El magistrado instructor del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar ha acordado, mediante auto fechado el 8 de julio de 2026, la práctica de tres de las cinco diligencias de prueba solicitadas por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), personado como acusación particular, en la Causa Especial 22316/2024 que se sigue contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como 'Alvise', y contra el empresario de criptomonedas Álvaro Romillo Castillo, por presuntos delitos electoral y de financiación ilegal de partidos.

Las diligencias admitidas son las siguientes: requerir informe a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, designada como policía judicial en este proceso mediante auto de 19 de mayo de 2025, para que investigue el tráfico de wallets creadas por los investigados; requerir al representante legal y/o administrador electoral de la agrupación de electores SALF la contabilidad, los libros de tesorería, balances e inventarios, la cuenta de ingresos y gastos, los movimientos de cuentas, las operaciones de capital, el informe del Tribunal de Cuentas sobre su fiscalización y los justificantes de los pagos efectuados para sostener la campaña electoral del partido en las elecciones al Parlamento Europeo de 2024; y requerir al propio Tribunal de Cuentas el informe y la documentación presentada por SALF sobre la fiscalización de dicha agrupación de electores en los citados comicios.

El instructor, en cambio, ha dejado en suspenso otras dos diligencias solicitadas por el PSOE: la toma de declaración a los investigados y la averiguación patrimonial de estos y de la agrupación SALF a través del Punto Neutro Judicial (PNJ), destinada a rastrear saldos y cuentas y, posteriormente, facilitar esa información a la Policía Nacional para el análisis de movimientos bancarios desde 2023. Según recoge el auto, la práctica de ambas diligencias queda "supeditada al resultado de las primeras" y "se acordarán en su momento".

Antecedentes: la suspensión de la inmunidad y la petición de la Fiscalía

El auto recuerda que el Parlamento Europeo comunicó el acuerdo de suspensión de la inmunidad parlamentaria de Luis Pérez Fernández, lo que dio traslado a las partes mediante providencia del instructor de 18 de junio de 2026. El 25 de junio, la representación del PSOE presentó su escrito solicitando la práctica de las cinco diligencias de prueba, mientras que el 23 de junio la Asociación de Usuarios de Criptomonedas, también personada en la causa, pidió la declaración de Alvise como investigado y la práctica del resto de diligencias pendientes de resolución.

El Ministerio Fiscal, por su parte, presentó escrito el 26 de junio en el que sostuvo que las diligencias practicadas hasta el momento "han confirmado sobradamente las iniciales sospechas que motivaron la apertura de las presentes diligencias penales, aumentando su potencia incriminatoria hasta elevarlas a la categoría de indicios racionales de criminalidad". A la vista de la suspensión de la inmunidad parlamentaria de Alvise, adoptada por la Eurocámara, la Fiscalía interesó que se alzara la suspensión del procedimiento acordada al amparo del artículo 753 de la LECrim y que continuara la tramitación de la causa conforme a los artículos 779.1.4º y 780 y siguientes de la LECrim, frente a los investigados Luis Pérez Fernández y Álvaro Romillo Castillo.

El auto recoge asimismo que, por diligencia de ordenación de 2 de julio de 2026, se tuvo por decaído el trámite a los procuradores de ambos investigados —Andrea de Dorremochea Guiot, en representación de Pérez Fernández, y José Andrés Peralta de la Torre, en representación de Romillo Castillo— al haber precluido el plazo sin cumplimentar el traslado.

El instructor ha ordenado dar traslado de la resolución a la Letrada de la Administración de Justicia de la Sala para que proceda a tramitar la práctica de las diligencias acordadas, y ponerla en conocimiento del Ministerio Fiscal y del resto de partes personadas.

El Gobierno andaluz ha elevado a 12 el número de personas fallecidas en el incendio forestal que se declaró ayer tarde en la localidad almeriense de Los Gallardos, después de que se localizara un segundo cuerpo bajo uno de los cadáveres ya contabilizados. Además de los fallecidos, hay otras 23 personas que continúan sin ser localizadas. El incendio afecta en estos momentos a los términos municipales de Los Gallardos, Bédar y Antas, y el Gobierno andaluz ha señalado que tardará "varios días" en quedar controlado.

Unas 600 personas siguen desalojadas de sus casas. Los últimos han sido unos 120 vecinos evacuados durante la madrugada, que se suman a los que fueron desalojados ayer tarde de la barriada de Almocáizar, de Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena y las viviendas pertenecientes al Pinar de la localidad cercana de Bédar. De todos ellos, 74 personas se han albergado en el teatro de Lubrín y otras 74 en el teatro de Garrucha.

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El presidente de la Junta de Andalucía, @JuanMa_Moreno, comparece ante los medios desde el Puesto de Mando Avanzado por el incendio #IFLosGallardos en Almería.

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— Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) July 10, 2026

El Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (GIPED) ha habilitado el teléfono 677904624 para la atención a los familiares de las personas afectadas por el incendio, y ha entrado en funcionamiento un centro de atención a familiares en el edificio de usos múltiples de Mojácar.

Además de los doce fallecidos, hay cuatro heridos graves por quemaduras e inhalación de humo que fueron evacuados al Hospital de Torrecárdenas, y para los que se está valorando el traslado al hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Otras cuatro personas más fueron asistidas sobre el terreno por patologías respiratorias y quemaduras leves.

En cuanto a las carreteras, permanece cortada la AL-6109, del kilómetro 0 al 8, para facilitar los trabajos de extinción. La N-340A a la altura del kilómetro 511 y la A-7, que permanecía cortada entre el kilómetro 709 y el 714, ya han quedado abiertas al tráfico.

Un dispositivo del Plan Infoca ha estado trabajando durante toda la noche y a primera hora de la mañana se han sumado los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que están ya desplegados sobre el terreno.

El consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, como director del Plan Infoca, ha informado de que, a esta hora, los frentes del incendio no están avanzando, pero hay que estar muy pendientes del cambio de viento previsto para las 10.00 horas. Durante la mañana, los trabajos se centran en el frente izquierdo del incendio, el cercano al Centro Budista de la Comunidad, donde no se ha podido actuar por la noche al ser imposible el acceso. Durante la madrugada se ha actuado con fuego técnico sobre la cabeza del incendio, que ha afectado ya hasta 3.150 hectáreas. Para estos trabajos se han incorporado 17 medios aéreos (seis helicópteros y siete aviones) y ya actúan en el lugar 150 efectivos de Infoca y cuatro autobombas.

La Junta de Andalucía mantiene activada la fase de emergencia, situación operativa 2, del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) en la provincia de Almería, ante la evolución y gran potencial del incendio declarado.

Incendio urbano forestal en Benahavís

Por otro lado, en el incendio urbano forestal declarado también en la tarde del jueves en la localidad malagueña de Benahavís, la dirección de la emergencia ha autorizado el regreso a sus viviendas de todos los vecinos de la urbanización Flamingos, un total de 1.109, con total seguridad. Continúan evacuados los vecinos de la urbanización Parque Botánico, y sigue vigente el confinamiento preventivo de los vecinos de la urbanización Montemayor, decretado esta madrugada, 687 personas.

