Un nuevo caso de hantavirus ha sido confirmado esta tarde en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Se trata de una persona que se encontraba en cuarentena preventiva como contacto estrecho del brote detectado inicialmente, y cuyo diagnóstico positivo ha quedado acreditado mediante prueba PCR.

El caso ha aflorado durante los controles diagnósticos periódicos que las autoridades sanitarias vienen realizando a las personas en seguimiento epidemiológico. Según el Ministerio de Sanidad, el afectado permanecía ya bajo vigilancia clínica y aislamiento desde su ingreso, conforme a los protocolos del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR), lo que implica que en ningún momento estuvo en contacto con la población general sin las medidas preventivas correspondientes.

Traslado a la unidad de máximo aislamiento

Tras confirmarse el diagnóstico, el paciente ha sido trasladado a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN) del propio Gómez Ulla, donde permanecerá ingresado bajo supervisión médica y con las medidas de bioseguridad previstas para este tipo de infecciones.

Sin cambios en el nivel de riesgo general

Las autoridades sanitarias han remarcado que la detección se ha producido íntegramente dentro del dispositivo de aislamiento ya activado. En consecuencia, este nuevo positivo no modifica la valoración del riesgo para la población general ni altera las medidas de respuesta epidemiológica que siguen en marcha desde que se identificó el brote.

En un gesto sin precedentes, el Papa León XIV tomó asiento en el Aula del Sínodo junto a cardenales, teólogos y, por primera vez en la historia, expertos en alta tecnología, para presentar en persona su primera encíclica: Magnifica humanitas. Un documento que llega cargado de urgencia y que lanza al mundo un mensaje tan sencillo en su forma como profundo en su alcance: la inteligencia artificial debe ser desarmada.

El Pontífice, nacido Robert Francis Prevost, no escogió esa palabra al azar. "Es fuerte, lo sé", reconoció ante los presentes. "Pero se eligió deliberadamente porque este momento necesita palabras capaces de despertar conciencias".

Un eco de León XIII

La fecha no es casual. León XIV firmó el documento el pasado 15 de mayo, aniversario exacto de la Rerum Novarum, la célebre encíclica con la que León XIII sacudió al mundo en 1891 al denunciar los estragos de la revolución industrial sobre los trabajadores. Ciento treinta y cinco años después, su sucesor en el nombre mira otra revolución —quizá más vertiginosa y menos visible— y concluye que la Iglesia, de nuevo, no puede permanecer al margen.

"Me siento llamado a contemplar otra gran transformación con los ojos de la fe, con la lucidez de la razón y con los gritos de los pobres resonando en mi corazón", declaró el Papa ante los presentes.

Diez años de escucha

Las aproximadamente 200 páginas de Magnifica humanitas no nacieron de un despacho vaticano en pocas semanas. Son el resultado de una década de reflexión interna en la Santa Sede sobre las nuevas tecnologías. León XIV describe el documento como fruto, ante todo, de la escucha: la de ingenieros que trabajan para aliviar sufrimientos, la de legisladores que buscan normas justas, la de padres y maestros angustiados por sus hijos.

Pero también, y aquí el tono se vuelve sombrío, la de voces más inquietantes: sistemas de armas autónomos "prácticamente fuera de todo control humano", algoritmos que niegan acceso a la atención médica o al empleo basándose en datos contaminados por prejuicios. Y, sobre todo, "el silencio de quienes no tienen voz cuando se toman decisiones que pueden generar nuevas formas de exclusión".

El núcleo del mensaje: desarmar y construir

La propuesta central de la encíclica descansa sobre dos verbos. El primero, desarmar, establece el diagnóstico: así como la Iglesia lleva décadas comprometida con el desarme nuclear, hoy exige que la IA sea liberada de las lógicas que la convierten en instrumento de dominio, de exclusión o de muerte. "La paz no es solo la ausencia de guerra", advirtió el Papa. "Cuando la tecnología debilita nuestro sentido crítico, es la paz misma la que está en riesgo".

El segundo verbo, construir, propone el horizonte. Y aquí León XIV recurrió a un recuerdo personal: los años de misión en Perú, y las inundaciones devastadoras del Niño de 2017 que sepultaron casas y carreteras en el norte del país. "Aprendí que reconstruir no significa simplemente reemplazar lo que ha sido destruido. Significa reparar los lazos, restablecer la confianza y despertar la esperanza. Nadie reconstruye solo".

Esa misma lógica, sostiene el Pontífice, debe guiar el futuro de la inteligencia artificial: diseñadores y afectados, países ricos y pobres, instituciones e individuos, centros de poder y periferias, todos juntos. "No para unos pocos privilegiados, sino para toda la familia humana".

La Iglesia en el debate tecnológico

El Vaticano es consciente de los límites de su autoridad en un terreno tan técnico. "No tenemos respuestas técnicas, ni pretendemos sustituir a quienes tienen la competencia necesaria", admitió el Papa con notable franqueza. Lo que sí ofrece, argumenta, es algo que el mundo de los algoritmos y los modelos de lenguaje no puede generar por sí solo: una sabiduría sobre lo humano. "Cada persona es única e insustituible, un sujeto libre e inteligente, dotado de conciencia, capaz de buscar a Dios y de servir a los demás".

La encíclica concluye con una invitación a convertirse en "artesanos de la esperanza", en constructores de una sociedad más humana y fraterna. Una llamada que, en tiempos de modelos de IA entrenados con billones de datos pero incapaces de comprender el dolor de una madre o la dignidad de un anciano, suena más a desafío que a consigna.

LEER LA ENCÍCLICA

La Audiencia Nacional ha colocado a José Luis Rodríguez Zapatero en el epicentro del caso Plus Ultra tras levantar gran parte del secreto de sumario de la investigación que le atribuye presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, entre otros. Mientras, otra parte del sumario, permanece todavía secreto. 

