Una riada de dimensiones extraordinarias arrasó este miércoles el norte de Nepal y dejó, según el último balance provisional-podría haber hasta 10.000 víctimas según estimaciones- al menos 95 muertos y más de 600 desaparecidos en una de las catástrofes naturales más graves que recuerda el país del Himalaya en los últimos años. El desastre, que se cobró también al menos tres vidas en la vecina región china del Tíbet, golpeó al amanecer el distrito fronterizo de Rasuwa y ha puesto en alerta a un país ya acostumbrado a la furia de sus ríos de montaña.

La tragedia se desató a primera hora de la mañana, cuando el río Bhote Koshi se desbordó y arrasó decenas de asentamientos en los distritos de Rasuwa y Nuwakot, así como la zona del puerto de Gyirong, en la frontera entre China y Nepal. La avalancha de agua y lodo destrozó carreteras, sepultó vehículos bajo metros de fango, arrasó mercados y puestos de seguridad, y dejó comunidades enteras incomunicadas en uno de los valles más escarpados del país.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.
The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l

— Ravi Pandey?? (@ravipandey2643) August 26, 2026

El balance de víctimas sigue creciendo a medida que avanzan las labores de rescate. La Policía de Nepal en la provincia de Bagmati elevó el recuento de fallecidos a al menos 95, tras un primer balance que hablaba de 55 muertos, mientras el Ejército lograba rescatar con vida a 88 personas en una operación complicada por la dificultad del terreno y la falta de comunicaciones. La identificación de los cadáveres recuperados aún no ha concluido, y los portavoces de las fuerzas de seguridad advierten de que la cifra podría aumentar en las próximas horas.

Lo que confiere a este desastre una dimensión especialmente dramática es el elevado número de extranjeros afectados. La Junta de Turismo de Nepal cifró en 384 los turistas con los que se ha perdido el contacto, de los que 93 eran nepalíes y 291 extranjeros, en su gran mayoría peregrinos que se dirigían al monte Kailash y al lago Mansarovar, en el Tíbet, en una ruta sagrada para hindúes, budistas y jainistas que cada año atrae a miles de devotos y senderistas. Entre los desaparecidos figuran dos ciudadanos españoles, confirmaron las autoridades nepalíes.

El desglose preliminar de nacionalidades, elaborado a partir de datos aportados por agencias de viajes y operadores turísticos, sitúa a la India como el país más castigado, con 133 de sus nacionales desaparecidos. Le siguen Estados Unidos, con 47; Australia, con 34; Reino Unido, con 33; Canadá, con 24; Malasia, con 19; Ucrania, con siete; Singapur y Sudáfrica, con seis cada uno; Japón y Nueva Zelanda, con cinco; Alemania, con cuatro; Francia, con tres; e Irlanda, Países Bajos, Rusia y España, con dos cada uno. Además, al menos 32 efectivos de seguridad permanecen en paradero desconocido cerca de la frontera con China, y alrededor de 62 nepalíes que hacían senderismo hacia el lago Gosaikunda —un destino de peregrinación que este viernes celebraba la festividad de Janai Purnima— figuran entre los no localizados.

El origen de la riada sigue sin esclarecerse y las versiones de las autoridades y de los expertos divergen. El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, afirmó que la riada fue provocada por un terremoto registrado a las 8:37 hora local, que habría causado un gran deslizamiento de tierra que bloqueó el cauce del Bhote Koshi. El Servicio Geológico de Estados Unidos registró, en efecto, un sismo de magnitud 4,4 a unos cien kilómetros al norte de Katmandú, cerca de la frontera con el Tíbet.

Sin embargo, expertos climáticos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, con sede en Katmandú, sostienen una hipótesis distinta: probablemente fue una avalancha de hielo y roca procedente de un glaciar del lado nepalí la que bloqueó el río y liberó después una crecida súbita aguas abajo. El especialista Saswata Sanyal advirtió de que el afluente Lhende Khola ya se había desbordado en dos ocasiones en los últimos catorce meses, lo que apunta a un patrón recurrente de desastres en una región cada vez más vulnerable.

La huella material del desastre es colosal. La crecida destruyó 27 puentes —22 de hormigón y cinco tipo Bailey— a lo largo del tramo entre Rasuwa y Dhading Galchhi, dejó gravemente dañada una central hidroeléctrica y arrasó varias obras de este tipo, incluida una planta en cuyas labores de construcción trabajaban ciudadanos surcoreanos que ahora figuran entre los desaparecidos. La riada interrumpió además el tránsito por una de las principales rutas terrestres entre Nepal y el Tíbet, un corredor económico y de viaje especialmente sensible durante desastres de esta naturaleza.

Frente a la magnitud de la catástrofe, el dispositivo de rescate desplegado es uno de los mayores de los últimos años en el país. El Ejército de Nepal movilizó seis helicópteros, a los que se sumaron ocho aparatos operados por empresas privadas, junto a agentes de las fuerzas de seguridad y numerosos efectivos de tierra, en una operación aérea y terrestre dificultada por lo escarpado del terreno y la imposibilidad de comunicarse con las zonas más profundas del valle. Las autoridades emitieron avisos a los residentes de varios distritos para que se alejaran de las riberas de los ríos Bhotekoshi, Trishuli y Narayani, ante el riesgo de nuevas crecidas.

La tragedia se inscribe en un contexto climático cada vez más inquietante. Investigadores de Katmandú hallaron a principios de 2026 que los glaciares del Hindu Kush Himalaya se derriten a un ritmo acelerado y que las tasas de pérdida de hielo se han duplicado desde el año 2000, en una región que se calienta más rápido que el resto del planeta y donde las avalanchas y las riadas glaciares se han vuelto más frecuentes. No es la primera vez que la zona sufre un desastre de este tipo: en agosto del año pasado, un lago glaciar del Tíbet se desbordó a causa de las altas temperaturas y dejó nueve muertos y daños en infraestructura crítica, incluido el puente que conecta Nepal y China.

Mientras los equipos de rescate continúan rastreando las laderas cubiertas de lodo y los helicópteros sobrevuelan el cauce del Bhote Koshi en busca de algún signo de vida, Nepal se enfrenta a una de sus peores pesadillas: la convergencia entre un territorio extremo, un cambio climático que acelera el derretimiento de sus glaciares y la presencia de cientos de peregrinos y senderistas en el lugar menos indicado en el peor momento posible. La cifra de muertos y desaparecidos, advirtieron las autoridades, es todavía provisional y podría crecer en las próximas horas a medida que se recuperen los cuerpos y se restablezcan las comunicaciones con las zonas más aisladas del valle.

Agentes de la Policía Nacional han arrestado a un hombre en Zaragoza, acusado de agredir sexualmente a su hija de dos años y compartir las imágenes en Internet. La operación, desarrollada en menos de 24 horas, permitió presentar al detenido ante la autoridad judicial por presuntos delitos de agresión sexual, corrupción de menores y contra la intimidad.

La investigación comenzó tras recibir informes urgentes del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) de Estados Unidos, canalizados a través del Departamento de Seguridad Nacional. Estos avisos señalaban archivos en una plataforma de almacenamiento en la nube que evidenciaban graves delitos contra una menor. Se sospechaba que el autor estaba en España y tenía acceso permanente a la víctima.

