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Un juzgado de Pamplona admite la querella de VOX contra Ramón Alzórriz

El caso, relacionado con contratos de reconstrucción de Sendaviva tras el incendio de 2022, se remitirá al TSJN por la condición de aforado de Alzórriz

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  • Alzórriz, en su última intervención en la sede del PSN/archivo -

El Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona ha admitido a trámite la querella presentada por VOX contra Ramón Alzórriz, parlamentario foral del PSN y exsecretario de organización del partido; el constructor Carlos Vidaurre; y el exgerente de Parquenasa, Rubén González, por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

El auto de la magistrada acuerda incoar diligencias previas, trasladar la querella a los querellados no aforados, requerir a la Intervención General del Gobierno de Navarra los informes sobre los contratos de reconstrucción de Sendaviva —el parque natural que sufrió un incendio en 2022— y remitir documentación a la Cámara de Comptos para que dictamine sobre la licitud del fraccionamiento de los contratos. La causa contra Alzórriz, aforado, se remitirá al Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

La querella no ha sido admitida de momento contra el consejero José Luis Arasti Pérez por no haberse aportado el poder especial necesario para su interposición. VOX ha indicado que se trata de un error electrónico que subsanará en los próximos días.

El origen de la denuncia: contratos fraccionados en Sendaviva

VOX presentó la denuncia inicial en junio de 2025, señalando la adjudicación de cuatro contratos a la empresa Adentro Construimos SL —propiedad de Carlos Vidaurre— por importes inferiores a 200.000 euros en cada caso, lo que habría permitido eludir la intervención de la Mesa de Contratación prevista en la Ley Foral de Contratos Públicos. Los contratos, que sumaban cerca de 790.000 euros, correspondían a la urbanización del acceso al parque, la construcción del nuevo edificio de acceso, el acondicionamiento de caminos de servicio y la urbanización de una plaza con cimentación de caída libre.

La formación amplió posteriormente la querella incorporando los informes de la Intervención General del Gobierno de Navarra y de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), que detectaron indicios de fraccionamiento indebido y posibles irregularidades en la licitación. La ampliación incluyó también la contratación del hijo del constructor, Martín Vidaurre Martínez, como asesor del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Navarra. La misma empresa habría reformado además el piso de Alzórriz y la sede del PSN.

VOX exige la dimisión de Alzórriz

El presidente provincial de VOX en Navarra, José María García Elorz, valoró la admisión de la querella afirmando que "se investigan delitos de cohecho y tráfico de influencias" y que el caso remitido al TSJ afecta a quien describió como "la mano derecha de la señora Chivite e íntimo amigo de Santos Cerdán en la época en la que se cocía toda la corrupción en Navarra". García Elorz añadió que VOX "no va a parar hasta aclarar toda esta basura" y concluyó exigiendo "transparencia total" y "la dimisión de Ramón Alzórriz como parlamentario".

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