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La Rioja aprueba un techo de gasto de 1.824 millones para 2025, con un aumento del 3,11%

Como en ejercicios anteriores, se ha optado por realizar un plan con alcance hasta 2027, partiendo de la previsión de cierre de 2024

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy martes, 27 de agosto, el límite máximo de gasto no financiero de los Presupuestos Generales de La Rioja (PGLR) para 2025, que asciende a 1.824 millones de euros, el 3,11% más que el del ejercicio en curso (1.769 millones de euros). La aprobación de esta referencia es indispensable para elaborar las cuentas públicas regionales para el año que viene con el objetivo de que entren en vigor en tiempo y forma el próximo 1 de enero.

Para realizar las proyecciones de las magnitudes presupuestarias de gastos e ingresos se ha considerado el escenario macroeconómico contemplado en la Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España para los años 2023-2026, elaborado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y avalado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), con fecha 28 de abril de 2023, que estima para 2025 una previsión de crecimiento del PIB nominal del 3,9%, así como un deflactor del mismo del 2,1%.

Estas proyecciones quedan recogidas en el marco presupuestario a medio plazo que, como sanciona la Ley de Hacienda Pública de La Rioja, el Consejo de Gobierno debe aprobar con anterioridad a la elaboración del anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales de La Rioja para cada año.

Como en ejercicios anteriores, se ha optado por realizar un plan con alcance hasta 2027, partiendo de la previsión de cierre de 2024. El Ejecutivo regional ha calculado la cuantía del techo de gasto a pesar de la incertidumbre existente en lo concerniente a los objetivos de estabilidad presupuestaria aplicables a las comunidades autónomas para los próximos ejercicios.  

El Gobierno de España acordó en Consejo de Ministros sendas propuestas de fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para los ejercicios 2024 (acuerdo de fecha 13 de febrero de 2024) y para el 2025 (acuerdo de 16 de julio de 2024). Sin embargo, ninguna de las dos propuestas del Consejo de Ministros obtuvo el necesario apoyo parlamentario, por lo que la situación actual es de incertidumbre, pendiente de si el Gobierno de España vuelve a presentar un planteamiento de senda financiera para los próximos ejercicios. Por ello, y como consecuencia de este contexto de absoluta inseguridad, el Gobierno de La Rioja ha considerado que los objetivos de estabilidad sean los contemplados en la actualización del Programa de Estabilidad 2023-2026, que recibieron el aval de las autoridades comunitarias. 

En todo caso, y ante la falta de concreción de los objetivos de déficit, regla de gasto y deuda pública, el Ejecutivo regional entiende un compromiso prioritario la solvencia, la sostenibilidad y la eficacia de las cuentas públicas regionales, y por tanto ha aprobado un plan presupuestario a medio plazo que prevé un superávit de las cuentas públicas del 0,1% para 2025 en línea con las orientaciones de la Comisión Europea.

Estos marcos en superávit permitirán contar con un margen de maniobra si, finalmente, el objetivo definitivo es el equilibrio presupuestario o un déficit de una décima. Fortalecer los servicios públicos Los Presupuestos Generales de La Rioja para 2025 tendrán como objetivos irrenunciables seguir reduciendo los impuestos y mejorar la calidad de los servicios públicos que la Administración Autonómica presta a los ciudadanos riojanos.

Así, el anteproyecto contemplará un esfuerzo inversor en ámbitos claves como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Como novedad respecto a los planes presupuestarios a medio plazo anteriores destaca la integración de la Fundación Hospital de Calahorra en el Servicio Riojano de Salud, de modo que sus cifras se integran en este organismo autónomo.  

Asimismo, se incluye en términos consolidados el presupuesto de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), única entidad pública empresarial que persiste dentro del sector público autonómico de acuerdo al criterio utilizado por el Ministerio de Hacienda en la información presupuestaria que publica mensualmente.    

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