La rápida actuación policial permitió proteger a la menor

Ante la gravedad de los hechos, los investigadores actuaron de inmediato para identificar al presunto autor, determinando que era el padre de la menor y que convivían en el mismo domicilio. Con la identidad confirmada y la situación de riesgo para la menor, los agentes se desplazaron rápidamente al lugar, arrestando al sospechoso. Durante el registro, la menor fue puesta bajo protección y se intervinieron dispositivos informáticos que confirmaron la existencia de material relacionado con la explotación sexual infantil, supuestamente producido, almacenado y distribuido por el detenido.

La investigación también reveló el uso de herramientas de inteligencia artificial para generar imágenes de explotación sexual infantil mediante la manipulación de fotografías y vídeos de menores obtenidos en redes sociales.

Además, se descubrieron vídeos que evidenciaban delitos contra la intimidad, al haberse realizado grabaciones clandestinas desde el domicilio del investigado hacia la vivienda contigua, captando imágenes de una vecina en su hogar.

El detenido enfrenta cargos por múltiples delitos graves

Gracias a la rápida actuación policial, desarrollada en menos de 24 horas desde la recepción de la información inicial, se logró poner fin a la situación de riesgo y garantizar la protección inmediata de la menor. Tras concluir la investigación, el detenido fue puesto a disposición judicial como presunto responsable de dos delitos de agresión sexual, un delito de corrupción de menores y otro contra la intimidad, decretándose su ingreso en prisión.

La ministra de Defensa, Margarita Robles comparece este martes en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la crisis migratoria vivida en Ceuta, marcada por la entrada masiva de migrantes a nado y el despliegue de efectivos militares en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Robles comenzó su intervención subrayando la "dimensión humana" de lo ocurrido, con "casi cien personas muertas entre España, en la frontera, en el mar", cuyo número exacto, admitió, aún se desconoce. "Nuestra obligación es garantizar la seguridad y cumplimiento de la legalidad dentro del marco constitucional y del respeto al cumplimiento de los compromisos asumidos internacionalmente por España en materia de derechos humanos", afirmó, reclamando avanzar "hacia una política migratoria integral y coordinada en el ámbito de la Unión Europea".

La ministra trasladó su "solidaridad total y absoluta" con los ciudadanos de Ceuta y pidió disculpas "a todos aquellos que puedan haberse sentido o que incluso hoy sigan sintiéndose abandonados o no suficientemente acompañados". Insistió, además, en que "Ceuta y Melilla son España" y que "cualquier agresión o intento de agresión a Ceuta o Melilla lo son a España entera".

Más de 3.000 militares desplegados

Robles detalló que, a fecha de su comparecencia, 3.060 efectivos de los Ejércitos permanecían desplegados en la zona, de los cuales 2.042 pertenecen al Ejército de Tierra. La ministra explicó que la intervención de las Fuerzas Armadas se produjo el 30 de julio por la tarde, cuando la Delegación del Gobierno en Ceuta requirió su colaboración, momento en el que el jefe del Estado Mayor de la Defensa emitió directrices de apoyo al Ministerio del Interior.

Según remarcó, las Fuerzas Armadas "no sustituyen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", a quienes corresponde legalmente el control fronterizo, y actuaron "en apoyo" de estas. Entre el 4 y el 21 de agosto, precisó, se realizaron 1.600 patrullas móviles, 1.200 durante el día y 400 durante la noche.

Tres fases de la crisis

La ministra explicó, apoyándose en un informe del Estado Mayor de la Defensa, que la crisis se desarrolló en tres fases. Una primera, de "migración concentrada", desde la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio hasta la mañana del 30, marcada por un "efecto llamada" favorecido, según Robles, por "una interpretación interesada" de dicha sentencia y por mensajes en redes sociales sobre una supuesta disminución de efectivos policiales marroquíes con motivo de la Fiesta del Trono.

La segunda fase, de "asalto masivo", se situó a partir de las 11:30 horas del 30 de julio, cuando "varias decenas de miles de personas" cruzaron la frontera, con un flujo que llegó a los 5.200 migrantes por hora. Según los datos aportados por la ministra, a las 20:00 horas de ese día ya se encontraban en Ceuta entre 45.000 y 55.000 migrantes, cifra que ascendió a unos 60.000 a las siete de la mañana del día siguiente.

La tercera fase, de "retorno masivo" a Marruecos, comenzó al anochecer del 30 de julio y se prolongó en los días siguientes, hasta alcanzar, según la ministra, en torno al 90% de retornos entre quienes habían entrado.

Robles atribuyó buena parte de la organización del cruce a la actividad en redes sociales, especialmente en grupos de Facebook y, posteriormente, TikTok, que difundieron itinerarios, instrucciones y mensajes que, a su juicio, fueron aprovechados por "agentes desestabilizadores". La ministra defendió también el papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), del CIFAS y de las Fuerzas Armadas, agradeciendo expresamente su labor durante la crisis.

Crítica de la portavoz del PP, Ester Muñoz

En su turno de réplica, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ester Muñoz, cuestionó con dureza la gestión del Gobierno. "Lo ocurrido en Ceuta el 30 de julio no puede volver a ocurrir. Se ha equivocado usted de tiempo verbal: nunca debió haber ocurrido", respondió a Robles, tras lo cual pidió explicaciones sobre por qué se llegó a esa situación.

Muñoz sostuvo que la crisis "no empezó el 30 de julio" y recordó el precedente de 2021, cuando —según afirmó— la ministra ya aseguró que no volvería a repetirse una situación similar. La portavoz popular citó tres documentos estratégicos aprobados por el Gobierno desde entonces —la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021, la Estrategia de Seguridad Marítima de 2024 y el Informe Anual de Seguridad Nacional de este año— para sostener que, pese a advertir del riesgo migratorio en la zona, "no hicieron nada".

La portavoz del PP reprochó también contradicciones en la respuesta del Ejecutivo, entre ellas la actuación del Ministerio del Interior el día del asalto masivo y la ausencia, a su juicio, de un mando único pese a que el presidente del Gobierno calificó lo sucedido como "un ataque a la integridad territorial" de España. Asimismo, cuestionó las condiciones en las que actuaron los militares desplegados, al no contar, según explicó, con la condición de agentes de la autoridad para intervenir junto a la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Muñoz reclamó igualmente que el Gobierno aclare el número total de personas migrantes que llegaron a entrar y cuántas permanecen todavía en la ciudad autónoma, así como que identifique con claridad a los responsables de lo ocurrido. La portavoz concluyó su intervención pidiendo al Ejecutivo que "asuma responsabilidades y convoque elecciones".

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha avalado la incapacidad permanente total para ejercer su profesión dictaminada por un Juzgado de lo Social de Gijón a una logopeda. Según la resolución, la trabajadora estuvo de baja por enfermedad común desde septiembre de 2022 hasta agotar los 545 días máximos. Aunque la Seguridad Social determinó inicialmente, en abril de 2024, que no sufría ninguna incapacidad permanente, la afectada impugnó la decisión tras ser rechazada su reclamación por silencio administrativo.