El expresidente del Gobierno está citado a declarar el próximo 2 de junio, en una causa que indaga el papel de su entorno en el rescate de la aerolínea y en un presunto circuito de beneficios económicos vinculado a la trama.

El avance judicial ha coincidido con otro hallazgo de gran impacto: la UDEF encontró una caja fuerte en el despacho que usaba Zapatero en Ferraz (frente a la sede socialista) con 103 piezas de joyería y relojería, entre pendientes, collares, brazaletes, anillos y relojes de alta gama. Según el inventario recogido en el sumario, entre los objetos intervenidos había relojes Longines y Omega, además de una bolsa con la inscripción “Presidencia del Gobierno” que contenía varias piezas de oro y plata.

La secretaria del exdirigente socialista habría indicado a los agentes que parte de las joyas pertenecían a la herencia de Sonsoles Espinosa y que otras eran regalos de viaje, una versión que ahora forma parte del material examinado por la instrucción.

La investigación permanece abierta mientras la Audiencia Nacional continúa analizando la documentación, los registros y el origen de los bienes intervenidos.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sostiene en sus informes sobre el caso Plus Ultra que José Luis Rodríguez Zapatero habría ocupado un papel central en la supuesta red de influencias vinculada al rescate de la aerolínea, una estructura que, según los investigadores, operaba de forma jerarquizada y con un liderazgo “no visible” en la estructura formal. El documento policial atribuye al expresidente una “supervisión estratégica” del proceso y afirma que en la práctica se situaría “en la cúspide” de la organización investigada.

Según los pasajes filtrados del informe, la UDEF describe una operativa orientada a obtener beneficios económicos mediante la influencia ejercida sobre decisiones públicas relacionadas con la ayuda concedida a Plus Ultra, cuantificada en 53 millones de euros durante la pandemia. Los agentes señalan que el núcleo de la trama habría girado en torno a la captación de apoyos, la validación de clientes y la canalización de fondos a través de sociedades creadas en el extranjero, algunas de ellas presentadas como mera cobertura documental.

El papel atribuido al expresidente

Uno de los puntos más relevantes del informe es la tesis de que Zapatero no habría aparecido como un operador visible, sino como el verdadero centro de decisión de la red, con un papel de dirección indirecta pero determinante. La UDEF sostiene que esa influencia se habría ejercido a través de su entorno más próximo y de colaboradores como su amigo Julio Martínez Martínez y Manuel Aaron Fajardo García, residente en Venezuela, situados por los investigadores en un segundo nivel de la estructura.

El texto policial también apunta a que el expresidente habría intervenido en la selección o validación de potenciales clientes de la red, además de impartir instrucciones para la creación de sociedades fuera de España con la finalidad presunta de recibir pagos o articular los movimientos económicos investigados. Los investigadores añaden que parte de la estrategia de la trama habría consistido en intentar desvincular públicamente a Zapatero de esas actividades mientras, en paralelo, se mantenía su peso real en las decisiones.

Los fondos y el entorno familiar

Otro de los elementos más delicados del informe es la supuesta vinculación de los fondos con la sociedad WHATHEFAV, administrada por las hijas de Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, a quienes la UDEF menciona junto al expresidente como principales beneficiarios finales de los fondos obtenidos por la red. El informe sostiene que los trasvases de dinero se habrían justificado mediante contratos que, según la interpretación policial, tendrían una función de soporte documental más que de prestación real de servicios.

La policía afirma, además, que parte de la operativa económica de la trama habría servido para dar apariencia de legalidad a los movimientos financieros investigados, encajando en una posible dinámica de blanqueo y falsedad documental. En esa misma línea, se menciona que la investigación apunta a una estructura organizada para ejercer influencias ante instancias públicas a cambio de beneficios económicos, con Plus Ultra como uno de los objetivos principales.

Las comunicaciones intervenidas

Los informes policiales también dan peso a las conversaciones intervenidas entre miembros del entorno de Plus Ultra y empresarios vinculados a la trama, donde se habría hablado de Zapatero como un apoyo político útil para desbloquear gestiones clave. En esos intercambios, los investigadores ven indicios de que la aerolínea buscó su intermediación para facilitar el rescate y otras decisiones administrativas relacionadas con su actividad internacional.

Entre los mensajes analizados, la UDEF destaca referencias a la necesidad de contar con un “lobby” político y a la conveniencia de recurrir al expresidente para influir en procesos de ayuda pública y financiación. El informe interpreta esas conversaciones como prueba de una red de relaciones personales, empresariales y políticas que habría buscado aprovechar el peso institucional y los contactos de Zapatero para favorecer los intereses de Plus Ultra.

La investigación judicial

El caso permanece bajo la lupa de la Audiencia Nacional y ha derivado en la citación de José Luis Rodríguez Zapatero como investigado, el próximo 2 de junio,  en una causa que se ha reactivado a partir de nuevos indicios incorporados al sumario. La investigación se centra en el posible uso irregular del rescate de 53 millones y en la eventual existencia de una trama organizada para obtener ventajas económicas a través de influencias políticas.

La UDEF, en sus conclusiones, presenta un cuadro de presunta coordinación interna en el que las decisiones relevantes no se tomarían de forma explícita en la cúspide visible, sino a través de una dirección estratégica discreta y de intermediarios de confianza. En ese esquema, la figura de Zapatero quedaría descrita por los investigadores como el eje sobre el que habría girado el funcionamiento de la supuesta red.

El Tribunal Supremo celebró esta mañana vista pública sobre las peticiones de suspensión cautelar del Real Decreto 316/2026, que modifica el reglamento de extranjería aprobado en noviembre de 2024, y resolvió mantener en vigor la norma rechazando todas las solicitudes de paralización presentadas.

