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Existe un cierto desconocimiento a nivel nacional sobre la utilidad de esta norma que permite perdonar aquellas deudas inasumibles

Se ha hablado mucho de la Ley de Segunda Oportunidad como uno de los mecanismos más interesantes de la legislación española para superar una mala situación económica. A pesar de su corto tiempo en vigor, apenas cinco años, esta norma otorga la posibilidad de partir de cero a aquellas personas que se hayan visto abrumadas por sus deudas y definitivamente no puedan hacerlas frente. Desgraciadamente, esta descripción está a la orden del día y son muchos los particulares y autónomos que han dicho basta y se han visto obligados a echar el cierre de forma definitiva a su negocio, empresa o proyecto personal.

Es una realidad que no existen precedentes a corto plazo de una situación de incertidumbre e inestabilidad económica como la actual. Ni siquiera en la crisis financiera de 2008, donde, además, no existía una alternativa o soporte legal como este. Es por ello que hasta ahora no se había optado de forma recurrente a la Ley de Segunda Oportunidad. De hecho, por comparar su uso en España y en otras potencias Europeas, en 2018 en Inglaterra, Francia o Alemania se registraron 230.000, 160.000 y 80.000 expedientes. Una cifra sumamente lejana de los 3.839 casos de concurso consecutivo detectados en España. No obstante, ¿a qué puede deberse esta falta de procedimientos dada la utilidad que este mecanismo puede tener?

Dos posibles respuestas

Al consultar la opinión de expertos que conviven a diario con este principio legal recogido en el Real Decreto-ley 1/2015 surgen dos posibles análisis de por qué existe tanto contraste entre las cifras nacionales y las de otros países del continente. Un primer punto sería el desconocimiento de la Ley y de sus prestaciones, como por ejemplo, del volumen de deuda que se puede lograr perdonar; mientras que otro posible motivo sería la falta de agilidad en los trámites y su posible complejidad para personas insolventes.

Sobre esta última idea el abogado Kenari Orbe apunta que “la persona que acude a este procedimiento lo hace por tener una situación económica crítica y no hay que olvidar que el procedimiento completo requiere de la participación de varios operadores (abogado, procurador, mediador, notario…), lo que implica que los costes del procedimiento se incrementen”. Con esto quiere decir que “al tener que realizar estos pagos, el solicitante debe valorar si le merece la pena acudir a dicho procedimiento teniendo en cuenta el montante total que adeuda”.

Otro problema que detecta este especialista es la falta de agilidad que en ocasiones entraña todo el proceso. Por ello, con el fin de aliviar las cargas del procedimiento y acelerar el proceso él considera que podría ser interesante “poner un límite temporal para intentar llegar a un acuerdo extrajudicial y encontrar una alternativa a que todas las notificaciones en la fase negociadora deban hacerse a través de notario”. A esto añade que se “puede encontrar algún sistema que pueda ser fehaciente pero no obligue a incurrir en más gastos”.

Este puede ser uno de los problemas, mientras que el otro según Elisabet de Vargas Capella, de Abogados para tus deudas, reside en el desconocimiento de la utilidad del mecanismo. Una ley que recalca que “está dirigida a todos aquellos particulares (personas físicas no empresarias y familias) que se encuentran en una situación de sobreendeudamiento y tienen dificultades de pago en sus préstamos personales, hipoteca, tarjetas, minicréditos…”.

Un punto clave para mostrar la utilidad de la Ley de Segunda Oportunidad puede encontrarse en las cantidades que permite exonerar. Las cifras son un ejemplo muy certero y así lo comparte esta letrada que confiesa que “un reciente caso de éxito de cancelación de deuda total lo registraron el pasado 31 de julio de 2020”. En esta ocasión se trataba de una persona “que tenía varios préstamos personales y tarjetas con diferentes bancos que por causa de perder el empleo le eran imposible de asumir”. Después de lograr que el Juez dictaminara el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho, más conocido como BEPI, quedó libre “de una deuda que ascendía a más de 23.000 euros”. 

Este es sólo un ejemplo de la productividad de una norma que está ganando cierto prestigio a raíz de la situación provocada por la Covid-19. Volver a empezar y desquitarse de las deudas inasumibles es posible gracias a la Ley de Segunda Oportunidad.


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