El Tribunal de Instancia 28 Madrid ha ordenado al Hospital Universitario La Paz indemnizar a la viuda y las hijas del Dr. Joaquín, jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, quien falleció el 18 de abril de 2020 tras contraer COVID-19. La sentencia señala que el hospital no adoptó medidas preventivas adecuadas durante los primeros días de la pandemia, lo que resultó en la exposición del médico al virus en su entorno laboral.
La resolución judicial estima parcialmente la demanda presentada por la familia del Dr. Joaquín, concluyendo que el hospital incurrió en negligencia por omisión al no implementar de manera efectiva las medidas de prevención requeridas por la normativa de riesgos laborales. El tribunal considera probado que el Dr. Joaquín estuvo expuesto al virus en el marco de su actividad profesional, participando en reuniones y sesiones clínicas con alta afluencia de personal, incluso cuando el hospital ya conocía el aumento de contagios.
El contagio del Dr. Joaquín: una tragedia evitable
El tribunal subraya que el contagio ocurrió el 12 de marzo de 2020, antes de la declaración oficial del estado de alarma, pero cuando ya existían directrices claras de las autoridades sanitarias, incluidas las de la Organización Mundial de la Salud. Estas directrices advertían sobre la gravedad de la situación y la necesidad de adoptar medidas preventivas urgentes. A pesar de esto, no se impartió formación específica ni se proporcionaron equipos de protección adecuados al personal sanitario.
El hospital certificó que el Dr. Joaquín cumplía los criterios para ser considerado un caso confirmado de COVID-19 y que la enfermedad debía calificarse como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo. Además, se acreditó que el médico estaba directamente involucrado en la atención a pacientes durante la fase inicial de la pandemia, lo que incrementaba su riesgo de exposición al virus.
Uno de los puntos clave de la condena es la falta de instrucciones claras y concretas en materia preventiva por parte del hospital. A pesar de las solicitudes del Dr. Joaquín para obtener directrices específicas sobre reuniones y medidas de protección, no recibió respuestas efectivas. Las indicaciones proporcionadas eran genéricas y no provenían del servicio de prevención de riesgos laborales, que es el órgano competente para ello.
Indemnización millonaria y absolución de la aseguradora SHAM
La sentencia establece que antes del contagio no se impartió formación específica sobre prevención frente al COVID-19 ni se suministraron equipos de protección individual adecuados. Esto a pesar de que el COVID-19 es un agente biológico de alto riesgo y la ley obliga al empleador a evaluar y reducir el riesgo de exposición de los trabajadores sanitarios.
Desde un punto de vista jurídico, la condena se fundamenta en la infracción de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del Real Decreto 664/1997 sobre exposición a agentes biológicos. El juzgado enfatiza que estas normas imponen al empleador un deber reforzado de protección, especialmente cuando hay un riesgo grave e inminente para la salud de los trabajadores.
El tribunal rechaza la defensa del hospital, que argumentó que el contagio era inevitable o imprevisible. Se considera probado que el hospital era consciente de la gravedad del escenario epidemiológico pero no adoptó medidas eficaces. Las acciones preventivas alegadas por la defensa se realizaron después del contagio, lo que no desvirtúa la conducta negligente previa.
La sentencia fija la indemnización a cargo del hospital en 154.661,81 euros para la viuda del Dr. Joaquín y 21.300,66 euros para cada una de sus tres hijas. Sin embargo, el juzgado absuelve a la aseguradora SHAM, ya que la póliza con el hospital excluía específicamente reclamaciones relacionadas con el contagio por COVID-19, cláusula considerada válida por el tribunal.
Finalmente, la resolución subraya el reconocimiento póstumo al Dr. Joaquín, quien recibió la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, destacando su fallecimiento en el contexto de la prestación de servicios sanitarios durante una fase crítica de la pandemia.
