El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha reafirmado este miércoles el compromiso del Gobierno Vasco de actuar con la máxima implicación ante el ERE anunciado por Tubos Reunidos para sus plantas de Amurrio y Trapagaran. Torres ha subrayado que el Ejecutivo va a “pelear y trabajar” por garantizar la viabilidad futura de la compañía, desplegando todas las medidas necesarias para “atenuar el golpe” y poner alternativas sobre la mesa.
Durante una entrevista en Onda Cero, el consejero ha advertido que su departamento será “muy riguroso” en la supervisión del proceso. El objetivo es asegurar que el expediente cumpla con todas las garantías legales, de transparencia y de negociación, incidiendo en que el resultado final del proceso es lo más determinante para los trabajadores.
Medidas para minimizar el impacto social
Para que el proceso sea lo menos traumático posible, el Gobierno Vasco impulsará medidas encaminadas a minimizar el impacto social. Entre las opciones planteadas se encuentran las prejubilaciones, salidas voluntarias o planes de recualificación. Asimismo, Torres ha destacado la coordinación con el Gobierno de España, que ya busca soluciones estructurales como la refinanciación de deuda y la entrada de nuevos socios industriales, siguiendo el modelo de actuación empleado en el caso de Talgo.
El efecto de los aranceles de Trump en la industria
El vicelehendakari ha calificado este escenario como “el primer gran ERE de Trump a la industria vasca”, vinculando la situación a los aranceles estadounidenses que afectan a empresas con gran dependencia de dicho mercado. En este sentido, ha lanzado una advertencia a las formaciones políticas que adoptan discursos similares, recordando que estas posturas tienen consecuencias directas en la economía local.
Estabilidad gubernamental y transferencias
En clave política, Mikel Torres ha definido como “sólido” el acuerdo de gobierno entre el PSE-EE y el PNV, destacando la unidad y lealtad en el trabajo diario. Respecto a la transferencia de competencias, ha defendido el compromiso de Pedro Sánchez, recordando que se han materializado 23 transferencias desde 2018.
Sobre el régimen económico de la Seguridad Social, el consejero ha sido tajante al asegurar que “no se va a romper la caja única” y que ambos gobiernos coinciden en que la titularidad de los recursos es estatal.
