El Defensor del Pueblo de Navarra ha emitido una resolución en la que recomienda al Departamento de Salud que adopte con urgencia las medidas necesarias para dotar al Centro Penitenciario de Pamplona/Iruña del número suficiente de profesionales sanitarios, con el objetivo de completar las plazas previstas en la plantilla orgánica y garantizar así una atención médica integral a la población reclusa. Se da la circunstancia de que la competencia sobre salud en la cárcel fue una larga reivindicacion del gobierno de Uxue Barkos, cerrada en 2021, ya bajo mandato del gobierno de María Chivite mediante acuerdo con el Gobierno de España.
La actuación del Defensor (expediente Q24/1366) se inició a raíz de una queja presentada por el Muy Ilustre Colegio de Abogados de Pamplona en diciembre de 2024, tras conocer, a través del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, que en los turnos sin presencia física del único médico del centro, la atención sanitaria es derivada al 112, siendo activada por el personal de enfermería.
El Colegio de Abogados advertía que esta situación supone una desatención sanitaria a un colectivo de alta vulnerabilidad, con riesgos para su salud y una posible vulneración de derechos fundamentales recogidos en la legislación nacional e internacional. Señalaban además que las personas privadas de libertad no pueden recurrir a alternativas externas ante urgencias médicas, lo que agrava la situación de desigualdad.
Ante esta denuncia, el Defensor del Pueblo solicitó información al Departamento de Salud, que admitió que la cárcel sufre desde septiembre de 2024 un déficit grave de personal médico. De las cuatro plazas de medicina previstas, solo una está en servicio, tras el traslado de dos facultativos y la excedencia de otra por maternidad. En consecuencia, solo un médico interino atiende actualmente a una población reclusa de aproximadamente 480 personas, lo que impide la cobertura completa de turnos y guardias.
El Departamento justifica la situación por la falta de médicos en otros ámbitos del sistema sanitario y asegura que, en ausencia del facultativo, la atención se presta a través del Servicio de Urgencias Extrahospitalarias (SUE) o del equipo SUR de Orcoyen, coordinados por el 112. Sin embargo, también admite que muchas de las actuaciones propias de la sanidad penitenciaria, como reconocimientos de ingreso o seguimientos en aislamiento, quedan sin cobertura inmediata, al considerar que pueden demorarse.
La autora de la queja ha reiterado su disconformidad con la respuesta del Departamento, recordando que la sanidad penitenciaria no puede tratarse como la de un centro de salud convencional, dada la prevalencia mucho mayor de enfermedades como VIH, problemas de salud mental o adicciones entre la población reclusa. También ha subrayado que los procedimientos médicos marcados por la legislación penitenciaria no son opcionales ni demorables, como pretende el Gobierno.
El Defensor del Pueblo concluye que el modelo actual no garantiza una atención sanitaria integral, ni el respeto a los derechos constitucionales de los internos, tal y como establece el Reglamento Penitenciario en sus artículos 207 y siguientes. Por ello, insta al Departamento de Salud a cubrir todas las plazas médicas vacantes en el centro penitenciario de manera urgente, y recuerda que la salud de la población reclusa es una responsabilidad indelegable del Estado y de las administraciones sanitarias competentes.
La resolución pone de nuevo el foco en las carencias del sistema penitenciario navarro y reabre el debate sobre los recursos asignados a la atención sanitaria en contextos de especial vulnerabilidad social.