La Sala inadmitió por falta de legitimación activa los recursos interpuestos por Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y la Asociación Libertad y Justicia. Al quedar excluidas del procedimiento, el tribunal no entró a valorar sus respectivas peticiones de suspensión cautelar.

Vox y Madrid, con legitimación pero sin éxito

El tribunal sí reconoció legitimación activa al partido Vox para recurrir el decreto, pero denegó su solicitud de suspensión cautelar. La misma suerte corrió la Comunidad Autónoma de Madrid, cuya petición de paralización fue igualmente rechazada, aunque el Supremo no se pronunció expresamente sobre su legitimación en el proceso.

Los recursos de Vox y Madrid continúan así su tramitación en cuanto al fondo, pero sin que la norma quede suspendida mientras se resuelven. El tribunal notificará los autos correspondientes en los próximos días.

Las mañanas de la Cadena SER tendrán nueva voz a partir del próximo otoño. Àngels Barceló ha comunicado esta mañana a la emisora que no renovará su contrato, poniendo fin a siete años conduciendo 'Hoy por Hoy', el programa decano de la radio española con más de cuatro décadas de historia.

Barceló llegó a las mañanas de la SER en 2019, procedente de 'Hora 25', y consolidó el liderazgo del espacio en una etapa marcada por grandes convulsiones informativas. Su marcha se suma a la de otras figuras que dejaron huella en el mismo micrófono: Iñaki Gabilondo, que convirtió el programa en referencia del periodismo de calidad; Carles Francino, con su sello más cercano; y Pepa Bueno, que abrió el camino a las mujeres en la dirección de las grandes mañanas radiofónicas.

La propia Barceló se despidió con una declaración de gratitud: agradeció la lealtad de los oyentes, la confianza depositada en ella y el trabajo de sus equipos y colaboradores a lo largo de estos años.

La SER mira al futuro

Desde la dirección de la cadena, el director general de radio y negocio audiovisual, Jaume Serra, destacó los 21 años de Barceló en la casa —entre 'A vivir que son dos días', 'Hora 25' y 'Hoy por Hoy'— y subrayó que la emisora cuenta con talento suficiente para afrontar la nueva etapa. Por su parte, la consejera delegada de PRISA Media, Pilar Gil, enmarcó el cambio en el proceso de transformación del grupo y su apuesta por llegar a nuevas audiencias en la temporada 2026-27.

La SER no ha anunciado todavía quién tomará el relevo en la franja matinal más escuchada de la radio española.

El titular de la Plaza n.º 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, en funciones de guardia, ha decidido dejar en libertad a tres personas investigadas por reclutar ilegalmente ciudadanos pakistaníes para trabajar en obras en el norte del Estado español. Sin embargo, se les ha prohibido salir del territorio nacional.

Obligaciones judiciales para los investigados

Tras comparecer este jueves ante el juez, los tres investigados se negaron a declarar. El magistrado ha ordenado la retirada de sus pasaportes y les ha impuesto la obligación de presentarse ante el órgano judicial los días uno y quince de cada mes. Aunque el ministerio fiscal, única parte acusadora en el caso, no solicitó prisión provisional, los cargos que enfrentan son graves. Los hechos podrían constituir dos delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros, con penas que van desde tres meses hasta seis años de prisión.

Víctimas y modus operandi de la organización

Este viernes, está previsto que el instructor tome declaración a cuatro de las víctimas del caso, que se encuentran actualmente en Cantabria. Según el auto, los tres investigados formarían parte de una organización dedicada a suministrar mano de obra ilegal a empresas constructoras en el norte del Estado español, especialmente en el partido judicial de Santander. Algunos trabajadores han declarado a la Guardia Civil que la organización les exigía 30.000 euros para conseguirles contratos de trabajo en el Estado español, favoreciendo así la inmigración ilegal.

El auto detalla que, una vez en el país, los trabajadores eran alojados en viviendas sin condiciones de habitabilidad, a menudo sin luz ni agua corriente. Además, se les imponían horarios laborales superiores a los permitidos legalmente y no se les daba de alta en la Seguridad Social. La organización conseguía obras, distribuía a los trabajadores y contaba con una flota de vehículos para transportarlos.

Investigación y detenciones

La mujer de uno de los investigados, también implicada en el caso, fue detenida mientras conducía una furgoneta minutos después de dejar a dos trabajadores en una obra. En su declaración, afirmó ser únicamente ama de casa y desconocer las actividades de su marido. Durante la investigación, se identificó a empleados que carecían de contrato laboral y que portaban documentos de terceras personas en sus teléfonos móviles.

Medidas cautelares y vínculos en el extranjero

A la vista de la gravedad de los hechos denunciados, el magistrado ha acordado que los investigados se presenten ante el órgano judicial cada quince días. Aunque dos de ellos se encuentran en situación regular en el Estado español y uno está nacionalizado, tienen vínculos e intereses en el extranjero, especialmente en Pakistán, su país de origen. Por ello, se ha impuesto la medida cautelar de prohibición de salida del territorio nacional.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que obliga a Atresmedia a cesar en la emisión de Pasapalabra con su prueba final "El Rosco" sin autorización de su legítima titular. La resolución, sentencia 758/2026 dictada el 19 de mayo, desestima íntegramente los recursos presentados por Atresmedia e ITV Studios, así como el de la propia MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V., y ratifica en todos sus extremos el fallo recurrido.

Una disputa con décadas de historia

La batalla judicial en torno a Pasapalabra y su célebre prueba del rosco circular lleva años ocupando los tribunales españoles. En un litigio anterior, Mediaset e ITV Studios ya se habían enfrentado por los derechos sobre el mismo formato. Sin embargo, el Supremo ha dejado claro en esta sentencia que aquel proceso no vincula al presente: aunque ambos pleitos giran sobre las mismas preguntas —si "El Rosco" es una obra protegida y quién ostenta sus derechos—, los litigantes no coinciden, por lo que no cabe apreciar efecto de cosa juzgada. Por la misma razón, descarta que la sentencia firme del proceso anterior haya quedado en entredicho por el fallo ahora recurrido.

