La ocupación ilegal de un edificio en el ámbito urbanístico de Intxausti, Azkoitia, ha generado una rápida respuesta por parte de las autoridades locales. El inmueble, propiedad de las sociedades Etorlur Gipuzkoako Lurra, S.A. y Azkoitia Lantzen, está destinado al desarrollo urbanístico y pertenece al conjunto de los azkoitiarras y guipuzcoanos. Este edificio, que anteriormente albergó una actividad comercial, está en un área en tramitación urbanística con un expediente de ruina industrial en marcha, donde se planea la construcción de viviendas libres y protegidas.
Consejo de Administración de Etorlur denuncia la ocupación ilegal
Este jueves, el Consejo de Administración de Etorlur, con representación de todos los partidos políticos, se reunió para abordar la situación. En la sesión, se acordó denunciar la ocupación ilegal del edificio y exigir medidas para restablecer la legalidad. La ocupación ha sido calificada como una utilización ilegítima de un bien público que pertenece a toda la ciudadanía.
La Diputación Foral de Gipuzkoa y Etorlur han reiterado su condena ante estas actuaciones, afirmando que ninguna reivindicación justifica la ocupación ilegal de espacios públicos ni el uso privativo de recursos que son de todos. El respeto a las normas democráticamente establecidas y a la convivencia es esencial para garantizar una sociedad cohesionada.
Acciones coordinadas para el desalojo del inmueble
En respuesta a la ocupación, la Diputación Foral de Gipuzkoa, en coordinación con Etorlur y otras instituciones implicadas, ha decidido impulsar las acciones necesarias para proceder al desalojo del inmueble. Estas acciones incluirán medidas legales para garantizar que el interés público prevalezca y se restablezca la legalidad en el ámbito urbanístico de Intxausti.
El edificio, que forma parte de un proyecto urbanístico en desarrollo, es considerado un bien público de gran importancia para la comunidad. La ocupación ilegal interfiere con los planes de desarrollo y afecta a los intereses de los ciudadanos de Azkoitia y Gipuzkoa. La construcción de viviendas libres y protegidas en la zona es una prioridad para las autoridades locales, y el desalojo del edificio es un paso crucial para avanzar en este proyecto.
Las autoridades locales han enfatizado que el uso ilegítimo de bienes públicos no puede ser tolerado, y han subrayado la importancia de actuar con firmeza para proteger los intereses de la comunidad. La colaboración entre las instituciones es fundamental para garantizar el cumplimiento de la ley y el respeto a la propiedad pública.
