La Ertzaintza ha destapado una trama de falsedad documental continuada que encubría la verdadera titularidad de vehículos empleados para cometer múltiples delitos contra el patrimonio en Euskadi. Las actuaciones policiales han permitido investigar a cuatro personas —tres hombres de 40, 46 y 60 años y una mujer de 47 años— por presuntos delitos de falsedad en documento oficial y mercantil.
El origen de la operación se remonta a noviembre de 2025, cuando se localizó en Bizkaia una furgoneta denunciada por apropiación indebida en Madrid. En la inspección del vehículo, agentes del Servicio de Investigación Criminal Territorial de Bizkaia de la Ertzaintza intervinieron maquinaria sustraída valorada en unos 15.600 euros y detectaron un justificante provisional de transferencia a nombre de un tercero sin soporte legal exigido.
Uso de un testaferro y una gestoría para eludir el control de la DGT
El análisis de los expedientes destapó una estructura dedicada a registrar vehículos a nombre de un hombre de paja o testaferro principal —un hombre sin carné de conducir que cobraba pagos de unos 100 euros en metálico por ceder su identidad—. En el entramado resultaban esenciales dos gestores administrativos investigados, encargados de tramitar la documentación.
En total, los investigadores detectaron 8 vehículos con justificantes profesionales de cambio de titularidad que nunca se consolidaban ante la Dirección General de Tráfico (D.G.T.) y otros 11 vehículos con transferencia formalmente registrada. Esta apariencia de legalidad permitía a sus usuarios eludir inmovilizaciones, exhibir papeles falsos en controles policiales y dificultar la trazabilidad de los automóviles.
Banda organizada en la margen izquierda y esclarecimiento de robos industriales
Los vehículos eran utilizados por un grupo organizado radicado en la margen izquierda para cometer sustracciones, principalmente en instalaciones empresariales. Las pesquisas de la Ertzaintza han vinculado estos automóviles con al menos 30 denuncias esclarecidas, que suman un valor aproximado de 165.000 euros en efectos sustraídos, como material industrial, chatarra y materias primas. Las diligencias policiales ya han sido puestas a disposición judicial mientras la investigación continúa abierta.
