El consejero de Salud ha comparecido este 19 de febrero para informar sobre el alcance de la huelga de médicos de ámbito estatal en el sistema de Osakidetza. La movilización, de carácter indefinido y con paros mensuales de una semana, está afectando significativamente a la asistencia sanitaria en Euskadi. Según los datos facilitados, el seguimiento por parte del personal médico se sitúa en torno al 16%.
Las cifras acumuladas durante los primeros días de paro reflejan una situación crítica para los pacientes. Se estima que, al finalizar esta primera semana de huelga, se habrán cancelado un total de 26.000 consultas de Atención Primaria, 6.880 de Pediatría y 1.422 cirugías. Además, el impacto se extiende a más de 25.500 consultas con especialistas y cerca de 15.000 pruebas diagnósticas.
Crisis institucional y negociación del Estatuto Marco
Más allá de la dimensión asistencial, el consejero ha mostrado su "mayor preocupación" por la deriva institucional del conflicto. El foco de la controversia se centra en la renovación del Estatuto Marco, una competencia exclusiva del Ministerio de Sanidad que regula las condiciones laborales básicas del personal estatutario a nivel nacional.
Desde el Gobierno Vasco se critica que el Ministerio no esté logrando avances en el diálogo y que se "desentienda" de su responsabilidad legislativa y de coordinación dentro del Sistema Nacional de Salud. "No se puede jugar al despiste ni eludir responsabilidades", ha señalado el consejero, subrayando que la falta de un marco normativo sólido pone en riesgo la viabilidad de los sistemas autonómicos.
Llamamiento al diálogo y autogobierno
Ante el estancamiento de las negociaciones entre el sector médico y el Gobierno central, Euskadi ha hecho un llamamiento urgente para reactivar las conversaciones sin exclusiones. El consejero ha instado a la ministra a asumir su rol de regulación y escucha para evitar que el problema se agrave.
En caso de que el Ministerio no ejerza sus funciones de cobertura normativa, el Ejecutivo vasco se ha mostrado dispuesto a explorar una ampliación del autogobierno y valorar la extensión de sus competencias en materia de salud para garantizar la seguridad jurídica y asistencial de los ciudadanos.
