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Persigue que la Diputación Foral de Álava y todo el sector público  destine un porcentaje significativo de su presupuesto anual a  actuaciones con impacto positivo para conseguir la adaptación al  cambio climático y la consecución de una actividad neutra en  carbono que, en cualquier caso, deberá ser como mínimo el 15%.

El PP de Álava registrará mañana en las Juntas Generales de Álava  la primera norma foral vasca sobre el cambio climático. En concreto, se trata de la proposición de ‘Norma Foral de Cambio Climático, Transición Energética y  Economía neutra en carbono’ que, como ha señalado el presidente del PP de  Álava, Iñaki Oyarzabal, “es una norma foral pionera que nace con el objetivo de  situar a Álava a la cabeza de las administraciones más comprometidas y más  exigentes en materia medioambiental. Recuperar nuestra marca verde que el PNV  está echando a perder”.

Álava se convertiría así en el primer Territorio Histórico del País Vasco con  una Norma Foral con esta temática, ya que en la actualidad ni la Diputación de  Vizcaya ni la de Guipúzcoa poseen una normativa de estas características. Para  Oyarzabal esta Norma Foral supone un marco normativo que “no depende de una  voluntad de gobierno, sino que gracias a esta ley existiría una norma foral  que regule el cambio climático en Álava, con independencia de quién  gobierne”. En este sentido, se ha referido a Urban Klima 2050 y Klima Araba 

2050 como “planes de un gobierno”, ya que “no son una norma foral que regula,  obliga y compromete”. El dirigente de los populares alaveses ha insistido en que  “no se trata solo de elevar las exigencias con esta norma foral, sino de  aprovechar todas las oportunidades”.  

La norma foral recoge la bonificación con incentivos fiscales para inversiones  que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, neutralidad en  carbono y adaptación al cambio climático; la obligación de que los vehículos  forales sean de energías alternativas; la realización de informes periódicos de  cambio energético porque “en la actualidad no hay parámetros de medida, ni  control y necesitamos una norma que sea homogénea”, ha explicado Oyarzabal. 

Asimismo, con la norma foral se persigue que la Diputación Foral de Álava y todo  el sector público destine un porcentaje significativo de su presupuesto anual a actuaciones con impacto positivo para conseguir la adaptación al cambio  climático y la consecución de una actividad neutra en carbono que, en cualquier  caso, deberá ser como mínimo el 15%. En este sentido, ha desgranado que, a  través de esta norma foral, Diputación exigirá a los municipios y entes locales que las emisiones de gases de efecto invernadero de los sectores no incluidos  en el mercado de emisiones no superen en estos momentos el 30% y el 40% de  aquí a 2030, respecto a los parámetros registrados en el año 2005; que el  consumo de energía se reduzca en un 20% de aquí a 2025; y el consumo de  energía renovable sobre el consumo final sea del 40% para el año 2050. Además, se propone que el porcentaje de licitaciones que incorporen criterios  de huella de carbono en el sector público de Álava deberá corresponder, al  menos, al 45% de aquí al año 2022; y el 100% de aquí al año 2023

Sin duda se trata de generar capacidad para invertir y empleo porque, como ha  explicado el presidente del PP de Álava, “en esa adaptación, en el desarrollo de  las necesidades técnicas, es donde reside la nueva economía”. Por ello, es  necesario “adoptar las medidas que incentiven y aceleren el desarrollo de una economía neutra en carbono y resiliente al cambio climático de forma  competitiva e innovadora que, en todo caso, garantice el suministro energético  necesario asequible”. 

NOVEDADES QUE RECOGE LA NORMA FORAL 

Como se ha apuntado, la norma foral incluye entre sus novedades informes periódicos de cambio energético. La Diputación Foral de Álava deberá evaluar  de forma sistemática y periódica el impacto climático de sus políticas. La aplicación  de este criterio de evaluación implicará tener en cuenta los ámbitos de agricultura,  ganadería, agua, biodiversidad, espacios naturales protegidos, bosques, gestión de  especies y espacios naturales, residuos, transportes, urbanismo, promoción  económica y finanzas. Y es que Oyarzabal ha apuntado que “ahora no hay  control y necesitamos una norma homogénea”. 

El presidente del PP alavés ha insistido en que el cambio climático es “un gran  desafío medioambiental con consecuencias socioeconómicas” y se ha  apoyado en la Comunidad científica internacional, que ha constatado de forma  consensuada que el actual modelo de producción y consumo está generando una  alteración climática global que provoca a su vez serios impactos sobre la Tierra y  sobre los sistemas socioeconómicos, para remarcar la importancia de esta norma  foral en el Territorio Histórico de Álava. 

