El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) Alejandro Torres Gutiérrez es autor del libro “El sistema federal canadiense de inclusión de la diversidad. Configuración del modelo federal y estructura de los poderes del estado”, editado por Dykinson.
Como explica el autor del volumen, el modelo federal canadiense, fórmula ensayada en 1867 por pragmáticos motivos políticos, ofrece un interesante modelo de inclusión de la diversidad “del que se pueden extraer útiles lecciones”, que van desde el modo de afrontar las tensiones territoriales hasta la configuración del sistema parlamentario y el papel del Senado, pasando por la distribución de competencias entre la federación y las provincias. “En esta obra se analizan los orígenes y la configuración histórica del modelo federal de Canadá, así como las tensiones secesionistas sufridas y el modo en que se han afrontado”, detalla. Así, se estudia el peculiar sistema de fuentes, la Constitución escrita, y las convenciones constitucionales, el complejo sistema de reforma constitucional, y el control de constitucionalidad, o “judicial review”.
Por otro lado —como continúa explicando el autor— en el libro se profundiza en la estructura de los poderes del Estado: el delicado equilibrio a que dio lugar la aparición del gobierno responsable, y las prerrogativas del monarca, el gobernador general y los vicegobernadores, así como el papel del primer ministro y el gabinete. “Se detallan los retos del particular bicameralismo canadiense, el rol de la Cámara de los Comunes y el Senado, y la necesidad de proceder a una reforma de este último que lo convierta en una verdadera cámara de representación territorial. Y se pone de manifiesto el importante papel desempeñado por el Tribunal Supremo, como tribunal de última instancia y supremo intérprete constitucional”, explica Alejandro Torres. Finalmente, se estudia el reparto competencial entre la federación y las provincias, así como las cláusulas que lo modulan, en particular la cláusula paz, orden y buen gobierno, la cláusula del comercio y la competencia provincial sobre propiedad y derechos civiles.
