El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha emplazado al Senado a mejorar la Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia, que se está tramitando actualmente en esta cámara, para que «no contradiga los principios y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad».
Así lo ha manifestado la entidad en un escrito dirigido al propio Senado, a los ponentes y los portavoces parlamentarios y de justicia y discapacidad del mismo, en el que recuerda que esta Convención es un imperativo legal en el Estado español y que no «debe señalarse a las personas con discapacidad como vidas descartables en el texto de esta norma».
De hecho, el CERMI recuerda que ya se han pronunciado sobre esto el órgano de seguimiento en Naciones Unidas de este tratado, el Relator de los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, el Instituto de Derechos Humanos ‘Peces-Barba’ de la Universidad Carlos III, Human Rights Watch o el Foro Europeo de la Discapacidad.
Tras este pronunciamiento, el CERMI ya instó a la misma cámara, a través de un documento de enmiendas, a corregir determinados aspectos del texto aprobado en el Congreso a fin de evitar cualquier elemento no acorde con los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Precisamente estas enmiendas, registradas por algunos grupos parlamentarios, proponían ofrecer seguridad jurídica y respetar los postulados de la proposición de Ley, además de situar a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás a la hora de acceder a este nuevo derecho. Además, pedían también eliminar la expresión ‘imposibilitante’ del texto normativo, a fin de evitar cualquier discriminación hacia las personas con discapacidad.
Según el CERMI, «la vida de las personas con discapacidad es igualmente valiosa que la del resto de seres humanos» y la respuesta normativa ante las decisiones sobre el final de la vida «no tienen que estar basadas u orientadas sobre aspectos como la discapacidad o la edad», pues esto constituiría una «discriminación derivada de prejuicios sociales».
En la carta, el CERMI hace referencia a la relevancia que debe tener la discapacidad en la ley, pero no para ser discriminatoria, sino «para garantizar a estas personas que la formación de su voluntad ha sido plenamente informada, libre, madura y consciente, y que han contado con todos los apoyos, medios y recursos, incluidas las medidas de accesibilidad que sean precisas, para que su decisión sea individual y genuina, sin presiones ni mediatizaciones indebidas».
