LAB pide la imputación de Darpón, Múgica y otros tres ex altos cargos por “asociación ilícitaˮ

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Las filtraciones en exámenes de Osakidetza han sido una constante vinculada al ente. La OPE de 1990 que conllevó la anulación de diferentes pruebas, y aparejó penas de cárcel para personas vinculadas al PSOE, fue quizás el mayor escándalo en el ámbito de la contratación en la administración vasca, según recuerdan desde LAb. 

Sin alcanzar esa dimensión, en los meses previos a la OPE 2016-2017, LAB recibió testimonios de personas que participaban en la misma, relatando el tan viciado como normalizado procedimiento de “apadrinaje” para el acceso a plazas de facultativos y facultativas. Las fuentes informadoras desde el primer momento han interpretado esa fórmula como una grave injusticia, porque violar el principio de igualdad en el acceso al empleo público es un atropello a todas las personas que concurren a estas especialidades, que saben que prácticamente la única opción para obtener plaza, es el amparo o el impulso de algún Jefe de Servicio. Además, indirectamente, supone un grave perjuicio para la sociedad. 

Así, el 1 de junio de 2018, hace ahora dos años, tras comprobar la falta de diligencia en la OPE, por actuar en varias especialidades de la manera contraria a la establecida por el “manual operativo”, remitieron a la dirección general de Osakidetza sus primeras sospechas. Lo llamativo fue conocer más tarde que ese actuar irregular era conocido y amparado por instancias superiores,, apunta el sindicato. 

Fue en esa misma semana cuando LAB, tras la denuncia pública de las y los anestesistas, hizo público su primer estudio estadístico que identificaba como anómalos los resultados en 11 categorías. En un segundo estudio fueron 19 las categorías con unos resultados insólitos e inexplicables. 

Frente a las denuncias del sindicato, lejos de colaborar para explicar los hechos, comprobaron «con perplejidad que la Dirección de Osakidetza utilizó los recursos públicos para obstaculizar o dilatar el esclarecimiento de los hechos denunciados». 

El informe psicométrico redactado por José Muñiz, Catedrático de la Universidad de Oviedo, puso de manifiesto «inexplicables desajustes en la distribución de los resultados que analizó, lo que vino a corroborar las sospechas de filtraciones en decenas de categorías»». 

«La respuesta del consejero a la acumulación de evidencias, no fue otra que atacar a los sindicatos y a las y los anestesistas que denunciaron las prácticas ilegales», denuncia LAB. 

Osakidetza y la Consejería de Sanidad, «con un papel obstruccionista que mucho más allá de una comprensible defensa de su propia gestión, ante la proliferación, acumulación y solidificación de evidencias, adoptaron una postura por un lado obstruccionista y por otro beligerante, atacando a los sindicatos y a los y las anestesistas que denunciaron las prácticas ilegales. Esa actitud nos llevó a pensar que la dirección de Osakidetza, incluso el mismo consejero Darpón, estaban al tanto de estas prácticas, que conociéndolas, las pretendieron blindar, y en la medida de lo posible ocultar». 

Las evidencias son abrumadoras, denuncia LAB: «Osakidetza, presionada por los sindicatos, tuvo que autorizar que el IVAP preparara los exámenes teóricos que tenían un valor del 65 % de la nota, y que también gestionara la OPE, pero la dirección de Osakidetza se reservó la designación de los tribunales, y la elección de las personas que redactarían el segundo exámen. Pero lo más llamativo, es que tal y como se objetivó por un lado en la declaración de Maria Teresa Iruretagoiena (directora del IVAP) y por otro, en la respuesta que el consejero Darpón dio a una pregunta parlamentaria escrita, la dirección de Osakidetza facilitó al IVAP la lista para elegir las personas que deberían redactar el primer exámen. En esa lista, únicamente se facilitó una persona por especialidad, garantizando así a la dirección de Osakidetza la elección en diferido de las personas que confeccionarían el primer examen -el examen teórico-. Así, la dirección de Osakidetza mantendría el control total sobre la OPE, pero con una apariencia de transparencia, legalidad, o imparcialidad por la participación del IVAP. Una participación que, como se ha visto, ha sido meramente instrumental». 

Consecuencia de todo ello, LAB, como Acusación Popular, para avanzar en el procedimiento hacia el esclarecimiento de los hechos y que esos hechos sean juzgados, hoy mismo ha solicitado al juzgado la práctica de 30 diligencias diferentes (oficios y declaraciones de testigos) y ha interesado que se adopten las medidas oportunas (de refuerzo) para que todas las diligencias necesarias se puedan practicar dentro de los plazos legalmente establecidos. 

Asimismo, LAB ha solicitado la imputación formal de las personas que se citan a continuación y que formaban la parte de la dirección de Osakidetza que controló el desarrollo de la OPE: 

.-Jon Darpón Sierra (Exconsejero de Sanidad) 

.- Ma Jesús Múgica Anduaga (Exdirectora general de Osakidetza) 

.- Juan Carlos Soto Pérez (Exdirector de Recursos Humanos de Osakidetza) 

.- Xabier Balerdi Tolosa (Ex subdirector de Recursos Humanos) 

.- Andoni Arcelay Salazar (Dirección de asistencia sanitaria) 

Además de la imputación de revelación de secretos que de manera preliminar se está formulando contra las personas hasta ahora investigadas, la imputación adicional que dirige LAB a estas cinco personas es la de asociación ilícita, por entender que, amparados en su condición de altos cargos de la administración, y responsables por tanto de dirigir la OPE, idearon, diseñaron y pusieron en práctica una estrategia eficaz para garantizar la existencia y mantenimiento de una “red clientelar” que pueda asegurar para este Gobierno una “fácil gobernanza” que posibilite sin contestación la implementación de cualquier medida que quieran imponer, bien de tipo técnico, bien de tipo económico como recortes, que se podrán adoptar sin contestación, ya que existirá un silencio previamente “comprado”. 

«La sanidad pública es uno de los pilares básicos del estado social, y por esa razón, desde su dirección se ha de garantizar el acceso mediante procesos transparentes que garanticen la limpieza y la igualdad de oportunidades de todas las personas». En ese sentido LAB «continuará trabajando para democratizar Osakidetza, con la doble finalidad de conseguir el mejor servicio de sanidad que la ciudadanía vasca merece, junto con los derechos laborales garantizados para todo su personal». 


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