Su cuadro clínico incluye enfermedad de Ménière bilateral grave —con vértigos, crisis de inestabilidad, caídas e hipoacusia—, temblor en el brazo derecho y un trastorno ansioso-depresivo. Finalmente, la sentencia de la sección estimó su demanda de forma subsidiaria, declarándola en situación de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común, lo que le da derecho a percibir una pensión equivalente al 55% de su base reguladora de 1.327,67 euros mensuales, con efectos a partir del 27 de junio de 2024.

El fundamento de la sentencia: el déficit auditivo, no las caídas

La parte recurrente argumentaba que el riesgo de sufrir crisis de vértigo y caídas súbitas es inherente a la profesión de logopeda, basándose en su interpretación de la sentencia de instancia. Sin embargo, una lectura detallada de la resolución demuestra que el magistrado no fundamenta el compromiso laboral en el riesgo de caídas, sino en el déficit auditivo. Es esta dolencia la que, al impedir la comunicación, afecta de manera directa y grave al desempeño de las funciones esenciales de una logopeda.

El Tribunal Superior de Justicia determina que la trabajadora tiene derecho a la incapacidad permanente total (IPT) para su profesión de logopeda, pero no a la absoluta. La Sala argumenta que la hipoacusia que padece afecta directamente a su capacidad de comunicación, requisito indispensable y de máxima exigencia en su trabajo, por lo que la declaración de IPT queda totalmente justificada frente a la posición inicial de la Seguridad Social.

El tribunal concluye que la demandante conserva su capacidad laboral para otros empleos que no requieran estas exigencias comunicativas ni impliquen riesgos físicos, como la exposición a entornos peligrosos o el uso de maquinaria pesada.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha intentado este lunes dar por cerrada la polémica del ático de Chamberí comprado por 6,3 millones de euros a través de la empresa pública Planifica Madrid.

En una comparecencia ante la prensa para hablar de reconstrucción tras los incendios en la Comunidad de Madrid, Ayuso ha asegurado que “las explicaciones están dadas” y que “no se puede estirar más este chicle”, antes de lanzar un lacónico “está en venta, chao, pescao” para intentar poner punto final al asunto. La frase, lejos de apagar el fuego, ha reavivado el debate tras las declaraciones del domingo de Alberto Núñez Feijóo a Europa Press, en las que el presidente del PP aseguró que conocía la operación desde abril, lo que deja en una posición incómoda a Ayuso, que había asegurado desconocer los detalles y que era “cosa de una empresa pública”.

? "Está en venta, chao pescao": Ayuso, tras la petición de explicaciones de Feijóo por el ático comprado por la Comunidad de Madridhttps://t.co/ZAh3CBoO2u pic.twitter.com/IciqnMMo0b

— Cadena SER (@La_SER) August 24, 2026

En abril de 2026, Planifica Madrid, sociedad pública autonómica, adquirió un ático de unos 485 metros cuadrados con cerca de 200 metros de terraza en el barrio de Chamberí por 6,3 millones de euros. La justificación inicial del Gobierno regional fue que se trataba de un espacio de trabajo provisional para la presidenta mientras se ejecutan obras en la Real Casa de Correos, sede de Presidencia en la Puerta del Sol. La operación no aparecía inicialmente ni en el portal de transparencia ni en las cuentas anuales de la compañía, según han señalado varios medios. Tras el estallido de la polémica y varias denuncias, la Comunidad puso el ático a la venta por 6,7 millones de euros, junto a otros inmuebles, argumentando la necesidad de destinar recursos a los daños de los incendios forestales en la región.

Este domingo, Alberto Núñez Feijóo declaró a Europa Press que estaba al tanto de la compra del inmueble desde abril, explicando que se le había informado de que la Comunidad buscaba una sede alternativa durante las obras en Presidencia. Según ha recogido la prensa, Feijóo situó una reunión clave en torno al 8 de abril en la Puerta del Sol, seis días antes de que Planifica Madrid formalizara la adquisición el 14 de abril. Esas declaraciones contrastan con la versión mantenida por Ayuso en los primeros días del caso, cuando trasladó que ella desconocía los detalles de la operación y que la compra era una decisión de una empresa pública, no de su despacho directamente. Para la oposición y parte de la prensa, la secuencia deja a la presidenta en una posición difícil: si Feijóo lo sabía desde abril, resulta complicado sostener que la presidenta regional no estuviera al tanto de una operación de esa envergadura y calado político.

En su comparecencia de este lunes, Ayuso ha defendido que el inmueble está destinado a oficinas, que puede albergar despachos como cualquier edificio similar y que, en cualquier caso, “está en un proceso de venta”. Ha insistido en que las explicaciones ya han sido dadas y ha rechazado ofrecer más detalles sobre la operación. Sin embargo, el tono y la brevedad de la respuesta no han convencido a sus críticos, que ven en el episodio un ejemplo más de opacidad en el uso de fondos públicos y de intentos de eludir responsabilidades políticas. La izquierda y parte de la prensa han calificado la operación como un intento de comprar una “vivienda oficial” o un “capricho personal” para Ayuso, con un uso “bananero” del dinero público, según palabras del ministro Óscar Puente.

El caso ha derivado en varias denuncias judiciales que cuestionan distintos aspectos de la compra y exigen que la Justicia examine la operación. En el PP, las declaraciones de Feijóo han sido leídas por algunos analistas como un “apuñalamiento” a Ayuso, al confirmar que él tenía información privilegiada sobre la compra desde abril, lo que podría incluso convertirle en testigo en un eventual juicio por malversación, según han sugerido algunos magistrados y tertulianos. Con este episodio, la presidenta madrileña suma un nuevo foco de tensión política a pocos meses de las elecciones autonómicas, en un contexto ya marcado por la crisis de vivienda y la sensibilidad social ante el uso de fondos públicos para operaciones inmobiliarias de lujo.

Miles de aragoneses se concentraron ayer en Jaca para denunciar un modelo de gestión del territorio que, a su juicio, ha permitido una catástrofe forestal prevenible. Bajo el lema "Movimiento por la Dignidad de la Montaña", los asistentes exigen un cambio radical en las políticas de prevención de incendios y desarrollo rural, así como la dimisión de las principales autoridades responsables.

La convocatoria también sirvió como acto de solidaridad con la huelga indefinida de los Bomberos Forestales de Aragón. Los manifestantes denuncian que mientras la administración invierte millones en proyectos como el telecabina de Benasque o el recrecimiento de Yesa, las necesidades más básicas de prevención de incendios quedan desatendidas.

Una crisis previsible

Los incendios forestales de este verano han dejado más de 44.000 hectáreas arrasadas en territorio aragonés. La crisis ha forzado el desalojo de decenas de pueblos, generado decenas de accidentes entre profesionales y voluntarios que trabajaban en la extinción, y ha cobrado al menos tres muertes en laboral esta semana. Los manifestantes advierten que los daños psicológicos y sociales en los territorios afectados serán duraderos.

