Reproducción parcial de la portada de la ‘Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030. Para el acceso, goce y disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad’ (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 2022)
La Estrategia Española sobre Discapacidad formula un marco de trabajo para el desarrollo de políticas inclusivas y de lucha contra la discriminación por parte del Estado español y que, a través de sus administraciones y poderes públicos, contribuya a hacer efectivos los derechos humanos de las personas con discapacidad y de sus familias.
El documento, elaborado desde el paradigma de la discapacidad basada en derechos, presenta un enfoque interseccional y con perspectiva de género, que concede atención a la situación de desigualdad que afecta a muchas mujeres y niñas con discapacidad; a los desafíos que se presentan con la emergencia climática y el reto demográfico; y a las situaciones que enfrentan las personas con discapacidad con residencia en entornos rurales.
Junto con estos tres aspectos fundamentales desde los que se enfoca la estrategia, el documento subraya la importancia de los tres actores clave para el abordaje y desarrollo de políticas y actuaciones transversales en el ámbito de la discapacidad. Estos actores, que están presentes y participan en el Consejo Nacional de la Discapacidad, son la propia sociedad, con agentes claves en todos los ámbitos de participación e inclusión social; el movimiento asociativo de personas con discapacidad y sus familias; y las propias Administraciones Públicas.
La hoja de ruta que constituye esta estrategia plantea un cambio de visión que “implica también una profunda transformación de los modelos de atención a las personas con discapacidad, porque muchas de las instituciones y servicios de apoyo del presente, responden a una mirada de la discapacidad basada en el déficit. Por ello, (…) debemos impulsar el tránsito de un modelo de cuidados “institucionalizado y asistencial” a nuevos “modelos comunitarios y de proximidad”, que contribuyan a proyectos de vida elegidos. Se trata de un cambio estructural y cultural, que pasa por el cuestionamiento y la superación de los modelos asistenciales, para promover modelos de apoyo basados en un marco de derechos humanos, centrados en cada persona y desde un enfoque de desarrollo comunitario, logrando así el desarrollo de proyectos de vida dignos, elegidos y compartidos con el resto de la población”.
En el plano normativo, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) es, desde su aprobación por las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, “la piedra angular del marco jurídico internacional sobre la discapacidad, que ha permitido hablar un idioma común entre todos los países, que pone en el centro a la persona, y que se ha traducido en un efecto transformador globalizado en las legislaciones, políticas y programas de los Estados Parte firmantes, así como de las distintas organizaciones internacionales en las que se pueden reunir”. De esta emanan los principios que guían esta estrategia y que se concretan en:
- El respeto a la dignidad de las personas con discapacidad, de forma que se valoren sus experiencias, opiniones, y que pueden ser conformadas sin temor de perjuicios físicos, psicológicos o emocionales. La autonomía individual significa estar a cargo de la propia vida y tener la libertad de tomar las propias decisiones, aun teniendo necesidades de apoyo significativas.
- La no discriminación como principio que evite toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que deje sin efecto u obstaculice, sin justificación objetiva, el reconocimiento y ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos por diferentes motivos como la discapacidad.
- La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. La participación va más allá de las consultas e incluye una intervención real en las actividades y en los procesos de adopción de decisiones. La inclusión requiere un entorno físico, social y actitudinal libre de barreras.
- El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas que entraña aceptar a otras personas en un contexto de comprensión mutua que evite la visión lastimosa o de carga social que con frecuencia se asocia a las personas con discapacidad.
- La igualdad de oportunidades está estrechamente vinculada a la no discriminación y se concreta en el reconocimiento de las diferencias entre las personas y la garantía de que, a pesar de esas diferencias, todas tienen las mismas oportunidades de disfrutar de sus derechos.
- La accesibilidad, como elemento que permite que las personas con discapacidad puedan vivir en igualdad, en libertad, de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida.
- La igualdad entre el hombre y la mujer. En el caso de las mujeres con discapacidad, además de representar el 60 % del colectivo, experimentan una doble exclusión: por ser mujeres y por tener una discapacidad.
- El respeto a la evolución de facultades de niñas y niños con discapacidad y a su derecho a preservar su identidad, dado que la infancia con discapacidad se encuentra expuesta a unos índices de mayor vulnerabilidad y desventaja objetiva que dificultan el pleno desarrollo de sus capacidades y potencialidades mediante el adecuado ejercicio de sus derechos.