En este caso, se ha habilitado el polideportivo de la localidad para atender a los desalojados que lo necesiten, y Cruz Roja ha dispuesto medio centenar de camas, aunque la mayoría se han realojado en casa de familiares, amigos y en establecimientos hoteleros de la zona.

En este incendio ya no quedan carreteras cortadas al tráfico, después de que se abriera a la circulación la AP-7, que permaneció cortada entre los kilómetros 1054 y 1070 (sentido Cádiz).

En estos momentos trabajan unos 170 efectivos de Infoca por tierra y 10 autobombas, y a las 10.00 horas se incorporaron los medios aéreos. El incendio evoluciona favorablemente y ya no hay llama en el perímetro.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, como director del Plan Infoca, elevó a las 17.30 horas a fase de emergencia, situación operativa 1, el plan ante la evolución del incendio forestal declarado y localizado inicialmente en Estepona (Málaga), que finalmente se ha ubicado en Benahavís.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido este martes con "calma y paciencia" a las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien horas antes había calificado a España de "causa perdida" y "aliado terrible", además de sugerir al secretario general de la OTAN que expulsara al país de la Alianza Atlántica por no comprometerse a alcanzar el 5% del PIB en gasto de defensa.

Preguntado por estas declaraciones durante la cumbre de la OTAN, Sánchez ha explicado que tuvo ocasión de mantener una charla informal con Trump, posterior a la rueda de prensa ofrecida por el mandatario estadounidense, en la que hablaron de fútbol y del próximo Mundial que se celebrará en Estados Unidos. "Ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto no ha habido ningún tipo de tirantez. Al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad", ha señalado el presidente.

Sobre las críticas de Trump, conocidas por el Ejecutivo a través de los medios de comunicación mientras esperaban al inicio de la cumbre, Sánchez ha pedido "calma y paciencia" y ha defendido que, al margen de este tipo de declaraciones, "las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas".

El presidente ha recordado que España sufre un déficit comercial con Estados Unidos, a diferencia de otros países europeos que mantienen superávit, y ha insistido en que la política comercial es una competencia exclusiva de las instituciones comunitarias. "Somos un bloque comercial y es con la Comisión Europea con quien hay que negociar todos los acuerdos comerciales, incluso también las tarifas o los aranceles que la Administración estadounidense ha impuesto a la Unión Europea", ha explicado, subrayando que España ha mantenido "una actitud absolutamente constructiva" de apoyo a Bruselas para alcanzar un acuerdo.

Sánchez ha añadido que, como socialdemócrata, considera que "las relaciones comerciales se tejen entre empresas, entre gobiernos, entre estados", y ha defendido que España "es un país que trabaja por tener las mejores relaciones con todos los países, sobre todo con países aliados con los que tenemos lazos muy consolidados", vínculos que, ha dicho, han trascendido la orientación ideológica de los distintos gobiernos a ambos lados del Atlántico a lo largo de las décadas.

Aprovechando la pregunta, el presidente ha felicitado además al pueblo americano por el 250 aniversario de su independencia.

Por su parte, respecto al gasto en defensa, Sánchez ha destacado el esfuerzo realizado por España para pasar del 0,9% al 2% del Producto Interior Bruto desde 2018, subrayando que "los datos son los datos".

Preguntado también por si ha echado en falta un mensaje de apoyo público a España por parte del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ante los descalificativos de Trump, el presidente no llegó a responder directamente a esta cuestión antes de que la rueda de prensa continuara con nuevas preguntas sobre la participación española en la nueva misión de la Alianza en el Ártico.

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado que la disposición adicional décima de la ley de Extranjería no permite aplicar el rechazo en frontera, conocido también como "devoluciones en caliente", a los migrantes interceptados en alta mar que pretenden entrar a nado en las ciudades de Ceuta y Melilla. La Sala considera que a estas personas debe aplicárseles el procedimiento de devolución previsto en el artículo 58.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

El tribunal fija esta doctrina jurisprudencial en una sentencia en la que examina el caso de un inmigrante de nacionalidad argelina que recurrió la decisión administrativa por la que fue entregado a las autoridades de Marruecos, después de ser interceptado en alta mar el 14 de noviembre de 2024 cuando, junto a otras dos personas, intentaba entrar a nado en Ceuta.

En su recurso, el afectado alegaba que dicha actuación constituía una vía de hecho, al ejecutarse sin procedimiento ni resolución y omitiendo sus derechos de asistencia letrada y de protección internacional. Solicitaba una indemnización de 6.000 euros por los daños morales causados, así como el reconocimiento, como situación jurídica individualizada, de la adopción de las medidas necesarias para lograr su retorno y readmisión en España.

Un juzgado de Ceuta y, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le dieron la razón, salvo en la petición de indemnización, al entender que quien entra por mar, como en este caso a nado, no supera un elemento de contención fronterizo, por lo que no era aplicable la disposición adicional décima de la ley de Extranjería a las interceptaciones en el mar. Un criterio que ahora comparte también el Tribunal Supremo.

Quien entra a nado no supera un elemento de contención fronterizo

La Sala interpreta la disposición adicional décima de la citada ley teniendo en cuenta dos sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional sobre esta cuestión. Dicha disposición establece que los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España.

Para los magistrados, el régimen especial de Ceuta y Melilla, concretado en el rechazo en frontera, no está contemplado con carácter general en la disposición para todos los extranjeros que intentan cruzar irregularmente la frontera, sea terrestre o marítima, "sino solo para aquellos que intentan hacerlo superando los elementos de contención fronterizos establecidos, como las vallas".

La Sala señala que "no cabe equiparar tales elementos de contención con los dispositivos tecnológicos de control fronterizo —como drones, cámaras térmicas o sensores— que, en principio (y salvo que se demuestre lo contrario), no cumplen una función material de contención, sino de vigilancia, detección y alerta, permitiendo detectar la presencia de personas, pero no impedir físicamente el cruce de la línea fronteriza, ni retener a quienes lo intentan".

No obstante, indica el tribunal, dado que la disposición adicional décima se refiere a los "elementos de contención fronterizos" y no exclusivamente a los elementos de contención terrestres ni, específicamente, a las vallas, "nada impediría que, de establecerse elementos de contención en el mar para proteger la línea fronteriza, pudiera ser de aplicación la referida disposición adicional décima a quienes pretendieran cruzar irregularmente la frontera superando esos elementos de contención marítimos".

Al aplicar la doctrina establecida al caso examinado, la Sala desestima el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que sostenía que el rechazo en frontera de este inmigrante había sido plenamente ajustado a derecho.

La Sección Quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha decidido no adoptar la medida cautelar de suspensión solicitada por la Generalitat Valenciana y la Comunidad Autónoma de Aragón contra el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, por el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 para facilitar la regularización extraordinaria de extranjeros en España mediante autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales.

