La Diputación Foral de Gipuzkoa ha presentado este jueves a los ayuntamientos del territorio la actualización del protocolo de respuesta pública institucional ante la violencia machista, en un encuentro de trabajo en el que han participado 16 alcaldesas y alcaldes, junto a más de una veintena de responsables y personal técnico municipal.
La sesión, en la que han intervenido la portavoz foral, Irune Berasaluze, y la directora del Órgano para la Igualdad, Nerea Isasi, supone un nuevo impulso al compromiso interinstitucional que Gipuzkoa activó en 2018 con la aprobación del primer protocolo. Aquel documento, en palabras de Berasaluze, fue «pionero y único en nuestro entorno», al articular por primera vez una respuesta coordinada, común y visible de las administraciones públicas ante las agresiones machistas.
«Con esta revisión, la Diputación y los municipios reforzarán ese trabajo compartido y lo adaptarán a las realidades y desafíos actuales», ha señalado la portavoz, quien ha destacado además que la actualización se ha elaborado mediante un proceso colaborativo con ayuntamientos, asociaciones de mujeres y grupos feministas del territorio. Un trabajo que, según ha subrayado, refuerza el «enfoque de gobernanza colaborativa».
Implantación práctica y apoyo a los municipios
Con la reunión celebrada hoy se abre ahora una nueva fase centrada en la implantación práctica del protocolo. El objetivo es que cada ayuntamiento pueda adaptar los procedimientos y criterios comunes a su realidad local, garantizando al mismo tiempo una respuesta homogénea, coordinada y eficaz en todo el territorio.
Para ello, la Diputación actuará como entidad asesora y trabaja ya en la creación de un servicio específico de asistencia técnica dirigido a los municipios. Además, se pondrán en marcha dos experiencias piloto en localidades pequeñas de Gipuzkoa, con el fin de ajustar el protocolo a sus particularidades y necesidades específicas.
La reparación, en el centro de la respuesta
El texto actualizado mantiene la filosofía del modelo aprobado en 2018: ofrecer una respuesta pública clara, unitaria y sensible ante la violencia machista, garantizando el acompañamiento a las mujeres víctimas y reforzando el rechazo social frente a estas agresiones.
Como principal novedad, el protocolo sitúa la reparación de la mujer víctima en el centro de la respuesta institucional y comunitaria. «La respuesta institucional debe contribuir al proceso de reparación de la mujer víctima», ha subrayado Berasaluze.
Asimismo, el documento incorpora un nuevo escenario específico para abordar la violencia vicaria y las violencias machistas digitales, ante el incremento de agresiones en redes sociales, servicios de mensajería y otros entornos virtuales. Entre ellas se incluyen el acoso continuado, las amenazas, la difusión de imágenes sin consentimiento, la suplantación de identidad, el control digital o las campañas de odio organizadas, conductas que —han advertido desde la institución foral— tienen consecuencias reales sobre la salud, la libertad y la vida de las mujeres.
