La Diputación Foral de Álava, mediante el Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), ha aprobado la contratación temporal de una asistencia externa por un periodo de dos años. Esta medida busca ofrecer apoyo técnico en la tramitación de expedientes y agilizar el reconocimiento del grado de discapacidad, un servicio que actualmente acumula demoras de hasta siete meses en el territorio.
A pesar de que el IFBS duplicó previamente sus equipos permanentes al pasar de dos a cuatro, el volumen de solicitudes ha sobrepasado la capacidad de la administración local. Desde las instituciones aclaran que la entidad externa se limitará a la asistencia en trámites y elaboración de informes sectoriales, manteniendo la corporación foral la responsabilidad integral y la decisión final sobre cada resolución.
El impacto del baremo Baredi en la gestión de servicios sociales
El origen del colapso en la gestión se remonta a la aplicación del Real Decreto 888/2022 del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Esta normativa estatal introdujo el nuevo baremo Baredi, una herramienta que incrementa la precisión en el diagnóstico pero que, en la práctica, requiere un mayor tiempo de atención por cada ciudadano, ralentizando las citas y extendiendo los plazos legales previstos.
Al ser la valoración médica y psicológica la puerta de acceso al sistema de servicios sociales, estas demoras bloquean de forma directa la llegada de ayudas económicas y recursos asistenciales a los usuarios. Los constantes cambios normativos estatales —como la tramitación de la Ley ELA o las modificaciones en la Ley de Dependencia— obligan además a diseñar metodologías de gestión alternativas para absorber los picos de trabajo.
Respaldos institucionales para agilizar los trámites de dependencia
La estrategia de externalizar de forma puntual parte del proceso administrativo cuenta con la validación de la administración central. La Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación del Ministerio de Asuntos Sociales ratificó la viabilidad de esta fórmula de apoyo en la Comisión Estatal de Coordinación celebrada el pasado 26 de febrero de 2025.
Con la incorporación de este soporte técnico, se prevé una reducción progresiva de la carga acumulada de expedientes para equilibrar la respuesta administrativa ante la alta demanda del servicio en la provincia.