EN ÁLAVA URGE 

Como cita la propia propuesta de norma foral registrada por el PP, en el ámbito  competencial de Álava, se hace urgente asumir compromisos que supongan invertir en tecnologías respetuosas con el medio ambiente; apoyar a la  industria para que innove; desplegar sistemas de transporte público y privado  más limpios y baratos; descarbonizar el sector de la energía; garantizar que los  edificios sean más eficientes desde el punto de vista energético; y adoptar las  medidas requeridas adecuadas en cada caso para ello. 

Todas las medidas y acciones que impliquen la aplicación de esta norma foral incorporarán, asimismo, los principios de protección del medio ambiente,  preferentemente en la fuente de su origen, de “quien contamina, paga” y de “coste-eficiencia”. Sobre el primer concepto, Oyarzabal ha querido incidir en que  “no se trata de que, por tener capacidad de pagar, se pueda seguir contaminando. No se puede pagar por contaminar, hay que intentar no  contaminar y trabajar sobre la prevención de contaminación en origen”.

Mediante la norma foral, la Diputación y las instituciones y organismos forales de  Álava adoptarán en todas sus acciones medidas que conduzcan a garantizar que  se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. En este punto  Oyarzabal ha añadido que “deberá ser compatible con ofrecer a los  consumidores, tanto a hogares como a empresas, un abastecimiento de  energía seguro, sostenible, competitivo y asequible”. También acciones para 

reducir el consumo energético en todas las actividades económicas, el consumo  energético en el funcionamiento de la actividad de la Diputación Foral de Álava y  todos sus organismos dependientes, así como empresas públicas vinculadas a ella e incrementar progresivamente el consumo de energía renovable

Además, la propuesta de norma foral incluye la planificación de la adaptación al  cambio climático en los sectores socioeconómicos, de los recursos naturales y ámbitos territoriales a través de planes sectoriales

INICIATIVAS QUE INCLUYE EL MARCO NORMATIVO 

Asimismo, el marco normativo propuesto por los populares alaveses contempla que  los principales municipios de Álava adopten antes del 2024 planes de  mitigación y adaptación con medidas para adaptarse a los principales impactos  y riesgos derivados del cambio climático; que en el 2023, el sector público  alavés deba calcular su huella de carbono y establecer un plan de reducción  de emisiones de gases de efecto invernadero; y que el sector público de Álava  incorpore en los pliegos de las licitaciones destinados a contratos o  concesiones de obra pública de nueva construcción o en modificaciones de  instalaciones existentes prescripciones vinculadas a la descarbonización y la  transición energética. La iniciativa del PP apuesta también por que la Diputación  únicamente pueda licitar la adquisición o el alquiler de vehículos que utilicen  para su tracción energías alternativas y que los eventos y actos públicos que  organice incorporen en los pliegos criterios de sostenibilidad, reducción de  emisiones y consumo de energía renovable asociadas a los mismos. 

FISCALIDAD VERDE 

Respecto a la política fiscal, Oyarzabal ha explicado que se incorporarán progresivamente elementos al sistema tributario para facilitar la consecución de  una economía neutra en carbono y resiliente al cambio climático. Así, la fiscalidad  ambiental incluirá “cargas fiscales para las actividades que incrementen las  emisiones de gases de efecto invernadero” o aumenten la vulnerabilidad de los  recursos naturales y/o de los ecosistemas, e “incentivos fiscales para las  inversiones que contribuyan a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la neutralidad en carbono y la adaptación al cambio climático”,  ha detallado. 

En este sentido, la Diputación de Álava, al final de cada ejercicio económico, elaborará un informe en el que refleje el porcentaje de presupuesto que ha  contribuido con impacto positivo en la adaptación al cambio climático y la  cuantía de las medidas fiscales aplicadas; y en su caso, el uso al que se han  destinado los ingresos recaudados por este concepto con referencia del criterio  de priorización de gasto aplicado. 

ECONOMÍA VERDE 

La norma foral apuesta por que la Diputación Foral de Álava impulse el empleo en  los sectores productivos de economía verde y circular, facilitando la  reconversión de los sectores más directamente afectados por las medidas que  exige una producción con neutralidad en carbono y de adaptación al cambio  climático. 

Para el presidente del PP de Álava no hay avance si no se realiza una observación  sistemática del clima y, es por ello, que la norma foral recoge también que la  institución foral facilite la recopilación de las variables climáticas y de  transición energética esenciales mediante indicadores claros, objetivos y 

fácilmente comprensibles.


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