La decisión se produce en el marco de las piezas de medidas cautelares de los recursos contencioso-administrativos interpuestos por ambas comunidades autónomas (recursos 109/2026 y 120/2026), en los que se impugna dicho real decreto. La Sala ha optado por no suspender la ejecutividad de la norma, remitiéndose para ello a las razones ya expuestas en los autos dictados en los recursos 98/2026 y 100/2026.

En cuanto al planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, solicitado también por las partes recurrentes, la Sala considera que, atendidas las alegaciones presentadas y una vez acordada la no suspensión en estos autos, no resulta pertinente plantear dicha cuestión en este momento procesal.

Las decisiones adoptadas no han contado con votos particulares discrepantes. Los autos serán notificados a las partes en los próximos días.

Vito Quiles, comunicador y agitador ultra convertido en símbolo de confrontación contra el Gobierno de Pedro Sánchez, ha anunciado que no piensa entregarse a la Justicia pese a la orden de búsqueda y captura dictada por un juez español. En declaraciones al diario El Mundo, Quiles sostiene que “no voy a entregarme ni a exponerme a ser detenido, como quiere el Gobierno, hasta nuevo aviso”, insistiendo en que el Ejecutivo de Sánchez le quiere “preso” y denunciando lo que califica como una “cacería judicial” contra su persona.

Según relata al citado periódico, Quiles afirma haber recibido “el apoyo expreso” del presidente de Argentina, Javier Milei, que le habría ofrecido protección diplomática si su situación se agrava. “He recibido el respaldo de Milei y su ofrecimiento para resguardarme en la embajada argentina en España si viera que la situación se agrava”, declara al diario, utilizando ese apoyo internacional como parte de su relato de víctima de persecución política. La mención a la embajada argentina le sirve para elevar el conflicto al plano exterior y presentarse como comunicador perseguido al que un líder extranjero tiende la mano frente a un Gobierno que, según su discurso, estaría actuando contra la libertad de expresión.

No me voy a entregar al gobierno de Sánchez. Fin. pic.twitter.com/Jzmkw8Godp

— Vito Quiles ?? (@vitoquiles) July 1, 2026

Detrás de esa narrativa, sin embargo, se encuentra una situación judicial compleja: Quiles acumula varias causas abiertas en España por delitos como injurias, calumnias, revelación de datos personales y presunto acoso a cargos públicos, responsables políticos y otras figuras mediáticas. Las resoluciones y citaciones que ha venido recibiendo se enmarcan en procedimientos penales iniciados por denuncias concretas, en los que jueces y denunciantes sostienen que sus actuaciones han vulnerado derechos fundamentales de terceros. La orden de búsqueda y captura responde precisamente a la reiterada incomparecencia de Quiles ante los llamamientos judiciales, después de que haya desatendido varias citaciones para declarar.

Pese a ello, el comunicador insiste en presentar su caso como un ejemplo de persecución impulsada por el Gobierno, y no como la consecuencia de procesos legales motivados por sus propias acciones. 

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dado un salto inédito en la crisis del ‘caso Leire’ al imputar a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, por presunta prevaricación y obstrucción a la justicia.

Según fuentes jurídicas, González se convierte así en la primera directora general de la Guardia Civil encausada penalmente por conspirar presuntamente contra sus propios agentes, un hito que agrava la fractura interna en el Instituto Armado.La decisión de Pedraz llega apenas horas después de que Anticorrupción reclamara su imputación, evidenciando la sintonía entre el criterio de la Fiscalía y el del instructor en esta fase de la causa.

La relación Mercedes González–Leire Díez

El núcleo de la imputación pasa por la secuencia de reuniones entre Mercedes González y Leire Díez, a quien la investigación sitúa al frente de una trama de espionaje, coacciones y sobornos diseñada para blindar al entorno del Gobierno frente a investigaciones por corrupción. Informes de la UCO incorporados al sumario apuntan a varios encuentros en los que Díez habría pedido a la directora que iniciara actuaciones internas contra los agentes que investigaban casos que afectaban al PSOE y al círculo de Pedro Sánchez, incluida la UCO.

Los investigadores dan credibilidad a las 'bravuconadas' de Díez cuando presume ante terceros de su “influencia” sobre la máxima responsable de la Guardia Civil, y vinculan esa relación con la apertura de expedientes internos por supuestas filtraciones en causas como las de Koldo García, Begoña Gómez o el hermano del presidente. La Fiscalía entiende que, si se confirma que esas actuaciones se tomaron para contentar a la red de Díez y no por criterios objetivos, podrían encajar en un delito de prevaricación administrativa y constituir una forma de obstrucción a la labor de la UCO.

El papel del DAO y la ofensiva contra la UCO

La imputación del DAO, Manuel Llamas, sitúa el foco en el corazón operativo de la Benemérita, donde se decide qué se investiga, cómo y con qué medios. Los indicios lo relacionan con las maniobras para abrir investigaciones internas contra la UCO por presuntas filtraciones, en paralelo a las presiones que describen mandos de la unidad para “ponerse de perfil” en las pesquisas sobre el hermano del presidente.

Para la acusación popular, el DAO forma parte de una cadena de mando que habría permitido, cuando menos, que la red de Díez utilizara los resortes disciplinarios de la Guardia Civil como herramienta de desgaste sobre los investigadores más incómodos. Si Pedraz confirma ese patrón, el caso podría evolucionar desde el terreno de la prevaricación aislada hacia el de una estructura estable de corte parapolicial al servicio de intereses políticos, con la cúpula de la Benemérita como eslabón clave.

El choque político: del Senado a Génova

Este nuevo terremoto judicial llega después de semanas de tensión política, con la directora de la Guardia Civil compareciendo en el Senado para dar explicaciones por sus contactos con Leire Díez y acusando a “pseudomedios” de amplificar un “ruido mediático” interesado. En aquella sesión, González evitó detallar el contenido de algunas reuniones y negó cualquier interferencia en investigaciones judiciales, una versión que hoy choca con la lectura que hace Anticorrupción de los chats, agendas y testimonios de la UCO.

El PP ha convertido el ‘caso Leire’ en otro ariete contra el Gobierno: reclama la dimisión inmediata de González y de Marlaska, habla de “delincuencia de Estado” y acusa al PSOE de utilizar el aparato institucional para proteger al presidente y a su entorno.

Desde Interior, Fernando Grande-Marlaska mantuvo esta misma semana el respaldo a la cúpula de la Guardia Civil y reivindica la “ejemplaridad y honestidad” de su directora, negando cualquier intromisión en las investigaciones y atribuyendo el escándalo a una utilización política de la causa. Grande Marlaska reconoció además en el Senado que sí sabia que la directora se había reunido con Leire, desdiciendose así de lo que aseguró en su momento en sede parlamentaria. 

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha decidido abrir causa contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, más conocido como Alvise, por un presunto delito de desorden público relacionado con mensajes publicados en su canal de Telegram durante las protestas agrícolas de febrero de 2024. La instrucción recae, según el turno establecido, en la magistrada Carmen Lamela. Se trata ya de la sexta causa que el Alto Tribunal abre al eurodiputado.

