal para 2026, y el orden del día recoge asimismo la convocatoria de un pleno en el que se debatirán, entre otras cuestiones, mociones relativas a la comunicación de bases de datos de trabajadores a la Inspección Médica y a la desprescripción de gabapentinoides.

Por último, la Junta de Portavoces tomará conocimiento de la Orden Foral del consejero de Economía y Hacienda por la que se aprueba el calendario para la elaboración de los Presupuestos Generales de Navarra del año 2027, un documento que marca los plazos del proceso presupuestario para el próximo ejercicio.

La reunión está convocada a partir de las 10:00 horas en la Sala de Juntas del Parlamento de Navarra.

El sindicato CSIF Navarra ha exigido públicamente al Gobierno de Navarra que tome medidas urgentes y rescinda a la mayor brevedad posible el contrato con Security Services Kuo, empresa de seguridad privada que se encuentra actualmente en preconcurso de acreedores.

Según denuncia el sindicato, esta empresa tiene asignada en Navarra la seguridad del complejo hospitalario de Pamplona y Estella, así como la de los juzgados de Tudela, Estella, Tafalla y Aoiz. Alrededor de 50 personas trabajan para la compañía en la Comunidad Foral.

CSIF Navarra advierte de que el Gobierno Foral no puede "mirar hacia otro lado" y señala que ya existen otras empresas integradas en el acuerdo marco de seguridad privada que podrían asumir esos servicios de forma inmediata. El sindicato hace responsables a los departamentos correspondientes del Ejecutivo foral "de todas las penurias que están soportando y van a sufrir los vigilantes de seguridad y los usuarios" de los recintos afectados, y apunta directamente a la Sección de Coordinación de Seguridad de la Dirección General de Interior.

El área de seguridad privada de CSIF Navarra subraya que alertó de esta situación desde febrero de 2025, sin que se tomaran medidas. El sindicato recuerda además que Navarra ya vivió hace apenas dos años la quiebra de otra empresa del sector, y advierte de que en estos casos "los trabajadores siempre son los mayores perjudicados".