La Plataforma Erdiz Bizirik y la Fundación Sustrai Erakuntza han presentado un recurso de alzada ante el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial de Navarra contra la ampliación del proyecto minero de la mina El Quinto, promovido por Magnesitas Navarra S.A. (MAGNA). Esta iniciativa forma parte de dos proyectos presentados por la empresa, siendo el primero el publicado a comienzos de 2022 en el BON, que plantea una expansión de la mina de Eugi en el sector de Rafaeles, en Esteribar.
Según estas entidades ecologistas, esta ampliación generará un gran agujero en una zona boscosa, con repercusiones sobre la Zona de Especial Conservación (ZEC) del Monte Alduide y el Área de Importancia para las Aves (IBA) Roncesvalles-Irati-Sierra de Abodi.
El segundo proyecto minero de MAGNA, actualmente en fase de tramitación, busca explotar una mina en Artesiaga, zona declarada de incidencia supramunicipal por el Gobierno de Navarra, quien lo considera un Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) desde febrero de 2024. Esta decisión impone la explotación sobre la soberanía del Valle de Baztan, empleando una figura administrativa de ámbito autonómico. Según las entidades, ambos proyectos afectan significativamente el entorno natural protegido y la biodiversidad de la región, planteando serias dudas sobre la efectividad de las medidas compensatorias propuestas para proteger especies vulnerables de la zona, como el pico dorsiblanco y el desmán pirenaico.
El recurso de alzada presentado el 22 de agosto de 2024 sostiene que la falta de documentación actualizada y completa en el proyecto de ampliación de Rafaeles vulnera el derecho a la participación y a la información ambiental. La Plataforma Erdiz Bizirik y la Fundación Sustrai Erakuntza afirman que esta carencia de transparencia y el uso de documentación desfasada han causado indefensión a la ciudadanía, impidiéndole participar plenamente en el proceso administrativo.
La autorización se ha enfocado, según las organizaciones, exclusivamente en los intereses económicos de MAGNA, desestimando los efectos ambientales en la ZEC Monte Alduide y el impacto en el río Arga y sus afluentes. Además, destacan que el proyecto afecta al hábitat de especies protegidas, como el desmán pirenaico, que se ven amenazadas por las medidas compensatorias que la empresa propone. La Plataforma y la Fundación sostienen que estas soluciones son insuficientes para garantizar la supervivencia de estas especies en el entorno.
Especie en peligro de extinción
En el caso del pico dorsiblanco, una especie en peligro, MAGNA propone una estrategia para trasladarlo a otros montes cercanos. Esta técnica, que incluye la creación de un hábitat artificial mediante la anillación de árboles para su muerte controlada, busca simular el entorno natural adecuado para el ave.
Sin embargo, para Erdiz Bizirik y Sustrai Erakuntza, esta medida implica un proceso largo y de difícil implementación, que difícilmente garantizaría la supervivencia de la especie en los montes públicos propuestos para su traslado, mientras deja vía libre a la expansión minera.
En su argumentación, las entidades denuncian que la autorización de esta ampliación en los términos planteados supone un precedente preocupante para la zona de Erdiz, un área de gran valor ambiental también protegida por la ZEC Monte Alduide. En esta región se encuentran los mismos valores naturales que en el entorno de Eugi y la ampliación en Rafaeles, incluida la presencia de especies vulnerables como el desmán pirenaico y el pico dorsiblanco. De seguir adelante, la ampliación supondría la destrucción de parte de un ecosistema de gran diversidad y riqueza.
Las organizaciones recalcan que este impacto en la biodiversidad es irreparable, y que la posibilidad de trasladar el hábitat de las especies no es una solución sostenible. Para lograr la adaptación, sostienen que sería necesario un estudio exhaustivo que verificase la viabilidad de esta propuesta a lo largo de varios años.
Con esta ampliación,consideran el Gobierno de Navarra, mediante la autorización emitida en agosto, respalda el proyecto de MAGNA en Eugi, por lo que estas entidades consideran que el entorno natural está siendo comprometido por intereses empresariales. Las organizaciones reiteran que es vital alzar la voz para frenar la expansión minera y proteger la biodiversidad en las zonas afectadas.