Desde el movimiento responsabilizan directamente al modelo de gestión: la despoblación y el abandono de la ganadería extensiva han aumentado la masa forestal sin control, mientras el cambio climático multiplica la frecuencia de incendios. Los pueblos del Reino de Los Mallos llevan meses sin respuesta de la administración sobre protocolos de seguridad.

Exigencias políticas

Los manifestantes demandan la dimisión de Jorge Azcón (Presidente de Aragón, PP), Alejandro Nolasco (Vicepresidente, VOX) y Luis Biendicho (Consejero de Medio Ambiente, VOX). Reclaman un nuevo gobierno que afronte el cuidado del territorio con la seriedad requerida, con financiación suficiente para dignificar las condiciones laborales de los Bomberos Forestales, un aumento significativo de plantillas y medios modernos.

También exigen que sean los propios habitantes de los pueblos quienes tomen las decisiones que les afectan, acompañadas de políticas que hagan el territorio habitable: vivienda asequible, apoyo a la ganadería extensiva y servicios básicos de calidad.

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido a diez integrantes de una organización criminal dedicada al narcotráfico como presuntos responsables del ataque con armas de fuego sufrido por una patrullera del Servicio Marítimo Provincial de Huelva durante la madrugada del 17 al 18 de agosto.

La operación ha permitido además intervenir dos embarcaciones de las conocidas como "narcolanchas" y 5.926 kilogramos de hachís, asestando un importante golpe a una de las organizaciones criminales que operan en el sur de la Península.

Ataque a tiros durante una persecución

Los hechos se produjeron frente a las costas de Huelva cuando una patrullera de la Guardia Civil, en coordinación con una embarcación del Servicio de Vigilancia Aduanera, inició la persecución de una semirrígida sospechosa de estar participando en labores de narcotráfico.

Durante la persecución, los tripulantes de la "narcolancha" realizaron numerosas maniobras evasivas y de extrema peligrosidad, poniendo en grave riesgo la vida de los agentes. Además, lanzaron parte de la carga al mar con el objetivo de dificultar la navegación de las embarcaciones oficiales y tratar de provocar daños en ellas. La situación se agravó cuando los ocupantes de la semirrígida abrieron fuego contra la patrullera de la Guardia Civil.

Ante el ataque, los agentes tuvieron que efectuar varios disparos para repeler la agresión y contener el peligro. Finalmente, la embarcación consiguió huir de la persecución debido a una avería de la patrullera causada durante la propia persecución.

Operativo para localizar a los responsables

La gravedad del ataque llevó a los agentes a desplegar un dispositivo específico destinado a localizar la embarcación, detener a sus tripulantes y recuperar cualquier carga ilegal, además de identificar posibles embarcaciones de apoyo que pudieran acudir en su auxilio.

Tras localizar la embarcación en una nueva ubicación, durante la mañana del 20 de agosto se llevó a cabo un asalto coordinado sobre ella y sobre una segunda "narcolancha" que se encontraba prestándole apoyo en alta mar. El operativo culminó con la interceptación de ambas embarcaciones, la incautación de 5.926 kilos de hachís y la detención de nueve tripulantes.

Paralelamente, los agentes localizaron y detuvieron a un décimo integrante de la organización, que había resultado herido de bala durante los enfrentamientos con la Guardia Civil y que fue abandonado por sus propios compañeros en la costa de Cádiz. El herido fue trasladado posteriormente a un hospital de Puerto Real.

La investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer por completo la participación de los detenidos en el ataque a los agentes y determinar las responsabilidades de cada uno de los integrantes de la organización criminal.

La operación ha sido desarrollada por el Servicio Marítimo Provincial de Huelva, la Unidad Especial de Intervención (UEI), la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Huelva, el Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (CRAIN) y el Servicio de Vigilancia Aduanera (DAVA), y ha sido dirigida por el Tribunal Central de Instrucción de la Audiencia Nacional en funciones de guardia.

La Ertzaintza ha detenido en las últimas 24 horas a cuatro personas por robar en tres furgonetas en Donostia-San Sebastián. Dos de estos delitos se cometieron el viernes y un tercero durante la madrugada de este sábado, según ha informado el cuerpo policial.

El primero de los robos se registró alrededor de las tres de la tarde del viernes en el barrio donostiarra del Antiguo. Las patrullas desplazadas al lugar comprobaron que los autores habían fracturado el cristal de una de las ventanillas de una furgoneta estacionada. Su propietario informó de la sustracción de un ordenador portátil, un patinete eléctrico, tres mochilas y diez décimos de lotería, entre otros enseres.

Gracias a la colaboración de la víctima y a diversas averiguaciones, los agentes determinaron que el material sustraído podría encontrarse en otra furgoneta localizada en el mismo barrio. Desde la Ertzain-etxea de Donostia se estableció un dispositivo de vigilancia sobre el vehículo sospechoso y, hacia las siete y media de la tarde, los agentes observaron cómo un hombre accedía a su interior, momento en el que fue interceptado. Dentro del vehículo se encontró buena parte de los objetos robados, además de otros artículos cuya procedencia ilícita está siendo investigada. El detenido, de 43 años y origen europeo, ha sido puesto esta mañana a disposición judicial.

Dos nuevos robos durante la noche

Hacia las once de la pasada noche, un particular alertó a SOS Deiak 112 de que un hombre estaba robando en una furgoneta estacionada en el barrio de Gros. Los agentes que acudieron al aviso localizaron el vehículo con una ventanilla forzada y el interior revuelto, y en las inmediaciones identificaron a un joven sospechoso al que le ocuparon unos altavoces que, según confirmó posteriormente el propietario, habían sido sustraídos del interior de la furgoneta. El arrestado, de 35 años y origen magrebí, cuenta con diez detenciones previas en la base de datos de la Ertzaintza, principalmente por delitos contra el patrimonio.

Ya de madrugada se produjo un tercer robo de características similares, en este caso en la zona de Intxaurrondo. Un vecino alertó de que dos personas estaban robando en una furgoneta, y las dotaciones de la Ertzaintza que acudieron al lugar sorprendieron a los sospechosos en su interior. Se trata de dos varones de 21 y 37 años, ambos de procedencia magrebí; el de mayor edad contaba con cinco detenciones previas.

Los tres últimos detenidos serán puestos a disposición judicial una vez se completen las diligencias policiales correspondientes.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha impuesto una condena de 17 años y medio de prisión a un hombre por dos delitos continuados de agresión sexual a menores. El individuo convivió con dos gemelas, a quienes sometió a tocamientos y otras prácticas sexuales entre septiembre y noviembre de 2024 en Castellón. Además, deberá indemnizar a cada niña con 5.000 euros por los daños morales sufridos.

El tribunal ha dictaminado que el condenado no podrá acercarse a menos de 500 metros ni comunicarse con las niñas por un periodo superior a cuatro años tras cumplir su pena de prisión. Asimismo, se le ha impuesto una inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad que implique contacto regular y directo con menores, por un tiempo superior a cinco años al de la pena de prisión.

Detalles de los hechos y medidas impuestas

Los hechos se remontan a septiembre de 2024, cuando el condenado y su esposa, que mantenían una amistad con la madre de las menores, acogieron a la familia en su hogar después de que la madre discutiera con su propia madre, abuela de las víctimas. Durante el periodo de convivencia, el condenado aprovechaba los momentos en los que las gemelas se duchaban y su madre no estaba presente para someterlas a tocamientos y besarlas en la boca.

