La AN reabre el sumario sobre el atentado de ETA en Santa Pola para identificar a sus autores intelectuales

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El juez requiere a la Policía y Guardia Civil todos los datos sobre los integrantes de la cúpula de ETA en el momento del ataque

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha reabierto el sumario sobre el atentado contra la casa-cuartel de Santa Pola (Alicante) que ETA perpetró el 4 de agosto de 2002 y ha instado a la Guardia Civil y la Policía Nacional para que le remitan todos los datos sobre los integrantes de la cúpula de la banda en el momento de los hechos.

En un auto del pasado viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha solicitado que se aporte toda la información obrante de los que fueran jefes del aparato militar Juan Antonio Olarra, alias ‘Juanvi’, y Ainhoa Múgica, ‘Olga’; del aparato logístico, Félix Ignacio Esparza ‘Navarro’; del aparato político Mikel Albisu, ‘Mikel Antza’, del aparato internacional Ramón Sagarzazu, ‘Ramontxo’ y de la tesorería María Soledad Iparaguirre, ‘Anboto’.

El magistrado justifica su decisión ante la existencia de «nuevos elementos o circunstancias a valorar» y que pueden guardar «directa vinculación con los hechos iniciales que motivaron la incoación del procedimiento penal». «En el presente caso, esa vinculación o relación es palmaria, atendiendo a las circunstancias fácticas expresadas en los hechos de esta resolución, así como a las
diligencias de investigación policial que se presentan (y en su
momento se aportaron) para incoar la causa penal», asegura.

Fue el pasado 11 de marzo cuando el Juzgado acordó incoar diligencias previas a raíz de la querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ) contra los seis jefes de la banda terrorista que presuntamente componían el máximo órgano de dirección –el ZUBA– en el momento del ataque.

Unos días mas tarde, el Ministerio Fiscal, presentó un informe en el que defendía la necesidad de dictar auto de reapertura de la presenta causa además de solicitar los citados informes que el magistrado ya ha requerido a los departamentos de Información del Instituto Armado y de la Policía Nacional.

DYJ SOLICITABA LA DECLARACIÓN DE TODOS LOS EXDIRIGENTES

Entre sus peticiones al magistrado, DyJ solicitaba que se llamase a declarar a todos ellos y que se prohibiese salir de España y se retire el pasaporte a ‘Navarro’, ‘Txango’ y ‘Mikel Antza’. En el caso de este último, esa medida ya fue aprobada por la Audiencia Nacional el pasado mes de diciembre, cuando compareció por su presunta implicación en el asesinato de Gregorio Ordóñez.

La asociación, como ya hiciese recientemente con el caso del asesinato del exconcejal del PP Miguel Ángel Blanco o del juez Francisco Querol, continúa con una línea de actuación con la que pretende sentar en el banquillos a los responsables intelectuales de los asesinatos de la banda.

En este caso en concreto, la Audiencia Nacional condenó en 2012 a 843 años de cárcel a los etarras Andoni Otegi Eraso, ‘Iosu’, y Óscar Celarain Ortiz, ‘Peio’, al considerar probado «sin ningún género de duda» que fueron los autores del atentado contra la casa-cuartel de Santa Pola (Alicante), que la banda perpetró el 4 de agosto de 2002.

TERMINÓ CON LA VIDA DE DOS PERSONAS

El atentado perpetrado por los dos integrantes del ‘comando Argala’ se saldó con el asesinato de Silvia Martínez Santiago, de seis años, y de Cecilio Gallego Alaminos, de 57.

Para la asociación, sin embargo, «es imposible» que semejante ataque «se hiciese espontáneamente y a espaldas de la ZUBA, y que ésta no diese su visto bueno, a una masacre de la trascendencia política y social de más de medio centenar de personas, dirigida contra familias enteras, niños, ancianos, de la guardia civil y en pleno agosto en una localidad turística costera».

Y es que, recoge la querella, «el comando ejecutor no tenía
absolutamente nada por si mismo, ningún medio», sino que «todo le fue suministrado». «Pocas veces habrá sido así y con características tan singulares y claras que el comando fue el mero receptor», aduce.

Así, y citando informes de los investigadores, la asociación señala que la ZUBA era el «máximo ente organizado» que decidía continuar «o no una u otra campaña de atentados contra uno u otro colectivos». Así, y adoptando decisiones de forma colegiada, decidían «literalmente la vida o la muerte de personas concretas».

«Ciertamente, nuestros querellados uno a seis no fueron ‘meros mecanógrafos que pasaron a limpio’ un texto del comando de la tienda de campaña que explosionó el coche-bomba cargado de explosivos en Santa Pola. Sino que, colegiadamente, ellos eran el ZUBA, ellos conjuntamente eran ‘ETA personificada’, eran ‘la voluntad de ETA’ aquel 4 de agosto de 2002», insiste.

EL CERCO DE LAS VÍCTIMAS A LOS AUTORES INTELECTUALES

Esta ofensiva iniciada por asociaciones de víctimas de la organización terrorista en la Audiencia Nacional ha cercado en los últimos meses a exjefes de ETA como los ya citados ‘Mikel Antza’ y también a otros como ‘Iñaki de Rentería’ o ‘Josu Ternera’, que se ven inmersos en investigaciones para tratar de determinar si son autores intelectuales de algunos de los asesinatos o ataques perpetrados por la banda.

Así, y aunque el tribunal ya condenó a tres personas como autores materiales del asesinato del teniente de alcalde de San Sebastián Gregorio Ordóñez, el juez Alejandro Abascal investiga si ‘Mikel Antza’ e ‘Iñaki de Rentería’ fueron los encargados de dar la orden.

Lo mismo ocurre en el caso del asesinato del que fuera concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, acordó reabrir la investigación sobre el atentado para determinar quienes fueron los responsables de planear y ordenar su muerte.

En esta línea, el propio ‘Iñaki de Rentería’ también se encuentra pendiente de pasar ante el juez, pero en esta ocasión el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Santiago Pedraz, que acordó tomarle declaración junto a cerca de una docena de ex dirigentes etarras por el asesinato del juez Francisco Querol a causa de la explosión de un coche bomba el 30 de octubre del año 2000 en Madrid.


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