La Cámara de Comptos ha fiscalizado por primera vez las cuentas de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. Con un presupuesto superior a los 600.000 euros, gastó algo más de 200.000. La razón de dicha diferencia es que no se han cubierto los puestos de personal previstos.
El Parlamento de Navarra creó la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción en 2018 para cumplir un doble objetivo: luchar contra la corrupción en las administraciones públicas e impulsar una cultura de buenas prácticas. La dirige Edurne Eginoa, que tomó posesión de su cargo en julio de 2022.
El año pasado, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción gastó 209.000 euros, de los que 132.000 corresponden a personal; 23.000 a gastos en bienes corrientes y servicios; y 53.000 a inversiones.
El informe señala que las cuentas, las primeras formuladas por la Oficina, expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la institución. La opinión de legalidad también es positiva, puesto que la actividad económico-financiera de la Oficina respeta la normativa.
La plantilla orgánica de la Oficina contempla, además de la directora, 10 puestos, todos con régimen jurídico de funcionario. En 2023, se había previsto un gasto de medio millón de euros para hacer frente a las remuneraciones del personal. Al no cubrirse las plazas por traslado de otras administraciones públicas, durante el ejercicio solo desempeñaron su labor la directora y el responsable de comunicación y participación.
En la actualidad, trabajan en la Oficina la directora, una directora de servicio y una administrativa. Se han convocado dos puestos de inspector-a y uno de administrativo-a para su provisión temporal.
En cuanto a la actividad realizada, la Oficina ha recibido 26 denuncias: nueve se refieren a gestión municipal (organización, concesiones, contratación, tasas y urbanismo); otras tantas tienen su origen en la falta de un canal de información y denuncias en administraciones públicas; también hay varias sobre personal de las administraciones.
Del total de denuncias, 11 se han archivado, tres no se han admitido por falta de competencia, siete se están analizando, tres dieron lugar a procedimiento de instrucción, una ha provocado procedimiento sancionador y en otro caso la Administración ha renunciado a seguir con el proyecto denunciado.
El informe incluye recomendaciones para mejorar la gestión de la Oficina: aprobar la memoria anual de la Oficina y exponerla en el Parlamento, proveer las plazas vacantes e implantar una aplicación informática para la gestión contable-presupuestaria.