El origen de la investigación está en una serie de publicaciones que, a juicio de la Sala, van más allá de la simple crítica política o la adhesión a una protesta sectorial. Según recoge el auto, esos mensajes, leídos en conjunto y en su contexto temporal, contienen llamamientos repetidos a ocupar, bloquear y colapsar carreteras, accesos a ciudades, centros logísticos, puertos, refinerías y nodos de distribución. También proponían usar vehículos particulares para reforzar los cortes de tráfico, hacían referencia a aprovechar la falta de efectivos policiales y planteaban fórmulas de coordinación colectiva con capacidad, según el tribunal, de afectar gravemente al orden público.

El Supremo se cuida de matizar los límites de su razonamiento. Reconoce que la libertad de expresión, la libertad ideológica y el derecho de participación política amparan con especial intensidad el discurso crítico hacia el Gobierno, la denuncia de actuaciones policiales o la simple convocatoria de protestas. Sin embargo, subraya que esa protección no cubre automáticamente los llamamientos directos y de difusión pública a conductas que, por su magnitud, organización y el riesgo que generan, puedan constituir un desorden público agravado.

El auto precisa además un matiz importante: la imputación no se basa en los comentarios violentos que terceros pudieran haber vertido en el canal, sino en las publicaciones atribuidas directamente al espacio de Telegram controlado por el propio eurodiputado, y en su capacidad para incitar públicamente al bloqueo, al colapso y al enfrentamiento con los poderes públicos.

El recorrido judicial de esta causa no ha sido lineal. El Supremo la devolvió inicialmente al Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, que había remitido una exposición razonada el 17 de marzo de 2025. El motivo de la devolución fue la falta de una mínima labor instructora que permitiera comprobar si Alvise estaba realmente al frente del denominado "Canal Alvise", lo administraba o lo controlaba.

Ante esa exigencia, el juzgado pidió un informe a la Comisaría General de Información sobre la titularidad, administración y control del canal. El resultado de esa diligencia es lo que ahora permite a la Sala afirmar, en este momento procesal, que existen indicios suficientes de que Pérez Fernández estaba al frente del canal, que este se identificaba públicamente con su persona, que el propio investigado había reconocido en varias ocasiones su vinculación con él, y que funcionaba como instrumento de difusión directa de contenidos audiovisuales y escritos dirigidos a una audiencia muy amplia.

La Sección Quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dictado dos providencias, una en el recurso interpuesto por la Comunidad Valenciana y otra en el promovido por Aragón, en las que abre la puerta a plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial sobre el Real Decreto 316/2026, la norma que ha permitido la regularización de cientos de miles de personas extranjeras en situación irregular en España.

La decisión llega en una fecha especialmente sensible: este martes concluye precisamente el plazo para acogerse a ese proceso de regularización, que según los últimos datos ha superado ya el millón de solicitudes presentadas. El Alto Tribunal, no obstante, no se pronuncia todavía sobre el fondo del asunto ni suspende cautelarmente la norma; se limita, antes de resolver sobre las medidas cautelares solicitadas por ambas comunidades autónomas, a abrir un trámite de audiencia de cinco días para que las partes valoren si procede elevar la consulta a Luxemburgo.

En sus resoluciones, fechadas el 24 de junio y firmadas por el presidente de la Sala, Carlos Lesmes Serrano, junto a los magistrados Wenceslao Francisco Olea Godoy y Fernando Román García —ponente de ambas providencias—, el tribunal plantea hasta seis bloques de dudas sobre la compatibilidad del decreto con el derecho comunitario.

El núcleo de la controversia se centra en las disposiciones adicionales 20ª y 21ª del Reglamento de Extranjería, que permiten regularizar a quienes presentaron una solicitud de protección internacional antes del 1 de enero de 2026, o que simplemente se encontraran en España antes de esa fecha, archivando incluso órdenes de expulsión ya confirmadas judicialmente. El Supremo se pregunta si ese régimen puede chocar con el Reglamento europeo 2024/1348 sobre protección internacional, que entró en vigor el pasado 12 de junio, y con la Directiva de Retorno de 2008, que España nunca llegó a transponer formalmente.

La Sala también plantea si una medida de este calado —con un impacto estimado entre 900.000 y 1,65 millones de personas, según recoge la propia providencia— puede aprobarse mediante una norma reglamentaria, sin necesidad de notificación previa a la Comisión Europea ni coordinación con el resto de Estados miembros, en un contexto en el que el Pacto de Migración y Asilo impone expresamente el principio de solidaridad y reparto equitativo de responsabilidades entre los socios comunitarios.

Por último, los magistrados cuestionan si el hecho de conceder a estas personas una autorización de residencia que, automáticamente, habilita la libre circulación por el espacio Schengen durante noventa días, resulta compatible con el Código de Fronteras Schengen y con el principio de cooperación leal entre Estados miembros, dado que tampoco consta coordinación previa con los demás países del espacio europeo de libre circulación.

El trámite abierto no implica, de momento, ninguna paralización de la regularización ni afecta a las solicitudes ya presentadas o en tramitación. Será una vez transcurrido el plazo de alegaciones cuando la Sala decida si efectivamente formula la cuestión prejudicial ante el TJUE y, en paralelo, resuelva sobre la petición de medidas cautelares planteada por Valencia y Aragón contra el decreto.

El Consejo de Ministros ha aprobado un segundo Real Decreto-ley en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio que prorroga tres meses las medidas de alivio fiscal en energía y carburantes aprobadas en marzo, aunque con una retirada progresiva conforme avanza el verano. El paquete moviliza 1.825 millones de euros este año y otros 2.700 millones en ahorro fiscal previsto para 2027 y 2028.

La principal novedad es la rebaja escalonada del Impuesto sobre Hidrocarburos: 15 céntimos por litro en julio, 10 en agosto y 5 en septiembre, lo que se traduce en un ahorro estimado de 939 millones de euros y se traducirá en un abaratamiento directo en el precio de las gasolinas y el gasóleo. El decreto incluye además un mecanismo de salvaguarda: si el IPC de los carburantes superara en más de un 15% el del mismo mes del año anterior, la rebaja podría ampliarse hasta los 20 céntimos por litro en agosto y septiembre.

En materia de electricidad y gas, el decreto no mantiene de forma automática las rebajas del IVA —del 21% al 10%— ni la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad —del 5,1% al 0,5%— que estuvieron vigentes durante el primer semestre, pero establece un mecanismo para reactivarlas en agosto y septiembre si los precios se encarecen más de un 15% respecto al mismo periodo de 2025.

Agricultores y transportistas, protegidos hasta finales de septiembre

El decreto amplía igualmente hasta el 30 de septiembre las ayudas extraordinarias al gasóleo agrícola y al gasóleo profesional para empresas de transporte por carretera, incluyendo autónomos, sociedades con licencias de transporte y titulares de autobuses urbanos. Todas estas ayudas son gestionadas por la Agencia Tributaria.

