La dimisión del equipo directivo del CREENA no es una simple reacción administrativa: es un grito de alerta frente a una decisión que amenaza el corazón del sistema educativo público en Navarra. El convenio firmado con la Fundación Alegría no es un acuerdo inocuo; es la puerta abierta a la privatización de un derecho fundamental: la educación inclusiva para todos los niños y niñas.
"El convenio firmado con la Fundación Alegría no es un acuerdo inocuo; es la puerta abierta a la privatización de un derecho fundamental: la educación inclusiva"¿De verdad creemos que externalizar la atención a la diversidad es la solución? ¿Qué delegar en una entidad privada lo que debe garantizar el Departamento de Educación de Gobierno de Navarra es compatible con el principio de igualdad? Este convenio no solo vulnera la autonomía de los centros y del profesorado, sino que rompe el compromiso que Navarra ha mantenido durante años: ofrecer una educación pública, gratuita y de calidad para todo el alumnado, sin excepciones.
El papel del Tercer Sector: necesario, pero no sustituto
Las asociaciones y entidades del Tercer Sector de acción social cumplen una función imprescindible: acompañar, sensibilizar, formar y dar apoyo a las familias. Son agentes sociales que enriquecen la comunidad educativa, aportan conocimiento y experiencia, y colaboran en proyectos complementarios. Pero su papel no es sustituir la responsabilidad de la administración pública ni ocupar el espacio de los equipos técnicos públicos. La atención educativa especializada no puede depender de convenios privados, porque eso convierte un derecho en un servicio condicionado.
Funciones claras, sin confusión
Las funciones de cada uno de los actores deben ser clara:
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Asociaciones y entidades del Tercer Sector de Acción Social: proporcionan apoyo emocional, formación, sensibilización, defensa de derechos y acompañamiento a familias, así como apoyos técnicos e intervención en su ámbito.
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CREENA (Centro de Recursos de para la Equidad Educativa en Navarra): es el órgano técnico público que diseña, coordina y garantiza la atención especializada en los centros educativos, asegurando calidad, equidad y coherencia pedagógica.
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Departamento de Educación: es el responsable último de garantizar el derecho a la educación inclusiva, dotando recursos, personal y políticas públicas que fortalezcan el sistema.
Cuando estas funciones se mezclan, el riesgo es evidente: privatización encubierta, pérdida de transparencia y desigualdad en el acceso. Noventa centros educativos ya han advertido del peligro: sustitución de profesionales públicos por personal externo, falta de control y fragmentación del modelo inclusivo.
Un acto de dignidad y una exigencia clara
La dimisión del equipo directivo del CREENA es un acto de coherencia y valentía. Han dicho “NO” a ser cómplices de una deriva que pone en peligro el derecho universal a la educación. Han recordado que la inclusión no se compra ni se subcontrata: se construye con recursos públicos, con profesionales formados y con políticas que garanticen igualdad real.
Por eso, exigimos la anulación inmediata del convenio firmado con la Fundación Alegría por ser contrario a derecho y vulnerar principios básicos de igualdad y transparencia. Y reclamamos la no toma en consideración de la renuncia del equipo directivo del CREENA, que ha demostrado con su dimisión la defensa firme del interés superior del menor.
Hoy, la pelota está en el tejado del Departamento de Educación. Rectificar no es una opción política, es una obligación ética. Porque cuando hablamos de derechos de la infancia, no hay margen para la ambigüedad: la educación pública no se negocia, se defiende.
Firman, en representación de las entidades
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Iranzu Ostolaza Gaspar. Presidenta de Disnavarra.
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María Sola Amoedo. Presidenta de Asociación Navarra para las Altas Capacidades.
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Guadalupe Pozueta Diéguez. Presidenta ANDAR.
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Silvia Saldaña Vela. Presidenta de ADHI.
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Mariluz Sanz Escudero. Presidenta de CERMIN.
