La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) alertó este martes sobre los "graves riesgos" que, a su juicio, supone para el derecho de asilo y los derechos humanos el anteproyecto de nueva Ley de Asilo y modificación de la Ley de Extranjería que el Gobierno español ha aprobado en primera vuelta y que remitirá al Congreso de los Diputados tras recabar los informes oportunos.
La organización, que tuvo acceso al contenido del texto publicado por varios medios, sostiene que no se han atendido las demandas de las organizaciones de derechos humanos, que reclamaban un pacto centrado en las personas y sus derechos. A su juicio, el Gobierno ha optado por opciones más duras, en la línea de los países con políticas más restrictivas de la UE, en un momento en que se cumplen más de tres semanas de la entrada de miles de personas en Ceuta, donde la situación humanitaria sigue siendo crítica según CEAR.
"Hemos perdido una oportunidad histórica de liderar la Europa de los valores y los derechos. Con este anteproyecto de ley, nuestro Gobierno plantea medidas regresivas que no solo se han mostrado fallidas, sino que ponen en grave peligro a personas que pueden necesitar protección internacional", señalaron Mónica López y Mauricio Valiente, directora y director general de CEAR.
La organización, que participó en la elaboración de las anteriores leyes de asilo de 1984 y 2009, lamentó que no se hayan tenido en cuenta sus propuestas para esta nueva norma. Entre otras medidas, reclamaba que se reforzaran las vías legales y seguras, como la posibilidad de solicitar el traslado desde embajadas y consulados para presentar la solicitud de asilo en España, una opción que, según denuncia, queda debilitada al dejarla a discreción de estas representaciones.
Procedimiento fronterizo y detenciones
CEAR denuncia además que el anteproyecto establece causas no obligatorias para aplicar el procedimiento fronterizo, considerado menos garantista, como tener en cuenta el primer país de asilo o si la persona procede de un supuesto tercer país seguro o país de origen seguro, entre otras. Según recuerda la organización, el Pacto europeo solo exige a los Estados miembro aplicarlo cuando la tasa de reconocimiento de protección internacional en la UE sea igual o inferior al 20%, cuando la persona represente un presunto peligro para la seguridad nacional o el orden público, o cuando oculte o falsee información relevante.
El anteproyecto también incluye la elaboración de listados nacionales de países seguros y establece excepciones al derecho de asilo en situaciones de crisis o fuerza mayor, medidas que, según CEAR, los Estados miembro no están obligados a aplicar.
Asimismo, la organización alerta de que el texto permite extender las detenciones y la privación de libertad, tanto durante el triaje —de 72 horas hasta 7 días con autorización judicial— como durante el procedimiento fronterizo, que pasaría de un máximo de 8 días a dos semanas. Se mantienen los 60 días actuales como plazo de internamiento, pero se prevé la posibilidad de internar de nuevo a la persona, hasta un máximo de 120 días, si solicita protección internacional.
Según CEAR, el anteproyecto elimina además las razones humanitarias de la legislación de asilo, aunque el Pacto europeo no impide que los Estados miembro puedan establecer estos estatutos.
Reagrupación familiar
La organización denuncia también que el anteproyecto dificultaría "enormemente" la reagrupación familiar de las personas refugiadas, al exigir requisitos de medios económicos y vivienda adecuada si la solicitud de reagrupación se presenta pasado un año, un criterio que en la ley actual no es obligatorio.
Por último, CEAR destaca lo que considera "enormes retrocesos" en garantías fundamentales como la libertad de movimiento, la reagrupación familiar y el derecho a la información, y señala que el texto no aborda el reconocimiento de las personas apátridas, entre otras cuestiones.
"La nueva Ley de Asilo será la tercera que se apruebe durante el periodo democrático. Pedimos al Gobierno español que recapacite y retire esta propuesta para que no sea recordada como la más involucionista de las tres", concluyeron desde la organización.
