Coincidiendo con la visita del papa León XIV a España, una decena de entidades navarras ha hecho público un comunicado en el que solicitan al Pontífice que intervenga ante la Conferencia Episcopal Española y ante las diócesis para que la Iglesia católica reconozca la injusticia de las inmatriculaciones y devuelva los bienes cuya adquisición legítima no pueda acreditar mediante título suficiente.
El texto, impulsado por la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, denuncia que la jerarquía eclesiástica se aprovechó durante décadas de un privilegio hipotecario originado en la legislación de 1946, ampliado en 1998 y vigente hasta 2015, que le permitía inscribir inmuebles a su nombre sin aportar título de propiedad, mediante una simple certificación episcopal. Entre los bienes inmatriculados figuran no solo lugares de culto, sino también fincas, viviendas, solares, plazas de aparcamiento y frontones, muchos de ellos construidos o restaurados con fondos públicos.
El comunicado subraya que esta situación ha invertido la carga de la prueba: «Quien se benefició del privilegio no tuvo que demostrar que el bien era suyo; ahora son los ayuntamientos, las administraciones públicas y las comunidades afectadas quienes deben afrontar costosos procedimientos judiciales» para recuperarlos.
Las entidades firmantes dirigen al Papa una interpelación de fondo: «La Iglesia católica no puede proclamar la pobreza evangélica, la función social de los bienes y la justicia mientras mantiene en su patrimonio bienes cuya titularidad no ha acreditado de manera suficiente». Y concluyen con una petición explícita: «No le pedimos un gesto simbólico. Le pedimos un acto de justicia».
Entre las demandas concretas, las entidades reclaman que la Iglesia reconozca públicamente la injusticia del privilegio, devuelva voluntariamente los bienes que no pueda acreditar, colabore con las administraciones locales para su restitución y renuncie a defender como propiedad privada aquello que, a su juicio, solo debería conservar en régimen de custodia o uso comunitario.
El comunicado está suscrito por la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, el Colectivo Republicano de Euskal Herria, LAB, Contigo Navarra, Izquierda Unida de Navarra, Podemos Navarra, Batzarre, el Colectivo de Personas Independientes de Navarra, Sasoia y la Junta de Irzarra Elkartea, y se mantiene abierto a nuevas adhesiones.