La situación se repitió en numerosas ocasiones. A pesar de que las hermanas se resistían a que el hombre entrara en el baño, él argumentaba que era su hogar y que debía organizar y vigilar el uso de la ducha. En ocasiones, llegó a retenerlas y taparles la boca para impedir que escaparan o alertaran a su madre.

La credibilidad del testimonio de las menores

El tribunal considera que las pruebas decisivas del caso son las declaraciones de las menores, cuyo testimonio ha sido considerado creíble. Los magistrados han afirmado que los relatos de las niñas corresponden a situaciones realmente vividas y no creen que sus declaraciones sean producto de invenciones o fantasías. Tampoco han encontrado motivos falsos o ilegítimos en la denuncia presentada por la madre de las menores

En algunas ocasiones, el condenado agredía a las niñas en una de las camas de la vivienda. Para asegurarse de que no contaran nada, les decía que, si hablaban con su madre, provocarían que le retiraran la custodia y las separarían de ella. Esta amenaza se utilizaba para mantener el silencio de las menores.

Posibilidad de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia

La sentencia aún no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El caso ha generado una gran atención en la comunidad debido a la gravedad de los delitos y las medidas impuestas al condenado.

La condena de 17 años y medio de prisión y las medidas adicionales reflejan la gravedad de los delitos cometidos. Las autoridades esperan que este caso sirva para concienciar sobre la importancia de proteger a los menores de situaciones de abuso y violencia. La comunidad sigue de cerca el desarrollo de este caso y las posibles apelaciones que puedan presentarse en el futuro.

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Judiciaria de Portugal, han detenido a tres miembros de una organización criminal dedicada al transporte internacional de grandes cantidades de cocaína entre España y Portugal. Dos de los detenidos fueron arrestados en España, en Torremolinos y Marbella (Málaga), y el tercero en Portugal. A todos ellos se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de sustancias estupefacientes, tenencia ilícita de armas, atentado a agente de la autoridad y contra la seguridad vial, y han ingresado en prisión.

Durante el operativo se registró un inmueble en Torremolinos que la organización utilizaba como punto de almacenamiento de la droga. En total se intervinieron más de 3.300 kilos de cocaína, dos armas largas, un arma corta municionada, dos vehículos, 1.100 euros en efectivo, cámaras fotográficas, un monóculo de visión nocturna y equipos de transmisiones.

El seguimiento de una furgoneta destapó la trama

La investigación se inició el pasado 11 de agosto, cuando la Policía tuvo conocimiento de que una furgoneta transportaba una cantidad indeterminada de sustancia estupefaciente desde Portugal hasta la Costa del Sol. El vehículo circulaba escoltado por un coche que ejercía labores de lanzadera y seguridad, lo que llevó a establecer un dispositivo conjunto entre los cuerpos policiales de ambos países para seguir su recorrido.

Las pesquisas confirmaron que el destino era un inmueble en Torremolinos, donde los agentes observaron la descarga de varios bultos de grandes dimensiones que podían contener droga. Tras dejar la mercancía, la furgoneta emprendió de nuevo el camino hacia Portugal. Minutos después, otro vehículo abandonó la finca y, al darse a la fuga, fue perseguido durante varios kilómetros hasta ser interceptado en Marbella, donde se hallaron 2.000 kilos de cocaína.

De forma paralela, se llevó a cabo la entrada y registro en el inmueble de Torremolinos, donde fue detenido un miembro de la organización que se encargaba de la custodia de la droga. En ese registro se encontraron 1.700 kilos de cocaína y una pistola municionada. Por su parte, la Policía Judiciaria portuguesa interceptó la furgoneta cuando regresaba a España, deteniendo a su conductor e incautando 1.500 kilos de cocaína y dos armas largas.

Tres detenidos y prisión para todos ellos

El dispositivo se cerró el 13 de agosto con la detención de los tres integrantes de la red. Todos ellos han ingresado en prisión, acusados de pertenencia a organización criminal, tráfico de sustancias estupefacientes, tenencia ilícita de armas, atentado a agente de la autoridad y contra la seguridad vial.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha confirmado la condena de seis años y un día de prisión, junto con una multa de 87.195 euros, a un acusado por un delito contra la salud pública. La sentencia se basa en el hallazgo de 998 gramos de cocaína en un vehículo de alquiler que la empresa propietaria recuperó debido a impagos.

El acusado utilizaba un Citroën C4 de una empresa de alquiler para sus desplazamientos. El contrato venció en junio de 2025 sin que el acusado cumpliera con el pago necesario para renovarlo, a pesar de haber sido advertido sobre la retirada del automóvil en agosto. El 7 de agosto, la empresa localizó el vehículo en Massalavés, Valencia, gracias al sistema de geolocalización, y lo recuperó con una segunda llave, trasladándolo posteriormente a su sede en Lucena, Córdoba.

La defensa del acusado no logra revertir la condena

Cuatro días después, el acusado denunció en una comisaría de Murcia que había dejado el vehículo a un amigo en Mercamurcia, quien le informó sobre la presencia de un kilogramo de cocaína en su interior. Según la sentencia, el acusado actuó «con el propósito de encubrir su actividad». La Brigada de Policía Judicial encontró un paquete con 998 gramos de cocaína en el maletero del coche, con una pureza del 80,92 %, destinado a su distribución. Su valor en el mercado ilícito se estimó en 29.065 euros.

La defensa del acusado recurrió la condena alegando vulneración de la presunción de inocencia, errores en la valoración de pruebas y contradicciones en declaraciones testificales. Sin embargo, la Sala rechazó todos los argumentos y confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial. El TSJMU consideró que la resolución recurrida realizó un análisis «minucioso y exhaustivo» de las pruebas.

El Tribunal destaca la falta de pruebas que respalden la versión del acusado

El Tribunal subrayó el uso continuado del vehículo por parte del acusado durante los diez meses anteriores, los datos del GPS y la falta de correspondencia entre esos registros y su versión sobre la entrega del automóvil a un tercero. Además, el acusado no proporcionó datos que permitieran identificar a esa persona, a pesar de afirmar que tenía su número de teléfono.

La Sala concluyó que los hechos acreditados constituyen «indicios sólidos de una inferencia» que atribuyen, «sin margen para la duda razonable», el conocimiento y control de la sustancia al acusado. La versión alternativa del acusado se consideró «inveraz e incompatible con aquellos indicios», y no se ofreció una explicación plausible sobre la presencia de la droga.

En relación a las pruebas solicitadas por la defensa, el Tribunal explicó que la geolocalización del teléfono del acusado no fue propuesta durante la instancia, por lo que no pudo ser indebidamente denegada. Respecto a las cámaras de seguridad del lugar donde estaba estacionado el vehículo, la petición era indeterminada y meramente prospectiva, sin constancia de la existencia de grabaciones.