"El Rosco" es una obra, no una simple idea

El núcleo del debate era si "El Rosco" merece la consideración de obra protegida o si se trata de una mera idea o concepto genérico que, como tal, quedaría fuera del amparo de la propiedad intelectual. El Tribunal Supremo se decanta sin ambigüedades por la primera opción. A juicio de la Sala, el formato es un producto desarrollado, estructurado y dotado de suficiente complejidad: contiene todos los elementos que permiten su utilización práctica para, sobre su base, crear un programa de televisión. No es, por tanto, una idea inicial o abstracta, sino una obra en sentido jurídico pleno.

Además, el Tribunal aprecia que "El Rosco" goza de originalidad suficiente. Las decisiones de sus autores —libres y creativas— quedan impresas en el formato y reflejan su personalidad, lo que lo distingue de otros juegos basados en el alfabeto. El Supremo destaca de forma particular su configuración visual: la disposición circular de las letras y la dinámica de juego que genera constituyen una singularidad propia que lo hace reconocible e irrepetible.

Cese inmediato y condenas de futuro

El Tribunal confirma la orden de cesar en la explotación del formato sin autorización de su titular y da validez a las llamadas condenas de futuro: la posibilidad de imponer ya en sentencia una indemnización por los daños que sigan produciéndose si la conducta infractora persiste tras el fallo. Se trata de un mecanismo que evita a MC&F tener que acudir de nuevo a los tribunales cada vez que la infracción continúe, y que convierte la sentencia en una advertencia directa a Atresmedia: si mantiene la emisión del programa sin acuerdo con la titular del formato, las consecuencias económicas se acumularán de forma automática.

Responsabilidad subjetiva: solo responde quien sabía o debía saber

La sentencia fija también un criterio relevante en materia de responsabilidad. El Supremo establece que el régimen aplicable a las infracciones de propiedad intelectual es de carácter subjetivo, basado en la culpa o negligencia: para que el infractor deba indemnizar los daños causados, es necesario que haya actuado a sabiendas de la infracción o con motivos razonables para conocerla. No basta con constatar objetivamente la infracción; es preciso acreditar ese elemento de conocimiento o negligencia en quien la comete.

El fin de un largo recorrido judicial

La resolución cierra, al menos en vía civil, un contencioso que marcó la producción televisiva española y que en su día llevó a la retirada de Pasapalabra de Telecinco. Con el Supremo ratificando que MC&F es la legítima titular del formato y que Atresmedia lo ha explotado sin su autorización, el fallo tiene consecuencias tanto económicas como simbólicas: recuerda que los formatos de entretenimiento, cuando alcanzan el grado de desarrollo y originalidad suficientes, merecen la misma protección que cualquier otra obra creativa. La pelota queda ahora en el tejado de Atresmedia, que deberá decidir si negocia una licencia con MC&F o retira definitivamente el concurso de su programación.

El Tribunal Supremo ha puesto freno a uno de los instrumentos que el Gobierno central había diseñado para controlar el boom del alquiler turístico. La sentencia 620/2026 anula el procedimiento de registro único de arrendamientos de corta duración creado por el Real Decreto 1312/2024, al considerar que el Estado se extralimitó en sus competencias al imponer un registro nacional que se superponía a los ya existentes en las comunidades autónomas.

El fallo estima parcialmente el recurso interpuesto por la Generalitat Valenciana, que impugnó la norma estatal por entender que invadía su ámbito competencial en materia de alojamientos turísticos. El tribunal da la razón a la comunidad en lo esencial: el registro único nacional queda anulado. Sin embargo, el Supremo avala la parte del decreto relativa a la ventanilla única digital, las obligaciones de transmisión de datos de las plataformas en línea y el intercambio de información con fines estadísticos.

El problema de fondo: pisos turísticos que expulsan vecinos

La sentencia no elude el contexto que motivó la norma. El tribunal reconoce expresamente la "creciente preocupación" —tanto en España como en la Unión Europea— por el impacto de plataformas como Airbnb o Booking en el mercado residencial. El aumento constante de los alquileres de corta duración ha reducido la oferta de vivienda habitual, disparado los precios del alquiler y provocado el desplazamiento de residentes hacia otras zonas, con efectos sobre la cohesión vecinal de determinados barrios.

Fue precisamente esa preocupación la que llevó a la UE a aprobar en 2024 un reglamento europeo para armonizar los sistemas de registro e intercambio de datos de las plataformas de alquiler turístico. El Gobierno español argumentó que el Real Decreto se dictaba en cumplimiento de esa norma europea. El Supremo, sin embargo, matiza que el reglamento comunitario no exige que el registro sea necesariamente de ámbito nacional, ni altera el reparto competencial interno de cada Estado miembro.

El Estado se excedió en sus competencias

El núcleo del debate era si el Estado tenía título competencial para imponer ese registro único. El tribunal analizó varios posibles anclajes constitucionales —legislación civil, igualdad básica entre españoles, coordinación económica, estadística estatal— y los descartó uno a uno para justificar el registro nacional.

El fallo razona que el registro no regula contratos de arrendamiento ni inscribe cargas sobre la propiedad, sino que simplemente asigna un número de registro como requisito para anunciar pisos en plataformas digitales. En esa función, el Estado no puede ampararse en su competencia sobre registros públicos. Tampoco puede invocar la coordinación económica general, porque la regulación del decreto no se limitaba a fijar unas bases mínimas, sino que establecía un sistema exhaustivo que dejaba sin espacio a los registros autonómicos ya existentes.

