La eutanasia ha dejado de ser un debate teórico para convertirse en una realidad que interpela de lleno tanto a la ciudadanía como a los profesionales sanitarios. Así quedó patente en la VIII Jornada “Diálogos para una muerte digna”, organizada por Derecho a Morir Dignamente Navarra en la Universidad Pública de Navarra (UPNA), que congregó a un público masivo el pasado martes 25 de marzo.
En una sala desbordada, el doctor Albert Tuca, especialista en Oncología Médica y presidente de la Comisión de Garantías y Evaluación de Catalunya, lanzó un mensaje claro: “El personal sanitario, queramos o no, tiene el deber de dar respuesta. Es un imperativo”. Con estas palabras sintetizó la tensión que atraviesa al sistema sanitario desde la entrada en vigor, en junio de 2021, de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE).
Lo que para la ciudadanía representa la conquista de un derecho —decidir sobre el final de la propia vida en condiciones de dignidad— se traduce, en el ámbito sanitario, en una obligación compleja. Una responsabilidad que no solo exige conocimiento técnico, sino también una profunda gestión emocional y ética. “Cuando hablamos de eutanasia, para el personal sanitario es un deber que nos sitúa en escenarios difíciles”, reconoció Tuca.
La práctica de la eutanasia pone en juego valores personales, creencias culturales y convicciones morales. Para algunos profesionales, supone una oportunidad de crecimiento; para otros, una barrera difícil de franquear. En este contexto, la objeción de conciencia emerge como un derecho legítimo, aunque no exento de controversia. Tuca alertó sobre formas encubiertas de objeción —por sobrecarga laboral, desconocimiento o incluso desafección institucional— que pueden traducirse en retrasos o dificultades en el acceso a la prestación.
Más allá del plano ético, el proceso administrativo añade otra capa de complejidad. Garantizar que cada solicitud cumpla con todos los requisitos legales implica una carga burocrática considerable en un sistema sanitario ya tensionado. A ello se suma la implicación clave de la Atención Primaria y la sensación, compartida por algunos profesionales, de falta de apoyo institucional y reconocimiento.
La jornada también puso el foco en los actores menos visibles del proceso. Enfermeras, psicólogos y trabajadores sociales desempeñan un papel fundamental, aunque su encaje en la normativa sigue siendo difuso. Esta indefinición, unida a la necesidad de mejorar la comunicación con pacientes y familias, evidencia que el sistema aún está en proceso de adaptación.
Sin embargo, pese a las dificultades, el balance entre quienes han participado en estos procesos tiende a ser positivo. Muchos profesionales describen la experiencia como profundamente significativa: una respuesta a la libertad y determinación del paciente que genera, en palabras de Tuca, “paz, serenidad y armonía”.
España, además, se sitúa a la vanguardia en otro aspecto vinculado a esta práctica: la donación de órganos tras la eutanasia. Más de 450 personas se han beneficiado ya de estos trasplantes, un dato que añade una dimensión solidaria a una decisión profundamente personal.
La presentación de la jornada corrió a cargo de la vicerrectora de Estudiantes, Vida Universitaria y Compromiso Social de la UPNA, Begoña Pérez Eransus, y de Manuel Eciolaza, presidente de DMD Navarra. A continuación, intervinieron la profesora jubilada de la UPNA, Camino Oslé, y el psicólogo Iosu Cabodevilla, quien habló sobre los miedos al morir.
Mesa técnica: garantías y dilemas ante la eutanasia
La jornada continuó con una mesa técnica en la que se abordaron las garantías y los dilemas en la aplicación de la Ley Orgánica de la Regulación de la Eutanasia (LORE), y en el que se explicó el papel de los y las profesionales de la sanidad ante el final de la vida y la eutanasia.
En ella participaron, Leticia Jericó, profesora de Derecho y Penal de la UPNA y miembro de la Comisión de Garantías de la LORE en Navarra; Geno Ochando, directora del Servicio de Humanización del Departamento de Salud; y Albert Tuca, doctor en Medicina, especialista en Oncología, coordinador del Área Soporte Integral del Cáncer del Hospital Clínic de Barcelona, presidente de la Comisión de Garantías y Evaluación de Catalunya del Departamento de Salud y profesor asociado de Medicina de la Universitat de Barcelona.
Por último, tuvo lugar una mesa con testimonios, moderada por el sociólogo Pablo Echeverría, donde participaron una médica y una enfermera, el hijo de una persona y la viuda de otro. En este caso, la solicitud de eutanasia se solicitó a través del testamento vital. El cierre estuvo a cargo del profesor de Antropología Social de la UPNA, Txema Uribe.
