El Pleno del Parlamento ha rechazado hoy, con los votos en contra de UPN, PSN, Geroa Bai, PPN, Contigo-Zurekin y Vox y el voto a favor de EH Bildu, una moción para instar al Gobierno de Navarra a que, “en relación con el proyecto de decreto foral por el que se regula la valoración de méritos para el acceso y provisión de puestos de trabajo en las Administraciones Públicas de Navarra, tenga en cuenta el informe (desfavorable) emitido por el Consejo Navarro del Euskera el 12 de septiembre”.
La moción desestimada incluía un segundo punto en el que, a su vez, se conminaba al Ejecutivo Foral a “no aprobar esta propuesta de decreto foral” y, en su lugar, “desarrollar otro que garantice de forma efectiva la normalización del euskera y los derechos lingüísticos de todos los navarros”. Sólo Geroa Bai, que se ha abstenido, ha cambiado su posición respecto al epígrafe anterior.
Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se exhortaba al Gobierno de Navarra a “modificar el artículo 25 del Decreto Foral 303/2019, de forma que los dictámenes del Consejo Navarro del Euskera, máximo órgano consultivo en materia de política lingüística, sean vinculantes”. Salvo el titular de la iniciativa, todos se han pronunciado en contra.
En la exposición de motivos, la moción impulsada por el G.P. EH Bildu hacía un repaso de la situación creada a raíz de que el TSJN derogada varios artículos del Decreto Foral 103/2017 que, con el fin de desarrollar el Título I de la Ley Foral l8/1986 del Euskera, relativo a su “uso normal y oficial en las Administraciones Públicas de Navarra”, aprobó el Gobierno de Uxue Barkos y, a ese respecto, solicitaba que se tuviera como “vinculante” la valoración “desfavorable” que el Consejo del Euskera acaba de hacer del proyecto de nuevo Decreto Foral.
En ese sentido, se apelaba a la condición de órgano superior de asesoramiento y consulta que, en materia de “planificación y promoción”, ostenta el Consejo Navarro del Euskera, al objeto de calificar como “imprescindible” la toma en consideración del informe por parte del Departamento de Interior, Función Pública y Justica, para lo cual se aludía también a la entidad de los “expertos” que lo firman.