Sí se salvan, en cambio, las disposiciones sobre la ventanilla única digital y las obligaciones de datos de las plataformas, que el tribunal considera amparadas por las competencias estatales en coordinación económica y estadística.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha levantado el secreto de sumario y ha hecho público, plasmado en un auto de 85 páginas los motivos por los que considera a José Luis Rodríguez Zapatero presunto cabecilla de una red organizada dedicada al tráfico de influencias, cuya actuación habría sido determinante para que la aerolínea Plus Ultra obtuviera una ayuda pública de 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de la SEPI. El ex presidente ha negado los hechos en un comunicado hecho público este mismo martes. 

Una estructura jerarquizada con reparto de funciones

El instructor describe una organización con varios niveles claramente diferenciados. En la cúspide situaría al expresidente del Gobierno, quien habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables. Por debajo, el empresario Julio M. M. y Manuel F. G. habrían actuado como intermediarios directos con los clientes, mientras que la secretaria de la oficina de Zapatero, María A. J., y Cristóbal C. Q. habrían asumido la gestión operativa cotidiana. Para Calama, este reparto funcional de tareas estaba orientado a maximizar la eficacia de las gestiones ante organismos públicos.

Dos vías de influencia, una predominante

Según recoge el auto, los directivos de Plus Ultra articularon dos líneas paralelas para conseguir la ayuda: una a través del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos y otra a través de Zapatero. Ambas habrían operado de forma simultánea, pero el juez concluye que fue la vía del expresidente la que acabó adquiriendo un papel predominante y permitió a la aerolínea alcanzar sus objetivos.

La influencia ejercida no buscaba, a juicio del magistrado, un trato genérico o una expectativa vaga, sino un resultado concreto: la aprobación y el desembolso de la ayuda pública. La secuencia de reuniones, contactos y comunicaciones recabados por la investigación, incluido el acceso anticipado a información privilegiada sobre la inminente concesión de los fondos, avalaría esa conclusión.

Información privilegiada antes de la decisión oficial

Uno de los indicios que el juez considera más reveladores es que, en febrero de 2021, dos de los investigados celebraron en un intercambio de mensajes la concesión de la ayuda a Plus Ultra antes de que el Consejo Gestor adoptara su decisión formal, que no se produjo hasta el 9 de marzo. Para Calama, ese episodio evidencia la capacidad de la red para acceder a información reservada de los órganos administrativos implicados.

Contraprestaciones económicas y sociedades instrumentales

El auto identifica un flujo económico que el juez califica de indicio relevante de la relación causal entre la actividad de influencia y el beneficio obtenido. Los pagos habrían sido canalizados a través del entramado societario controlado por Julio M. M. mediante contratos de asesoría elaborados específicamente para justificar las transferencias. La utilización de sociedades instrumentales como Caletón Consultores y Summer Wind habría servido, según Calama, para triangular los pagos y dificultar la trazabilidad de los fondos.

En cuanto a los destinatarios finales, el instructor señala que Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros a Zapatero y 239.755 a Whathefav —sociedad cuyas administradoras y socias son sus hijas—, mientras que Gate Center habría enviado 352.980 euros al expresidente y 171.727 a esa misma sociedad. Sociedades del grupo Thinking Heads, vinculado a Daniel R. K., habrían remitido además 681.318 euros al expresidente y 12.297 a Whathefav. En todos los casos, los contratos suscritos habrían servido de mera cobertura documental.

Una segunda línea: las rutas aéreas en Venezuela

La actividad investigada no se habría limitado, según el auto, a las gestiones en España. El juez describe una segunda línea de influencia dirigida a intervenir ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela para asegurar la autorización de vuelos de Plus Ultra. Calama considera que ambas líneas deben tratarse como un único delito de tráfico de influencias, dado que comparten los mismos sujetos activos, una tipología homogénea y una finalidad económica unitaria.

Indicios de blanqueo a través de una sociedad en Dubái

El instructor también aprecia indicios de un posible delito de blanqueo de capitales. Según el auto, Zapatero habría dado instrucciones para constituir una sociedad en Dubái —identificada como Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco— participada íntegramente por la mercantil española Idella Consulenza Strategica. La proximidad temporal entre la creación de esa sociedad y la firma del contrato por el que Idella debía percibir 530.000 euros como el uno por ciento del rescate, sin constancia de pagos en España, refuerza para el juez la hipótesis de que la estructura en el extranjero habría sido diseñada para recibir esos fondos eludiendo su trazabilidad en territorio español. El patrón, concluye Calama, encaja con las modalidades de blanqueo descritas por el Tribunal Supremo: sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia, estructuras fiduciarias para ocultar la titularidad real y canalización de fondos a través del exterior.

El juez rechaza registrar el domicilio particular

A pesar de autorizar el registro de la oficina del expresidente y de otras tres mercantiles investigadas, Calama deniega la solicitud de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de registrar el domicilio particular de Zapatero. El magistrado argumenta que la medida no supera el triple juicio de proporcionalidad que exige la doctrina constitucional.

En primer lugar, la amplia difusión mediática del procedimiento hace razonablemente presumible que cualquier elemento incriminatorio existente en ese domicilio habría sido ya retirado o destruido. En segundo lugar, la investigación dispone de alternativas menos intrusivas y plenamente eficaces, como el propio registro de la oficina autorizado en el mismo auto. Y en tercer lugar, el grado de afectación al derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio sería especialmente intenso, dada la posición institucional del titular, mientras que el beneficio potencial para la investigación resulta incierto y meramente hipotético. La desproporción entre ambos planos es, en palabras del propio juez, evidente.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho público esta mañana un comunicado en vídeo tras recibir una notificación de la Audiencia Nacional citándole como investigado. En él ha afirmado su disposición a colaborar con la justicia y ha negado con "toda contundencia" haber cometido irregularidad alguna.