La resolución confirma la pena de prisión, la multa, el decomiso y destrucción de la droga, y declara de oficio las costas de la apelación. Contra la sentencia cabe recurso de casación según la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El ilusionista Juan Tamariz ha fallecido este martes 18 de agosto de 2026 a los 83 años en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, según ha confirmado su hija, la también maga Ana Tamariz, a través de las redes sociales. Su muerte cierra la trayectoria de uno de los artistas más queridos y decisivos de la cultura popular española, maestro de generaciones de ilusionistas y teórico de referencia mundial en cartomagia y magia de cerca.

La familia ha informado de que Tamariz estuvo acompañado por sus hijos hasta el final y que “se despidió de este mundo sin sufrir y, como fue siempre su seña de identidad, sonriendo y en paz”, según ha relatado su representante, Moisés Rodríguez. El fallecimiento se ha difundido a lo largo de la tarde, con múltiples medios y instituciones culturales sumándose al homenaje y reconociendo su papel como divulgador que llevó la magia a millones de hogares a través de la televisión.

Nacido en Madrid el 18 de octubre de 1942, Juan Manuel Tamariz‑Martel Negrón comenzó a hacer trucos con cartas a los cuatro años y consolidó una carrera que combinó espectáculo, pedagogía y teoría del ilusionismo. Su estilo, marcado por un humor fino y una narrativa impecable, convirtió sus rutinas de cartas en piezas de teatro en miniatura, donde el engaño se servía con naturalidad y cercanía.

Tamariz fue un habitual de la pequeña pantalla durante décadas, lo que le otorgó una popularidad masiva y le permitió popularizar la cartomagia entre el gran público. Más allá de los escenarios y los programas de TV, su influencia se extendió a través de decenas de libros y conferencias que se han convertido en lecturas obligadas para cualquier estudioso de la magia.

Su legado es doble: por un lado, el de un artista idolatrado por el público y por sus compañeros de profesión; por otro, el de un teórico que transformó la psicología del engaño en una disciplina artística con reglas y métodos propios. Ilusionistas de todo el mundo se declaran discípulos suyos, y su nombre aparece de forma recurrente en manuales, congresos y escuelas de magia como referencia ineludible.

Ana Tamariz, su hija y heredera de su pasión, dirige en Madrid La Gran Escuela de Magia Ana Tamariz y ha agradecido públicamente “todo el amor que me dio y por el amor a la magia que me regaló”. Con su muerte, España pierde a uno de sus rostros televisivos más entrañables y a un embajador cultural que elevó la magia a categoría de arte mayor.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha señalado en una sentencia que el cambio de sexo no tiene efectos retroactivos que permitan anular una condena previa por violencia de género sobre la mujer que fue pareja sentimental de la persona recurrente, por hechos cometidos cuando esta era un hombre a todos los efectos jurídicos y legales.

La sentencia recurrida, dictada por un Juzgado de lo Penal de Castellón y ratificada por la Audiencia Provincial, consideró probado que el 20 de abril de 2022 el acusado acudió a las inmediaciones del domicilio de su expareja sentimental para ejercer su derecho de visitas con la hija de 8 años que ambos tenían en común. Según el relato de hechos, en un ambiente tenso, el hombre cogió fuertemente del brazo a su hija con intención de menoscabar su integridad física; su madre acudió en auxilio de la menor y el acusado le propinó un puñetazo en la cintura, además de golpes y arañazos en el cuello. Fue condenado a 9 meses de prisión por un delito de violencia de género sobre su expareja, y a la misma pena por un delito de violencia doméstica sobre su hija.

El cambio de sexo, posterior a los hechos

En su recurso ante el Supremo, la persona condenada alegó, entre otras cuestiones, que era mujer y no hombre, en virtud de un auto de cambio de sexo dictado por el Registro Civil de Castellón el 1 de junio de 2023, por lo que no podía ser condenada por el delito de violencia de género sobre su expareja, recogido en el artículo 153.1 del Código Penal.

Los magistrados responden que no puede aplicarse el cambio de sexo para neutralizar una condena por un delito de violencia de género cuando los hechos, como en este caso, ocurrieron cuando el autor era varón según sus datos registrales en el momento de los hechos, ya que el cambio de sexo no tiene efectos retroactivos.

El tribunal resalta que los hechos enjuiciados ocurrieron el 20 de abril de 2022, mientras que el auto de cambio de sexo del Registro Civil de Castellón es del 1 de junio de 2023, y que en dicho auto se recoge que el expediente comenzó con una comparecencia del interesado el 24 de abril de 2023.

La sentencia indica que, tal como invoca el Ministerio Fiscal, la condena del recurrente por el artículo 153.1 del Código Penal lo fue como varón autor de violencia sobre la mujer, su expareja sentimental, por lo que el cambio registral de sexo no puede desplegar efectos retroactivos sobre hechos anteriores que fueron realizados, juzgados y sentenciados siendo el recurrente un hombre a todos los efectos jurídicos y legales.

Por otro lado, la sentencia señala que un cambio registral de sexo realizado con carácter previo al delito tampoco podría servir para neutralizar una condena por violencia de género si se probara que se llevó a cabo con la intención de defraudar la ley. En este sentido, el tribunal precisa que el mero cambio registral no implica automáticamente fraude, y que la prueba de que se ha realizado con intención fraudulenta debe ser plena y sin lugar a duda alguna, una determinación que corresponde a los tribunales y debe basarse en las circunstancias concretas de cada caso.

El Supremo rechaza también que la sentencia condenatoria vulnerara la presunción de inocencia del acusado. Asimismo, desestima el recurso planteado por una mujer que le acompañaba en el momento de los hechos, quien quedó probado que tiró del pelo de la expareja del acusado e intentó coger a la hija, y que fue condenada al pago de una multa por un delito leve de lesiones.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, elevó este lunes el tono de sus críticas al Gobierno de la Nación por su gestión de la crisis fronteriza del 30 y 31 de julio, casi 20 días después de la entrada masiva de unas 80.000 personas. Vivas denunció una "falta de respuesta adecuada" y aseguró que Ceuta continúa en una situación de "extremo riesgo" en materia de seguridad, servicios, convivencia y seguridad nacional.

El presidente acusó al Ejecutivo de haber "maquillado la realidad" al afirmar inicialmente que la normalidad se había recuperado en 48 horas y que solo permanecían 2.500 personas en la ciudad. Frente a este relato, sostuvo que Ceuta sigue lejos de la normalidad y reclamó como prioridad el retorno a Marruecos de quienes entraron ilegalmente durante la avalancha.

La principal acusación de Vivas fue dirigida contra la falta de actuación del Estado. "No nos vale que nos digan que no se puede. Lo que creemos que ocurre es que no hay voluntad", afirmó, defendiendo que el Gobierno dispone de medios suficientes para ejecutar las devoluciones dentro de la ley y lograr la normalización de la ciudad en un plazo de 30 días.

Tres posibles causas de la inacción

En su intervención, Vivas llegó a plantear tres posibles razones para explicar la pasividad del Ejecutivo: "ineptitud", "irresponsabilidad" o falta de firmeza para no molestar al vecino. El presidente expresó su deseo de que los hechos descarten esta última posibilidad, ante el temor a un hipotético plan destinado a "golpear sucesivamente a Ceuta hasta la caída definitiva".

