La Guardia Civil, en el marco de la operación "Ambotan-Canapu", ha detenido a tres personas y mantiene bajo investigación a una cuarta por liderar una red criminal de explotación laboral en el norte de España. El entramado se dedicaba a suministrar mano de obra barata para el sector de las construcciones en las comunidades autónomas de Cantabria, Asturias y el País Vasco. Hasta el momento se han identificado al menos 41 víctimas, todos ellos obreros extranjeros en situación de especial vulnerabilidad económica y social.
La investigación de la Policía Judicial de la Guardia Civil comenzó el verano pasado tras detectarse los primeros indicios de delincuencia organizada. Las pesquisas permitieron identificar una empresa cuyo responsable operaba en Bizkaia, aunque mantenía su sede económica en Vitoria-Gasteiz.
Redes de inmigración irregular y deudas mafiosas en el sector de la construcción
Los trabajadores afectados realizaron largos trayectos migratorios para llegar a España, realizando en algunos casos escalas en países como Italia o Grecia bajo falsas promesas de un trabajo digno y estable. Para financiar estos desplazamientos y su estancia, varias de las víctimas contrajeron deudas con organizaciones delictivas que alcanzaban hasta los 30.000 euros, un factor que incrementaba de forma drástica su dependencia y desamparo frente a los líderes del entramado.
En el día a día, los obreros se concentraban a primera hora de la mañana en diferentes puntos de Vitoria, lugar desde donde eran distribuidos en vehículos hacia las distintas obras repartidas por el norte del país, recorriendo diariamente cientos de kilómetros. En los casos de Asturias y Cantabria, debido a la lejanía con la sede de la empresa, las víctimas eran alojadas en viviendas semanales cuyas condiciones de habitabilidad están siendo investigadas por las autoridades.
Inspección de trabajo y accidentes laborales ocultos en obras de Cantabria, Asturias y País Vasco
Las indagaciones policiales también destaparon que varios operarios sufrieron accidentes laborales de diversa consideración mientras trabajaban para este entramado. Al menos dos de ellos tuvieron que ser trasladados a centros sanitarios para recibir asistencia médica y, acto seguido, fueron completamente apartados de la actividad laboral por parte de los responsables de la empresa.
Debido a la gravedad de los hechos, en febrero de 2026 se incorporó a las actuaciones la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La fase de explotación final del operativo se desplegó de forma simultánea el pasado mes con el apoyo de más de 70 efectivos de las USECIC de la Guardia Civil, realizándose inspecciones en 10 obras e identificando irregularidades laborales en siete de ellas.
De los 41 trabajadores extranjeros identificados en el dispositivo, un total de 40 se encontraban en situación administrativa irregular y la mayoría recurría al uso de documentación de terceras personas para poder acreditar su identidad. Inicialmente, muchos de los afectados se mostraron reticentes a colaborar por miedo, aunque posteriormente reconocieron los pagos efectuados para migrar a España.
La operación policial se ha saldado con tres registros en inmuebles de Bizkaia y Álava, donde se ha intervenido abundante documentación y soportes electrónicos. Las diligencias del caso han quedado a disposición de la autoridad judicial competente de Santander, que dirige la instrucción de un procedimiento que continúa abierto.