Zapatero ha asegurado que "toda su actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad" y que todos sus ingresos y remuneraciones han sido declarados a través del IRPF "con absoluta transparencia". Asimismo, ha negado haber realizado "ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra ni ante ninguna otra administración".

El expresidente también ha descartado haber tenido nunca "una sociedad mercantil, ni directamente ni a través de terceros, ni en España ni fuera de España", ni haber participado en ninguna operación de ese tipo.

Zapatero ha anunciado que ejercerá "su derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción" y ha adelantado que atenderá a los medios de comunicación en los próximos días.

La citación como investigado por parte de la Audiencia Nacional se enmarca en la causa relacionada con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, aunque por el momento no han trascendido más detalles sobre los cargos concretos que se le imputan.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado este martes como investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para que comparezca el próximo 2 de junio a declarar por presuntos delitos de tráfico de influencias y otros conexos en el marco de la investigación sobre el rescate público de la aerolínea Plus Ultra.

El magistrado ha acordado también, una raíz del levantamiento del secreto de las actuaciones, el registro de la Oficina del expresidente y de otras tres sociedades mercantiles vinculadas al procedimiento.

El origen: una denuncia de Manos Limpias

El procedimiento tiene su origen en una denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias, una organización de extrema derecha con un largo historial de querellas y denuncias contra dirigentes políticos de izquierda y que ya protagonizó el caso que derivó en el juicio contra Begoña Gómez. La causa fue instruida inicialmente por un juzgado de Madrid, que el pasado 3 de marzo se inhibió a favor de la Audiencia Nacional, donde el juez Calama asumió la competencia.

La investigación se centra en el papel que pudo desempeñar Zapatero en el rescate de Plus Ultra, la aerolínea que recibió ayudas públicas a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas durante la pandemia.

La Dirección General de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Navarra ha convocado dos líneas de subvenciones para la protección de animales de compañía por un importe total de 394.900 euros. Ambas convocatorias han sido publicadas este lunes en el Boletín Oficial de Navarra y cubren actuaciones realizadas entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026.

Casi 294.000 euros para ayuntamientos y concejos

La primera línea, dotada con 293.900 euros, está dirigida a entidades locales de la Comunidad Foral. De esa cantidad, 100.000 euros financiarán actuaciones en centros de acogida de animales autorizados e inscritos en el Registro de Núcleos Zoológicos de Navarra, mientras que los 193.000 restantes se destinarán a la gestión y mantenimiento de colonias felinas.

Entre los gastos subvencionables figuran la esterilización quirúrgica, la identificación mediante microchip, la vacunación antirrábica, la compra de pienso y arena, y los gastos corrientes de los centros como electricidad, agua, seguros o productos de limpieza. El plazo para presentar solicitudes y justificaciones finaliza el 15 de octubre de 2026.

101.000 euros para asociaciones protectoras

La segunda convocatoria, con 101.000 euros, está reservada a asociaciones sin ánimo de lucro inscritas en el Registro de asociaciones y entidades colaboradoras de protección animal de Navarra. En este caso se subvencionarán inversiones para crear o mejorar centros de acogida temporal, adquisición de equipamiento —desde quirófanos hasta jaulas, microchips o transportines— y gastos de mantenimiento, seguros, asesoría o campañas de concienciación sobre tenencia responsable. El plazo de solicitud es de un mes desde la publicación en el BON.

Las solicitudes en ambos casos deben tramitarse de forma telemática a través del Catálogo de Servicios del Portal del Gobierno de Navarra.

La sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, no lucirá por ahora placas ni señalización como Lugar de Memoria Democrática. La Audiencia Nacional ha suspendido cautelarmente el acuerdo con el que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática declaró ese edificio espacio de memoria histórica el pasado 20 de octubre, en reconocimiento de que allí estuvo instalada la Dirección General de Seguridad durante el franquismo.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo estimó el recurso presentado por el letrado de la Comunidad de Madrid, que argumentaba que la declaración causaba un daño a la imagen institucional de la sede autonómica. El tribunal no descarta ese perjuicio: aunque admite que no puede afirmarlo "de forma categórica", sí considera que tampoco puede negarlo, y eso es suficiente para justificar la medida cautelar.

Una sede presidencial, no unas "oficinas administrativas"

Los magistrados van más allá del argumento de imagen. Señalan que el acuerdo impugnado minimiza la relevancia del inmueble al referirse a él como sede de "oficinas administrativas", obviando que alberga la presidencia del Gobierno regional. La confluencia en un mismo espacio de intereses "tan intensos y, a la par, contrapuestos" —la memoria histórica por un lado, la actividad institucional por otro— refuerza, a su juicio, la conveniencia de paralizar la medida mientras se tramita el recurso.

La declaración habría supuesto, entre otras cosas, la colocación de placas, paneles o un "distintivo memorial interpretativo", la señalización del espacio y su integración en circuitos internacionales de memoria. Todo ello, según el acuerdo, sin alterar el uso actual del edificio, aunque condicionando cualquier uso futuro a su compatibilidad con las medidas de preservación de la memoria.

El tiempo juega a favor de la suspensión

La Sala rechaza que paralizar el acuerdo cause un perjuicio grave al interés general. Al contrario: considera que el transcurso del tiempo no daña la finalidad de la memoria histórica, mientras que ejecutar el acuerdo sí podría generar un daño "difícilmente reversible" para la Comunidad de Madrid. Añade otro argumento de peso: el Tribunal Constitucional tramita un conflicto positivo de competencias sobre esta misma materia, lo que, a juicio de los magistrados, avala por sí solo la suspensión.