Como plan de acción para abordar la discapacidad hasta 2030, esta estrategia se articula en torno a siete retos estratégicos. Estos retos se agrupan a su vez en dos ejes principales, que constituyen el eje motor y el eje transversal:
- El eje motor se centra en promover la ciudadanía activa desde el pleno ejercicio de los derechos. Para ello persigue asegurar a todas las personas con discapacidad el acceso, disfrute y ejercicio de todos sus derechos reconocidos, el pleno ejercicio de su capacidad jurídica y acceso a la justicia, sin exclusiones ni discriminaciones, y en condiciones de igualdad con el resto de las personas. Se articula en base a los siguientes ejes:
- Inclusión social y participación, para avanzar en la inclusión real y efectiva en la comunidad, impulsando condiciones y medidas en los ámbitos fundamentales de desarrollo personal y social, como la educación, cultura, empleo, salud y vivienda, así como en su plena participación social, política, institucional y comunitaria.
- Autonomía personal y vida independiente, para promover la autonomía personal y el desarrollo del proyecto de vida elegido en la comunidad. Auspicia condiciones y apoyos adecuados para que las personas con discapacidad alcancen su máxima autonomía personal, autogobierno, inclusión y participación activa en la comunidad, así como para que puedan elegir su lugar de residencia, dónde, cómo y con quién vivir, en igualdad de condiciones que las demás, sin verse obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida que no desean.
- Igualdad y diversidad, con el impulso de respuestas adecuadas que aseguren los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, y dar respuesta a la propia diversidad de las personas con discapacidad. Procura medidas de acción positiva para evitar o compensar las desventajas derivadas de la discapacidad cuando concurren otras circunstancias (sexo, edad, origen, lengua, orientación sexual, lugar de residencia o cualquier otra condición o situación personal o social), prestando especial atención a las personas con grandes necesidades de apoyo y a las personas con discapacidad que viven en zonas rurales.
- Diseño y accesibilidad universal, orientado a progresar en condiciones de diseño y accesibilidad universal. Impulsa medidas que contribuyan a asegurar que todos los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y bienestar y de la forma más autónoma y natural posible, permitiendo que las personas con discapacidad accedan y disfruten de todos los derechos humanos.
- El eje transversal se orienta a facilitar elementos transversales de impulso y soporte con el abordaje de medidas en las siguientes dimensiones: perspectiva de género (conseguir que las actuaciones y políticas en materia de discapacidad tengan en cuenta a mujeres y niñas con discapacidad y que, a su vez, las políticas de género tengan en cuenta la discapacidad); perspectiva de infancia (que las actuaciones y políticas en materia de discapacidad tengan en cuenta a este grupo especialmente vulnerable y que representan alrededor del 18% de las personas con discapacidad); cohesión territorial y equidad en el acceso a los recursos y servicios (que toda la ciudadanía con discapacidad tenga garantizados iguales servicios y recursos en el conjunto del territorio, con especial atención al espacio rural, cualquiera que sea su lugar de residencia); sistemas de información (disponer de datos y estadísticas en desagregados en todos los ámbitos de la discapacidad para conocer la realidad y poder aplicar políticas basadas en la evidencia); gobernanza y diálogo civil (impulsar la colaboración entre las Administraciones Públicas y las entidades sociales de la discapacidad en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, y en particular de las ayudas procedentes de fondos nacionales o europeos, que afectan a las personas con discapacidad); liderazgo, cooperación internacional y desarrollo sostenible (incorporar los derechos de las personas con discapacidad en la aplicación de medidas destinadas a la cooperación internacional, incluidas las medidas relativas a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible); e, innovación, desarrollo tecnológico y digitalización (herramientas para fomentar la autonomía personal y calidad de vida, la inclusión, la participación efectiva, y el diseño y la accesibilidad universal).
En su despliegue, la estrategia contempla mecanismos de coordinación horizontal (entre los distintos departamentos ministeriales) y vertical (entre los distintos niveles de administración: local-autonómico, autonómico-estatal y local-estatal), en el afán de que las políticas e iniciativas ofrezcan respuestas conjuntas, eficientes y coherentes a las prioridades y necesidades específicas de la discapacidad en todos los ámbitos administrativos y territoriales.
En la elaboración del documento han tomado parte, además de las entidades representativas de personas con discapacidad, las propias personas con discapacidad y sus familias, y se ha contado con la participación, opiniones, experiencias y recorridos vitales de personas con grandes necesidades de apoyo.