El presidente también rechazó las críticas de la ministra de Sanidad por la gestión de los espacios de acogida y las acusaciones de xenofobia. Aseguró que Ceuta no ha rechazado ningún emplazamiento y reclamó que cualquier instalación se plantee contando con los vecinos. "A nosotros no nos gana nadie en actitud humanitaria", afirmó, reivindicando la solidaridad de los ceutíes.

Vivas defendió, no obstante, que la atención humanitaria debe ir acompañada del retorno de quienes entraron irregularmente. "Está bien que pensemos en los inmigrantes, pero también debemos pensar en los ceutíes", señaló, reclamando que se garantice también el derecho de los ciudadanos de Ceuta a disponer de unos servicios esenciales adecuados.

Recurso a las Cortes, al Poder Judicial y a Europa

Ante lo que considera una respuesta insuficiente del Ejecutivo, el presidente anunció que la Ciudad recurrirá a las Cortes Generales, el Poder Judicial, las comunidades autónomas y Europa para trasladar la gravedad de la situación si en un plazo de 30 días no se ha resuelto la crisis.

Vivas cerró su intervención con un mensaje de firmeza: "Los ceutíes no nos vamos a rendir" y "vamos a ganar", porque, según afirmó, cuando se pone en riesgo la integridad territorial y la soberanía de Ceuta, se pone en riesgo la de toda España.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones va a desplegar cuatro nuevos dispositivos de atención humanitaria, de carácter temporal y extraordinario, en la Ciudad Autónoma de Ceuta. Así se acordó esta mañana en la reunión entre la ministra Elma Saiz y el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, en la que se hizo seguimiento de la situación humanitaria y se pactó la ubicación de los nuevos recursos.

Los emplazamientos elegidos son el parking del Embolsamiento, en la Loma Colmenar, cedido por el Gobierno de la Ciudad Autónoma, y las instalaciones de La Hípica, el antiguo campo de fútbol del Cuartel de Caballería y el espacio del Guano, estas tres últimas de titularidad del Gobierno de España. El montaje de las nuevas instalaciones comienza hoy mismo y va a suponer la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas.

"Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hemos estado trabajando desde el primer momento para atender la situación. Quiero reconocer y agradecer el gran trabajo de las entidades sociales y asociaciones de vecinos que se encuentran atendiendo la situación humanitaria en Ceuta. Seguimos trabajando para la mejora y ampliación de los espacios de acogida, donde es absolutamente primordial la colaboración de todas las administraciones", ha explicado Saiz.

El primer paso dado por el Ministerio fue, en el marco de su acción conjunta y permanente con Cruz Roja para la asistencia humanitaria, refrendar una declaración de emergencia dotada con 6,5 millones de euros para que fuera esta entidad, de manera prioritaria, la encargada de ofrecer soporte a cualquier persona en situación de vulnerabilidad en la ciudad.

En concreto, Cruz Roja ha repartido aproximadamente 4.000 kits de alimentación diarios desde el 3 de agosto, además de kits de higiene femenina, y ha prestado asistencia sociosanitaria a más de 4.000 personas en la ciudad.

"Nuestro trabajo aquí tiene el objetivo de garantizar una atención humanitaria adecuada, proteger los derechos fundamentales y preservar la dignidad de las personas, al tiempo que acompañamos a Ceuta en el camino para recuperar cuanto antes la normalidad", ha concluido la ministra.

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha reclamado al Ministerio de Defensa información precisa y transparencia sanitaria ante la posible aparición de casos de enfermedades contagiosas, probablemente sarna, entre los militares que realizan en Ceuta tareas de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Según ha informado la propia asociación, ha recibido información relativa a esta posible incidencia sanitaria y considera imprescindible aclarar la situación, dado que la mayoría de este tipo de enfermedades están incluidas en el Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) cuando se presentan en forma de brote, es decir, cuando afectan a dos o más personas relacionadas entre sí.

De acuerdo con la información trasladada a ATME, algunos militares habrían manifestado preocupación ante la eventual presencia de esta enfermedad infecciosa, lo que ha generado dudas sobre si se trata de casos aislados o vinculados entre sí, y sobre si se han activado los correspondientes protocolos de vigilancia epidemiológica. La asociación subraya que, en un despliegue que se mantiene desde la entrada masiva de inmigrantes irregulares en la ciudad autónoma, la transparencia sanitaria resulta esencial para evitar rumores y garantizar la tranquilidad del personal.

Para esclarecer la situación, ATME ha solicitado al Ministerio de Defensa información sobre tres aspectos concretos: si se han producido casos de sarna u otras enfermedades infecciosas entre el personal desplegado; cuántos casos se habrían registrado y si presentan relación epidemiológica entre sí; y en cuántas unidades se habrían detectado, así como si se ha activado algún protocolo de control de contactos o vigilancia sanitaria.

La asociación recuerda que cualquier incidencia de salud debe comunicarse con claridad, acompañada de las medidas preventivas oportunas y del cumplimiento estricto de los protocolos establecidos, e insiste en que la protección del personal militar exige una comunicación sanitaria rigurosa que permita actuar con rapidez y evitar preocupaciones innecesarias en un despliegue prolongado y de elevada exigencia operativa.

Cabe destacar que, por el momento, no existe confirmación oficial por parte del Ministerio de Defensa sobre la existencia de estos casos.

Cuatro personas han fallecido y otra ha resultado herida de gravedad este lunes en una colisión frontal entre un turismo y un camión, registrada a las 9:40 horas en el kilómetro 66,800 de la N-122, a su paso por la localidad zaragozana de Bulbuente.

La Unidad de Investigación de Accidentes de Tráfico de la Guardia Civil se ha hecho cargo del esclarecimiento de las causas que provocaron el siniestro.

La Guardia Civil ha desarticulado, en el sur de Tenerife, una organización criminal dedicada a la importación, el almacenamiento y la distribución ilegal de óxido nitroso, conocido como "gas de la risa" y empleado como droga recreativa. La operación, denominada "Centro", se saldó con la detención de seis personas y la investigación de otras seis más, y supone la segunda mayor aprehensión de esta sustancia registrada en Europa.

La investigación se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento del consumo de "gas de la risa" en diferentes zonas de ocio del sur de la isla. Las pesquisas permitieron descubrir la existencia de una estructura criminal jerarquizada, integrada por un núcleo directivo de carácter familiar, con una rama dedicada a la logística y recepción de la mercancía procedente del extranjero, y otra encargada de la distribución final en la isla.

Como resultado de las actuaciones, desarrolladas mediante cuatro registros simultáneos y sucesivos en los municipios tinerfeños de Arona, Adeje y Granadilla de Abona, se detuvo a seis personas y se investigó a otras seis, como presuntas autoras de delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tráfico de sustancias nocivas para la salud y blanqueo de capitales.