El impuesto a la producción eléctrica, camino de su desaparición

En el ámbito estructural, el decreto establece reducciones crecientes en el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica: un 30% en el tercer trimestre de 2026 y un 40% en el cuarto, con un ahorro de 315 millones este año. El tipo pasará del 7% actual al 3,5% en 2027 y quedará fijado en el 0% a partir de 2028, cuando el Gobierno prevé que los costes del sistema eléctrico se habrán reducido a la mitad.

El decreto incluye también medidas para acelerar el despliegue de renovables, agilizar la repotenciación de líneas eléctricas e incorporar baterías en territorios no peninsulares, y amplía las facultades de la CNMC para supervisar el funcionamiento del mercado de carburantes y exigir información a mayoristas y minoristas de la cadena de distribución.

El Tribunal Supremo ha ratificado la sanción de 13,5 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) a Indra por su participación en un cártel que manipuló durante una década licitaciones públicas de servicios tecnológicos en España.

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso de la compañía y confirma así tanto la resolución de la CNMC de julio de 2018 como la posterior sentencia de la Audiencia Nacional, que ya había rechazado todos los argumentos de Indra en su demanda.

Según quedó acreditado, las empresas implicadas operaban mediante un sistema sofisticado de coordinación: obtenían información anticipada de las licitaciones a través de contactos dentro de las propias administraciones convocantes, formalizaban acuerdos privados de reparto no comunicados a la Administración y se comprometían a no presentar ofertas alternativas entre sí. Un mecanismo de compensaciones internas servía para corregir las desviaciones sobre los porcentajes de facturación pactados. Los organismos afectados incluyen la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Indra alegó la implicación de las administraciones, pero el Supremo lo rechaza

La estrategia defensiva de Indra se centró en señalar que la CNMC no había investigado el papel de las propias administraciones convocantes en la trama, pese a que la resolución sancionadora reconocía que estas tuvieron cierta incidencia en la conducta. La empresa sostenía que esa falta de investigación le había impedido acreditar una posible exención de responsabilidad.

El Supremo rechaza este argumento con claridad: la excepción legal que invocaba Indra depende exclusivamente de los efectos económicos del acuerdo, no de la intervención de ningún poder público, y la carga de probarla recaía sobre la propia empresa. "La sanción se sustenta en la propia conducta de aquella, acreditada en la instancia, sin que la falta de investigación afecte a su validez ni a su graduación", señala la resolución.

La sentencia sienta además doctrina sobre esta cuestión al declarar que la eventual responsabilidad de las administraciones contratantes no excluye ni atenúa las sanciones impuestas a las empresas participantes en el cártel.

María Gertrudis Alcázar Jiménez,conocida como 'Gertru', y administrativa que ha trabajado durante 26 años en la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, compareció este lunes ante la Comisión de Investigación del Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), pero se negó a responder a ninguna de las preguntas formuladas por los grupos parlamentarios, amparándose en su condición de investigada en la Audiencia Nacional y en el derecho a no declarar contra sí misma reconocido en el artículo 24 de la Constitución.

Alcázar Jiménez, que figura como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, explicó al inicio de la sesión que actuaba siguiendo asesoramiento jurídico. "Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta Comisión, sino como algo coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita", señaló en la única intervención que realizó durante toda la sesión.

Un extenso relatorio de correos y mensajes

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular y proponente de la comparecencia, la senadora María del Rocío Dívar Conde, abrió el interrogatorio con un extenso repaso al contenido del auto judicial del juez Alhama, que a su juicio retrata a Alcázar Jiménez no como una simple secretaria de agenda, sino como "el nodo central por el que circulaban las comunicaciones y la documentación de la oficina del señor Zapatero".

Dívar Conde puso el foco en una serie de correos electrónicos recogidos en el auto en los que, según expuso, Alcázar Jiménez habría preguntado al destinatario de facturas qué concepto debía figurar en ellas y qué importe había que consignar, en lugar de ser el prestador del servicio quien determinara esos datos. "Quien ha prestado un servicio real no pregunta cuánto dinero debe cobrar, porque ya lo sabe", argumentó la senadora popular, quien citó expresamente un correo del 29 de marzo de 2022 en el que, según el auto, Alcázar escribía: "Si tengo que poner más importe, con lo que me dio el lunes, lo envío firmada".

La portavoz popular también aludió a mensajes en los que Zapatero habría pedido a su administrativa que recopilara información sobre viajes a Venezuela y sobre facturas de la consultora Análisis Relevante tras la detención de Julio Martínez Martínez, conocido como Julito, y preguntó si esa recopilación formaba parte de una estrategia de defensa coordinada. Asimismo, se refirió a las joyas intervenidas en la caja fuerte del despacho de Zapatero, valoradas pericialmente en más de 1,3 millones de euros, y cuestionó la explicación que Alcázar habría dado a los agentes en el momento del registro, atribuyendo su origen a herencias y regalos de viajes.

La senadora popular anunció que Alcázar volverá a ser citada

Al término de su turno, Dívar Conde anunció que el Grupo Parlamentario Popular instará a que Alcázar Jiménez sea convocada de nuevo ante la Comisión. "El silencio no hace desaparecer los hechos, porque los documentos hablan, hablan los correos, hablan los mensajes, hablan las reuniones, hablan las facturas", afirmó, antes de advertir de que el grupo no aceptará "que el silencio se convierta en una forma de eludir el control parlamentario".

La senadora del PP también preguntó por reuniones de Zapatero con miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, entre ellas una que, según afirmó, habría tenido lugar en el Palacio de la Moncloa un domingo —el 30 de noviembre de 2025— con la vicepresidenta primera María Jesús Montero y el ministro Félix Bolaños, entre otros, apenas días antes de la detención de Julio Martínez.

Gómez Enríquez y Caballero Martínez apuntan al papel de Alcázar como "soporte operativo"

La senadora del Grupo Mixto Paloma Gómez Enríquez incidió en la descripción que el auto judicial hace de Alcázar Jiménez como "pieza operativa esencial" y "soporte administrativo financiero clave de la trama", y le preguntó, sin obtener respuesta, por su relación con Cristóbal Cano, por los contactos con empresas del Ibex y por su presunto papel en la constitución de sociedades instrumentales vinculadas al entorno de Zapatero, incluida la empresa de las hijas del expresidente.

La senadora de UPN (Grupo Mixto) María Caballero Martínez instó a la compareciente a reflexionar sobre su situación procesal y señaló que "su futuro judicial va a estar ligado a su jefe", al tiempo que le recomendó que, llegado el momento de declarar ante el juez, optara por colaborar con la justicia.

El PSOE denuncia un "juicio paralelo"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Amparo Marco Gual, rechazó de plano el planteamiento de los grupos proponentes y denunció que la Comisión se ha convertido en "un instrumento al servicio de la estrategia del Partido Popular" y en "un juicio paralelo donde no se cumplen las mínimas garantías procesales". La senadora socialista reivindicó la legalidad del rescate de Plus Ultra durante la pandemia, validado según sostuvo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado, y defendió que Alcázar Jiménez estaba ejerciendo un derecho constitucional al guardar silencio.

