El ministro de Transformación Digital y portavoz del Gobierno, Óscar López, ha anunciado que el PSOE presentará una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid contra el consejo de administración de Planifica Madrid, en relación con la compra de un superático de lujo por parte de la Comunidad de Madrid por más de seis millones de euros, un inmueble que, según la denuncia socialista, estaba destinado a convertirse en residencia de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.
López ha explicado que, durante los últimos nueve días, su formación ha reclamado explicaciones "en todas partes", tanto ante la opinión pública como en la Asamblea de Madrid, donde aseguran haber registrado numerosas solicitudes de comparecencia para aclarar el episodio, sin obtener respuesta. Según el ministro, la Comunidad de Madrid y la propia Ayuso han ido "cambiando de versión en un relato cada vez más culpable".
Tres versiones distintas, según el PSOE
El dirigente socialista ha detallado lo que considera tres explicaciones sucesivas y contradictorias ofrecidas por el Gobierno madrileño. La primera, sostiene, fue de "total normalidad": se habría comprado temporalmente el inmueble para trasladar allí las oficinas de la presidencia mientras se acometían obras de climatización en la sede de Sol, obras que, según López, "no estaban en ningún sitio presupuestadas ni planificadas".
Veinticuatro horas después, prosigue el ministro, esa versión resultó "insostenible" y la Comunidad de Madrid anunció que pondría a la venta el ático, con el argumento de que los fondos se destinarían a ayudar a las zonas afectadas por los incendios, extremo que López también pone en duda.
Una tercera versión, añade, llegó cuando Ayuso trasladó la responsabilidad al consejero correspondiente, quien ofreció una explicación distinta que, según el ministro, equivale a "todo un reconocimiento de culpabilidad": que el inmueble se estaba comprando para que fuera residencia de la presidenta.
Acciones legales y solicitud de documentación
López ha anunciado que el PSOE reclamará por vía judicial, dado que la Comunidad de Madrid no la ha entregado, la certificación registral de la finca, la copia de la escritura pública de adquisición, la documentación que sirvió de antecedente a la decisión de compra, el acta del consejo de administración que autorizó la operación, las tasaciones encargadas y el contrato de arras.
El ministro ha calificado la operación de "escándalo colosal" y "chapuza colosal", y ha denunciado el pago de comisiones a una inmobiliaria "también del bolsillo de los madrileños" para adquirir un inmueble destinado a un uso que, según sostiene, no podría tener legalmente.
Críticas a la falta de transparencia
López ha reprochado además a la Comunidad de Madrid lo que considera una reducción de la independencia de sus órganos de transparencia, y ha puesto como ejemplo el desconocimiento sobre el coste del viaje de la presidenta a la Riviera Maya, cuyo único gasto reconocido públicamente ha sido el de la "sala de autoridades".
El ministro ha fijado tres objetivos para las acciones emprendidas por su partido: la dimisión de Ayuso, que se depuren "todas las responsabilidades penales" que pudieran derivarse del caso, y la recuperación para las arcas públicas del dinero empleado en la operación.
Preguntado posteriormente sobre unas declaraciones del consejero madrileño en las que este habría admitido implícitamente que se estaba adquiriendo el inmueble para la presidenta, López ha insistido en que esas manifestaciones constituyen, a su juicio, "un reconocimiento de culpabilidad", y ha señalado que, si Ayuso desea disponer de una residencia oficial, debería tramitarlo "por los cauces oportunos" y con la debida transparencia.
Nota: esta información recoge declaraciones y acusaciones formuladas por el ministro Óscar López en representación del PSOE en una rueda de prensa, por lo que los hechos relatados corresponden a su versión de los acontecimientos. No dispongo de acceso a fuentes adicionales para contrastar de forma independiente estas afirmaciones ni la versión ofrecida por la Comunidad de Madrid, por lo que sería recomendable recabar la respuesta de esta última antes de su publicación.