Durante los registros, los agentes intervinieron 10.394 recipientes de óxido nitroso, con un peso conjunto cercano a las 13.000 kilogramos. Asimismo, se hallaron 63.500 euros y 1.000 libras esterlinas en efectivo, aproximadamente 213 gramos de cocaína, 599 gramos de hachís, 1,4 kilogramos de marihuana y 46 gramos de la sustancia conocida como "tusi", una mezcla de diferentes sustancias psicoactivas, además de otras sustancias estupefacientes, entre ellas pastillas, hongos, cápsulas y preparados comestibles con cannabinoides.

En los registros se intervinieron también cinco armas de fuego simuladas y ocho armas blancas, entre ellas varias hachas, así como dispositivos electrónicos y abundante documentación relacionada con los hechos investigados.

Las diligencias practicadas apuntan a la existencia de una estructura criminal con funciones claramente definidas, dedicada a la importación del gas en la isla de Tenerife, su recepción y almacenamiento en distintos inmuebles, y su posterior distribución y venta a través de una red de suministro en la isla.

Las actuaciones han sido desarrolladas por el Área de Investigación del Puesto Principal de Playa de las Américas, bajo la dirección del Tribunal de Instancia de Arona y a instancias de la Fiscalía Delegada Antidroga de Arona. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha ratificado este martes la condena de dos años de prisión para un hombre acusado de asaltar un local de medicina tradicional china. El individuo, con un historial de numerosos antecedentes penales por delitos de hurto y robo con fuerza, se enfrenta nuevamente a la justicia tras los hechos probados en la sentencia.

El tribunal ha subrayado que el establecimiento contaba con una puerta de doble cristal con apertura automática, que estaba bloqueada en el momento de la llegada del acusado. Según el análisis del vídeo presentado como prueba, el hombre separó manualmente ambos cristales para acceder al interior, lo que refuta su argumento de defensa.

El acusado forzó el mecanismo de cierre para entrar al local

La sentencia destaca que el acusado forzó físicamente el mecanismo de cierre para lograr entrar al local, lo que constituye un acto de robo con fuerza. El tribunal ha enfatizado que esta mecánica delictiva implica la utilización del esfuerzo humano para vulnerar dolosamente la protección del patrimonio.

El tribunal ha recordado que, según su interpretación, «el forzamiento es fractura, es violencia, es rompimiento, es destrucción». Esta descripción refuerza la gravedad del acto cometido por el acusado, quien deberá cumplir con la condena impuesta a menos que recurra la sentencia ante una instancia superior.

La sentencia aún puede ser recurrida en casación

Aunque el tribunal ha ratificado la condena, la sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. Esta opción ofrece al condenado la posibilidad de apelar la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, buscando una revisión del caso en una instancia superior.

El caso ha generado interés debido a los antecedentes penales del acusado y a las circunstancias del robo. La decisión del tribunal de ratificar la condena refuerza la importancia de las medidas de seguridad en los establecimientos y la necesidad de proteger el patrimonio frente a actos delictivos.

El proceso judicial continúa, y el condenado deberá decidir si presenta un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Mientras tanto, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón se mantiene como una medida ejemplarizante en la lucha contra el robo con fuerza.

El caso pone de manifiesto la importancia de la seguridad en los establecimientos y la aplicación de la justicia en situaciones de robo con fuerza. La decisión del tribunal resalta la gravedad de estos actos y la necesidad de una respuesta contundente por parte del sistema judicial.

La pequeña localidad berciana de Manzanedo de Valdueza, en el término municipal de Ponferrada (León), amaneció este domingo de luto tras la tragedia que se cobró la vida de dos mujeres la tarde del sábado. Una intensa tormenta descargó sobre la comarca de El Bierzo y provocó el desbordamiento de los ríos Oza y Meruelo, lo que originó una riada y un corrimiento de tierras que arrasó todo a su paso. El agua, el barro y los troncos se encauzaron violentamente por la calle de la Iglesia hasta alcanzar una bodega en la que se encontraban seis personas.

Los hechos se produjeron en torno a las 19:38 horas del sábado, cuando la Sala de Operaciones del 1-1-2 de Castilla y León recibió varias llamadas alertando de la situación. Los servicios de emergencia se desplazaron de inmediato al lugar. Bomberos de Ponferrada, Policía Nacional, Policía Local, el Centro Coordinador de Emergencias y el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (Gripde) fueron movilizados, junto con un helicóptero de rescate enviado por la Agencia de Protección Civil. Emergencias Sanitarias de Sacyl desplegó varias ambulancias de soporte vital básico y avanzado y personal médico del punto de atención continuada.

Según confirmó la Subdelegación del Gobierno en León, dos mujeres de aproximadamente 60 y 80 años perdieron la vida en el interior de la bodega anegada. Dos menores de edad fueron atendidos por contusiones leves, aunque no se descarta que otras personas también recibieran atención médica. Inicialmente, el balance del 1-1-2 hablaba de varias personas desaparecidas y heridas; finalmente, pasadas las diez de la noche, se confirmó que no quedaba nadie desaparecido tras localizar a un varón octogenario que había sido dado por perdido y que fue encontrado ileso.

La tragedia se produjo en plena jornada festiva de la localidad, que se vio sorprendida por una tormenta de una virulencia inusitada. Varios vecinos relataron que en esa reguera nunca habían visto algo parecido. «Es horrible, es horrible», repetían los habitantes de la localidad, que además recordaron los dramáticos momentos vividos el año anterior, cuando tuvieron que abandonar sus hogares por los incendios que asolaron la Tebaida Berciana.

Y precisamente esos incendios podrían tener relación con la tragedia. Olegario Ramón, presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, que se desplazó a la zona, vinculó parte de lo ocurrido a la situación de los terrenos afectados por los incendios del año pasado, que carecen de la vegetación necesaria para que la tierra tenga sujeción. Ramón confirmó además que existían dificultades de acceso por carretera a las localidades afectadas debido a los corrimientos de tierra y barro.

En la cercana localidad de Bouzas, otra tromba de agua arrastró varios vehículos y provocó cuantiosos daños materiales, aunque afortunadamente no se registraron víctimas personales. Una vivienda junto al reguero desbordado quedó afectada por la entrada de lodo, hasta el punto de que sus habitantes no podían abrir la puerta.

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, tenía previsto visitar las zonas afectadas a media mañana y comparecer ante los medios de comunicación. Alaiz confió en que las administraciones involucradas darán una respuesta conjunta a la situación generada por la riada y el corrimimiento de tierras. Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expresó su «profundo dolor» por la muerte de las dos mujeres. «Día de profundo dolor en Manzanedo de Valdueza. Mi más sentido pésame y todo mi cariño a las familias y seres queridos de las dos mujeres fallecidas. No hay palabras para una tragedia así. Todo nuestro afecto y cercanía», publicó Mañueco en redes sociales.

La tragedia de Manzanedo de Valdueza se produce en un contexto de episodios meteorológicos extremos que están afectando a buena parte de la península. Siete comunidades autónomas permanecían este domingo en alerta por lluvias, y la DANA que cruza el país ha dejado también graves daños en provincias como Castellón.

Las fuertes tormentas veraniegas vuelven a poner de manifiesto la vulnerabilidad de las pequeñas localidades rurales ante fenómenos de gran violencia y la urgencia de reforzar las medidas de prevención, especialmente en zonas afectadas por incendios recientes.