Una familia con tres menores a cargo ha quedado en situación de sinhogarismo en Iruña tras una cadena de decisiones de los servicios de Alta Exclusión del Ayuntamiento y de la Policía Municipal, según ha denunciado el Sindicato de Vivienda de Haritu.
La familia fue desahuciada hace un mes y, según el sindicato, la única alternativa ofrecida por el Consistorio fue una estancia en un hotel durante tres días, que posteriormente se fue prorrogando en periodos igualmente de tres días durante dos semanas. La última de esas prórrogas, aseguran, tuvo que ser abonada por la propia familia. La responsable municipal del área de Infancia, Familia y Mujer conocía la situación y, pese a ello, “asumió que la familia con tres menores quedara en la calle sin ofrecer ningún otro recurso”, denuncia el colectivo.
Siempre según esta versión, la situación se precipitó el martes 10 de febrero, cuando integrantes del sindicato acudieron al hotel ante la amenaza de un desalojo inminente. En menos de dos horas se les comunicó que tendrían una noche más de alojamiento, con la advertencia de una expulsión forzosa al día siguiente, aunque finalmente la familia tuvo que abandonar el hotel ese mismo día.
Posteriormente, miembros de la Unidad de Protección y Atención Social (UPAS) de la Policía Municipal trasladaron que las personas adultas podrían acceder a un albergue, siempre que se encontrara una alternativa para los menores. Sin embargo, no se logró plaza en ningún recurso, por lo que la familia terminó la noche sin alojamiento alguno.
Este miércoles 11, a primera hora, el Sindicato de Vivienda de Haritu acompañó a la familia a la sede de Alta Exclusión, en la calle Zapatería, para exigir una alternativa habitacional digna y estable. Según relatan, desde el primer momento se prohibió la entrada a cualquier persona del sindicato como acompañante, bajo amenaza de sanción administrativa, y se les comunicó que no se realizaría ningún trámite para buscar una solución, alegando que la familia había rechazado opciones previas y que no se destinarían más recursos a este caso.
El sindicato denuncia además un trato discriminatorio, ya que mientras se impedía el acompañamiento a esta familia, sí se permitió en otros casos “sin justificación”, lo que consideran un uso arbitrario de los criterios de atención. El resultado, subrayan, es que la familia ha quedado en la calle con tres menores, “abandonada conscientemente por los servicios municipales”.
Durante las horas de concentración en las inmediaciones del edificio municipal, otras dos familias se acercaron para comunicar que también habían sido desahuciadas y privadas de cualquier recurso habitacional.
Ante esta situación, el Sindicato de Vivienda de Haritu ha hecho un llamamiento a la organización social en defensa del derecho a la vivienda, ha exigido el cese de todos los desahucios y la puesta en marcha de alternativas habitacionales dignas para todas las personas en situación de calle. Asimismo, reclama el fin del negocio y la mercantilización de la vivienda.
