Tres personas integrantes de colectivos de defensa de la vivienda de la comarca de Pamplona deberán declarar ante el juez el próximo miércoles 17 de junio, acusadas de desobediencia, lesiones y resistencia a la autoridad. Su delito: tratar de impedir que una madre y sus tres hijos menores se quedaran en la calle el pasado 9 de octubre en Burlata. Por este motivo, tres entidades, la PAH Berriozar, Sindicato de Vivienda Haritu y el Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria han convocado una concentración de apoyo para ese día, 17 de junio, a las 9.15, en llos Juzgados de Pamplona.
El caso se remonta al pasado mes de septiembre, cuando la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Berriozar, el Sindicato de Vivienda de Haritu y el Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria alertaron públicamente de la situación de una familia vulnerable que había sido víctima de un subarriendo ilegal. La familia, según los colectivos, estaba dispuesta a abandonar la vivienda —que además no reunía condiciones mínimas de habitabilidad— siempre que las instituciones garantizaran una alternativa real antes del lanzamiento. Esa alternativa nunca llegó.
Un desahucio ejecutado con violencia y dos horas de adelanto
El 9 de octubre, fecha fijada para el desahucio, los tres colectivos y la propia familia se concentraron en el portal del inmueble. Lo que siguió, según el relato de los convocantes, fue una actuación policial inusualmente agresiva: la Policía Nacional desalojó a las personas concentradas casi dos horas antes de la hora prevista para la ejecución, utilizando porras y gas pimienta. El resultado fue decenas de heridos entre los manifestantes.
A consecuencias de la protesta, 17 personas fueron multadas con un total de 12.400 euros, y 3 encausadas penalmente por desobediencia, lesiones y resistencia a la autoridad.
Una vez disueltos los actos de protesta, la Policía procedió a identificar a decenas de personas; algunas de ellas, según los colectivos, fueron retenidas en el suelo. La represalia judicial que siguió incluye 17 multas por un importe conjunto de 12.400 euros, y el procesamiento penal de tres activistas que comparecerán la próxima semana ante el juzgado.
Seis meses en un hotel como "alternativa habitacional"
Mientras se producían los enfrentamientos, el Ayuntamiento de Burlata aseguraba tener un plan de realojo para la familia. Sin embargo, según los colectivos, la propia familia desconocía ese plan en el momento del desahucio, y la solución se redujo a una habitación de hotel en la que la madre y sus tres hijos vivieron durante seis meses. No fue hasta marzo, según las organizaciones, cuando la presión vecinal y de los colectivos logró que el Ayuntamiento articulara una alternativa habitacional de carácter provisional.
Un patrón que se repite: drones, lanzamientos de fecha abierta y zonas acordonadas
Los tres colectivos enmarcan el juicio del día 17 en un deterioro más amplio de las condiciones para la defensa frente a los desahucios en la comarca de Iruñerria. Denuncian que en los últimos meses se han multiplicado los lanzamientos con fecha abierta —una práctica que consideran ilegal— y los despejes de la zona con varias horas de antelación, llegando incluso al uso de drones para vigilar las concentraciones antes de que se produzcan.
"Su objetivo no es más que criminalizar la organización y la lucha, defendiendo la propiedad privada a costa de los derechos básicos de las personas", señalan en un comunicado conjunto, en el que también apuntan que las multas acumuladas buscan "ahogar económicamente" a los colectivos y debilitar su capacidad de movilización.