La intervención de Marco Gual derivó en varios llamamientos al orden por parte de la presidenta de la Comisión, la navarra Ana Beltrán que le requirió en varias ocasiones que reconduciese sus palabras hacia el objeto de la comparecencia.

La sesión concluyó sin que la compareciente realizara uso del turno final de tres minutos que le fue ofrecido.

Los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil han protagonizado una semana de intensa actividad en el Pirineo oscense, con varias intervenciones entre el 22 y el 28 de junio en las que ciudadanos navarros se han visto implicados en circunstancias muy distintas.

La semana arrancó el lunes 22 con el rescate de tres senderistas agotados en la Brecha de Llorás, en el Parque Natural Posets-Maladeta. De un grupo de nueve personas, tres no podían continuar debido al cansancio, presentando además cortes leves y un esguince de rodilla. El GREIM de Benasque, la Unidad Aérea y el médico del 061 los evacuaron en helicóptero hasta la helisuperficie de Benasque. Entre ellos, un vecino de Pamplona de 62 años.

El incidente de mayor gravedad con implicación navarra llegó el viernes 26, cuando a las 15:45 horas se recibió aviso de un desprendimiento de rocas en el Refugio de Goriz, en el corazón del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Una joven de 28 años vecina de Alsasua sufrió laceraciones profundas y escoriaciones en la pierna tras el impacto. Los especialistas del GREIM de Boltaña y la Unidad Aérea de Benasque la evacuaron hasta la Pradera de Ordesa y fue trasladada posteriormente en ambulancia al Hospital San Jorge de Huesca.

Apenas media hora después, ese mismo jueves a las 16:20 horas, un nuevo aviso situaba a otro grupo con vecinos navarros en apuros. Un grupo de cinco menores y tres monitores que realizaban senderismo entre Secastilla y Torreciudad tuvo que ser rescatado por agotamiento, deshidratación y un posible esguince de tobillo de una de las jóvenes. Entre los monitores figuraban dos vecinos de Cizur: un ciudadano de República Dominicana de 29 años y otro de Uganda de 26. Los menores, de entre 12 y 15 años y procedentes de Madrid y San Sebastián de los Reyes, fueron atendidos en el lugar por el GREIM de Boltaña, la Unidad Aérea de Huesca y los servicios médicos del 061, y pudieron continuar por sus propios medios tras recibir asistencia sanitaria.

Una semana que, más allá de los casos con implicación navarra, deja un balance global de decenas de intervenciones en todo el Pirineo aragonés y que recuerda, en pleno inicio del verano, la importancia de una preparación física y material adecuada antes de adentrarse en la montaña.

La Guardia Civil ha detenido en Alicante a un ciberdepredador sexual en serie al que se le imputan 36 delitos contra la libertad sexual cometidos contra víctimas menores de 16 años. El arrestado empleaba el grooming, una técnica de engaño online para ganarse la confianza de los menores y conseguir que le enviasen imágenes íntimas.

Operación Achillea: investigación contra la explotación sexual infantil en redes sociales

La investigación, bautizada como operación Achillea, comenzó a raíz de una denuncia interpuesta por una víctima residente en la isla de Gran Canaria en 2024. Las pesquisas iniciales permitieron al Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil en Santa María de Guía registrar el domicilio del sospechoso en tierras alicantinas.

En la vivienda se intervinieron más de 200 dispositivos de almacenamiento de datos entre teléfonos móviles, ordenadores, discos duros externos y memorias USB. El análisis de este material tecnológico ha destapado una colección privada de archivos de vídeo e imágenes pedófilas que alcanzaba una capacidad total de 18.000 Gigabytes.

A través del examen de estos soportes informáticos, los agentes han logrado identificar hasta la fecha a más de 20 víctimas especialmente vulnerables, con edades que parten desde los 8 años, distribuidas por todo el territorio nacional y diversos puntos del extranjero.

Delitos informáticos y el peligro del perfil falso de Juan en las aplicaciones de mensajería

El modus operandi del acusado combinaba el engaño continuo y la manipulación emocional durante más de una década. El detenido operaba en redes sociales y aplicaciones de mensajería bajo la falsa identidad de un menor de edad llamado Juan. Con este perfil ficticio entablaba relación con las víctimas, llegando a convertirse en "novio" de algunas de ellas para que se fotografiaran o grabaran realizando actos de carácter sexual. Tras recabar las pruebas documentales, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa María de Guía ha decretado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza para el autor de los hechos.

Consejos de seguridad digital y supervisión parental para la prevención del ciberacoso

Ante la proliferación de conductas delictivas en el entorno digital, la Guardia Civil reitera la necesidad de implantar medidas preventivas en los dispositivos familiares. Se recomienda configurar siempre perfiles cerrados en redes sociales y rechazar de forma sistemática solicitudes de amistad procedentes de personas desconocidas, aun cuando existan contactos comunes en la plataforma.

Asimismo, resulta fundamental evitar la difusión pública de datos sensibles como la ubicación en tiempo real, el nombre del centro escolar o los números de teléfono personales. La supervisión parental activa de las actividades online, complementada con una comunicación abierta en el hogar, constituye la principal barrera de protección para que los menores puedan alertar ante cualquier interacción que les resulte incómoda o sospechosa.

La Policía Nacional ha detenido a dos adultos y un menor de 16 años acusados de violar a tres jóvenes, una de ellas también menor de edad, en un piso de Zaragoza. Los detenidos, identificados como Aboubacar C. C. y Malik S. B., están vinculados a Blue Demons, una banda latina encuadrada dentro de los Crips que la Brigada de Información de la Policía Nacional tiene constatada en varias ciudades españolas, entre ellas Pamplona.

El Gobierno de Aragón ha respondido con celeridad. El vicepresidente y consejero de Bienestar Social, Alejandro Nolasco, ha anunciado que los servicios sociales autonómicos quedan a disposición de las víctimas y sus familias para prestarles "atención inmediata" y acompañarlas judicialmente "para que los culpables paguen con todo el peso de la ley".

Nolasco ha reclamado además al delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, que "facilite ya mismo todos los datos necesarios para ayudar a las víctimas y perseguir a los culpables".

Una banda con ramificaciones en varias ciudades

Blue Demons es un grupo de reciente implantación en España, vinculado a los Crips, banda nacida en Los Ángeles en la que originalmente predominaba la comunidad afroamericana. Según ha publicado el Heraldo de Aragón, la Policía Nacional tiene constatada su presencia en Sevilla, el sur de Madrid y Pamplona, además de Zaragoza, donde se ha producido esta agresión.

Pedro Sánchez compareció este sábado ante el Comité Federal del PSOE con un mensaje de continuidad y ambición: "En 2031 España será un país mucho mejor gracias a otros cuatro años más de gobierno progresista". El presidente del Gobierno aprovechó el cónclave interno para hacer balance de la legislatura, trazar objetivos para la próxima y abrir formalmente el proceso orgánico de primarias de cara a las elecciones generales de 2027.

