En Iruñea tampoco nos libramos, no...
Uno. Un fondo buitre —Testa Residencial— se hace con 500 viviendas de protección oficial (VPO) de alquiler construidas y subvencionadas con dinero público.
Dos. Cuando finaliza el periodo de protección, aumenta los precios de los alquileres. La movilización vecinal consigue forzar una prórroga de los contratos con subvención pública, pero el acuerdo entre el Gobierno de Navarra y Testa permite al fondo seguir ingresando cantidades ingentes de dinero durante unos cuantos años más.
Y tres. Ahora, viendo que esos años de prórroga están próximos a agotarse de nuevo, Testa ha pasado a considerar que la venta de las viviendas es aún más rentable. Por eso espera a que venzan los contratos y ya está notificando a algunas vecinas que tendrán que abandonar sus casas.
Como consecuencia, cientos de familias trabajadoras pueden verse fuera de sus hogares en los próximos meses y años. Y, con un mercado inmobiliario cada vez más inaccesible, muchas están siendo empujadas a quedar atrapadas entre unos alquileres imposibles y la total incertidumbre habitacional.
Las vecinas, por su parte, han decidido hacer frente a la situación una vez más y organizarse. Saben que la solución pasa por que se prorroguen sus alquileres en condiciones de protección pública. Han empezado ya las asambleas, el reparto de octavillas en los barrios, las pancartas y los carteles, las concentraciones de protesta. Reivindican que las casas deben ser para las personas que habitan en ellas.
Por otra parte, el Parlamento de Navarra ha aprobado recientemente una modificación de la Ley Foral de Vivienda que, según sus impulsores, garantiza que las VPO de alquiler tengan una «calificación indefinida». Resulta llamativo que este sea el mismo titular con el que se presentó la Ley Foral de Vivienda de 2022. En aquella ocasión, varios colectivos sociales denunciaron que esa supuesta calificación indefinida no era realmente total: la ley permitía que las VPO de alquiler pudieran venderse, transcurridos 21 años, a precio de VPT y, además, la modificación no tenía carácter retroactivo.
Ahora esas dos excepciones desaparecen. Esto supondrá un indudable alivio para cientos de familias, pero vuelve a evidenciar una forma de actuar por parte de los partidos políticos institucionales: llegar, en el mejor de los casos, tarde y limitándose a poner parches a todas luces insuficientes ante la magnitud del problema.
En este caso, se habla de algo más de 2.000 viviendas cuya calificación como protegidas permanecerá vigente indefinidamente desde la aprobación de esta ley. Sin embargo, las 500 viviendas propiedad de Testa en Iruñerria quedan fuera de esta medida, ya que perdieron su calificación hace años. Es decir, al menos una quinta parte de las viviendas que podrían haberse beneficiado de esta modificación ya no podrán hacerlo. Y sabemos que el porcentaje es mayor, porque durante los últimos años centenares de viviendas han ido perdiendo su protección pública.
La pregunta que cabe hacerse aquí es: ¿por qué, tras más de una década de gobiernos que se han definido como progresistas, no se ha abordado este problema desde las instituciones? ¿Acaso no querían incomodar a ciertas empresas del sector constructor-promotor de Navarra, todavía hoy generosamente subvencionadas, hasta que el problema estallara frente a sus caras?
La experiencia acumulada en torno a los límites de la política institucional es suficiente para concluir, a estas alturas, que esta tiende a limitarse a respetar las reglas de un juego en el que la banca siempre gana y la clase trabajadora paga el pato. Por ello, quizás sea hora de empezar a cuestionar no solo las normas del juego, sino también el propio tablero y a quienes insisten en repetir las mismas fórmulas mágicas que, de manera cada vez más agotadora, siguen dando cuerda a promotoras, constructoras, inversores y rentistas para que acumulen beneficios a costa de un bien básico como es la vivienda.
Llegados a este punto, cabe preguntarse: ¿por qué no se plantea expropiar estas viviendas pagadas con dinero público y sostenidas durante décadas mediante las rentas de familias trabajadoras? ¿Por qué debemos aceptar que los recursos públicos sigan destinados a garantizar los beneficios de las empresas que se alimentan del pastel inmobiliario?
El vecindario de los bloques de Testa tiene por delante una larga lucha, en la que deberá enfrentarse a Testa Residencial, cuyo único interés es el beneficio económico; y a los cantos de sirena de los políticos profesionales, ya en precampaña electoral, que intentarán arrimar el ascua a su sardina. El trabajo a pie de calle, la capacidad de movilización y la fuerza del vecindario organizado serán determinantes para hacer frente a quienes son parte del problema, ya sea porque se benefician directamente de él, ya sea porque no están dispuestos a enfrentar las verdaderas causas que lo originan: el negocio de la vivienda y los actores que se enriquecen a su costa.
En el Sindicato Socialista de Vivienda tenemos claro que la solución al problema pasa por que todo el mundo tenga acceso garantizado a una vivienda de calidad, cueste lo que cueste a los empresarios y rentistas que ven en la vivienda una oportunidad de hacer caja
Esa es nuestra trinchera y en ella seguiremos peleando.
Por Andoni Burguete, miembro del Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria
