La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) Navarra presentó hoy en el Parlamento foral su Informe Anual sobre la situación de las personas refugiadas, con un diagnóstico contundente: el incremento de las políticas hostiles de externalización de fronteras y retornos forzosos ha provocado el primer descenso en una década del número de personas desplazadas a nivel global, hasta los 117,5 millones, un 5% menos que el año anterior. Sin embargo, la organización insiste en que esa reducción no responde a una disminución de las necesidades de protección, que siguen creciendo por los conflictos, la crisis climática y las vulneraciones de derechos en todo el mundo.
CEAR puso el foco especialmente en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor el pasado 12 de junio. La organización critica la lista común de países considerados seguros, que incluye Estados con graves déficits en derechos humanos como Turquía, Colombia, Egipto o Túnez, y alerta sobre el futuro Reglamento de Retorno, que prevé la posibilidad de detención prolongada o expulsión a centros de deportación en terceros países sin que exista vínculo previo entre la persona y ese país.
España, entre los países con menor tasa de reconocimiento de la UE
En 2025, las solicitudes de asilo en España cayeron un 13,7%, frenando la tendencia ascendente de los últimos años. CEAR atribuye esta caída a la disminución de llegadas, el refuerzo de controles migratorios y el efecto disuasorio del Reglamento de Extranjería, que no permite computar el tiempo de espera durante la resolución de asilo para los distintos tipos de arraigo. La tasa de reconocimiento descendió hasta el 11%, situando a España entre los países con menores niveles de protección de la Unión Europea.
Navarra, en línea con la tendencia estatal
En Navarra se registraron en 2025 aproximadamente 1.415 solicitudes de protección internacional, un volumen moderado que confirma la disminución respecto a años anteriores. Aunque no existen datos desagregados específicos para la comunidad foral, la tendencia estatal —con un 42,5% de resoluciones desfavorables, un 36,8% de autorizaciones por razones humanitarias y una tasa muy baja de concesión de protección internacional— permite inferir que también en Navarra las posibilidades de obtener protección siguen siendo muy reducidas. Los primeros meses de 2026 confirman la continuidad de esta dinámica, sin mejoras significativas en los niveles de reconocimiento.
Vivienda, empadronamiento y delitos de odio
El informe denuncia además que las dificultades no terminan con la llegada: persisten obstáculos en el acceso a derechos básicos como la vivienda, el empadronamiento o las prestaciones sociales, muchos de ellos competencia autonómica. "Navarra tiene capacidad de situarse del lado de las soluciones, garantizando derechos y fortaleciendo una sociedad más justa y cohesionada", sostuvo Juan Ruiz Ardila, coordinador territorial de CEAR en Navarra.
El informe alerta también del aumento de los delitos de odio, que crecieron un 23,6% en 2025 a nivel estatal. En Navarra se registraron 265 casos, según datos del Servicio de Atención frente al Racismo y la Xenofobia. "Necesitamos compromisos firmes que garanticen derechos y frenen esta escalada del odio", señaló la organización.
CEAR reclama al Gobierno español que garantice el respeto al principio de no devolución, el acceso efectivo al procedimiento de asilo y la mejora de las tasas de reconocimiento, y advierte de que la aplicación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo puede agravar estas dificultades si no se sitúan los derechos humanos en el centro de la respuesta.
En el acto de presentación participaron también integrantes del Comité de Personas Refugiadas en Navarra, un espacio impulsado por CEAR formado por personas con experiencia de desplazamiento forzoso.
