La oficina del Decanato de los Juzgados de Primera Instancia de Santander ha registrado este viernes la demanda de acto de conciliación presentada por la representación legal del rey emérito contra Miguel Ángel Revilla, diputado en el Parlamento de Cantabria y expresidente del Gobierno autonómico.
El procedimiento ha sido turnado aleatoriamente al Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Santander, conforme a las normas de reparto que regulan la distribución de asuntos entre los órganos judiciales de la ciudad.
El escrito, que fue presentado el pasado martes a las 11:30 horas, no ha sido registrado hasta el viernes debido a la sobrecarga de trabajo que atraviesa la oficina del Decanato tras la entrada en vigor, este jueves, de la Ley Orgánica 1/2025, de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia. Según fuentes judiciales, la nueva normativa ha provocado una afluencia extraordinaria de demandas civiles, en torno a quinientas al día, lo que ha afectado a los tiempos habituales de tramitación.Una vez recibido el expediente, el órgano judicial deberá pronunciarse sobre su admisión y, en caso afirmativo, señalar fecha para la celebración del acto de conciliación solicitado por la parte demandante.
La demanda supone un nuevo episodio en la controversia entre el monarca emérito y el político cántabro, cuyas declaraciones públicas han sido objeto de atención mediática en los últimos meses.El ex monarca reclama una indemnización de 50.000 euros y una rectificación pública por las declaraciones realizadas por Revilla entre mayo de 2022 y enero de 2025, en las que lo calificó de "evasor fiscal", "delincuente fiscal" y afirmó que poseía grandes cantidades de dinero en el extranjero para evitar el pago de impuestos.
La demanda ha sido oresentada por Guadalupe Sánchez, abogada del despacho Novalex, quien argumentó que las declaraciones del expresidente cántabro lesionan el derecho fundamental al honor del monarca, protegido por el artículo 18.1 de la Constitución Española (que sancionó en 1978 el ex monarca). Entre las acusaciones específicas mencionadas está la afirmación de que Juan Carlos I utilizó a Corinna Larsen como testaferro y que debería regresar a España para rendir cuentas sobre su fortuna. Además, se ha informado que la indemnización solicitada sería donada íntegramente a Cáritas en caso de ser concedida.