Entre los compromisos para el próximo mandato, Sánchez enumeró que el 80% de la energía española provenga de fuentes renovables, la reducción del abandono escolar, el aumento del parque de vivienda pública, la erradicación de las listas de espera sanitarias y la garantía del poder adquisitivo de las pensiones. También avanzó una medida de calado simbólico: "La España de 2030 se atreverá a abolir la infamia de la prostitución". Y prometió blindar en una constitución del siglo XXI el matrimonio igualitario, el derecho al aborto y la sanidad pública.

Un balance de legislatura con 68 iniciativas

El líder socialista repasó ante los miembros del Comité Federal algunas de las más de 68 iniciativas aprobadas en lo que va de legislatura: la reforma constitucional para ampliar los derechos de las personas con discapacidad, la Ley ELA, la penalización de las terapias de conversión, el bono cultural, las inversiones en dependencia y vivienda o las ayudas desplegadas ante las crisis de precios derivadas de los conflictos en Ucrania, Gaza e Irán. Sánchez destacó también que España es el tercer país de la Unión Europea que más ha reducido las desigualdades en los últimos ocho años.

Transparencia frente a corrupción

En uno de los momentos más políticos de su intervención, Sánchez presumió de que el PSOE lidera el índice de transparencia entre partidos con 83 puntos, tras crecer más de 25 en doce meses, mientras PP y Vox se sitúan 50 puntos por debajo. "Esta es la realidad, nuestro compromiso no solo de palabra sino también de acción. PP y Vox no son el fin de la corrupción, sino su regreso", afirmó.

Sobre las informaciones que afectan a su entorno familiar, Sánchez denunció el patrón que ya describió en el Congreso: noticias falsas de medios afines a la ultraderecha que acaban convertidas en denuncias judiciales. Frente a ello, defendió que su gobierno "ha limpiado las instituciones" de tramas como la Gürtel o la Kitchen.

"Sin Vox no hay gobierno, con Vox hay desgobierno"

Con las elecciones de 2027 ya en el horizonte, Sánchez dibujó la batalla electoral como un enfrentamiento entre el modelo socialista y los gobiernos de coalición entre PP y Vox que existen en varias comunidades autónomas. "Sin Vox no hay gobierno y con Vox hay desgobierno. Solo el PSOE puede frenarlos", afirmó, y animó a la militancia con una apelación al coraje: "Todos a una, salimos a ganar y a gobernar".

El secretario general también tuvo palabras de solidaridad con Venezuela tras el terremoto y destacó el envío de ayuda humanitaria española para reforzar las tareas de rescate.

Cerró su intervención leyendo la carta de una militante valenciana cuyo padre, en sus últimos días de vida, encontraba consuelo al ver que las ideas socialistas seguían siendo defendidas. "Es lo que somos para millones de personas, un refugio y un baluarte", concluyó Sánchez.

La UCO señala presuntas irregularidades en contratos públicos de Red.es ligados a Juan Carlos Barrabés, empresario vinculado al entorno de Begoña Gómez, en un informe que apunta a posibles maniobras para favorecer su adjudicación. La investigación, todavía abierta, sitúa bajo la lupa varios expedientes de contratación y cuestiona el desarrollo de los procedimientos seguidos por el organismo público.

Según la información publicada, el informe de la Guardia Civil aprecia cambios en la valoración técnica de las ofertas, omisiones en la tramitación y correos internos que reflejarían una voluntad de orientar el resultado de los concursos hacia la empresa de Barrabés. Los investigadores sostienen que en determinados momentos se habrían alterado criterios o matices del proceso para reforzar la posición de la oferta finalmente beneficiada.[esdiario]

El foco está puesto en contratos adjudicados por Red.es en un contexto en el que la relación profesional de Begoña Gómez con Barrabés ya había generado atención judicial y mediática. La causa sigue instruida por el juez Juan Carlos Peinado, en un caso separado, que analiza si las recomendaciones firmadas por la esposa del presidente del Gobierno pudieron influir en la contratación pública o en el resultado de las licitaciones. Con todo, la esposa del presidenta Sánchez no está imputada en esta nueva pieza separada. 

Lo que apunta el informe

El documento, siempre según lo difundido hasta ahora, recoge indicios de que algunos procedimientos no se ajustaron de forma estricta a la normativa de contratación y que parte de la información relevante no se habría trasladado con transparencia al conjunto de licitadores. También se citan correos electrónicos en los que se habría pedido reservar determinados datos para que el resto de empresas no los conociera.

La tesis de la UCO, en esta parte de la investigación, es que la adjudicación pudo estar condicionada por decisiones previas que luego se justificaron documentalmente. Ese extremo es precisamente uno de los más delicados para la defensa de los investigados, porque la posible alteración del procedimiento afectaría no solo al resultado final, sino a la limpieza del concurso desde su origen.

Antecedentes del caso

El caso Begoña Gómez ha acumulado ya distintos informes y actuaciones judiciales desde que comenzaron las pesquisas sobre su actividad profesional y su relación con determinados proyectos empresariales y académicos. En informes previos, la UCO también había revisado contratos vinculados a Barrabés y a su entorno, con conclusiones menos concluyentes sobre irregularidades generales, aunque sí con observaciones sobre el volumen de adjudicación y la documentación disponible.

Además, otro análisis de la UCO centrado en la cátedra de Begoña Gómez señaló presuntas irregularidades en algunos contratos, al considerar que se tramitaron al margen del procedimiento establecido. Ese conjunto de informes ha ido dibujando una investigación cada vez más amplia, con derivadas políticas, judiciales y mediáticas.

Impacto político y judicial

El avance de estas pesquisas añade presión a un caso que ya tiene una fuerte lectura política por la cercanía de Begoña Gómez al presidente del Gobierno y por el posible uso irregular de recursos públicos en contratos sensibles. En paralelo, la instrucción judicial busca delimitar si hubo simplemente defectos administrativos o si existió una actuación coordinada para favorecer a una empresa concreta.

El exministro de Transportes y exsecretario de organización del PSOE José Luis Ábalos ha roto su silencio desde la cárcel de Soto del Real para valorar por primera vez la condena a 24 años y 3 meses de prisión que le impuso el Tribunal Supremo en el caso mascarillas por delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. Sus declaraciones, recogidas en un audio de 12 minutos remitido por su entorno y al que ha tenido acceso en exclusiva la Cadena SER, dibujan un retrato de quien se considera víctima de un proceso con "implicaciones políticas claras" y un resultado "predeterminado".

Sin hacer autocrítica ni reconocer los hechos, Ábalos califica la sentencia de "ejemplarizante" y alejada de la Justicia, y afirma que en este juicio "se ha castigado a lo político". Asegura que desde la instrucción se partió de una "hipótesis de culpabilidad" con el propósito de forzarle a una confesión que nunca llegó, y que esa negativa a pactar es la razón de la pena "desproporcionada y abultada" que ya "intuía", pero que, según afirma, no esperaban ni quienes le tenían más "inquina". "Podían haberse ahorrado el mes y medio de sesiones", sentencia.

