La consejera de Interior, Función Pública y Justicia, María Inmaculada Jurío Macaya, compareció este martes ante la Comisión de Interior, Función Pública y Justicia del Parlamento de Navarra para explicar los acuerdos alcanzados en la Junta de Seguridad Navarra-Estado celebrada el pasado 30 de julio. La sesión respondió a dos solicitudes de comparecencia: una impulsada por la Junta de Portavoces a petición de Blanca Regúlez Álvarez (Geroa Bai), y otra presentada a motu proprio por la propia consejera.
Jurío calificó la reunión de "histórica" al suponer, según explicó, el primer aumento de efectivos de la Policía Foral desde 2009 y la primera Junta de Seguridad celebrada desde 2011. La consejera defendió que la convocatoria, realizada con apenas una hora y veinte minutos de antelación, respondió a razones de agenda y a la necesidad de no dilatar más un acuerdo que llevaba años de trabajo previo, y rechazó que se hubiera actuado "a espaldas de nadie".
Tres acuerdos: más efectivos, pasarela y plataforma de emergencias
La consejera detalló los tres grandes bloques del acuerdo. En primer lugar, la ampliación del techo de efectivos de la Policía Foral de 1.200 a 1.600 agentes, con una distribución de 150 destinados a tráfico y 250 a seguridad pública. En segundo lugar, la denominada "pasarela", el mecanismo que permitirá a los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil integrarse en la Policía Foral una vez Navarra asuma en exclusiva las competencias de tráfico, prevista para marzo de 2028; las condiciones se trasladaron a ambos cuerpos el pasado 10 de septiembre.
El tercer acuerdo, y el que concentró la mayor parte del debate, es la plataforma única de emergencias, operativa desde el 14 de agosto, que centraliza en el teléfono 112 las llamadas recibidas también en los números 091 (Policía Nacional) y 062 (Guardia Civil) y asigna la respuesta policial mediante un sistema de geoposicionamiento y disponibilidad de patrullas. Jurío insistió en que el sistema no implica presencia física de Guardia Civil ni Policía Nacional en la sala del 112 ni en el Centro de Mando y Coordinación (CMC) de la Policía Foral, y anunció que se someterá a auditorías periódicas. Según los datos aportados, entre el 14 de agosto y el 13 de septiembre la plataforma recibió 63.079 llamadas, 4.640 más que en el mismo periodo del año anterior (un incremento aproximado del 8%), lo que ha llevado a incorporar dos operadores adicionales a la sala.
La consejera añadió que la Junta de Seguridad incluyó otros acuerdos menores, como el acceso de la Policía Foral al sistema biométrico ABIS, su participación en la Oficina Nacional de Garantías de Derechos Humanos y la creación de un grupo de trabajo dentro de la plataforma PIMIR para la distribución electrónica de medidas cautelares y sentencias.
Geroa Bai denuncia cesión de competencias y cita incidentes concretos
Blanca Regúlez, de Geroa Bai, principal solicitante de la comparecencia, sostuvo que los acuerdos suponen "una cesión de competencias de facto al Estado" al dejar de ser la Policía Foral el cuerpo de referencia en una materia propia de Navarra. Regúlez cuestionó quién decide realmente qué patrulla acude a cada emergencia y citó varios casos —entre ellos un incidente en la Balsa de la Morea, una serie de robos, un aviso en Elizondo y otro en Murieta— en los que, según relató, la Guardia Civil fue asignada por el sistema pero fue la Policía Foral la que finalmente atendió la emergencia. La parlamentaria reclamó también mayor transparencia sobre el reparto real de actuaciones y anunció que ha solicitado información oficial sobre el funcionamiento de la plataforma.
UPN pide diálogo y rigor técnico; PSN acusa a la oposición de "campaña electoral"
José Javier Esparza (UPN) respaldó el aumento de efectivos y no rechazó la plataforma única, pero reclamó mayor diálogo con los profesionales y sindicatos antes de su implantación, calificó el sistema de "mejorable" y rechazó el término "modélico" empleado por la consejera. Ramón Alzórriz (PSN) defendió el acuerdo como un logro histórico para el autogobierno navarro y acusó a los partidos nacionalistas de anteponer el debate político a la mejora del servicio a la ciudadanía, en un contexto que atribuyó al inicio de la campaña electoral.
EH Bildu reclama un modelo policial integral y denuncia "trampas" en el sistema
Adolfo Araiz (EH Bildu) reivindicó un modelo de policía integral similar al de los Mossos d'Esquadra en Cataluña y sostuvo que la Guardia Civil no comparte su geolocalización real con el CMC, lo que a su juicio genera una asignación de emergencias que no responde a la proximidad efectiva de las patrullas.
PP y Contigo-Zurekin: coordinación necesaria, pero a la espera de las auditorías
Javier García Jiménez (PP) defendió que la coordinación entre cuerpos, "independientemente del color del uniforme", debe primar sobre cualquier interés partidista. José Miguel Garrido (Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa) coincidió en que el objetivo debe ser minimizar el tiempo de respuesta ante una emergencia, y condicionó su valoración final del sistema a los resultados de las auditorías anunciadas por el Departamento.
En su turno de cierre, Jurío rechazó los términos "cesión de competencias" y "chantaje" empleados por parte de la oposición, defendió que la coordinación entre cuerpos no equivale a renunciar a competencias propias y reiteró su confianza en los profesionales del 112, a quienes pidió no confundir con "centralitas" de otros cuerpos policiales.