La voz discrepante

El auto no es unánime. Uno de los magistrados firmó un voto particular en el que defiende que no existe daño real a la imagen institucional de la Comunidad de Madrid, dado que los hechos que motivan la declaración ocurrieron cuando la autonomía madrileña ni existía ni era concebible. Para el magistrado disidente, la suspensión sí tiene consecuencias concretas: retrasa la reparación a las víctimas, genera en ellas "sensaciones de desazón e incredulidad" y proyecta ante organismos internacionales una imagen negativa sobre el compromiso real de España con la memoria democrática.

La sección cuarta de la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso presentado por la cantante Shakira contra la resolución de la Agencia Tributaria y el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC). Esta sentencia anula de forma definitiva las liquidaciones y las multas impuestas a la artista en relación con el ejercicio fiscal de 2011 por el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio, un litigio cuya cuantía económica total superaba los 55 millones de euros.

El fraude fiscal y el criterio de los días de residencia en España

El tribunal fundamenta su decisión en que la inspección de Hacienda no ha podido acreditar que la intérprete permaneciera en territorio español más de 183 días durante el año 2011, el mínimo legal que exige la normativa para fijar el domicilio fiscal en el país y obligar a tributar por los ingresos mundiales.

Por el contrario, los magistrados concluyen que la estancia real de la demandante en el país fue de 163 días. Al no cumplirse este requisito temporal, la sala determina que la administración tampoco ha probado que la cantante tuviera el núcleo de sus intereses económicos o sus relaciones familiares estables en España durante ese periodo analizado.

El debate sobre Bahamas y la tributación internacional de artistas

El fallo judicial aborda el análisis que había realizado la inspección sobre si la recurrente residía de forma efectiva en Bahamas y si el certificado de dicha residencia era válido. El tribunal aclara que lo único esencial que debe probar la administración es si la contribuyente es residente fiscal en España, con independencia de dónde pase el resto del año.

Los magistrados señalan textualmente en la sentencia: "Por tanto, que Bahamas sea o no un paraíso fiscal en 2011 es irrelevante, porque la recurrente ha probado la permanencia de al menos 183 fuera de España (lo cual no es discutido)". Los jueces añaden que no se puede calificar como algo ocasional una ausencia prolongada de más de medio año, ya que desvirtuaría el concepto legal de residencia habitual.

Devolución de ingresos por sanciones indebidas de la Agencia Tributaria

Al confirmarse que la artista no tenía su domicilio fiscal en España en 2011, la Audiencia Nacional declara que las liquidaciones y las sanciones impuestas son contrarias a derecho. La resolución específica que esta situación jurídica se acota exclusivamente a dicho año, por lo que cualquier cambio residencial posterior no afecta al resultado de esta demanda.

La estimación del recurso obliga al Estado a la devolución de importes que la cantante ya hubiera ingresado por estas liquidaciones, junto con el abono de los intereses legales generados y la imposición de las costas del proceso judicial a la administración pública. El fallo judicial no es firme y la administración tiene la opción de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Cuatro organizaciones de lucha contra el tabaquismo —Nofumadores.org, la Asociación por Afectados por Tabaquismo de Extremadura (ATAEX), la Red Europea de Prevención del Tabaquismo (ENSP) y Action on Smoking and Health (ASH)— han remitido una carta conjunta a FundeSalud, la Fundación para la Formación e Investigación de los Profesionales de la Salud de Extremadura, exigiéndole que retire su respaldo institucional a la "Jornada de divulgación sobre reducción de daño cardiovascular y tabaquismo", convocada para este miércoles 21 de mayo en la Casa de la Cultura de Talayuela (Cáceres).

Las entidades denuncian que el evento está organizado por la Cátedra de Investigación en Reducción de Riesgo Cardiovascular de la Universidad de Extremadura (CIRRCE), una cátedra creada con apoyo expreso de Philip Morris International (PMI), y que su financiación tabaquera vulnera el artículo 5.3 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, tratado suscrito por España en 2003. La jornada cuenta además con la colaboración de la Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento de Talayuela, y ha sido difundida a través de canales del Servicio Extremeño de Salud.

"Conflicto fundamental e irreconciliable"

El artículo 5.3 del Convenio Marco obliga a los Estados firmantes a proteger sus políticas de salud pública frente a los intereses de la industria tabacalera. Sus directrices de aplicación, adoptadas por la Conferencia de las Partes de la OMS, establecen que existe un "conflicto fundamental e irreconciliable" entre los intereses del sector tabaquero y los de la salud pública.

"Resulta inadmisible que una fundación sanitaria pública preste su nombre a un evento financiado por la industria que más muertes evitables causa en el mundo", señaló Raquel Fernández Megina, presidenta de Nofumadores.org. "El artículo 5.3 no es una recomendación: es una obligación que las administraciones públicas tienen el deber reforzado de respetar".

Talayuela, localidad elegida como sede del evento, es una de las principales zonas productoras de tabaco de España, lo que las organizaciones denunciantes consideran un elemento que añade opacidad al conjunto de la iniciativa.

El Partido Popular gana las elecciones al Parlamento de Andalucía celebradas este domingo, pero lo hace sin la mayoría absoluta que ostentaba desde 2022. Los populares obtienen 53 escaños de los 109 que componen la cámara autonómica, lo que obliga a Juan Manuel Moreno Bonilla a buscar apoyos para mantenerse en la presidencia de la Junta.

El gran perdedor: el PSOE de Montero

La noche deja un resultado especialmente amargo para los socialistas andaluces. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y candidata a la presidencia de la Junta, lidera una lista que cosecha apenas 28 escaños, empeorando los resultados que ya fueron históricamante bajos en los comicios de 2022. El partido que gobernó Andalucía durante casi cuatro décadas no logra consolidarse como alternativa real y encadena otra cita electoral decepcionante en su feudo tradicional.

