El arzobispo de Pamplona pide perdón a las víctimas de abusos del colegio del Puy de Estella

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Expresa su rechazo a este tipo de conductas y su compromiso a “poner todos los recursos necesarios” para que no vuelvan a suceder.

El arzobispo de Pamplona y Tudela, Francisco Pérez, ha pedido perdón, en nombre de la Iglesia, a las personas que denunciaron abusos físicos sexuales en el Colegio de Nuestra Señora del Puy de Estella y se ha comprometido a “poner todos los medios y recursos necesarios para que no vuelvan a darse este tipo de hechos”.

“Los indicios de abusos físicos o de índole sexual debieron investigarse y alcanzarse conclusiones en su momento, sin que sea justificación el que fueran otros tiempos”, ha manifestado Francisco Pérez.

Así se ha pronunciado el arzobispo en una rueda de prensa que ha ofrecido este martes junto a Maite Quintana, la directora de la Comisión Metropolitana de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela para la protección de menores y personas vulnerables. También ha estado presente Alfredo Irujo, en representación de la comisión de investigación creada para investigar el caso de las denuncias del colegio de Estella, por hechos ocurridos entre los años 1962 y 1974.

Francisco Pérez ha afirmado ser “consciente” de que el “sentir social” es que “se llega un poco tarde” y ha asegurado que “en nuestra voluntad está el hacerlo mejor que en el pasado”. “Es un cambio importante en el que hemos tenido que asumir nuevos aprendizajes, nuevas formas de hacer y unas nuevas sensibilidades. No vamos a negar que quedan pasos a dar, pero puedo asegurar que estamos en el camino de darlos. Hoy estoy aquí para pedir disculpas y perdón por esta tardanza”, ha remarcado.

El arzobispo ha hecho suyo el “dolor” de las víctimas de abusos del colegio del Puy de Estella, a las que ha pedido perdón. Y ha explicado que, además de públicamente, ha ofrecido a las personas afectadas un encuentro privado para “escucharlas y trasladarles personalmente las disculpas y el resultado de la investigación seguida”.

Ha mostrado Francisco Pérez su rechazo frente a este tipo de conductas, además del “compromiso” de la Iglesia de “poner todo los medios y recursos necesarios para que no vuelvan a darse este tipo de hechos”.

“Mi corazón se duele y llora. Yo lo único que quiero es que esos corazones sanen y así se lo pido al Señor todos los días. Ahora vamos a atenderlos y pido perdón, pero también al mismo tiempo creo que aquí tenemos que ayudarnos entre todos”, ha manifestado.

Sobre los pasos que quedan por dar, Francisco Pérez ha señalado que “todo esto lleva un tiempo”. “Hemos dado el paso de la comisión y pasos tenemos que dar, claro está, pero todo esto requiere un tiempo, poner muchas cosas en común. Estamos dando pasos en todos estos sentidos para favorecer el máximo de curación en aquellas personas que se sienten heridas”, ha enfatizado.

En esta línea, ha esperado que “todo esto por así decir se limpie, se actualice y se pueda expresar en este sentido el sentir de la Iglesia que hemos de estar con aquellos que son vulnerables”. “Queremos estar y lo digo sinceramente”, ha señalado.

Un perdón extensivo al resto de víctimas

Al ser preguntados por si hacen extensivo este perdón a las víctimas del colegio del Puy de Estella a otras personas que hayan sufrido abusos, Maite Quintana ha manifestado que “evidentemente podemos extenderlo”.

“Hay que agradecer muchísimo a aquellas víctimas que son las valientes que han dado el paso, en nombre de todas aquellas que por la razón que sea, que hay que respetar, no han sido capaces, pero lo que han conquistado lo conquistan para ellas y para otras”, ha resaltado.

Asimismo, sobre las denuncias presentadas por víctimas de colegios de órdenes religiosas y al ser preguntados por la razón de no ser investigadas en la comisión, como las del colegio del Puy, Quintana ha remarcado que “un obispo no tiene una potestad de gobierno directa contra una orden religiosa”.

De este modo, la Comisión Metropolitana de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela para la protección de menores y personas vulnerables, que ella preside, puede recibir denuncias de estas víctimas sin “ningún inconveniente”, pero el obispo “tiene obligación de remitir todo al superior de ese religioso porque es su gobierno”.

“Canónicamente el procedimiento lo tienen que seguir ellos”, ha comentado, para señalar que “no es un tema en el que discriminemos”, sino que “no podemos hacer injerencias”. “No hay víctimas de primera ni de segunda, pero nosotros no podemos hacer una investigación sobre Jesuitas, Maristas o sobre los Escolapios”, ha declarado.

En cualquier caso, ha querido dejar claro que la puerta de la Comisión Metropolitana de la Archidiócesis de Pamplona está abierta a “todo tipo de víctimas, pero no tenemos la potestad de hacer una investigación nosotros, eso tiene que seguir sus cauces”.

Investigación sobre el Puy

Respecto a la investigación llevada a cabo de las denuncias en el colegio del Puy de Estella, Maite Quintana ha explicado que desde la Comisión Metropolitana para la protección de menores y personas vulnerables, constituida el 11 de junio de 2020, se decidió constituir un equipo para analizar este caso, formado por los abogados Blanca Ramos y Alfredo Irujo y el psiquiatra Javier Casanova.

Ha sido Alfredo Irujo el encargado de explicar el trabajo desarrollado por este equipo y las conclusiones alcanzadas, entre ellas, que de todo lo investigado “se desprende que los hechos denunciados no obedecen a un motivo de resentimiento o enemistad preexistente, ni se ha observado la existencia de un móvil espurio”.

En cuanto a las denuncias presentadas, el equipo concluye que “se han ofrecido abundantes detalles y precisiones en las entrevistas mantenidas” y que “las manifestaciones recogidas presentan lógicas que dotan de verosimilitud a los testimonios”. “No cabe justificación ni exculpación, ni en la vertiente relativa a la violencia física ni en la relativa a los abusos sexuales, por la época en que presuntamente se cometieron. Las declaraciones de los denunciantes han sido en general persistentes, sin aparentes contradicciones ni ambigüedades”, señala el equipo.

Asimismo, considera que “al no existir más información documental”, no puede concluirse “fehacientemente” la existencia de “ocultación de los hechos denunciados, ni responsabilizar a nadie por ello, pero no puede tampoco ignorarse que la propia inexistencia de documentación resulta, cuando menos, reveladora de la intención silenciadora de alguien cuya identidad se desconoce”.


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