La Asociación Navarra de Amianto (ANANAR) ha puesto en marcha dos importantes campañas para presionar a las instituciones navarras a cumplir con la obligación de elaborar un censo de edificios y lugares donde se encuentra amianto en la Comunidad Foral. Esta acción responde al incumplimiento de la Ley de Residuos 7/2022, que establecía que todos los ayuntamientos del estado español debían haber publicado dicho censo antes de abril de 2023.
A pesar de la normativa vigente y las directrices de la Unión Europea que obligan a España a eliminar la mayor cantidad posible de amianto antes de 2032, hasta la fecha (27 de agosto de 2024) ningún ayuntamiento de Navarra ha cumplido con esta obligación. ANANAR ha decidido actuar ante esta situación de inacción institucional.
La primera campaña es una recogida de firmas dirigida a la ciudadanía, para exigir a los ayuntamientos que cumplan con la normativa. La campaña, que ya ha recabado más de 53.000 firmas a través de la plataforma Change.org y otras 30.000 en papel, busca movilizar a la sociedad para que se garantice el derecho a conocer dónde se encuentran los peligrosos restos de amianto en su entorno. La petición está disponible en Change.org
La segunda campaña solicita la colaboración ciudadana para identificar y documentar la presencia de amianto en Navarra. ANANAR pide a los ciudadanos que envíen fotos y ubicaciones exactas de posibles estructuras con amianto en sus barrios, pueblos y ciudades, con el objetivo de construir un mapa detallado de su localización. Las contribuciones pueden enviarse al correo electrónico de la asociación (asociacionananar@gmail.com) o al WhatsApp 692913921.
ANANAR recuerda que el amianto, prohibido en España desde 2002, sigue presente en alrededor de 36.200 edificios, 14.000 garajes y 3.800 ascensores, entre otras infraestructuras. A pesar de que se estima que hay seis millones de toneladas de amianto en el país, la localización exacta sigue siendo un misterio, lo que pone en riesgo la salud pública.
Con estas iniciativas, ANANAR busca no solo presionar a las autoridades para que cumplan con la ley, sino también proteger a la ciudadanía, involucrándola directamente en la lucha contra este peligroso material.