El grueso de sus críticas apunta al papel de Víctor de Aldama, el empresario que actuó como confidente y cuyo testimonio sustentó en buena medida la acusación. Ábalos denuncia el "pacto" que Aldama alcanzó con la Fiscalía Anticorrupción, que le permitió salir indemne pese a ser, a su juicio, el verdadero responsable de la organización. "Ha confesado en interés propio, para alcanzar la impunidad en esta y el resto de causas, señalando solo a los políticos y protegiendo entre otros al personal de la Guardia Civil que daba soporte a su organización", afirma el exministro, que subraya además que Aldama continúa dedicado "a los mismos" negocios de hidrocarburos que le llevaron por primera vez a prisión por un supuesto fraude del IVA superior a los 200 millones de euros. "Corrupción también es la arbitrariedad de la desproporción y el premio al delator que no al arrepentido", concluye.

Ábalos critica igualmente que el Supremo no tuviera en cuenta los testimonios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que durante el juicio situó a Aldama en la cúspide de la organización bajo el principio de que "quien paga manda" y señaló que su confesión no había aportado nada relevante a la investigación porque los hechos ya habían sido descubiertos.

El exministro anuncia que recurrirá en amparo al Tribunal Constitucional por vulneración de sus derechos fundamentales, alegando entre otras cuestiones que no tuvo acceso a sus dispositivos, que el Supremo debió remitir su causa a la Audiencia Nacional cuando perdió el fuero, y que el acusado Koldo García no debió perder el derecho a la doble instancia.

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha decidido deducir testimonio a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid para investigar las filtraciones en el caso Plus Ultra. El objetivo es identificar a los responsables de estas filtraciones, que podrían tener un carácter delictivo debido a la gravedad de los hechos y su posible encaje en tipos penales relacionados con la revelación de actuaciones declaradas reservadas.

En un auto, el magistrado ha ordenado la creación de una pieza de 'información sensible'. Esta incluirá las grabaciones audiovisuales de las declaraciones de testigos e investigados, siendo accesible solo para el juzgado y el Ministerio Fiscal. Una vez practicadas las declaraciones, se facilitará a la acusación popular agrupada y a las defensas la transcripción del contenido, generada automáticamente por el programa de grabación. Sin embargo, si los abogados necesitan consultar detalles específicos, podrán hacerlo en la Secretaría del juzgado, sin recibir copia de las grabaciones hasta la posible apertura de juicio oral.

Como medida adicional, el juez ha decidido que solo la acusación popular agrupada bajo la dirección del PP tendrá acceso al Cloud. Calama recuerda que, durante la fase de instrucción, las actuaciones procesales son reservadas, salvo para las partes personadas, según el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta medida busca preservar la eficacia de la investigación, evitar interferencias y asegurar la integridad de las diligencias.

Filtraciones constantes y su impacto en el proceso judicial

El magistrado advierte que, desde que las actuaciones estuvieron disponibles para las partes a través del Cloud, se han producido filtraciones constantes e inmediatas a los medios. Ayer, el informe de la UDEF 2910/26 fue difundido íntegramente por diversos medios poco después de su publicación en el Cloud, a pesar de contener datos incompatibles con su difusión indiscriminada. Estos hechos podrían constituir una violación del deber de reserva inherente al secreto externo y podrían integrar ilícitos penales, como los previstos en los artículos 466 y 417, relacionados con la revelación de actuaciones procesales secretas o informaciones reservadas.

Calama subraya que la persistencia de estas filtraciones demuestra que las medidas actuales han sido insuficientes para garantizar la reserva de las actuaciones. Esto ha llevado al juzgado a adoptar nuevas medidas para garantizar el secreto externo y evitar que la publicidad ilícita de las actuaciones afecte tanto a la investigación como a los derechos de los investigados.

El caso Plus Ultra ha estado en el centro de la atención mediática debido a las filtraciones, lo que ha generado un clima de incertidumbre y preocupación en torno a la integridad del proceso judicial. El juez Calama busca con estas medidas asegurar que la investigación se lleve a cabo de manera efectiva y sin interferencias externas que puedan comprometer su desarrollo.

La decisión de limitar el acceso al Cloud solo a la acusación popular bajo la dirección del PP es una medida que busca reforzar la confidencialidad de las actuaciones y evitar nuevas filtraciones que puedan poner en riesgo la investigación. El magistrado espera que estas acciones contribuyan a mantener la reserva necesaria para el correcto desarrollo del proceso judicial.

Caracas amaneció este jueves bajo el impacto de dos fuertes terremotos que sacudieron Venezuela con apenas segundos de diferencia y dejaron una estela de destrucción en la capital, donde se registraron derrumbes de edificios, evacuaciones y escenas de pánico.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, los sismos alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5 y tuvieron su epicentro en el centro-norte del país, a gran distancia de la capital, pero con una intensidad suficiente para provocar daños generalizados en varias regiones. En Caracas, las autoridades reportaron colapsos parciales de estructuras, afectaciones en distintos sectores urbanos y cortes de suministro eléctrico.

Edificaciones colapsadas tras terremoto en zona central de Venezuela.

Imágenes de Caracas a las 7:02pm. pic.twitter.com/8uFFpo7Yql

— VVperiodistas (@VVperiodistas_) June 24, 2026

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la declaración de emergencia nacional y confirmó un primer balance de al menos 32 fallecidos y más de 700 heridos, aunque advirtió que la cifra podría aumentar conforme avancen los operativos de rescate. Rodríguez ordenó además la suspensión de clases y de las actividades no esenciales, mientras continúan las labores de evaluación en las zonas más afectadas. EEUU habla de que la cantidad de fallecidos puede superar los 10.000 en incluso llegar a 100.000 personas. 

Tenemos un objetivo central y esencial: salvar vidas en unión nacional, unidos vamos a superar esta tragedia. pic.twitter.com/OXlmrKZo9m

— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 25, 2026

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, pidió a la población actuar con “máxima prudencia” y reconoció daños importantes en Caracas, donde varias viviendas y edificios se vinieron abajo. Entre las infraestructuras afectadas figura el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que fue cerrado por los daños sufridos.

We thank U.S. President Donald Trump and his administration, who have been in constant contact with Venezuelan authorities, offering support and solidarity to the people of Venezuela in the face of this tragedy that has plunged us into mourning. https://t.co/nw2bupuN7C

— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 25, 2026

Las tareas de búsqueda, rescate y atención médica siguen activas en medio de la incertidumbre sobre el alcance real de la catástrofe

? Vídeo
?? Doblete sísmico de #Venezuela, terremotos 7.2 y 7.5 Mw [24/Jun/2026]

Devastación en la ciudad de La Guaira (a ~190 km de los epicentros), producto de las aceleraciones sísmicas derivadas por la ocurrencia consecutiva de los dos sismos (con diferencia menor de un… pic.twitter.com/BtyAt0BFgQ

— SASSLA (@SasslaMx) June 24, 2026

Imágenes de terror se vivieron en Maiquetía, principal aeropuerto de Venezuela, tras terremoto que sacudió la zona central del país la tarde de este miércoles. pic.twitter.com/IYZ4zphWYj

— VVperiodistas (@VVperiodistas_) June 24, 2026