Vox resiste, la izquierda fragmentada con ventaja de los andalucistas

Con estos datos provisionales, Vox obtiene 15 diputados, lo que le convierte en la tercera fuerza y en el socio natural aritmético para que el PP pueda gobernar, aunque el precio político de ese pacto está por negociar. Por su parte, la izquierda alternativa aparece repartida entre los neoandalucistas de Adelante Andalucía, con 8 escaños, que vence a la coalición de izquierdas Por Andalucía liderada por Antonio Maíllo, con 5, una fragmentación que lastra cualquier posibilidad de construir una mayoría progresista.

Los números, partido a partido

El reparto provisional de los 109 escaños del Parlamento andaluz queda así: PP, 53 escaños; PSOE, 28; Vox, 15; Adelante Andalucía, 8; Por Andalucía, 5.

La mayoría absoluta se sitúa en 55 diputados, lo que deja al PP a dos escaños de alcanzarla. El conteo definitivo podría modificar ligeramente el reparto, pero todo apunta a que Moreno Bonilla necesitará negociar para investirse presidente por tercer mandato consecutivo.

El Partido Popular de Juanma Moreno llega como claro vencedor a la noche electoral andaluza, según las encuestas de proyección de voto y los sondeos a pie de urna difundidos este domingo. Las estimaciones publicadas en la recta final de la campaña ya situaban a los populares en torno a la mayoría absoluta, y el sondeo de Sigma Dos para Canal Sur terminó por reforzar ese escenario, otorgándole entre 56 y 59 escaños.

El PSOE, con María Jesús Montero como candidata, quedaría muy por detrás, con una estimación de entre 26 y 29 diputados, lejos de disputar la primera plaza. Vox se mantendría como tercera fuerza, con una horquilla de 13 a 15 escaños, mientras que Por Andalucía y Adelante Andalucía conservarían presencia parlamentaria con resultados más modestos.

Las encuestas previas ya anticipaban un mapa político favorable al PP. El CIS situaba a Moreno con 55 escaños como cifra más probable, mientras que otras mediciones, como las de CENTRA o Sigma Dos, coincidían en que la mayoría absoluta estaba al alcance de los populares.

El resultado a pie de urna confirma así una tendencia que se venía repitiendo durante toda la campaña: Andalucía seguiría en manos del PP y con estabilidad parlamentaria suficiente para gobernar sin socios

Con la llegada del verano y el aumento de las reservas de hoteles, vuelos y alojamientos, la Policía Nacional ha lanzado una advertencia ante el incremento de intentos de fraude vinculados a esta época del año.

Los agentes están detectando mensajes SMS que suplantan la identidad de conocidas plataformas de viajes o reservas, en los que se notifica a la víctima un supuesto cargo elevado en su cuenta. El objetivo es generar sensación de urgencia para que el destinatario llame a un teléfono facilitado en el propio mensaje o proporcione sus datos bancarios, momento en el que se produce el fraude.

La Policía Nacional recomienda no llamar a ningún número de teléfono incluido en este tipo de mensajes y no pulsar enlaces ni facilitar datos personales o bancarios bajo ningún concepto. En caso de duda sobre una reserva o un posible cargo, lo correcto es acceder directamente a la aplicación oficial o la web de la plataforma utilizada para comprobar el estado de la cuenta, y verificar cualquier movimiento sospechoso contactando directamente con el banco.

El Tribunal Supremo ha dado un paso decisivo en la causa penal contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como "Alvise": el magistrado instructor Manuel Marchena ha dictado este miércoles un auto en el que acuerda solicitar al Parlamento Europeo el suplicatorio para suspender su inmunidad y poder continuar la investigación por delitos de acoso y revelación de secretos.

Se trata del tercer suplicatorio que el Supremo eleva a la Eurocámara de los cinco procedimientos que Alvise tiene abiertos en la Sala de lo Penal. La solicitud se remitirá al presidente del Parlamento Europeo a través del presidente de la Sala Penal y de la presidenta del Tribunal Supremo.

Qué se le investiga

Los hechos investigados arrancan de unas declaraciones realizadas por el querellado en un podcast, en las que habría instado directamente a sus seguidores a perseguir y acosar a dos de sus compañeros de lista en SALF —la agrupación "Se acabó la fiesta"— por haber votado a favor del rearme europeo en la Eurocámara, en contra de la posición pública del grupo.

En ese audio, Alvise afirmó: «Perseguidles y pedirles explicaciones. Y si tenéis que gritarle en un bar que eres un criminal, que eres un corrupto y que has votado a favor del rearme, tenéis que hacerlo vosotros, porque no lo puedo hacer yo».

A ello se suma la imputación por revelación de secretos: la querella le atribuye haber filtrado los datos personales de contacto de los dos eurodiputados, lo que habría desencadenado una avalancha de mensajes con amenazas, insultos y difamaciones a través de redes sociales.

Por qué el Supremo considera que la inmunidad no le protege

El auto del magistrado Marchena es rotundo al respecto: Alvise no se limitó a expresar opiniones en un debate político —ámbito en el que la libertad de expresión tiene una protección reforzada—, sino que sus mensajes y la difusión de datos personales "desbordan los límites de cualquier controversia política y no tienen cabida en la garantía parlamentaria de inviolabilidad".

El auto subraya además que los dos denunciantes, también eurodiputados y excompañeros de lista, "se han visto obligados a variar sus rutinas", incluyendo aquellas concebidas para mantener el contacto con su electorado.

Tras tomar declaración a querellantes, querellado y un testigo propuesto por la defensa, el instructor considera procedente instar la suspensión de la inmunidad para hacer viable el ejercicio de la acción penal por los delitos de acoso —artículo 172 ter del Código Penal— y revelación de secretos —artículo 197—.