El Grupo Popular Vasco ha solicitado al Gobierno Vasco la derogación de la Ley de Educación de 2023 y la presentación de un nuevo proyecto de ley en un plazo de seis meses. La propuesta, presentada por Muriel Larrea, será debatida el miércoles en el pleno del Parlamento Vasco, y busca asegurar la libertad de elección de las familias y mejorar la calidad educativa.
El actual marco educativo ha priorizado los objetivos identitarios sobre la formación académica, según el Grupo Popular. La iniciativa demanda un cambio que garantice el derecho de las familias a elegir la lengua y el centro escolar de sus hijos, además de reforzar los conocimientos esenciales y abordar las dificultades de aprendizaje de manera efectiva.
Libertad de elección y bilingüismo
Muriel Larrea, portavoz popular de Educación, ya había expresado su preocupación el pasado 10 de septiembre sobre el deterioro de los resultados educativos. Larrea cuestionó las explicaciones del Departamento de Educación y advirtió sobre las consecuencias de las dificultades de comprensión lectora para el futuro del alumnado.
La proposición no de ley (PNL) aboga por reconocer tanto el castellano como el euskera como lenguas vehiculares en igualdad, permitiendo la elección de las familias y reforzando el aprendizaje de una lengua extranjera. También se propone la gratuidad universal del ciclo completo de Educación Infantil, de 0 a 3 años, y la eliminación de ciertos organismos educativos municipales.
La PNL también exige evaluaciones periódicas y objetivas, así como la detección temprana de las dificultades de aprendizaje. Para ello, se reclama la independencia orgánica y funcional del Instituto Vasco de Evaluación, Investigación y Prospectiva de la Educación, asegurando que la medición de resultados se base en criterios técnicos.
Propuestas de la PNL
Muriel Larrea enfatiza la necesidad de una financiación suficiente y estable para la enseñanza concertada, asegurando su coexistencia con la red pública. «Pido una financiación suficiente y estable para la enseñanza concertada que proteja su coexistencia con la red pública y haga efectivo el derecho de los padres a escoger centro», declara Larrea.
El Grupo Popular Vasco insiste en que el nuevo proyecto de ley debe garantizar los derechos de las familias y la comunidad educativa dentro de la propia legislación, evitando delegar aspectos esenciales en decisiones posteriores del Ejecutivo.
El Grupo Popular Vasco ha solicitado al Gobierno Vasco la derogación de la Ley de Educación de 2023 y la presentación de un nuevo proyecto de ley en un plazo de seis meses. La propuesta, presentada por Muriel Larrea, será debatida el miércoles en el pleno del Parlamento Vasco, y busca asegurar la libertad de elección de las familias y mejorar la calidad educativa.
El actual marco educativo ha priorizado los objetivos identitarios sobre la formación académica, según el Grupo Popular. La iniciativa demanda un cambio que garantice el derecho de las familias a elegir la lengua y el centro escolar de sus hijos, además de reforzar los conocimientos esenciales y abordar las dificultades de aprendizaje de manera efectiva.
Libertad de elección y bilingüismo
Muriel Larrea, portavoz popular de Educación, ya había expresado su preocupación el pasado 10 de septiembre sobre el deterioro de los resultados educativos. Larrea cuestionó las explicaciones del Departamento de Educación y advirtió sobre las consecuencias de las dificultades de comprensión lectora para el futuro del alumnado.
La proposición no de ley (PNL) aboga por reconocer tanto el castellano como el euskera como lenguas vehiculares en igualdad, permitiendo la elección de las familias y reforzando el aprendizaje de una lengua extranjera. También se propone la gratuidad universal del ciclo completo de Educación Infantil, de 0 a 3 años, y la eliminación de ciertos organismos educativos municipales.
La PNL también exige evaluaciones periódicas y objetivas, así como la detección temprana de las dificultades de aprendizaje. Para ello, se reclama la independencia orgánica y funcional del Instituto Vasco de Evaluación, Investigación y Prospectiva de la Educación, asegurando que la medición de resultados se base en criterios técnicos.
Propuestas de la PNL
Muriel Larrea enfatiza la necesidad de una financiación suficiente y estable para la enseñanza concertada, asegurando su coexistencia con la red pública. «Pido una financiación suficiente y estable para la enseñanza concertada que proteja su coexistencia con la red pública y haga efectivo el derecho de los padres a escoger centro», declara Larrea.
El Grupo Popular Vasco insiste en que el nuevo proyecto de ley debe garantizar los derechos de las familias y la comunidad educativa dentro de la propia legislación, evitando delegar aspectos esenciales en decisiones posteriores del Ejecutivo.
